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	<title>Vehículos motor archivos - Normativa de la Construcción</title>
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	<title>Vehículos motor archivos - Normativa de la Construcción</title>
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		<title>MEDIDAS PARA PALIAR LA GUERRAS Y LA SEQUIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
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		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDAS PARA PALIAR LA GUERRAS Y LA SEQUIA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía ANALISISI: MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA Medidas de carácter urgente relativas al régimen de compensaciones y comisiones de reembolso anticipado de operaciones hipotecarias a tipo de interés variable y de conversión a tipo de interés fijo Medidas en materia de servicios y sistemas de pago Creación del Fondo de Coinversión, F.C.P.J. Aportaciones al Fondo de Resiliencia Autonómica y al instrumento financiero InvestEU MEDIDAS FISCALES Y EN MATERIA DE FINANCIACIÓN LOCAL Medidas fiscales Participación de las entidades locales en los tributos del Estado y compensaciones MEDIDAS EN MATERIA ENERGÉTICA Medidas para la incorporación ordenada de las instalaciones de producción de origen renovable en el sistema eléctrico Regulación del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para la promoción del autoconsumo, la electrificación de la demanda y la descarbonización de industria Extensión de medidas para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania Otras medidas energéticas MEDIDAS DE APOYO PARA PALIAR LA SEQUÍA MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTES MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL Medidas en materia de Seguridad Social. Prórroga de medidas para la reconstrucción económica de la isla de La Palma Medidas sobre pensiones y otras prestaciones públicas MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA Avales para vivienda social o a precio asequible Medidas para la protección de personas vulnerables ANEXO I: Fondo de Coinversión, F. C. P. J. ANEXO II: Actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía ANEXO III: Actuaciones prioritarias en las cuencas afectadas por la sequía ANEXO IV: Sistema de la Seguridad Social   MODIFICA: Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Ley de Aguas. Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. Prórroga de la vigencia del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023. Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias. Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior. TEXTO ORIGINAL El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                                         &#62;</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/medidas-para-paliar-la-guerras-y-la-sequia/">MEDIDAS PARA PALIAR LA GUERRAS Y LA SEQUIA</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía </strong></span><span id="more-13342"></span></p>
<p><strong>ANALISISI:</strong></p>
<p><strong>MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA</strong></p>
<p><strong>Medidas de carácter urgente relativas al régimen de compensaciones y comisiones de reembolso anticipado de operaciones hipotecarias a tipo de interés variable y de conversión a tipo de interés fijo</strong></p>
<p><strong>Medidas en materia de servicios y sistemas de pago</strong></p>
<p><strong>Creación del Fondo de Coinversión, F.C.P.J.</strong></p>
<p><strong>Aportaciones al Fondo de Resiliencia Autonómica y al instrumento financiero InvestEU</strong></p>
<p><strong>MEDIDAS FISCALES Y EN MATERIA DE FINANCIACIÓN LOCAL</strong></p>
<p><strong>Medidas fiscales</strong></p>
<p><strong>Participación de las entidades locales en los tributos del Estado y compensaciones</strong></p>
<p><strong>MEDIDAS EN MATERIA ENERGÉTICA</strong></p>
<p><strong>Medidas para la incorporación ordenada de las instalaciones de producción de origen renovable en el sistema eléctrico</strong></p>
<p><strong>Regulación del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para la promoción del autoconsumo, la electrificación de la demanda y la descarbonización de industria</strong></p>
<p><strong>Extensión de medidas para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania</strong></p>
<p><strong>Otras medidas energéticas</strong></p>
<p><strong>MEDIDAS DE APOYO PARA PALIAR LA SEQUÍA</strong></p>
<p><strong>MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTES</strong></p>
<p><strong>MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL</strong></p>
<p><strong>Medidas en materia de Seguridad Social. </strong></p>
<p><em>Prórroga de medidas para la reconstrucción económica de la isla de La Palma</em></p>
<p><em>Medidas sobre pensiones y otras prestaciones públicas</em></p>
<p><strong>MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO</strong></p>
<p><strong>MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA</strong></p>
<p><strong>Avales para vivienda social o a precio asequible</strong></p>
<p><strong>Medidas para la protección de personas vulnerables</strong></p>
<p><strong>ANEXO I: Fondo de Coinversión, F. C. P. J. </strong></p>
<p><strong>ANEXO II: Actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía</strong></p>
<p><strong>ANEXO III: Actuaciones prioritarias en las cuencas afectadas por la sequía</strong></p>
<p><strong>ANEXO IV: Sistema de la Seguridad Social</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>MODIFICA:</strong></p>
<p><strong>Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.</strong></p>
<p><strong>Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.</strong></p>
<p><strong>Ley de Aguas.</strong></p>
<p><strong>Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.</strong></p>
<p><strong>Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.</strong></p>
<p><strong>Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.</strong></p>
<p><strong>Prórroga de la vigencia del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023.</strong></p>
<p><strong>Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.</strong></p>
<p><strong>Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.</strong></p>
<p><strong>Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.</strong></p>
<p><strong>Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.</strong></p>
<p><strong>Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.</strong></p>
<p><strong>Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.</strong></p>
<p><strong>Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.</strong></p>
<p><strong>Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.</strong></p>
<p><strong>Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.</strong></p>
<p><strong>Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.</strong></p>
<p><strong>Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.</strong></p>
<p><strong>Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.</strong></p>
<p><strong>Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.</strong></p>
<p><strong>Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.</strong></p>
<p><strong>Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior.</strong></p>
<p><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>
<p>El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                                         <a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="390" height="74" /></a>&gt;<a href="https://dappeditorial.es/recordatorio-de-claves/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12810" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2022/09/recordatorio-claves.gif" alt="" width="390" height="57" /></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>AYUDAS A PROYECTOS DE VEHICULOS QUE FACILITEN LA DESCARBONIZACION</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/ayudas-a-proyectos-de-vehiculos-que-faciliten-la-descarbonizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 10:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS A PROYECTOS DE VEHICULOS QUE FACILITEN LA DESCARBONIZACION]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto 661/2023, de 18 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas en 2023 para el desarrollo de proyectos innovadores relacionados con modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno para avanzar en el proceso de descarbonización y mantener la competitividad del ecosistema de automoción. ANALISIS: Del ámbito de aplicación y beneficiarios De las actuaciones De la ayuda De los órganos gestores de la ayuda Del procedimiento de concesión De la ejecución de las inversiones ANEXO I: Actuaciones con relación directa con el vehículo híbrido y vehículo eléctrico de baterías y de pila de combustible de hidrógeno ANEXO II: Rangos de puntuación de los requisitos exigibles a las inversiones financiables (artículo 8) ANEXO III: Memoria de proyectos ANEXO III.I: Memoria de proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación en materia de procesos u organizativa ANEXO III.II: Memoria de proyectos de inversión ejecutados por PYMES ANEXO IV: Cuadro resumen TRL (Technology Readiness Levels) TEXTO ORIGINAL Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición: &#62;</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/ayudas-a-proyectos-de-vehiculos-que-faciliten-la-descarbonizacion/">AYUDAS A PROYECTOS DE VEHICULOS QUE FACILITEN LA DESCARBONIZACION</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Real Decreto 661/2023, de 18 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas en 2023 para el desarrollo de proyectos innovadores relacionados con modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno para avanzar en el proceso de descarbonización y mantener la competitividad del ecosistema de automoción.</strong></span><span id="more-13207"></span></p>
<p>ANALISIS:</p>
<p><strong>Del ámbito de aplicación y beneficiarios</strong></p>
<p><strong>De las actuaciones</strong></p>
<p><strong>De la ayuda</strong></p>
<p><strong>De los órganos gestores de la ayuda</strong></p>
<p><strong>Del procedimiento de concesión</strong></p>
<p><strong>De la ejecución de las inversiones</strong></p>
<p><strong>ANEXO I: Actuaciones con relación directa con el vehículo híbrido y vehículo eléctrico de baterías y de pila de combustible de hidrógeno</strong></p>
<p><strong>ANEXO II: Rangos de puntuación de los requisitos exigibles a las inversiones financiables (artículo 8)</strong></p>
<p><strong>ANEXO III: Memoria de proyectos</strong></p>
<p><strong>ANEXO III.I: Memoria de proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación en materia de procesos u organizativa</strong></p>
<p><strong>ANEXO III.II: Memoria de proyectos de inversión ejecutados por PYMES</strong></p>
<p><strong>ANEXO IV: Cuadro resumen TRL (Technology Readiness Levels)</strong></p>
<p><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>
<p>Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<br />
<a href="https://dappeditorial.es/normativa-para-el-proyecto-tecnico/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6251 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-proyecto-tecnico-blog.png" alt="" width="330" height="56" /></a>&gt;<a href="https://dappeditorial.es/recordatorio-de-claves/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12810" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2022/09/recordatorio-claves.gif" alt="" width="390" height="57" /></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>VEHICULOS ESPECIALES DE TRANSPORTE TERRESTRE</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/vehiculos-especiales-de-transporte-terrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 08:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[VEHICULOS ESPECIALES DE TRANSPORTE TERRESTRE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Orden ICT/473/2023, de 10 de mayo, por la que se modifica el anejo 4 del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, y la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero. El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                       &#62; BOE de 12 de mayo de 2023 TEXTO ORIGINAL El Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, establece la reglamentación nacional relativa al transporte de mercancías perecederas, con el objetivo de adecuar la reglamentación básica para la construcción, control y ensayo de los vehículos. La Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, actualiza los requisitos en materia de control de conformidad de los vehículos especiales en servicio, con el objetivo de asegurar la conformidad de las características técnicas de los mismos con las especificaciones exigidas por el Acuerdo sobre Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales utilizados en esos transportes (ATP), hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, armonizando estas exigencias con las del resto de partes contratantes del acuerdo. Dicha orden establece, en lo relativo al control de isotermia de las unidades en servicio, que los vehículos deben someterse a un ensayo de verificación del coeficiente global de transmisión térmica, K, cuando se alcance una antigüedad de 15 años desde la fecha de fabricación del recinto isotermo, y en caso de ser mantenidos en servicio, a los 24 años, y a partir de ese momento, cada tres años. Dicho ensayo, deberá efectuarse en una estación de ensayos designada según el artículo 2 del mencionado real decreto. Asimismo, establece un régimen transitorio de ensayo para aquellos vehículos que tienen una antigüedad entre 15 y 21 años. Dada la ubicación geográfica de las estaciones actualmente designadas para efectuar dichos ensayos, y con el objetivo de facilitar la renovación de los certificados de conformidad ATP para aquellos vehículos que realizan transporte de mercancías perecederas únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias proporcionando a su vez el tiempo suficiente para que se pongan en servicio instalaciones técnicas que hagan posible que los propietarios de los vehículos puedan realizar los ensayos requeridos en el territorio canario, se hace necesario adaptar las condiciones en que deben efectuarse los mismos, a las circunstancias particulares de la Comunidad Autónoma de Canarias, en donde por su lejanía, insularidad y condición ultraperiférica, la realización de estos controles tiene una incidencia determinante en la actividad económica. Por todo lo anterior, mediante esta orden, se modifica, por un lado, el anejo 4, que contiene los requisitos relativos al control de conformidad de los vehículos especiales en servicio, aplazando hasta el 31 de diciembre de 2024 la entrada en vigor de las disposiciones relativas a los ensayos a efectuar, con cierta periodicidad, a las unidades en servicio de más de 15 años, para aquellos vehículos que operan únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. De igual modo, se modifica con el mismo objetivo, el régimen transitorio establecido para estos vehículos, aplazando su entrada en vigor al 31 de diciembre de 2024. Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios de buena regulación, a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Responde a los principios de necesidad y eficacia, al considerarse que la aprobación de esta orden es el instrumento necesario y adecuado que permite garantizar la consecución del objetivo perseguido, esto es, adaptar la normativa a las circunstancias específicas del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aplazando la aplicación en dicho territorio de las disposiciones relativas a los ensayos a que deben someterse los vehículos para la renovación de los certificados de conformidad. Se garantiza el principio de transparencia, ya que en el proceso de elaboración de esta norma se han solicitado todos los informes preceptivos y se ha procedido a su publicación en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para posibilitar a los potenciales destinatarios su participación activa en el citado proceso. La norma es proporcional, ya que contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas que impongan menos obligaciones a los destinatarios y atiende al principio de seguridad jurídica, incardinándose con coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico. Por último, respecto al principio de eficiencia, la presente orden no impone cargas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. La disposición final única del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, faculta al entonces Ministro de Industria y Energía (actualmente Ministro de Industria, Comercio y Turismo) para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de dicho real decreto, así como para modificar los anejos y apéndices del mismo. Esta modificación del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, y de la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, ha sido sometida al trámite de audiencia previsto en artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 noviembre, del Gobierno. Además, esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Perecederas. En su virtud, de</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/vehiculos-especiales-de-transporte-terrestre/">VEHICULOS ESPECIALES DE TRANSPORTE TERRESTRE</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Orden ICT/473/2023, de 10 de mayo, por la que se modifica el anejo 4 del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, y la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero.</strong></span><span id="more-13131"></span></p>
<p>El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                       <a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="390" height="74" /></a>&gt;<a href="https://dappeditorial.es/recordatorio-de-claves/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12810" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2022/09/recordatorio-claves.gif" alt="" width="390" height="57" /></a></p>
<p>BOE de 12 de mayo de 2023</p>
<p>TEXTO ORIGINAL</p>
<p>El Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, establece la reglamentación nacional relativa al transporte de mercancías perecederas, con el objetivo de adecuar la reglamentación básica para la construcción, control y ensayo de los vehículos.</p>
<p>La Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, actualiza los requisitos en materia de control de conformidad de los vehículos especiales en servicio, con el objetivo de asegurar la conformidad de las características técnicas de los mismos con las especificaciones exigidas por el Acuerdo sobre Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales utilizados en esos transportes (ATP), hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, armonizando estas exigencias con las del resto de partes contratantes del acuerdo.</p>
<p>Dicha orden establece, en lo relativo al control de isotermia de las unidades en servicio, que los vehículos deben someterse a un ensayo de verificación del coeficiente global de transmisión térmica, K, cuando se alcance una antigüedad de 15 años desde la fecha de fabricación del recinto isotermo, y en caso de ser mantenidos en servicio, a los 24 años, y a partir de ese momento, cada tres años. Dicho ensayo, deberá efectuarse en una estación de ensayos designada según el artículo 2 del mencionado real decreto. Asimismo, establece un régimen transitorio de ensayo para aquellos vehículos que tienen una antigüedad entre 15 y 21 años.</p>
<p>Dada la ubicación geográfica de las estaciones actualmente designadas para efectuar dichos ensayos, y con el objetivo de facilitar la renovación de los certificados de conformidad ATP para aquellos vehículos que realizan transporte de mercancías perecederas únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias proporcionando a su vez el tiempo suficiente para que se pongan en servicio instalaciones técnicas que hagan posible que los propietarios de los vehículos puedan realizar los ensayos requeridos en el territorio canario, se hace necesario adaptar las condiciones en que deben efectuarse los mismos, a las circunstancias particulares de la Comunidad Autónoma de Canarias, en donde por su lejanía, insularidad y condición ultraperiférica, la realización de estos controles tiene una incidencia determinante en la actividad económica.</p>
<p>Por todo lo anterior, mediante esta orden, se modifica, por un lado, el anejo 4, que contiene los requisitos relativos al control de conformidad de los vehículos especiales en servicio, aplazando hasta el 31 de diciembre de 2024 la entrada en vigor de las disposiciones relativas a los ensayos a efectuar, con cierta periodicidad, a las unidades en servicio de más de 15 años, para aquellos vehículos que operan únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. De igual modo, se modifica con el mismo objetivo, el régimen transitorio establecido para estos vehículos, aplazando su entrada en vigor al 31 de diciembre de 2024.</p>
<p>Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios de buena regulación, a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p>Responde a los principios de necesidad y eficacia, al considerarse que la aprobación de esta orden es el instrumento necesario y adecuado que permite garantizar la consecución del objetivo perseguido, esto es, adaptar la normativa a las circunstancias específicas del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aplazando la aplicación en dicho territorio de las disposiciones relativas a los ensayos a que deben someterse los vehículos para la renovación de los certificados de conformidad.</p>
<p>Se garantiza el principio de transparencia, ya que en el proceso de elaboración de esta norma se han solicitado todos los informes preceptivos y se ha procedido a su publicación en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para posibilitar a los potenciales destinatarios su participación activa en el citado proceso.</p>
<p>La norma es proporcional, ya que contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas que impongan menos obligaciones a los destinatarios y atiende al principio de seguridad jurídica, incardinándose con coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico.</p>
<p>Por último, respecto al principio de eficiencia, la presente orden no impone cargas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.</p>
<p>Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.</p>
<p>La disposición final única del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, faculta al entonces Ministro de Industria y Energía (actualmente Ministro de Industria, Comercio y Turismo) para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de dicho real decreto, así como para modificar los anejos y apéndices del mismo.</p>
<p>Esta modificación del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, y de la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, ha sido sometida al trámite de audiencia previsto en artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 noviembre, del Gobierno. Además, esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Perecederas.</p>
<p>En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:</p>
<p><strong>Artículo primero. Modificación del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben de cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.</strong></p>
<p>Se añade una letra d) al apartado 3 del anejo 4 del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben de cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, con la siguiente redacción:</p>
<p>«d) Para aquellos vehículos que efectúen únicamente transporte de mercancías perecederas por territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias lo establecido en las anteriores letras a), b) y c) será de aplicación a partir del día 31 de diciembre de 2024.»</p>
<p><strong>Artículo segundo. Modificación de la disposición transitoria primera de la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.</strong></p>
<p>La disposición transitoria primera de la citada Orden Ministerial queda redactada como sigue:</p>
<p><strong>«Disposición transitoria primera. Renovación de los certificados para las unidades con una antigüedad superior a 15 años, e inferior a 21.</strong></p>
<p>Las unidades en servicio con antigüedad superior a 15 años en la fecha de entrada en vigor de esta orden, e inferior a 21, deberán someterse a un ensayo de verificación del coeficiente global de transmisión térmica K en una estación de ensayos designada según el artículo 2 del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, cuando alcancen una antigüedad de 21 años desde la fecha de fabricación del recinto isotermo, como condición necesaria para la renovación del correspondiente certificado de conformidad de la unidad.</p>
<p>Hasta la fecha del ensayo, para la emisión de los certificados de dichas unidades, como resultado de cualquier tipo de inspección, deberá tenerse en cuenta que la fecha de validez debe ser como máximo la que corresponda a los 21 años desde la fecha de fabricación del recinto isotermo.</p>
<p>No obstante, para aquellos vehículos que efectúen únicamente transporte de mercancías perecederas por territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias lo establecido en los párrafos anteriores será de aplicación a partir del día 31 de diciembre de 2024.»</p>
<p><strong>Disposición final primera. Título competencial.</strong></p>
<p>Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.</p>
<p><strong>Disposición final segunda. Entrada en vigor.</strong></p>
<p>Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p>Madrid, 10 de mayo de 2023.–El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor José Gómez Hernández.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>AYUDAS AL VEHICULO ELECTRICO Y CONECTADO</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/ayudas-al-vehiculo-electrico-y-conectado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 17:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS AL VEHICULO ELECTRICO Y CONECTADO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto 1043/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención para la financiación de actuaciones para facilitar el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado.  ANALISIS: Ayudas para la realización de actuaciones en plantas productivas de fabricantes de vehículos ubicadas en Cataluña Cuantía y actuaciones financiables La cuantía de la subvención asciende a 29.300.000 euros Procedimiento de concesión y pago TEXTO ORIGINAL El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                         &#62;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Real Decreto 1043/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención para la financiación de actuaciones para facilitar el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>ANALISIS:</strong></p>
<p>Ayudas para la realización de actuaciones en plantas productivas de fabricantes de vehículos ubicadas en Cataluña</p>
<p>Cuantía y actuaciones financiables</p>
<p>La cuantía de la subvención asciende a 29.300.000 euros</p>
<p>Procedimiento de concesión y pago</p>
<p><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>
<p>El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                         <a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="390" height="74" /></a>&gt;<a href="https://dappeditorial.es/recordatorio-de-claves/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12810" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2022/09/recordatorio-claves.gif" alt="" width="390" height="57" /></a></p>
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		<item>
		<title>SANIDAD Y PROTECCION EN TRANSPORTE ANIMAL</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/sanidad-y-proteccion-en-transporte-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 18:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en la Utilización]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[SANIDAD Y PROTECCION EN TRANSPORTE ANIMAL]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte. El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                        &#62; BOE de 30 de noviembre de 2022 TEXTO ORIGINAL El transporte de animales vivos es una actividad compleja, tanto desde el punto de vista técnico y logístico como del administrativo. Por una parte, intervienen un gran número de operadores, que con frecuencia son empresas de pequeño tamaño, pero también pueden ser grandes corporaciones de características muy distintas entre sí. Por otra parte, en la regulación y control oficial de dicha actividad pueden verse implicadas diversas autoridades competentes –incluso de varios países– que trabajan en distintos ámbitos, tales como la seguridad vial, el comercio, la sanidad animal o la protección de los animales durante su transporte. Con la aprobación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97, que sigue siendo la normativa básica de toda la Unión Europea, se dio un paso adelante en el establecimiento de un marco jurídico en esta materia, estableciéndose diversas novedades respecto a la normativa vigente hasta entonces. Mediante el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción, se establecieron en España disposiciones de aplicación de dicho reglamento, con el fin de crear algunos elementos básicos para asegurar el cumplimiento del mismo, tales como el Registro de transportistas y medios de transporte, e incluir aspectos de sanidad animal regulados básicamente por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, aún vigente. Efectivamente, dicha ley establece, en su artículo 47, que los medios de transporte de animales (salvo de animales domésticos de acuerdo a la definición establecida en dicha ley) y las empresas propietarias deben estar autorizados como requisito previo para el ejercicio de su actividad, por lo que coexistían, y aún lo hacen, las obligaciones debidas a la normativa sobre protección de los animales durante su transporte y las relativas a sanidad animal. La promulgación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, estableció un régimen sancionador propio en la materia. Además, el artículo 8 de dicha ley dispone que los transportistas de animales, sus vehículos, contenedores o medios de transporte deben disponer de la correspondiente autorización y estar registrados, en los términos que reglamentariamente se determinen. La experiencia adquirida hizo necesario en 2016 actualizar la normativa básica de ámbito nacional, mediante el Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, situación que vuelve a producirse en estos momentos. Efectivamente, la aprobación de un nuevo marco europeo sobre controles oficiales ha puesto de manifiesto que existe un margen para mejorar los mecanismos disponibles para asegurar el cumplimiento de las normas, máxime cuando la protección del bienestar de los animales constituye un objetivo legítimo de interés general, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mejoras que se abordan en el presente texto. La estructura general del real decreto de 2016 se mantiene aquí, con las normas de sanidad y bienestar animal en el transporte, los requisitos para los puntos de salida y entrada y control y régimen sancionador. Los requisitos básicos de la normativa sobre autorización de transportistas, medios de transporte, así como el ámbito de aplicación permanecen vigentes en su normativa básica. Es de señalar que, si bien el reglamento mencionado tiene su ámbito de aplicación en el transporte efectuado en relación a una actividad económica, también precisa en su considerando número 12 que el transporte con fines comerciales incluye, en particular, los transportes que producen o intentan producir, directa o indirectamente, un beneficio. Por su parte, la normativa de sanidad animal tiene por objetivo preservar dicha salud y, por tanto, también afecta, en ocasiones, a transportes que van a más allá de la actividad comercial. Por consiguiente, este real decreto se considera aplicable a todos los supuestos en que concurra una actividad económica, lo que incluye los fines comerciales o lucrativos, en la terminología empleada por la Ley 8/2003, de 24 de abril. Un eje fundamental de esta norma es establecer los elementos necesarios para prevenir la aparición de problemas durante las operaciones de transporte, que debe ser el principio que guíe el trabajo de todas las partes implicadas, en todo tipo de movimiento de animales. Se amplía también el contenido de los registros existentes, a fin de asegurar un control previo de todas las partes interesadas, mediante un sistema de autorización. Ello además contribuirá a la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el que se establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO). Las operaciones de exportación de animales vivos a través de puertos y aeropuertos son particularmente complejas, en ellas intervienen un gran número de operadores de naturaleza diferente y hay que asegurar que no existe una organización deficiente y que las responsabilidades están claramente definidas, de forma que no se afecte de forma negativa al bienestar de los animales. Por ello, en esta norma se establecen claramente las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los operadores que participan en este tipo de movimientos, y se refuerzan los controles previos para la emisión de autorizaciones que serán válidas y eficaces en todo el territorio nacional. Se incluye aquí la necesidad de asegurar que los puntos de salida de la Unión Europea</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/sanidad-y-proteccion-en-transporte-animal/">SANIDAD Y PROTECCION EN TRANSPORTE ANIMAL</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte.</strong></span></p>
<p><span id="more-12927"></span></p>
<p>El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:                                                        <a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="390" height="74" /></a>&gt;<a href="https://dappeditorial.es/recordatorio-de-claves/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12810" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2022/09/recordatorio-claves.gif" alt="" width="390" height="57" /></a><br />
BOE de 30 de noviembre de 2022</p>
<p>TEXTO ORIGINAL</p>
<p>El transporte de animales vivos es una actividad compleja, tanto desde el punto de vista técnico y logístico como del administrativo. Por una parte, intervienen un gran número de operadores, que con frecuencia son empresas de pequeño tamaño, pero también pueden ser grandes corporaciones de características muy distintas entre sí. Por otra parte, en la regulación y control oficial de dicha actividad pueden verse implicadas diversas autoridades competentes –incluso de varios países– que trabajan en distintos ámbitos, tales como la seguridad vial, el comercio, la sanidad animal o la protección de los animales durante su transporte.</p>
<p>Con la aprobación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97, que sigue siendo la normativa básica de toda la Unión Europea, se dio un paso adelante en el establecimiento de un marco jurídico en esta materia, estableciéndose diversas novedades respecto a la normativa vigente hasta entonces.</p>
<p>Mediante el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción, se establecieron en España disposiciones de aplicación de dicho reglamento, con el fin de crear algunos elementos básicos para asegurar el cumplimiento del mismo, tales como el Registro de transportistas y medios de transporte, e incluir aspectos de sanidad animal regulados básicamente por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, aún vigente. Efectivamente, dicha ley establece, en su artículo 47, que los medios de transporte de animales (salvo de animales domésticos de acuerdo a la definición establecida en dicha ley) y las empresas propietarias deben estar autorizados como requisito previo para el ejercicio de su actividad, por lo que coexistían, y aún lo hacen, las obligaciones debidas a la normativa sobre protección de los animales durante su transporte y las relativas a sanidad animal.</p>
<p>La promulgación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, estableció un régimen sancionador propio en la materia. Además, el artículo 8 de dicha ley dispone que los transportistas de animales, sus vehículos, contenedores o medios de transporte deben disponer de la correspondiente autorización y estar registrados, en los términos que reglamentariamente se determinen.</p>
<p>La experiencia adquirida hizo necesario en 2016 actualizar la normativa básica de ámbito nacional, mediante el Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, situación que vuelve a producirse en estos momentos.</p>
<p>Efectivamente, la aprobación de un nuevo marco europeo sobre controles oficiales ha puesto de manifiesto que existe un margen para mejorar los mecanismos disponibles para asegurar el cumplimiento de las normas, máxime cuando la protección del bienestar de los animales constituye un objetivo legítimo de interés general, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mejoras que se abordan en el presente texto.</p>
<p>La estructura general del real decreto de 2016 se mantiene aquí, con las normas de sanidad y bienestar animal en el transporte, los requisitos para los puntos de salida y entrada y control y régimen sancionador. Los requisitos básicos de la normativa sobre autorización de transportistas, medios de transporte, así como el ámbito de aplicación permanecen vigentes en su normativa básica.</p>
<p>Es de señalar que, si bien el reglamento mencionado tiene su ámbito de aplicación en el transporte efectuado en relación a una actividad económica, también precisa en su considerando número 12 que el transporte con fines comerciales incluye, en particular, los transportes que producen o intentan producir, directa o indirectamente, un beneficio. Por su parte, la normativa de sanidad animal tiene por objetivo preservar dicha salud y, por tanto, también afecta, en ocasiones, a transportes que van a más allá de la actividad comercial. Por consiguiente, este real decreto se considera aplicable a todos los supuestos en que concurra una actividad económica, lo que incluye los fines comerciales o lucrativos, en la terminología empleada por la Ley 8/2003, de 24 de abril.</p>
<p>Un eje fundamental de esta norma es establecer los elementos necesarios para prevenir la aparición de problemas durante las operaciones de transporte, que debe ser el principio que guíe el trabajo de todas las partes implicadas, en todo tipo de movimiento de animales.</p>
<p>Se amplía también el contenido de los registros existentes, a fin de asegurar un control previo de todas las partes interesadas, mediante un sistema de autorización. Ello además contribuirá a la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el que se establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO).</p>
<p>Las operaciones de exportación de animales vivos a través de puertos y aeropuertos son particularmente complejas, en ellas intervienen un gran número de operadores de naturaleza diferente y hay que asegurar que no existe una organización deficiente y que las responsabilidades están claramente definidas, de forma que no se afecte de forma negativa al bienestar de los animales. Por ello, en esta norma se establecen claramente las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los operadores que participan en este tipo de movimientos, y se refuerzan los controles previos para la emisión de autorizaciones que serán válidas y eficaces en todo el territorio nacional. Se incluye aquí la necesidad de asegurar que los puntos de salida de la Unión Europea situados en España cumplen unos requisitos que aseguren la protección de los animales a su llegada a estos lugares, en su estancia y en la salida.</p>
<p>Dado el aumento del transporte en buques destinados al transporte de ganado se han incluido requisitos específicos, tanto para los medios de transporte como para los operadores, que se han puesto de manifiesto como elementos útiles y necesarios en las reuniones de puntos de contacto de la Unión Europea para la aplicación de la normativa vigente.</p>
<p>Además, la importación de animales vivos y otros productos agroalimentarios como piensos puede suponer un riesgo de transmisión de determinadas enfermedades animales si no se establecen las medidas oportunas que mitiguen dichos riesgos. En este sentido, el Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, estableció un marco estable y sólido que ha permitido mantener esta actividad realizando operaciones que se han mostrado eficaces para evitar la introducción de determinadas enfermedades, como la desinfección de vehículos que previamente han transportado ganado a países con un estatus sanitario más deficiente que el de España. Por este motivo, es preciso mantener dichas medidas.</p>
<p>Finalmente, el Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 998/2003, establece los requisitos zoosanitarios aplicables a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, así como las normas del control de la conformidad de dichos desplazamientos. Dicho reglamento define una serie de conceptos como son el de animal de compañía y qué especies pueden considerarse como tal, así como qué es un desplazamiento sin ánimo comercial.</p>
<p>Por lo demás, debe tenerse en cuenta que la rabia es una enfermedad zoonótica que puede tener graves consecuencias para la salud pública, la sanidad animal y la economía del país (cierre de mercados en las exportaciones agroalimentarias), lo que refuerza la necesidad de disponer de los medios necesarios para la realización de los controles pertinentes a dichos animales, así como el aislamiento de aquellos animales que no cumplen la normativa europea.</p>
<p>Los controles de los animales de compañía procedentes de países no miembros de la Unión Europea que se desplazan de manera no comercial deben hacerse en los puntos de entrada de viajeros que se hayan designado por la autoridad competente con base en normas nacionales, con el fin de garantizar que se cumple la normativa en vigor y prevenir la introducción de enfermedades, y, en particular, la rabia.</p>
<p>Cuando en estos controles se detecta que un animal de compañía no cumple las condiciones establecidas en la normativa, existen las siguientes opciones a decidir, una vez consultado el propietario o persona responsable del animal: reexpedir el animal de compañía a su país o territorio de origen; su aislamiento bajo control oficial, o en última instancia, su sacrificio. El aislamiento bajo control oficial debe realizarse en instalaciones adecuadas que garanticen, por un lado, el bienestar animal de los animales allí alojados y, por otro, evitar la transmisión de enfermedades. Por ello, estos aislamientos deben realizarse en el recinto aeroportuario o portuario por donde se introduzcan los animales, o bien en un centro cercano adecuado.</p>
<p>En consecuencia, aunque este real decreto no se aplica a transportistas, medios de transporte y contenedores de animales de compañía del anexo I del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, [ámbito que ampara las previsiones contenidas en los artículos 5.6.c).4.º y 6.4], cuando el transporte no se efectúa en relación con una actividad económica, es preciso definir los requisitos mínimos que deben cumplir los diferentes puertos, aeropuertos o fronteras terrestres que se designen como puntos de entrada de viajeros, para poder garantizar que se pueden realizar adecuadamente los controles establecidos en el Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, y gestionar los animales que no cumplen los requisitos establecidos en la legislación.</p>
<p>Cabe resaltar que el cumplimiento de estos requisitos es esencial para asegurar una efectiva tarea de control y garantía de que el transporte animal se desarrolla con todas las garantías, y en particular permite a las autoridades el ejercicio de sus funciones de inspección y resguardo del bienestar animal y la sanidad animal, pues la complejidad de estas actuaciones hace imprescindible que se faciliten los documentos con la antelación suficiente y se cumplan todas las exigencias formales y materiales, de modo que se pueda articular de modo conveniente la actuación inspectora y de control de las administraciones públicas, asegurando su correcta colaboración.</p>
<p>Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. Adicionalmente las prescripciones relativas a las condiciones destinadas a proteger la sanidad se dictan conjuntamente al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación general de la sanidad. El artículo 24, sobre régimen sancionador, se dicta conjuntamente al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 en sus reglas 13.ª y 16.ª de la Constitución Española. Y los aspectos relativos a importaciones y exportaciones se dictan al amparo de lo dispuesto en las reglas 10.ª y 16.ª, primer inciso, de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio y sanidad exterior, respectivamente.</p>
<p>El contenido del presente proyecto se ajusta a los principios contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa de la Unión Europea se aplica de un modo homogéneo en todo el territorio nacional, garantizando de este modo el interés general. También se adecúa al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa menos restrictiva de derechos o que imponga menos obligaciones a los destinatarios. Por lo que respecta a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, esta norma se adecúa a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y se ha procurado la participación de las partes interesadas, evitando cargas administrativas innecesarias.</p>
<p>Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el proyecto de real decreto ha sido sometido al procedimiento de consulta pública previa y audiencia e información pública.</p>
<p>También se ha sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.</p>
<p>En la tramitación de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, así como las entidades representativas de los sectores afectados.</p>
<p>En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de noviembre de 2022,</p>
<p>DISPONGO:</p>
<p>CAPÍTULO I</p>
<p><strong>Disposiciones generales</strong></p>
<p><strong>Artículo 1. Objeto.</strong></p>
<p>Este real decreto tiene por objeto:</p>
<p>1. Establecer disposiciones de aplicación en el Reino de España del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97, en lo relativo a:</p>
<p>a) Autorización y registro de transportistas.</p>
<p>b) Autorización y registro de medios de transporte y contenedores.</p>
<p>c) Documentos de transporte.</p>
<p>d) Formación del personal y registro de personas con certificado de formación.</p>
<p>e) Obligaciones de transportistas y otros operadores.</p>
<p>f) Puntos de salida de la Unión Europea.</p>
<p>2. Establecer los requisitos para designar a los puntos de entrada por los que podrán introducirse vehículos de transporte por carretera de animales vivos de las especies equina, porcina, bovina, ovina, caprina y aves de corral, cargados o vacíos, así como los vehículos de transporte por carretera de piensos, cargados o vacíos, procedentes de determinados Estados no miembros de la Unión Europea.</p>
<p>3. Establecer disposiciones de aplicación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, en lo relativo al transporte de animales.</p>
<p>4. Establecer disposiciones para la designación de los Puntos de Entrada de Viajeros de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 998/2003.</p>
<p><strong>Artículo 2. Ámbito de aplicación.</strong></p>
<p>1. Este real decreto será de aplicación a los transportistas de animales vivos y a los demás operadores, sean personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, que intervengan directa o indirectamente en el transporte de animales. También se aplicará a los medios de transporte y contenedores y a las instalaciones de los puertos, aeropuertos, puntos de entrada de viajeros y puntos de salida.</p>
<p>2. Este real decreto no será de aplicación a:</p>
<p>a) Los transportistas, medios de transporte y contenedores de animales de compañía, siempre que el transporte no se efectúe en relación con una actividad económica, sin perjuicio sin perjuicio de las disposiciones relativas a los Puntos de Entrada de viajeros que se establecen en el artículo 20 en los que se realizarán los controles previstos el artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.</p>
<p>A estos efectos, se considerarán movimientos relacionados con una actividad económica los siguientes si se realizan con ánimo de lucro, con independencia de que exista una contraprestación económica en efectivo:</p>
<p>i) Movimientos relacionados con la cría de animales, independientemente de su destino final.</p>
<p>ii) Movimientos en los que se produzca un cambio de propietario o titular.</p>
<p>iii) Movimientos en los que se transporten animales por un tercero sin relación directa con el propietario o titular del animal.</p>
<p>iv) Movimientos en que se transporten los propios animales cuando sea en el marco de una actividad profesional.</p>
<p>b) Los transportistas, medios de transporte y contenedores de animales invertebrados, excepto las abejas de la miel <em>(Apis mellifera) </em>y abejorros <em>(Bompus spp.)</em>, y los invertebrados que sean animales de la acuicultura.</p>
<p>c) Al transporte de animales desde o hacia consultas o clínicas veterinarias, por consejo de un veterinario.</p>
<p><strong>Artículo 3. Definiciones.</strong></p>
<p>1. A efectos de este real decreto serán de aplicación las siguientes definiciones:</p>
<p>a) Animal de compañía: un animal de cualquiera de las especies enumeradas en el anexo I del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal que se cuide con fines personales no económicos.</p>
<p>b) Aves de corral: las aves criadas o mantenidas en cautividad para la producción de carne, huevos para el consumo, otros productos, la repoblación de aves de caza y la reproducción de aves destinadas a los fines anteriores, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal.</p>
<p>c) Cuaderno de a bordo u hoja de ruta: el documento al que se refiere el artículo 5.4 y el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y que debe acompañar en los viajes largos que se efectúen entre Estados miembros y en los que tengan origen o destino en países no miembros de la Unión Europea y que transporten équidos –que no sean équidos registrados– o animales de las especies bovina, ovina, caprina o porcina.</p>
<p>2. Asimismo, para el resto de conceptos serán de aplicación las definiciones establecidas en la Ley 8/2003, de 24 de abril, Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, en el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y en el Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.</p>
<p>CAPÍTULO II</p>
<p><strong>Normas de sanidad y bienestar animal en el transporte</strong></p>
<p><strong>Artículo 4. Obligaciones de los transportistas.</strong></p>
<p>1. Todo transportista cuya sede social o domicilio, en el caso de ser persona física, radique en España, deberá cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio del resto de disposiciones establecidas en la normativa vigente:</p>
<p>a) Estar autorizado y registrado a tal efecto por la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.</p>
<p>b) Utilizar medios de transporte y contenedores que hayan sido autorizados y registrados de acuerdo con el artículo 6 y con el artículo 7 en el caso de buques destinados al transporte de ganado.</p>
<p>c) Asegurarse de que los animales transportados son aptos para el transporte, de acuerdo con lo establecido en la normativa, sin perjuicio de la responsabilidad del operador que entrega a los animales para su transporte.</p>
<p>d) Asegurar que los animales van acompañados de los documentos mencionados en el artículo 10 y de que se mantenga el registro de actividad de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.</p>
<p>e) Garantizar que los conductores o cuidadores de animales dispongan de la formación o el certificado de competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y en el artículo 12 de este real decreto.</p>
<p>f) Garantizar que los conductores de sus vehículos o cuidadores de los animales que transporten sus vehículos no estén inhabilitados judicialmente para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales o para la tenencia de animales.</p>
<p>g) Disponer de un plan de contingencia que incluya el contenido mínimo del anexo I, salvo para los autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.6 c) y que deberá aplicarse en cualquier momento del viaje hasta el destino final en caso de acaecer alguna de las circunstancias previstas en dicho plan de acción.</p>
<p>2. Asimismo, sin perjuicio del resto de obligaciones previstas en la vigente normativa, los transportistas mencionados anteriormente:</p>
<p>a) En el caso de transporte en buques de carga rodada, responderán subsidiariamente del cumplimiento por el capitán del buque de sus obligaciones de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>b) En el caso de viajes largos:</p>
<p>i) Cuando le sean solicitados, deberán facilitar los registros del sistema de navegación por satélite y de temperaturas, los cuales deben contener la información mínima recogida en el anexo II.</p>
<p>ii) Deberán conservar durante un periodo de tres años los registros de temperatura.</p>
<p><strong>Artículo 5. Autorización de los transportistas.</strong></p>
<p>1. Los transportistas serán autorizados, según lo establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, por la autoridad competente del ámbito territorial en el que se encuentre la sede social de la empresa o el domicilio fiscal en el caso de personas físicas.</p>
<p>2. Si el transportista está establecido en un país no miembro de la Unión Europea deberá designar a una persona establecida en España como su representante, el cual solicitará la autorización a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que esté ubicado y comunicará los datos recogidos en el anexo III de este real decreto mediante un documento firmado por ambos. La duración de la representación debe ser al menos igual a la vigencia de la autorización del transportista. La autorización emitida contendrá los datos del apartado 2 de los capítulos I o II del anexo III del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, referidos tanto al transportista como a su representante.</p>
<p>3. Sin perjuicio de los requisitos adicionales que pudiera establecer la autoridad competente, el solicitante deberá acreditar que cumple, mediante la presentación de una declaración responsable, los siguientes requisitos:</p>
<p>a) No estar autorizado, ni haber solicitado autorización a otras autoridades competentes en España, ni en otros Estados miembros de la Unión Europea.</p>
<p>b) No haber sido sancionado en firme en los tres últimos años por haber infringido gravemente o muy gravemente la legislación nacional o europea de protección de los animales.</p>
<p>c) No estar inhabilitado judicialmente para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales o para la tenencia de animales.</p>
<p>d) Haber presentado, junto a la declaración responsable, un plan de contingencia, salvo para los transportistas autorizados de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.c).</p>
<p>4. En el transporte de animales en buques destinados al transporte de ganado deberá ser autorizada como transportista la compañía, tal como se define en el capítulo IX del anexo del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), responsable de la gestión operacional del buque.</p>
<p>5. La autorización se expedirá conforme a los modelos establecidos en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004. Se completará en todos sus campos, y se incluirá el número de identificación fiscal o número de identificación de extranjero, así como las especies para las que se autoriza. Se podrán utilizar estos modelos para los transportistas autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6.c) y en todo caso debe contener como tipo de autorización «Autorización de acuerdo con artículo 47 de Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal».</p>
<p>6. La autorización podrá ser:</p>
<p>a) De tipo 1, válida únicamente para realizar viajes cuya duración no supere las ocho horas, cumpliendo con lo establecido en el artículo 10 y el capítulo I del anexo III del Reglamento 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>b) De tipo 2, válida para realizar todo tipo de viajes, cumpliendo con lo establecido en el artículo 11 y el capítulo II del anexo III del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>c) Autorización de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, para los siguientes tipos de movimientos dentro del territorio nacional:</p>
<p>1.º El transporte de animales realizado por ganaderos que utilicen vehículos agrícolas o medios de transporte que les pertenezcan en casos en que las circunstancias geográficas exigen un transporte para la trashumancia estacional de determinados tipos de animales.</p>
<p>2.º El transporte que realicen los ganaderos de sus propios animales, por sus propios medios de transporte, a una distancia de su explotación inferior a 50 km.</p>
<p>3.º El transporte de animales hasta una distancia máxima de 65 km entre el lugar de salida y el lugar de destino.</p>
<p>4.º El transporte de équidos, cuando el transporte no se efectúe en relación con una actividad económica.</p>
<p>5.º El transporte de las abejas de la miel<em> (Apis mellifera) </em>y abejorros <em>(Bompus spp.)</em> y los invertebrados que sean animales de la acuicultura.</p>
<p>6.º El transporte de animales que forman parte de un circo.</p>
<p>7. Sin perjuicio de la normativa que regula el uso de las demás lenguas oficiales, las autorizaciones deberán expedirse, al menos, en castellano e inglés, salvo las del apartado 6.c), que no será necesario expedirlas en inglés.</p>
<p>8. La autoridad competente asignará al transportista, de acuerdo con el registro que se menciona en el artículo 13, un código de autorización de transportista de animales cuya estructura será la siguiente:</p>
<p>a) AT: siglas fijas que significan «Autorización Transportista de animales».</p>
<p>b) ES: identifica a España.</p>
<p>c) Once dígitos que identifican al transportista de forma única en todo el territorio nacional.</p>
<p>9. La autorización emitida por la autoridad competente tendrá validez en toda la Unión Europea en los casos «tipo 1 y «tipo 2» y en todo el territorio nacional en el caso de las autorizaciones previstas el apartado 6.c).</p>
<p><strong>Artículo 6. Autorización de los medios de transporte y contenedores.</strong></p>
<p>1. Todos los medios de transporte, así como los contenedores utilizados para el transporte de équidos o de animales de las especies bovina, ovina, caprina o porcina deberán estar autorizados por la autoridad competente del ámbito territorial en el que se encuentre la sede social de la empresa propietaria del medio de transporte o domicilio fiscal si es una persona física. Para ello el propietario del vehículo presentará una solicitud en la forma en que dicha autoridad competente determine.</p>
<p>2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a la autorización de los buques destinados al transporte de ganado, que se autorizarán de acuerdo al artículo 7.</p>
<p>3. Los medios de transporte y los contenedores se identificarán por medio de su número de matrícula o número de bastidor de no existir matrícula. Si el bastidor no identifica de forma única al contenedor, se identificarán con las letras CONT seguido de 11 dígitos que identifiquen al contenedor de forma única en todo el territorio nacional. Los buques destinados al transporte de ganado se identificarán por medio de su número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional (IMO).</p>
<p>4. La autorización de los medios de transporte y contenedores podrá ser:</p>
<p>a) Para viajes de hasta ocho horas de duración,</p>
<p>b) Para más de ocho horas de duración,</p>
<p>c) Para viajes de hasta doce horas de duración en los supuestos regulados en el artículo 9.1 de este real decreto.</p>
<p>d) Autorización de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, para los movimientos recogidos en el artículo 5.6.c) dentro del territorio nacional, así como para el transporte en contenedores de équidos o de animales de las especies bovina, ovina, caprina o porcina por carretera y/o por vía acuática, para viajes cortos, o por avión.</p>
<p>5. Todos los medios de transporte por carretera y los contenedores autorizados, excepto los pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el transcurso de las operaciones en que se requiera el debido sigilo y confidencialidad, deberán llevar un cartel que sea claramente visible y que indique la presencia de animales vivos, excepto en los medios de transporte autorizados según el artículo 6.4.d), que solo deberán llevarlo los contenedores.</p>
<p>6. Se utilizará el modelo incluido en el anexo III, capítulo IV, del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, para los medios de transporte autorizados para viajes de menos de ocho horas, hasta doce horas y para los autorizados de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, siempre que se especifique claramente en el documento el alcance de la autorización de acuerdo con el punto 4.</p>
<p>7. La autorización emitida por la autoridad competente para los medios de transporte y contenedores para más de ocho horas tendrá validez en todo el territorio de la Unión Europea, y para el resto de medios de transporte será válida para todo el territorio nacional o los Estados miembros que así lo contemplen para el caso mencionado en el apartado 4.c).</p>
<p><strong>Artículo 7. Requisitos específicos para la autorización de los buques destinados al transporte de ganado.</strong></p>
<p>1. Los transportistas que soliciten la autorización de un buque destinado al transporte de ganado deberán presentar una solicitud, al menos quince días hábiles antes de la fecha prevista para la inspección. Asimismo, deben preverse que deben transcurrir, al menos, cuarenta y ocho horas hábiles entre el momento de la concesión de la autorización y la hora propuesta para el inicio de las operaciones de carga.</p>
<p>La solicitud, dirigida al órgano competente de la comunidad autónoma en que radique la sede social de la compañía del buque, se presentará en la forma que determine dicho órgano.</p>
<p>En el caso de buques destinados al transporte de ganado cuya compañía tenga su sede social en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado no miembro de la Unión Europea y no estén autorizados por ningún Estado miembro, la solicitud se presentará ante el órgano competente de la comunidad autónoma en que radique el puerto desde el que se pretenda la carga o descarga de los animales.</p>
<p>2. La solicitud de autorización de un buque destinado al transporte de ganado debe ir acompañada de la siguiente documentación:</p>
<p>a) Declaración de cumplimiento con los requisitos especificados en la sección 1 del capítulo IV del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, emitida por una organización reconocida por la Comisión Europea de acuerdo al Reglamento (CE) n.º 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques, acompañada de los planos aprobados del buque con la disposición de los recintos para animales e indicación de los sistemas que les dan servicio.</p>
<p>b) Informes del capitán de los cinco últimos viajes que incluyan registros sobre la calidad y cantidad de la alimentación y bebida, las condiciones climáticas, de temperatura y humedad, la existencia de averías y el número y la causa de animales enfermos, heridos o muertos.</p>
<p>c) Certificados en vigor expedidos en cumplimiento del Convenio Internacional sobre líneas de Carga de 1966, el Convenio SOLAS y el Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques (Convenio MARPOL), así como el cuaderno de estabilidad, requerido de conformidad al Convenio SOLAS, certificado de clasificación del buque y certificado de cobertura del seguro o de la garantía financiera equivalente establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1616/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el seguro de los propietarios de los buques civiles para reclamaciones de derecho marítimo</p>
<p>3. Para autorizar a los buques destinados al transporte de ganado de acuerdo con el artículo 6, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y además los siguientes requisitos:</p>
<p>a) Deberán disponer de dos mangueras por cubierta con la longitud suficiente para abrevar a todos los animales, dedicadas únicamente a este servicio.</p>
<p>b) Las instalaciones deberán ser específicas para la especie o especies que se transporten y los bebederos deberán ser automáticos y ser capaces de suministrar agua de forma continua.</p>
<p>c) El personal que manipule a los animales deberá disponer de ropa y calzado que garantice las condiciones de bioseguridad.</p>
<p>d) Deberá disponer, para casos de emergencia, de un método de aturdimiento consistente en pistola de perno cautivo penetrante y un método de matanza.</p>
<p>e) Deberá existir un lazareto debidamente señalizado en cada una de las cubiertas, cuya superficie queda excluida del cálculo de la capacidad del buque para alojar a los animales.</p>
<p><strong>Artículo 8. Validez de las autorizaciones.</strong></p>
<p>1. Sin perjuicio de lo previsto en la normativa de la Unión Europea, la duración de las autorizaciones establecidas en los artículos 5, 6 y 7 será, como máximo, de cinco años a partir de la fecha de expedición. Su validez está condicionada al mantenimiento de las condiciones exigidas para su otorgamiento.</p>
<p>2. Para renovar la autorización de un transportista se deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5.3, excepto para lo establecido en el punto b, para lo cual se estará a lo dispuesto en el punto 4 del artículo 24.</p>
<p>3. Las autorizaciones que no sean renovadas en el plazo de un año desde la fecha de fin de su validez causarán baja en los registros previstos en el artículo 13.</p>
<p>4. En el caso de detectarse una infracción, sin perjuicio de las medidas provisionales que pudieren adoptarse conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la autoridad competente podrá acordar como medida cautelar la suspensión o la retirada inmediata de la autorización y la práctica de cuantas medidas sean necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la actividad como transportista de animales o del uso del medio de transporte o contenedor para tal fin, además de aplicar el régimen sancionador que corresponda de acuerdo con el artículo 24.</p>
<p><strong>Artículo 9. Aplicación de las excepciones previstas en la normativa europea.</strong></p>
<p>1. En aplicación de lo previsto en el artículo 18.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, los transportistas cuya autorización sea de tipo 2 y que realicen un viaje por carretera que no supere las doce horas para llegar a su destino final, incluyendo la carga y la descarga, estarán exceptuados de:</p>
<p>a) Utilizar medios de transporte que cumplan las disposiciones establecidas en los puntos 3, 4, 5, 7 y 8 del apartado 1, y en los apartados 2, 3 y 4 del capítulo VI del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>b) Utilizar medios de transporte para porcinos que dispongan de suministro de agua de forma continua durante el viaje. No obstante, en caso de disponer del mismo, deberá usarse.</p>
<p>2. Los contenedores marítimos que se utilicen únicamente en buques que les abastecen con agua de sus propios tanques están eximidos del cumplimiento del apartado 2.3 del capítulo VI del anexo I, conforme a lo previsto en el apartado 2.4 del citado capítulo, del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p><strong>Artículo 10. Documentos del transporte de animales.</strong></p>
<p>1. Los siguientes documentos deberán acompañar a los animales transportados y estar a disposición de las autoridades competentes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:</p>
<p>a) La copia de la autorización del transportista a la que se refiere el artículo 5 del presente real decreto, o bien el original de la misma.</p>
<p>b) El original de la autorización del medio de transporte, o bien su copia.</p>
<p>c) Una documentación que acredite, con respecto a los animales, su origen y propietario o titular; el lugar, fecha y hora de salida; el lugar de destino y la fecha y hora de llegada previstos salvo en los medios de transporte autorizados de acuerdo con el artículo 6.4.d). Para las especies no incluidas en el Registro general de movimientos de ganado establecido en el Real Decreto 728/2007, de 7 de junio, el transportista será responsable del cumplimiento de lo establecido en esta letra, a cuyo efecto la autoridad competente podrá establecer el formato para el registro de la información que en estos casos debe acompañar a los animales.</p>
<p>2. Asimismo, deberán acompañar a los animales, cuando sea exigible:</p>
<p>a) La documentación sanitaria de traslado de los animales.</p>
<p>b) El documento de movimiento, según lo establecido en el artículo 6 y anexo VII del Real Decreto 728/2007, de 7 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales o tarjeta de movimiento equina, de acuerdo con el Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de movimiento equina.</p>
<p>c) La documentación sobre la identificación de los animales,</p>
<p>d) El certificado o talón de desinfección del contenedor o medio de transporte, correspondiente a la limpieza y desinfección realizada en un centro autorizado tras la última descarga de animales.</p>
<p>e) El original o la copia del certificado de competencia del cuidador, conforme al artículo 12 de este real decreto.</p>
<p>f) El cuaderno de a bordo u hoja de ruta, debidamente cumplimentado en los casos previstos en el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>g) Una copia del plan de contingencia, que incluya el contenido mínimo del anexo I.</p>
<p>3. En el caso de la exportación de animales vivos en buques destinados al transporte de ganado, además de la documentación prevista en los apartados 1 y 2, se debe firmar y hacer llegar al punto de salida una declaración responsable en la que se asuma el cargo de los costes económicos que se pudieran derivar de las actuaciones realizadas por la autoridad competente de acuerdo con el anexo IV.</p>
<p>4. En el transporte de animales de la acuicultura, además de la documentación prevista en los apartados 1 y 2, debe acompañar a los animales:</p>
<p>a) Un registro de la mortalidad, según el medio de transporte y las especies transportadas.</p>
<p>b) Las explotaciones, las zonas de cría de moluscos y los establecimientos de transformación donde haya estado el vehículo.</p>
<p>c) Todos los cambios de agua, en particular, el origen del agua nueva y el lugar de evacuación del agua.</p>
<p>5. Los documentos indicados en el apartado 1 así como los documentos indicados en las letras a), d), e), g) y el documento de movimiento mencionado en la letra b) del apartado 2 podrán llevarse en formato electrónico si el transporte se realiza por completo dentro de España.</p>
<p><strong>Artículo 11. Registro de actividad.</strong></p>
<p>1. El registro de actividad, establecido en el artículo 48 de la Ley 8/2003, de 23 de abril, consistirá en el archivo, para cada medio de transporte o contenedor, de la documentación e información relativa a cada movimiento, de acuerdo con el artículo 10, en soporte papel o informático, ordenada cronológicamente.</p>
<p>2. Este archivo deberá mantenerse en la sede social o domicilio, en el caso de ser persona física, del transportista y a disposición de la autoridad competente, durante un período mínimo de tres años.</p>
<p><strong>Artículo 12. Formación en materia de protección de los animales durante el transporte.</strong></p>
<p>1. Las personas que manejan animales vertebrados vivos durante el transporte y operaciones conexas en relación con una actividad económica, incluyendo el personal de los centros de concentración autorizados de acuerdo con la normativa veterinaria de la Unión Europea, el personal que participe en la captura y carga de animales, los operadores que presten servicio en puertos y aeropuertos, incluidas las empresas de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, que manejen animales vivos y la tripulación de buque destinado al transporte de ganado deberán haber recibido una formación que incluya las disposiciones de los anexos I y II del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, conforme a su artículo 6.4. Dicha formación deberá ajustarse al tipo de transporte que se va a realizar y se acreditará documentalmente de acuerdo con lo que determine la autoridad competente.</p>
<p>2. Los conductores o cuidadores en un vehículo de carretera destinado al transporte de équidos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos o de aves de corral dispondrán de un certificado de competencia expedido por la autoridad competente, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo III, capítulo III del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, en el que se incluirá el número de identificación fiscal, pasaporte o número de identificación de extranjero de la persona a la que se concede.</p>
<p>3. No será aplicable lo establecido en los apartados 1 y 2 a las autorizaciones previstas en el artículo 5.6.c).</p>
<p>4. En el caso de detectarse una infracción, sin perjuicio de las medidas provisionales que pudieren adoptarse conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la autoridad competente podrá acordar como medida cautelar la suspensión o la retirada inmediata del certificado de competencia, además de aplicar el régimen sancionador que corresponda de acuerdo al artículo 24.</p>
<p>5. Los cursos de formación al objeto de la expedición del certificado de competencia, deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el anexo V del presente real decreto. La impartición de los cursos o la realización del examen final podrán llevarse a cabo por la autoridad competente, o ser reconocidos, homologados o autorizados por ésta a otras entidades públicas o privadas. La autoridad competente garantizará la independencia y la ausencia de conflicto de intereses de los examinadores. Las homologaciones, reconocimientos o autorizaciones a entidades privadas realizadas por la autoridad competente surtirán efectos en todo el territorio nacional.</p>
<p>6. Las autoridades competentes podrán reconocer, como equivalentes para la obtención del certificado de competencia, las cualificaciones obtenidas con otros fines, siempre que por su contenido se reúnan los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>7. El reconocimiento de la competencia por parte de una autoridad competente de la Unión Europea surtirá efecto en España, y viceversa, de acuerdo con los artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p><strong>Artículo 13. Registros sobre transporte de animales.</strong></p>
<p>1. Las autoridades competentes inscribirán en un registro a los transportistas de animales vivos autorizados, según lo establecido en el artículo 5, así como a los contenedores y medios de transporte de acuerdo con el artículo 6 y los buques destinados al transporte de ganado de acuerdo al artículo 7.</p>
<p>2. Las autoridades competentes inscribirán igualmente en un registro a las personas que hayan obtenido un certificado de competencia, de acuerdo con el artículo 12, así como a los organizadores, de acuerdo con el artículo 15, y a los operadores que prestan su servicio en puertos y aeropuertos, de acuerdo con el artículo 17.</p>
<p><strong>Artículo 14. Base de datos nacional sobre transporte de animales.</strong></p>
<p>1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantendrá, a efectos de coordinación, una base de datos informatizada, denominada SIRENTRA, que incluya la información, facilitada por las autoridades competentes, que establece el anexo VI.</p>
<p>2. Dicha base de datos será gestionada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.</p>
<p>3. Tendrán acceso a la misma las autoridades competentes, el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, los órganos u organismos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana competentes en materia de marina mercante, puertos de interés general y aviación civil, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.</p>
<p>4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá, en colaboración con las autoridades competentes, los protocolos técnicos necesarios que permitan que se mantenga la base de datos actualizada.</p>
<p>5. Las personas físicas registradas podrán ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante las autoridades competentes, respecto a las anotaciones del registro correspondiente en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.</p>
<p><strong>Artículo 15. Obligaciones de los organizadores.</strong></p>
<p>Sin perjuicio del resto de obligaciones previstas en la vigente normativa, los organizadores serán responsables de lo siguiente:</p>
<p>1. Respecto al cuaderno de a bordo:</p>
<p>a) Planificar correctamente el viaje.</p>
<p>b) Cumplir con las disposiciones de los apartados 1 y 3 del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>c) Incluir el número de autorización del transportista para la parte marítima del viaje.</p>
<p>d) Devolver, previa petición de la autoridad competente del lugar de salida, en el plazo de un mes, una copia a la autoridad competente del lugar de salida.</p>
<p>e) Utilizar un único cuaderno de a bordo para todos los animales que viajan en un medio de transporte por carretera. En el caso de viajes en los que se carguen o descarguen animales en distintos lugares, se utilizarán tantas secciones 2, 3 y 5 de cuaderno de a bordo como sean necesarias.</p>
<p>2. Disponer o contratar de transportistas, y de medios de transporte autorizados.</p>
<p>3. En el caso de exportación de animales vivos:</p>
<p>a) Deberán estar registrados en la Base de datos nacional de transporte de animales.</p>
<p>b) Deberán disponer de un plan de contingencia que contenga la información recogida en el anexo I, que deberá cumplirse en caso de acaecer el supuesto de hecho.</p>
<p>c) Deberán asegurar que cuando se produce una exportación que suponga la llegada al punto de salida de varios camiones, éstos llegan de forma escalonada a este lugar, para lo cual harán llegar cuarenta y ocho horas antes de la salida prevista en el punto de salida, una planificación de dicha llegada a los servicios veterinarios del punto de salida.</p>
<p>d) En los casos en que el cuaderno de a bordo no sea obligatorio, para exportar animales a través de los puntos de salida que sean puertos o aeropuertos, hacer llegar a los servicios veterinarios del punto de salida de la UE al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje, la información que figura en el anexo VII.</p>
<p>4. Además, cuando se exporten animales en buques destinados al transporte de ganado:</p>
<p>a) Si varios exportadores realizan la carga de animales en un mismo buque, deberá existir un único organizador a efectos de la protección de los animales durante su transporte. Este organizador debe enviar a los servicios veterinarios del punto de salida de la UE una declaración en la que figure que es el organizador, firmada por todos los exportadores implicados en la carga.</p>
<p>b) Deberá enviar a los servicios veterinarios del punto de salida de la Unión Europea con setenta y dos horas hábiles de antelación la siguiente documentación relativa al buque:</p>
<p>1.º Certificado de aprobación del buque y autorización del transportista del mismo.</p>
<p>2.º Plan de carga de los animales en el buque, indicando el número y tipo de animales (especie, sexo y número de animales por los tramos de peso establecidos en el capítulo VII del anexo I del Reglamento n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004) que irán alojados en cada una de las cubiertas del buque de forma que la autoridad competente pueda verificar el cumplimiento de las densidades establecidas en el capítulo mencionado.</p>
<p>3.º Información sobre los cambios que haya habido en la tripulación desde que se autorizó el buque o desde el último viaje con animales.</p>
<p>4.º Información sobre las cantidades de pienso, agua y material de cama que van a ser cargados en el buque.</p>
<p>5.º Informe del capitán del último viaje realizado con animales a bordo que incluya registros sobre la calidad y cantidad de la alimentación y bebida, las condiciones climáticas, de temperatura y humedad, la existencia de averías y el número y la causa de animales enfermos, heridos o muertos.</p>
<p>6.º Plan de contingencia del transportista autorizado para la parte marítima del viaje, que deberá cumplirse en caso de acaecer el supuesto de hecho.</p>
<p>7.º Relación del personal, que participe en las operaciones de carga, cuyo número no debe ser inferior a 2.</p>
<p>8.º Certificado de limpieza y desinfección del buque.</p>
<p>c) Preverá que deben existir, al menos, veinticuatro horas hábiles desde el atraque del buque hasta la hora prevista del inicio de la carga, a fin de permitir la realización de los controles oficiales.</p>
<p>d) Realizará la carga de los animales sin demora una vez que esta sea autorizada por los servicios veterinarios del punto de salida de la Unión Europea.</p>
<p>e) Tendrá siempre a disposición del personal inspector del punto de salida los justificantes de peso de la báscula y los entregará a dicho personal del punto de salida al término de la carga.</p>
<p>5. El organizador deberá asegurar el bienestar de los animales que no se hayan podido cargar debido a cualquier circunstancia, incluida la detención de la carga cuando se comprueba que se ha alcanzado el peso máximo de la capacidad de carga del medio de transporte o contenedor.</p>
<p><strong>Artículo 16. Obligaciones de otros operadores.</strong></p>
<p>Sin perjuicio del resto de obligaciones previstas en la vigente normativa:</p>
<p>1. El capitán en el caso de transporte por vía marítima:</p>
<p>a) Se asegurará de que se lleven a bordo los documentos indicados en el artículo 10.</p>
<p>b) Dispondrá de un plan de limpieza y desinfección de las instalaciones dedicadas a los animales. Antes del embarque de los animales se garantizará que dichas instalaciones han sido previamente limpiadas y desinfectadas según el citado plan.</p>
<p>c) En el caso de buques de carga rodada, cumplirá con lo establecido en el apartado 3 el capítulo II del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>2. Los operadores de puestos de control autorizados anotarán en el libro de registro de la explotación el número de matrícula o el número de registro de los medios de transporte de carga o descarga de los animales y el número de registro del transportista.</p>
<p>3. Los operadores de las explotaciones de origen de los animales con destino a la exportación, salvo en el caso de los pollitos de un día, facilitarán al organizador del viaje con al menos setenta y dos horas de antelación a la fecha de carga la siguiente información:</p>
<p>a) La relación de animales que va a destinar a la exportación, así como el peso medio de los mismos.</p>
<p>b) Los certificados sanitarios y resultados analíticos que vengan establecidos en el acuerdo de exportación del país de destino en su caso.</p>
<p><strong>Artículo 17. Condiciones de los operadores que manejen animales vivos para movimientos dentro de la Unión Europea y prestan servicio en puertos y aeropuertos.</strong></p>
<p>1. Los operadores que manejen animales vivos y prestan servicio en puertos y aeropuertos, incluidas las empresas de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, deberán estar autorizadas por la autoridad competente del ámbito territorial en el que se encuentre el puerto o aeropuerto en el que operan o por la autoridad competente en la que radique la sede social en el caso de operar en más de un puerto o aeropuerto.</p>
<p>2. Los operadores deberán cumplir con los requisitos siguientes, sin perjuicio de la normativa autonómica aplicable, en la forma prevista en cada caso en el anexo VIII, para ser autorizados:</p>
<p>a) Disponer de servicio veterinario, propio o mediante contrato de servicios.</p>
<p>b) El personal encargado de manejar a los animales debe estar formado en materia de bienestar animal de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.1. Se debe aportar una relación del personal que va a manejar a los animales indicando para cada uno de ellos las tareas asignadas.</p>
<p>c) Respecto de las operaciones previstas, presentar un plan normalizado de trabajo, junto con el resto de documentación y contenido del apartado 3 del anexo VIII citado.</p>
<p>CAPÍTULO III</p>
<p><strong>Puntos de entrada y de salida</strong></p>
<p><strong>Artículo 18. Puntos de salida de la Unión Europea.</strong></p>
<p>1. Para ser exportados a países no miembros de la Unión Europea, los animales vertebrados deberán salir por puertos o aeropuertos autorizados como puntos de salida por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tales puntos de salida deberán tener la consideración de recinto aduanero, o haber sido previamente habilitados por la autoridad aduanera para la salida de mercancías con destino a países que no sean miembros de la Unión Europea.</p>
<p>2. En dichos puntos de salida se tomarán las precauciones necesarias para garantizar que se mantienen las condiciones de bienestar animal, y se adoptarán medidas para dar prioridad al transporte de los animales y evitar o reducir al máximo cualquier retraso o sufrimiento de los animales. Las operaciones deberán ser supervisadas por un veterinario oficial de dicho punto de salida.</p>
<p>3. Para que un puerto o aeropuerto sea autorizado como punto de salida se deberá:</p>
<p>a) Facilitar la documentación relativa a los requisitos relacionados con las instalaciones.</p>
<p>b) Disponer de servicio veterinario, propio o mediante contrato de servicios, con disponibilidad de veinticuatro horas, siete días a la semana.</p>
<p>c) Disponer de personal encargado de manejar a los animales, formado en materia de bienestar animal de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.1.</p>
<p>d) Respecto de las operaciones previstas, presentar un plan de trabajo, junto con el resto de documentación y contenido del apartado 4 del anexo IX en el caso de los puertos y del apartado 4 del anexo X en el caso de los aeropuertos.</p>
<p>4. Con el fin de obtener dicha autorización, las autoridades portuarias, a través de Puertos del Estado, así como los titulares de los aeropuertos interesados o las empresas operadoras de carga que gestionan las instalaciones de animales vivos, deberán presentar la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del anexo IX o anexo X, según se encuentren en puertos o aeropuertos respectivamente, y dirigida a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que será el órgano competente para resolver. La Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera será la encargada de instruir el procedimiento.</p>
<p>La solicitud se presentará de forma electrónica a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, disponible en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe), así como en la sede electrónica asociada, https://sede.mapa.gob.es/. En la tramitación de los procedimientos derivados de estas solicitudes emitirán sus informes la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios en lo relativo a protección de los animales durante su transporte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y en lo referente a la Administración General del Estado en el Territorio, el Ministerio de Política Territorial. Dichos informes, en caso de ser desfavorables a la estimación de la solicitud, serán vinculantes. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución correspondiente será de seis meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el mencionado Registro Electrónico General. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución final a los interesados, estos podrán entender estimada su solicitud.</p>
<p>Contra la resolución que dicte la persona titular de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, que no agotará la vía administrativa, cabrá recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, en los términos y plazos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p>5. El listado de puntos de salida autorizados estará disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.</p>
<p>6. La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria podrá suspender temporalmente la autorización de un punto de salida, previa audiencia de la entidad gestora de la instalación, si éste no cumple los requisitos establecidos en este artículo, así como en el anexo IX para puertos y el anexo X para aeropuertos.</p>
<p>Esta suspensión durará hasta que el punto de salida vuelva a cumplir dichos requisitos y sea expresamente autorizado. En caso de que no se cumplan las condiciones requeridas en el plazo de un año desde su suspensión, se revocará dicha autorización.</p>
<p>7. En relación con el cumplimiento de los requisitos indicados en este anexo X, se establecen las siguientes responsabilidades:</p>
<p>a) En el caso de que sea el gestor aeroportuario el que solicite la autorización como punto de salida, éste será responsable únicamente de la provisión de las instalaciones, así como de su limpieza y mantenimiento. Será responsabilidad de los operadores de carga que manejan animales vivos en dicha instalación el cumplimiento del resto de requisitos.</p>
<p>b) En el caso de que sea el operador de carga que gestiona las instalaciones de animales vivos, el que solicite la autorización como punto de salida, él mismo será responsable de cumplir con todos los requisitos de dicho anexo X.</p>
<p><strong>Artículo 19. Puntos de entrada designados de vehículos de transporte por carretera.</strong></p>
<p>1. Los vehículos de transporte por carretera de animales vivos de las especies equina, porcina, bovina, ovina, caprina, aves de corral, conejos y especies cinegéticas, cargados o vacíos, así como los vehículos de transporte por carretera de piensos, cargados o vacíos, procedentes de Estados no miembros de la Unión Europea, solo podrán entrar en el territorio de España a través de un punto de entrada de vehículos designado por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, que tenga la condición de recinto aduanero, o lugar habilitado por las autoridades aduaneras para la entrada de mercancías procedentes de Estados no miembros de la Unión Europea.</p>
<p>2. Únicamente se designarán aquellos puertos que dispongan de unas instalaciones de limpieza y desinfección que cumplan con los anexos I y II del Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de centros de limpieza y desinfección.</p>
<p>3. El procedimiento de designación de los puntos de entrada de vehículos se iniciará con una solicitud escrita por parte de los responsables de la instalación, la cual se presentará de forma electrónica a través del mencionado del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, disponible en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe), así como en la sede electrónica asociada https://sede.mapa.gob.es, dirigida a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dicha autorización será concedida una vez se garantice que el punto de entrada de vehículos cumple todas las disposiciones incluidas en el apartado 2.</p>
<p>En la tramitación de los procedimientos derivados de estas solicitudes emitirán sus informes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, en lo referente a la Administración General del Estado en el Territorio, el Ministerio de Política Territorial. Dichos informes, en caso de ser desfavorables a la estimación de la solicitud, serán vinculantes.</p>
<p>El plazo máximo para dictar y notificar la resolución correspondiente será de seis meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el mencionado Registro Electrónico General. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución final a los interesados, estos podrán entender estimada su solicitud.</p>
<p>Contra la resolución que dicte la persona titular de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, que no agotará la vía administrativa, cabrá recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, en los términos y plazos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p>El listado de puntos de entrada de vehículos designados estará disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.</p>
<p>4. Queda prohibida la entrada de vehículos de transporte por carretera de animales vivos de las especies equina, porcina, bovina, ovina, caprina, aves de corral, conejos y especies cinegéticas, cargados o vacíos, así como los vehículos de transporte por carretera de piensos, cargados o vacíos, procedentes de Estados no miembros de la Unión Europea, por cualquier puerto que no haya sido designado punto de entrada de vehículos.</p>
<p>5. Los apartados 1 al 4 no se aplicarán cuando los vehículos de transporte por carretera provengan de Estados no miembros de la Unión Europea donde la situación zoosanitaria de las enfermedades incluidas en la Categoría A del Reglamento (UE) n.º 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»), así como cualquier otra enfermedad considerada emergente, no suponga un riesgo para la cabaña ganadera española en relación con el transporte de animales, piensos, paja y heno en este tipo de vehículos.</p>
<p><strong>Artículo 20. Puntos de Entrada de Viajeros.</strong></p>
<p>1. Para poder ser designados como puntos de entrada de viajeros, los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres deberán cumplir los siguientes requisitos:</p>
<p>a) Deberá existir un Servicio de Sanidad Animal dependiente de la Delegación/Subdelegación del Gobierno de la provincia donde se encuentre el punto de entrada de viajeros. El personal veterinario oficial de dicho Servicio será responsable de proporcionar la formación y asesoramiento técnico al personal que realice los controles de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 998/2003, participando de forma aleatoria en dichos controles.</p>
<p>b) El personal que realice los controles indicados en el apartado a) recibirá una formación periódica acorde al volumen de animales controlados y a la rotación del personal, con una periodicidad mínima de un curso teórico-práctico por año.</p>
<p>c) Deberán existir instalaciones adecuadas para alojar a los animales no conformes a la espera de tomar una decisión sobre los mismos, así como medios propios o externos contratados para garantizar el cuidado y bienestar animal de los animales no conformes durante el tiempo que estén alojados. En este sentido, cuando exista una relación contractual entre el propietario del animal y una empresa para el transporte del animal, dicha empresa será responsable de garantizar el cuidado del animal durante el tiempo que el animal permanezca en las instalaciones del aeropuerto, puerto o frontera terrestre.</p>
<p>d) Deberán disponer de instalaciones (propias o externas) y medios (propios o externos) adecuados para aislar los animales no conformes el tiempo necesario para poder garantizar que puedan introducirse sin riesgo.</p>
<p>2. El procedimiento de designación de los puntos de entrada de viajeros se iniciará con una solicitud escrita por parte de los responsables de la instalación, la cual se presentará de forma electrónica a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, disponible en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe), así como en la sede electrónica asociada https://sede.mapa.gob.es/, dirigida a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.</p>
<p>Dicha autorización será concedida una vez se garantice que el punto de entrada de viajeros cumple todas las disposiciones incluidas en el apartado 1.</p>
<p>En la tramitación de los procedimientos derivados de estas solicitudes emitirán sus informes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, en lo referente a la Administración General del Estado en el Territorio, el Ministerio de Política Territorial. Dichos informes, en caso de ser desfavorables a la estimación de la solicitud, serán vinculantes.</p>
<p>El plazo máximo para dictar y notificar la resolución correspondiente será de seis meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el mencionado Registro Electrónico General. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución final a los interesados, estos podrán entender estimada su solicitud.</p>
<p>Contra la resolución que dicte la persona titular de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, que no agotará la vía administrativa, cabrá recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, en los términos y plazos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p>El listado de puntos de entrada de viajeros designados estará disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.</p>
<p>CAPÍTULO IV</p>
<p><strong>Controles y régimen sancionador</strong></p>
<p><strong>Artículo 21. Inspecciones y controles.</strong></p>
<p>1. Las autoridades competentes remitirán anualmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el formato establecido en la normativa de la Unión Europea, la información pertinente sobre los resultados de sus inspecciones y controles, con el fin de que dicha información pueda ser remitida a la Comisión Europea en el marco del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.</p>
<p>2. La autoridad competente pondrá todas las medidas necesarias para que las inspecciones de los vehículos se realicen en el menor tiempo posible.</p>
<p><strong>Artículo 22. Coordinación y deber de información.</strong></p>
<p>1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, es el punto de contacto a efectos del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>2. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla establecerán un punto de contacto a efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en este real decreto en lo relativo a protección de los animales durante su transporte y en el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, que comunicarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.</p>
<p>3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordinará con las autoridades competentes las actuaciones precisas para la aplicación de este real decreto.</p>
<p><strong>Artículo 23. Controles de la Comisión Europea.</strong></p>
<p>1. Las autoridades competentes prestarán a los expertos de la Comisión Europea toda la ayuda y asistencia que estos necesiten para realizar los controles previstos en el reglamento sobre controles oficiales. En estos controles, los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrán acompañar a los expertos de la Comisión Europea y a los representantes de las autoridades competentes de las comunidades autónomas.</p>
<p>2. Los órganos competentes y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerán los correspondientes mecanismos de coordinación y colaboración de las actuaciones relativas a la realización y resultados de estos controles.</p>
<p>3. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias en respuesta a los resultados de los controles, de las inspecciones y las auditorías.</p>
<p><strong>Artículo 24. Régimen sancionador.</strong></p>
<p>1. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente real decreto por parte de los operadores, incluyendo a los integradores de la explotación, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, o en la Ley 8/2003, de 24 de abril, sin perjuicio de la demás normativa estatal o autonómica aplicable, y de la posible responsabilidad civil, penal o de otro orden que puedan concurrir.</p>
<p>2. En el caso de las infracciones cometidas en el transcurso del transporte, la competencia sancionadora corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio se detecten los hechos constitutivos de infracción administrativa, sin perjuicio de la competencia de la autoridad competente que autorizó al transportista en lo concerniente a la suspensión y retirada de la autorización, debiéndose prestar las autoridades competentes la necesaria colaboración e intercambio de documentación e información. La autoridad competente que incoe expediente sancionador a un transportista u organizador de competencia de otra comunidad autónoma realizará una comunicación oficial a esta última, cuando la sanción sea firme en vía administrativa.</p>
<p>Si la infracción se detecta en los puntos de salida de la Unión Europea o en los puestos de control fronterizos, la competencia sancionadora corresponderá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre.</p>
<p>3. En el caso de las siguientes infracciones, la autoridad competente para instruir el correspondiente procedimiento sancionador contra el titular o el integrador de la explotación conforme al artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será aquella en la que esté ubicada la explotación donde se cargaron los animales:</p>
<p>a) En relación con el transporte de animales no aptos, cuando se determine que los animales no eran aptos antes de iniciar el viaje.</p>
<p>b) Cuando se incumpla con lo establecido en el apartado 1 del capítulo III del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre carga, descarga y manipulación.</p>
<p>c) Cuando se incumpla con lo establecido en el capítulo VII del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre espacio disponible.</p>
<p>4. En el caso de que el presunto infractor haya sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de una infracción calificada en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, o en la Ley 8/2003, de 24 de abril, en el período de un año anterior a la comisión de los hechos, la autoridad competente podrá acordar como sanción accesoria, la suspensión o no renovación por un periodo máximo de un año, de la autorización correspondiente o del certificado de competencia previsto en el artículo 12, en los términos previstos en cada caso en las citadas leyes.</p>
<p><strong>Disposición transitoria primera. Medios de transporte.</strong></p>
<p>Lo establecido en el artículo 4.2.b).i), y el anexo II, será de aplicación a los medios de transporte que se autoricen para más de ocho horas de duración tras la entrada en vigor del presente real decreto. Para los ya autorizados, será de aplicación cuando soliciten una nueva autorización, una vez caducada la que ya tenían a la entrada en vigor del real decreto.</p>
<p><strong>Disposición transitoria segunda. Plan de contingencia.</strong></p>
<p>Lo establecido en el artículo 4.1.g) será de aplicación a los transportistas que se autoricen tras la entrada en vigor del presente real decreto. Para los ya autorizados, será exigible a los seis meses de su entrada en vigor.</p>
<p><strong>Disposición transitoria tercera. Registros.</strong></p>
<p>Lo establecido en el artículo 13.2 será exigible a los tres meses de la entrada en vigor de este real decreto.</p>
<p><strong>Disposición transitoria cuarta. Autorizaciones anteriores a la entrada en vigor de este real decreto.</strong></p>
<p>Las autorizaciones anteriores a la entrada en vigor de este real decreto mantendrán su vigencia hasta el momento de su finalización.</p>
<p>En el caso de las autorizaciones anteriores a la entrada en vigor de este real decreto que tengan vigencia indefinida, deberán adecuarse a las reglas de este real decreto en el plazo de un año desde su entrada en vigor. En caso contrario, perderán su vigencia una vez transcurra dicho año.</p>
<p><strong>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</strong></p>
<p>Queda derogado:</p>
<p>a) El Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte.</p>
<p>b) La última frase de los anexos II, VI y VII del Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales, que prevé que: «El dato reflejado en el apartado 3.h) no deberá indicarse en el caso de transportes de animales en distancias inferiores a 50 km».</p>
<p><strong>Disposición final primera. Título competencial.</strong></p>
<p>El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución Española, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de, respectivamente, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y bases y coordinación general de la sanidad.</p>
<p>Se exceptúa el capítulo III y el régimen sancionador correspondiente, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª y 16.ª, primer inciso, de la Constitución Española, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio y sanidad exteriores.</p>
<p><strong>Disposición final segunda. Facultad de modificación.</strong></p>
<p>Se faculta a la persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para modificar los anexos de este real decreto para su adaptación a la normativa de la Unión Europea o internacional.</p>
<p><strong>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</strong></p>
<p>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p>Dado en Madrid, el 29 de noviembre de 2022.</p>
<p>FELIPE R.</p>
<p>El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes<br />
y Memoria Democrática,</p>
<p>FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA</p>
<p><strong>ANEXO I</strong></p>
<p><strong>Contenido mínimo del plan de contingencia para el transporte, de acuerdo con el artículo 4.1.h) y el artículo 15.3.b)</strong></p>
<p>1. Actuaciones a realizar ante cualquier imprevisto que impida llevar a cabo el viaje de la forma planificada.</p>
<p>2. Actuaciones para garantizar el bienestar de los animales en caso de accidente, emergencias y otras contingencias, ante la inmovilización de un medio de transporte o el rechazo de los animales en destino, entre las cuales se incluirán en todo caso medidas dirigidas a prestar a los animales la atención de urgencia que sea necesaria para evitar sufrimiento o lesiones.</p>
<p>3. Teléfonos de contacto en caso de emergencia.</p>
<p>4. Las medidas preventivas para evitar que se produzcan los imprevistos incluidos en el apartado 1.</p>
<p>5. Personal que va a llevar a cabo cada una de las medidas y datos de contacto.</p>
<p><strong>ANEXO II</strong></p>
<p><strong>Información mínima de los registros del sistema de navegación por satélite y registros de temperatura de acuerdo con el artículo 4.2.b)</strong></p>
<p>1. Registros del sistema de navegación por satélite:</p>
<p>a) Fecha, hora y ubicación en el inicio y finalización del viaje y siempre que se realice una parada o se reinicie el viaje.</p>
<p>b) Duración de las paradas.</p>
<p>c) Fecha y hora de la apertura y cierre de la trampilla de carga.</p>
<p>2. Registros de temperatura:</p>
<p>a) Temperatura expresada en grados centígrados de un mínimo de una sonda colocada en cada piso con una frecuencia mínima de 30 minutos desde el inicio hasta el final del viaje y siempre que se realice una parada o se reinicie el viaje.</p>
<p>La información debe proporcionarse en castellano o en inglés.</p>
<p><strong>ANEXO III</strong></p>
<p><strong>Información mínima a aportar por el representante de un transportista establecido en un país no miembro de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 5.2</strong></p>
<p>1. Datos de contacto del transportista:</p>
<p>– Nombre y apellidos o denominación social.</p>
<p>– Pasaporte; NIE, NIF o número IMO en el caso de la compañía del buque.</p>
<p>– Dirección postal.</p>
<p>– Correo electrónico.</p>
<p>– Teléfono.</p>
<p>2. Datos de contacto del representante:</p>
<p>– Nombre y apellidos o denominación social.</p>
<p>– NIF/NIE.</p>
<p>– Dirección postal.</p>
<p>– Correo electrónico.</p>
<p>– Teléfono.</p>
<p>3. Cláusula de responsabilidad: indicación del responsable legal en caso de incumplimiento de la legislación sobre protección de los animales durante el transporte.</p>
<p><strong>ANEXO IV</strong></p>
<p><strong>Declaración responsable en la exportación de animales vivos en buques de ganado, de acuerdo al artículo 10.3</strong></p>
<p><em>Declaración responsable</em></p>
<p>Don/doña &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., con NIF/NIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., en su propio nombre o en representación de &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, con NIF/NIE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, según consta en CEXGAN,</p>
<p>Declaro responsablemente que:</p>
<p>En relación con la exportación de los animales de la especie &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., prevista para el día &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. en el Puerto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., en que se utilizará el buque (Nombre/número IMO) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., asumo que, ante la declaración por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, de una situación de urgencia, emergencia o anomalía sanitaria debidamente justificada en dicho Puerto, antes de la citada fecha prevista de llegada de los animales al mismo, que imposibilite o dificulte gravemente la realización simultánea de las labores de inspección de las condiciones de exportación por el servicio de inspección animal, en la descarga y posterior carga en un buque destinado al transporte de animales a exportar dentro del recinto del Puerto, me haré cargo de la responsabilidad correspondiente al retraso en el trasporte y sus actividades conexas, incluido el coste económico del retraso o el retorno de los animales a origen, o su destino transitorio a una explotación o a un puesto de control autorizado, previa consulta de disponibilidad y reserva, hasta que se me notifique por el mencionado Servicio de Inspección Animal que pueden entrar en las instalaciones del puerto del que se trate.</p>
<p>Lugar, fecha y firma (y sello, en su caso).</p>
<p><strong>ANEXO V</strong></p>
<p><strong>Requisitos mínimos de los cursos de formación, de acuerdo con el artículo 12</strong></p>
<p>A) Contenido mínimo de los cursos de formación para la obtención o renovación del certificado de competencia como conductor o cuidador.</p>
<p>1. Normativa de la Unión Europea en materia de protección de los animales durante el transporte, en particular los artículos 3 y 4 y los anexos I y II del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.</p>
<p>2. Normativa de ámbito nacional y de ámbito autonómico sobre protección de los animales durante el transporte. Documentación administrativa.</p>
<p>3. Fisiología de los animales, necesidades de comida y agua, comportamiento animal y concepto de estrés.</p>
<p>4. Aspectos prácticos del cuidado y manejo de animales.</p>
<p>5. Efectos y repercusiones de modo y práctica de conducción sobre el bienestar de los animales.</p>
<p>6. Aptitud para el transporte de los animales.</p>
<p>7. Cuidados de emergencia a los animales, incluida la matanza de emergencia.</p>
<p>8. Criterios de seguridad para el personal que trabaja con animales.</p>
<p>9. Aspectos de seguridad vial relacionados con el transporte de animales, y actuación en caso de accidente.</p>
<p>10. Limpieza y desinfección de los medios de transporte y contenedores.</p>
<p>B) Duración mínima de veinte horas.</p>
<p><strong>ANEXO VI</strong></p>
<p><strong>Datos básicos a incluir en la base de datos nacional de transportistas, medios de transporte y contenedores según lo establecido en el artículo 14.1</strong></p>
<p>A) Transportista de animales:</p>
<p>1. Código de autorización de transportista de animales vivos.</p>
<p>2. NIF o NIE.</p>
<p>3. Nombre y apellidos o razón social.</p>
<p>4. Dirección de su sede social (dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma o ciudades de Ceuta o Melilla).</p>
<p>5. Teléfono.</p>
<p>6. Correo electrónico.</p>
<p>7. Tipo de autorización.</p>
<p>8. Fecha final de validez de la autorización.</p>
<p>9. Categoría de medio de transporte.</p>
<p>10. Si procede, tipo de suspensión (total o parcial).</p>
<p>11. Si procede, fecha fin de la suspensión.</p>
<p>12. Especies para las que se autoriza.</p>
<p>13. Datos del representante si el transportista es una persona jurídica o no está ubicado en la Unión Europea: nombre y apellidos, NIF o NIE, dirección, teléfono, correo electrónico.</p>
<p>B) Medios de transporte:</p>
<p>1. Matrícula, o, en su defecto número de bastidor o código que identifique individualmente al medio de transporte, o número IMO en transporte marítimo.</p>
<p>2. Datos de contacto del propietario: nombre, apellidos, NIF o NIE, teléfono y correo electrónico.</p>
<p>3. Tipo de medio de transporte: camión, furgoneta, remolque, semirremolque, buque o autorizado a efectos de cumplir con la ley de sanidad animal.</p>
<p>4. Superficie útil de cada uno de los pisos, excepto los autorizados de acuerdo al artículo 5.6.c).</p>
<p>5. Número de pisos o n.º de cubiertas, excepto los autorizados de acuerdo al artículo 5.6.c).</p>
<p>6. Tipo de autorización.</p>
<p>7. Fecha final de validez de la autorización.</p>
<p>8. Especies para las que se autoriza.</p>
<p>9. Si procede, tipo de suspensión (total o parcial).</p>
<p>10. Si procede, fecha fin de la suspensión.</p>
<p>En el caso de medios de transporte por vía marítima, se incluirán además los datos siguientes:</p>
<p>11. Nombre del buque.</p>
<p>12. Código de la autorización o número del certificado de aprobación.</p>
<p>13. Bandera.</p>
<p>C) Contenedores:</p>
<p>1. Matrícula. En su defecto número de bastidor o código que identifique individualmente al contenedor.</p>
<p>2. Datos de contacto del propietario: nombre, apellidos, NIF o NIE, teléfono y correo electrónico.</p>
<p>3. Tipo de contenedor: aéreo, marítimo y fluvial, por carretera, por ferrocarril o autorizado a efectos de cumplir con la ley de sanidad animal.</p>
<p>4. Superficie útil total de carga.</p>
<p>5. Tipo de autorización.</p>
<p>6. Especies para las que se autoriza.</p>
<p>7. Fecha final de validez de la autorización.</p>
<p>8. Si procede, tipo de suspensión (total o parcial).</p>
<p>9. Si procede, fecha fin de la suspensión.</p>
<p>D) Personas con certificado de competencia:</p>
<p>1. Nombre y apellidos.</p>
<p>2. NIF o NIE.</p>
<p>4. Comunidad Autónoma que emitió el certificado.</p>
<p>5. Fecha final de validez del certificado.</p>
<p>E) Organizadores:</p>
<p>1. NIF o NIE.</p>
<p>2. Nombre y apellidos o razón social.</p>
<p>3. Nombre y apellidos, NIF o NIE del representante si el organizador es una persona jurídica.</p>
<p>4. Dirección de su sede social (dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma o ciudades de Ceuta o Melilla).</p>
<p>5. Teléfono.</p>
<p>6. Correo electrónico.</p>
<p>F) Operadores que prestan servicio en puertos y aeropuertos:</p>
<p>1. NIF o NIE.</p>
<p>2. Nombre y apellidos o razón social.</p>
<p>3. Nombre y apellidos, NIF o NIE del representante si el organizador es una persona jurídica.</p>
<p>4. Dirección de su sede social (dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma o ciudades de Ceuta o Melilla).</p>
<p>5. Teléfono.</p>
<p>6. Correo electrónico.</p>
<p><strong>ANEXO VII</strong></p>
<p><strong>Información mínima sobre la exportación de animales que no van acompañados del cuaderno de a bordo a través de puertos y aeropuertos según lo establecido en el artículo 15.3.d)</strong></p>
<p>1. Número de solicitud del certificado de exportación.</p>
<p>2. Nombre y apellidos del organizador.</p>
<p>3. Datos del punto de contacto para intercambio de información (nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico).</p>
<p>4. Puerto/aeropuerto de carga.</p>
<p>5. Fecha de exportación.</p>
<p>6. Datos del transporte desde el origen hasta el punto de salida:</p>
<p>a) Código de autorización del transportista.</p>
<p>b) Fecha y hora prevista de salida.</p>
<p>c) Fecha y hora prevista de llegada al punto de salida.</p>
<p>7. Datos de los operadores que prestan servicios en puertos y aeropuertos:</p>
<p>a) Código de autorización.</p>
<p>b) Fecha y hora prevista del inicio de las operaciones.</p>
<p>c) Fecha y hora prevista del fin de las operaciones.</p>
<p>8. Datos del transporte marítimo/aéreo:</p>
<p>a) Código de autorización del transportista.</p>
<p>b) Fecha y hora prevista de salida del puerto o aeropuerto.</p>
<p>c) Fecha y hora prevista de llegada al lugar de destino en el país no miembro de la Unión Europea.</p>
<p><strong>ANEXO VIII</strong></p>
<p><strong>Requisitos mínimos exigibles a los operadores que prestan servicio en puertos y aeropuertos y manejan animales vivos en movimientos dentro de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 17.2</strong></p>
<p>1. Requisitos relacionados con la asistencia veterinaria: Se debe facilitar los datos de contacto del mismo (nombre, correo electrónico y teléfono) así como indicar sus competencias y responsabilidades.</p>
<p>2. Requisitos relacionados con el personal: Se debe aportar una relación del personal que va a manejar a los animales indicando para cada uno de ellos las tareas asignadas.</p>
<p>3. Requisitos relacionados con las operaciones previstas:</p>
<p>3.1 Contenido del plan normalizado de trabajo:</p>
<p>– Indicación de las operaciones en el orden cronológico en el que suceden, incluyendo el personal que va a realizarlas y el tiempo previsto de estancia de los animales en cada una de las operaciones.</p>
<p>– Punto de contacto (nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico) a efectos de comunicación en relación con los temas de protección de los animales durante el transporte.</p>
<p>3.2 Plan de contingencia que incluya una relación de las situaciones anómalas que puedan poner en peligro en bienestar de los animales tales como escape de animales, animales no aptos, enfermos, retrasos en el transporte, condiciones meteorológicas adversas, etc., indicando para cada una de ellas:</p>
<p>– Las medidas correctoras para revolver la situación.</p>
<p>– Las medidas preventivas para evitar que vuelva a producirse.</p>
<p>– Personal que va a llevar a cabo cada una de las medidas y datos de contacto.</p>
<p><strong>ANEXO IX</strong></p>
<p><strong>Requisitos mínimos exigibles a los puertos para ser autorizados como puntos de salida, de acuerdo con el artículo 18</strong></p>
<p>1. Requisitos relacionados con las instalaciones:</p>
<p>Para la autorización se debe facilitar la siguiente información:</p>
<p>1. Plano general del puerto especificando lo siguiente:</p>
<p>1.1 El espacio para el estacionamiento de los camiones provisto de una superficie techada que impida la radiación solar directa y proteja de otras condiciones climáticas adversas.</p>
<p>1.2 Las instalaciones para la carga, conducción y descarga de los animales. En el caso de que sean estructuras móviles se debe indicar la zona de carga de los animales.</p>
<p>1.3 Zonas para el almacenamiento de paja, pienso y estiércol.</p>
<p>1.4 Puntos de suministro de agua potable para abrevar a los animales en los camiones.</p>
<p>1.5 Zona para realizar el sacrificio de urgencia o matanza.</p>
<p>1.6 Ubicación y superficie de los recintos para albergar, alimentar y abrevar a los animales fuera del medio de transporte y que deberán cumplir al menos con lo establecido en los apartados A, B y C del anexo del Reglamento (CE) n.º 1255/97 del Consejo, de 25 de junio de 1997, sobre los criterios comunitarios que deben cumplir los puestos de control. Si estos recintos se encuentran fuera del puerto, se deberá indicar el código REGA de la explotación y la distancia al puerto, la cual no debe ser superior a 50 Km.</p>
<p>2. Requisitos relacionados con la asistencia veterinaria: Se debe facilitar los datos de contacto del mismo (nombre, correo electrónico y teléfono) así como indicar sus competencias y responsabilidades.</p>
<p>3. Requisitos relacionados con el personal: Presentar la relación del personal que va a manejar a los animales vivos indicando para cada uno de ellos las tareas asignadas.</p>
<p>4. Requisitos relacionados con las operaciones previstas:</p>
<p>4.1 El plan de trabajo incluirá:</p>
<p>– Indicación del tipo y volumen de animales que se exportan anualmente (o su previsión).</p>
<p>– Indicación de las operaciones que se realizan y el personal que va a realizarlas (incluida la gestión del alimento y material de cama).</p>
<p>– Punto de contacto a efectos de comunicación en materia de bienestar animal.</p>
<p>4.2 Plan de mantenimiento de las instalaciones.</p>
<p>4.3 Plan de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones.</p>
<p>4.4 Plan de recogida, almacenamiento y destrucción de cadáveres y de recogida de estiércol, en su caso.</p>
<p>4.5 Plan de contingencia que incluya una relación de las situaciones anómalas que puedan poner en peligro en bienestar de los animales tales como escape de animales, animales no aptos, enfermos, retrasos en el transporte, fallo de las instalaciones, condiciones meteorológicas adversas, etc., indicando para cada una de ellas:</p>
<p>– Las medidas correctoras para revolver la situación.</p>
<p>– Las medidas preventivas para evitar que vuelva a producirse.</p>
<p>– Personal que va a llevar a cabo cada una de las medidas y datos de contacto.</p>
<p><strong>ANEXO X</strong></p>
<p><strong>Requisitos mínimos exigibles en los aeropuertos para ser autorizados como puntos de salida, de acuerdo con el artículo 18</strong></p>
<p>1. Requisitos relacionados con las instalaciones:</p>
<p>Para la autorización se debe facilitar la siguiente información:</p>
<p>a) Mapa del aeropuerto con indicación de la ubicación de la instalación.</p>
<p>b) Plano general de la instalación indicando lo siguiente:</p>
<p>– Zonas donde pueden transitar y alojarse los animales, indicando los flujos de personas y animales.</p>
<p>– Existencia, si las hubiera, de zonas para el almacenamiento de paja, pienso y subproductos no destinados al consumo humano.</p>
<p>– Indicación de los puntos de agua potable para dar de beber a los animales en caso necesario.</p>
<p>– Zona para realizar el sacrificio de urgencia o matanza.</p>
<p>c) Relación de empresas de servicios de asistencia en tierra autorizadas para el manejo de animales vivos asociadas a la instalación que intervengan en cualquier punto del transporte desde que los animales llegan al aeropuerto hasta que son cargados en el avión, indicando para cada una de ellas el nombre y los datos de contacto.</p>
<p>2. Requisitos relacionados con la asistencia veterinaria: Se debe facilitar los datos de contacto del mismo (nombre, correo electrónico y teléfono) así como indicar sus competencias y responsabilidades.</p>
<p>3. Requisitos relacionados con el personal: Se debe aportar una relación del personal que va a manejar a los animales indicando para cada uno de ellos las tareas asignadas.</p>
<p>4. Requisitos relacionados con las operaciones previstas:</p>
<p>4.1 El plan normalizado de trabajo debe incluir lo siguiente:</p>
<p>– Punto de contacto (nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico) a efectos de comunicación en relación con los temas de protección de los animales durante el transporte.</p>
<p>– Indicación del tipo y volumen de animales que se exportan anualmente (o previsión en caso de nuevas instalaciones).</p>
<p>– Indicación de las operaciones en el orden cronológico en el que suceden, incluyendo las empresas implicadas, el personal que va a realizarlas y el tiempo previsto de estancia de los animales en cada una de las operaciones.</p>
<p>4.2 El plan normalizado de trabajo debe acompañarse de los siguientes planes:</p>
<p>a) Plan de mantenimiento de las instalaciones.</p>
<p>b) Plan de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones:</p>
<p>– Delimitación de las áreas y zonas en las que se vaya a aplicar el plan (detallando los flujos de animales y vehículos, así como del personal para evitar contaminaciones cruzadas).</p>
<p>– Equipos, instalaciones y útiles susceptibles de limpiar y desinfectar y/o desinsectar y desratizar.</p>
<p>– Tipo de personal encargado de la ejecución del plan, y su formación específica.</p>
<p>– Protocolos (fases del proceso, frecuencia, retirada de residuos,…).</p>
<p>– Productos que se vayan a utilizar.</p>
<p>– Almacenamiento de los productos y útiles de limpieza.</p>
<p>– Metodología para verificar la eficacia del plan, así como su responsable.</p>
<p>– Registros de los procedimientos, incidencias y medidas correctoras aplicadas.</p>
<p>– Protocolo de limpieza y desinfección de vehículos con indicación de la instalación para la limpieza y desinfección. En el caso de que ésta no exista se deberá incluir una relación de centros de limpieza y desinfección próximos donde se puedan realizar estas operaciones. En todo caso, se deberá disponer de material y productos básicos para poder realizar una limpieza y desinfección en los casos en que se estime necesario.</p>
<p>c) Plan de recogida y almacenamiento de cadáveres, con vistas a su retirada y eliminación y de recogida del estiércol, en su caso.</p>
<p>d) Plan de contingencia que incluya una relación de las situaciones anómalas que puedan poner en peligro en bienestar de los animales tales como escape de animales, animales no aptos, enfermos, retrasos en el transporte, fallo de las instalaciones, condiciones meteorológicas adversas, etc., indicando para cada una de ellas:</p>
<p>– Las medidas correctoras para revolver la situación.</p>
<p>– Las medidas preventivas para evitar que vuelva a producirse.</p>
<p>– Personal que va a llevar a cabo cada una de las medidas y datos de contacto.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/infraestructuras-de-recarga-electrica-de-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Orden TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el listado de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica y las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento. Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición: &#62; ANALISIS Infraestructuras de recarga eléctrica Titulares obligados a instalar infraestructuras de recarga eléctrica Excepciones e imposibilidades técnicas para instalar puntos de recarga eléctrica Control del cumplimiento de la obligación Régimen sancionador MODFICA:     Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. INDICE de la norma: Título preliminar.  Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Definiciones. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Título I.  Principios generales de la comunicación audiovisual. Artículo 4. Dignidad humana. Artículo 5. Pluralismo. Artículo 6. Igualdad de género e imagen de las mujeres. Artículo 7. Personas con discapacidad. Artículo 8. Lengua oficial del Estado y lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Artículo 9. Veracidad de la información. Artículo 10. Alfabetización mediática. Artículo 11. Conciliación de la vida personal y familiar. Artículo 12. Autorregulación. Artículo 13. Propiedad intelectual. Artículo 14. Corregulación. Artículo 15. Códigos de conducta de autorregulación y corregulación. Título II. La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo. Capítulo I. Régimen jurídico y títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo. Artículo 16. Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual televisivo. Artículo 17. Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo. Capítulo II. Servicios de comunicación audiovisual televisivos en régimen de comunicación previa. Artículo 18. Comunicación previa. Artículo 19. Comunicación previa sin efectos. Artículo 20. Pérdida de validez de la condición de prestador adquirida a través de la comunicación previa. Capítulo III. Servicios de comunicación audiovisual televisivos en régimen de licencia. Sección 1.ª Régimen jurídico de la licencia. Artículo 21. Régimen jurídico de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual televisivo mediante ondas hertzianas terrestres. Artículo 22. Competencia para el otorgamiento de licencias de ámbito estatal. Artículo 23. Competencia para el otorgamiento de licencias de ámbito autonómico y local. Artículo 24. Requisitos para ser titular de una licencia. Artículo 25. Limitaciones en el otorgamiento de licencias por razones de orden público audiovisual. Artículo 26. Concursos para la concesión de licencias. Artículo 27. Convocatoria de concursos en caso de extinción de una licencia. Artículo 28. Contenido mínimo de la licencia. Artículo 29. Duración y renovación de la licencia. Artículo 30. Modificación de las condiciones de la licencia. Artículo 31. Extinción de la licencia. Sección 2.ª Negocios jurídicos sobre la licencia. Artículo 32. Negocios jurídicos sobre la licencia. Artículo 33. Cesión de la señal del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal para su difusión mediante cualquier soporte tecnológico. Artículo 34. Colaboración con la autoridad audiovisual competente. Sección 3.ª Pluralismo en los mercados de comunicación audiovisual televisivos lineales mediante ondas hertzianas terrestres. Artículo 35. Pluralismo en el mercado de comunicación audiovisual televisivo lineal mediante ondas hertzianas terrestres. Artículo 36. Emisión en cadena en servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito local. Capítulo IV. Registro de prestadores y publicidad del régimen de propiedad de los servicios de comunicación audiovisual y los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. Artículo 37. Registros de prestadores del servicio de comunicación audiovisual. Artículo 38. Participaciones significativas. Artículo 39. Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual. Artículo 40. Acceso público al Registro estatal. Artículo 41. Cooperación entre registros audiovisuales. Artículo 42. Publicidad del régimen de propiedad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. Capítulo V. Prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual televisivo. Artículo 43. Libertad de prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual televisivo. Artículo 44. Límites a la libertad de recepción de servicios prestados desde la Unión Europea. Artículo 45. Procedimiento de suspensión de la libertad transfronteriza de emisiones. Artículo 46. Procedimiento urgente de suspensión de libertad transfronteriza. Artículo 47. Medidas de salvaguarda respecto de servicios de comunicación audiovisual televisivos dirigidos, total o principalmente, al territorio español. Artículo 48. Cooperación de las autoridades audiovisuales competentes con las autoridades regulatorias audiovisuales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Capítulo VI. Prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario sin ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres. Artículo 49. Servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario sin ánimo de lucro prestado mediante ondas hertzianas terrestres. Título III. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual. Capítulo I. El servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 50. Definición de servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 51. Misión del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 52. Principios de funcionamiento del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 53. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual. Capítulo II. Gobernanza de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 54. Mandato-marco. Artículo 55. Contratos-programa. Artículo 56. Órganos de gobernanza y gestión del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 57. Inscripción en el Registro del servicio de comunicación audiovisual correspondiente. Capítulo III. El control de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 58. El control por las Cortes Generales, asambleas legislativas y órganos de gobierno correspondientes. Artículo 59. El control por las autoridades audiovisuales correspondientes. Artículo 60. El control económico-financiero. Artículo 61. Análisis de valor público. Capítulo IV. La financiación del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 62. Sistema de financiación del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 63. Cuantificación del coste neto de la encomienda o acuerdo de prestación del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 64. Mantenimiento de reservas para el cumplimiento del servicio público de comunicación audiovisual. Artículo 65. Separación estructural de actividades. Artículo 66. Prohibición de bajar injustificadamente los precios de la oferta comercial o de presentar ofertas desproporcionadamente elevadas. Capítulo V. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual estatal. Artículo 67. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal. Artículo 68. Encomienda de gestión directa del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal y reserva de espectro. Artículo 69. Gobernanza y control del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal. Artículo 70. Procedimiento de análisis de valor público respecto de nuevos servicios de la Corporación de Radio y Televisión Española. Artículo 71. Archivos históricos audiovisuales. Capítulo VI. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual autonómico y local. Artículo 72. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual en el ámbito autonómico. Artículo 73. Prestación del servicio público</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orden TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el listado de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica y las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento.</strong></p>
<p><span id="more-12864"></span><br />
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<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>ANALISIS</strong></span></p>
<p>Infraestructuras de recarga eléctrica</p>
<p>Titulares obligados a instalar infraestructuras de recarga eléctrica</p>
<p>Excepciones e imposibilidades técnicas para instalar puntos de recarga eléctrica</p>
<p>Control del cumplimiento de la obligación</p>
<p>Régimen sancionador</p>
<p><strong>MODFICA:     </strong></p>
<p><em>Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.</em></p>
<p><em>Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.</em></p>
<p><em>Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.</em></p>
<p><em>Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.</em></p>
<p><em>Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</em></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>INDICE de la norma:</strong></span></p>
<p><strong>Título preliminar.  Disposiciones generales.</strong></p>
<p>Artículo 1. Objeto.</p>
<p>Artículo 2. Definiciones.</p>
<p>Artículo 3. Ámbito de aplicación.</p>
<p><strong>Título I.  Principios generales de la comunicación audiovisual.</strong></p>
<p>Artículo 4. Dignidad humana.</p>
<p>Artículo 5. Pluralismo.</p>
<p>Artículo 6. Igualdad de género e imagen de las mujeres.</p>
<p>Artículo 7. Personas con discapacidad.</p>
<p>Artículo 8. Lengua oficial del Estado y lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.</p>
<p>Artículo 9. Veracidad de la información.</p>
<p>Artículo 10. Alfabetización mediática.</p>
<p>Artículo 11. Conciliación de la vida personal y familiar.</p>
<p>Artículo 12. Autorregulación.</p>
<p>Artículo 13. Propiedad intelectual.</p>
<p>Artículo 14. Corregulación.</p>
<p>Artículo 15. Códigos de conducta de autorregulación y corregulación.</p>
<p><strong>Título II. La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo.</strong></p>
<p>Capítulo I. Régimen jurídico y títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo.</p>
<p>Artículo 16. Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual televisivo.</p>
<p>Artículo 17. Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo.</p>
<p>Capítulo II. Servicios de comunicación audiovisual televisivos en régimen de comunicación previa.</p>
<p>Artículo 18. Comunicación previa.</p>
<p>Artículo 19. Comunicación previa sin efectos.</p>
<p>Artículo 20. Pérdida de validez de la condición de prestador adquirida a través de la comunicación previa.</p>
<p>Capítulo III. Servicios de comunicación audiovisual televisivos en régimen de licencia.</p>
<p>Sección 1.ª Régimen jurídico de la licencia.</p>
<p>Artículo 21. Régimen jurídico de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual televisivo mediante ondas hertzianas terrestres.</p>
<p>Artículo 22. Competencia para el otorgamiento de licencias de ámbito estatal.</p>
<p>Artículo 23. Competencia para el otorgamiento de licencias de ámbito autonómico y local.</p>
<p>Artículo 24. Requisitos para ser titular de una licencia.</p>
<p>Artículo 25. Limitaciones en el otorgamiento de licencias por razones de orden público audiovisual.</p>
<p>Artículo 26. Concursos para la concesión de licencias.</p>
<p>Artículo 27. Convocatoria de concursos en caso de extinción de una licencia.</p>
<p>Artículo 28. Contenido mínimo de la licencia.</p>
<p>Artículo 29. Duración y renovación de la licencia.</p>
<p>Artículo 30. Modificación de las condiciones de la licencia.</p>
<p>Artículo 31. Extinción de la licencia.</p>
<p>Sección 2.ª Negocios jurídicos sobre la licencia.</p>
<p>Artículo 32. Negocios jurídicos sobre la licencia.</p>
<p>Artículo 33. Cesión de la señal del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal para su difusión mediante cualquier soporte tecnológico.</p>
<p>Artículo 34. Colaboración con la autoridad audiovisual competente.</p>
<p>Sección 3.ª Pluralismo en los mercados de comunicación audiovisual televisivos lineales mediante ondas hertzianas terrestres.</p>
<p>Artículo 35. Pluralismo en el mercado de comunicación audiovisual televisivo lineal mediante ondas hertzianas terrestres.</p>
<p>Artículo 36. Emisión en cadena en servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito local.</p>
<p>Capítulo IV. Registro de prestadores y publicidad del régimen de propiedad de los servicios de comunicación audiovisual y los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.</p>
<p>Artículo 37. Registros de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 38. Participaciones significativas.</p>
<p>Artículo 39. Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 40. Acceso público al Registro estatal.</p>
<p>Artículo 41. Cooperación entre registros audiovisuales.</p>
<p>Artículo 42. Publicidad del régimen de propiedad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.</p>
<p>Capítulo V. Prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual televisivo.</p>
<p>Artículo 43. Libertad de prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual televisivo.</p>
<p>Artículo 44. Límites a la libertad de recepción de servicios prestados desde la Unión Europea.</p>
<p>Artículo 45. Procedimiento de suspensión de la libertad transfronteriza de emisiones.</p>
<p>Artículo 46. Procedimiento urgente de suspensión de libertad transfronteriza.</p>
<p>Artículo 47. Medidas de salvaguarda respecto de servicios de comunicación audiovisual televisivos dirigidos, total o principalmente, al territorio español.</p>
<p>Artículo 48. Cooperación de las autoridades audiovisuales competentes con las autoridades regulatorias audiovisuales de otros Estados miembros de la Unión Europea.</p>
<p>Capítulo VI. Prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario sin ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres.</p>
<p>Artículo 49. Servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario sin ánimo de lucro prestado mediante ondas hertzianas terrestres.</p>
<p><strong>Título III. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual.</strong></p>
<p>Capítulo I. El servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 50. Definición de servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 51. Misión del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 52. Principios de funcionamiento del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 53. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Capítulo II. Gobernanza de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 54. Mandato-marco.</p>
<p>Artículo 55. Contratos-programa.</p>
<p>Artículo 56. Órganos de gobernanza y gestión del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 57. Inscripción en el Registro del servicio de comunicación audiovisual correspondiente.</p>
<p>Capítulo III. El control de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 58. El control por las Cortes Generales, asambleas legislativas y órganos de gobierno correspondientes.</p>
<p>Artículo 59. El control por las autoridades audiovisuales correspondientes.</p>
<p>Artículo 60. El control económico-financiero.</p>
<p>Artículo 61. Análisis de valor público.</p>
<p>Capítulo IV. La financiación del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 62. Sistema de financiación del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 63. Cuantificación del coste neto de la encomienda o acuerdo de prestación del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 64. Mantenimiento de reservas para el cumplimiento del servicio público de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 65. Separación estructural de actividades.</p>
<p>Artículo 66. Prohibición de bajar injustificadamente los precios de la oferta comercial o de presentar ofertas desproporcionadamente elevadas.</p>
<p>Capítulo V. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual estatal.</p>
<p>Artículo 67. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal.</p>
<p>Artículo 68. Encomienda de gestión directa del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal y reserva de espectro.</p>
<p>Artículo 69. Gobernanza y control del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal.</p>
<p>Artículo 70. Procedimiento de análisis de valor público respecto de nuevos servicios de la Corporación de Radio y Televisión Española.</p>
<p>Artículo 71. Archivos históricos audiovisuales.</p>
<p>Capítulo VI. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual autonómico y local.</p>
<p>Artículo 72. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual en el ámbito autonómico.</p>
<p>Artículo 73. Prestación del servicio público de comunicación audiovisual fuera de la Comunidad Autónoma correspondiente.</p>
<p>Artículo 74. Garantía de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.</p>
<p>Artículo 75. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual en el ámbito local.</p>
<p><strong>Título IV. La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a petición.</strong></p>
<p>Artículo 76. Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición.</p>
<p>Artículo 77. Competencia para el otorgamiento de licencias del servicio de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito estatal.</p>
<p>Artículo 78. Pluralismo en el mercado de comunicación audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas terrestres.</p>
<p>Artículo 79. Emisión en cadena en servicios de comunicación audiovisual radiofónicos.</p>
<p>Artículo 80. Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico.</p>
<p>Artículo 81. Servicio de comunicación audiovisual radiofónico comunitario sin ánimo de lucro prestado mediante ondas hertzianas terrestres.</p>
<p>Artículo 82. Cesión de la señal del servicio de comunicación audiovisual radiofónico para su difusión mediante cualquier soporte tecnológico.</p>
<p>Artículo 83. Protección de los menores en el servicio de comunicación audiovisual radiofónico y en el servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición.</p>
<p>Artículo 84. Accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual sonoros a petición.</p>
<p>Artículo 85. Comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual radiofónico y en el servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición.</p>
<p><strong>Título V. La prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.</strong></p>
<p>Artículo 86. Principios generales de la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.</p>
<p>Artículo 87. Inscripción en el Registro estatal.</p>
<p>Artículo 88. Obligaciones para la protección de los usuarios y de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales.</p>
<p>Artículo 89. Medidas para la protección de los usuarios y de los menores frente a determinados contenidos audiovisuales.</p>
<p>Artículo 90. Datos personales de menores.</p>
<p>Artículo 91. Obligaciones en materia de comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 92. Alcance y proporcionalidad de las obligaciones.</p>
<p>Artículo 93. Supervisión y control.</p>
<p>Artículo 94. Obligaciones de los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.</p>
<p><strong>Título VI. Obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo</strong>.</p>
<p>Capítulo I. Protección de los menores.</p>
<p>Artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual.</p>
<p>Artículo 96. Códigos de conducta para el tratamiento adecuado de menores en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad.</p>
<p>Artículo 97. Descriptores visuales de los programas audiovisuales.</p>
<p>Artículo 98. Calificación de los programas audiovisuales.</p>
<p>Artículo 99. Contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores.</p>
<p>Artículo 100. Contenido audiovisual especialmente recomendado para menores.</p>
<p>Capítulo II. Accesibilidad.</p>
<p>Artículo 101. Accesibilidad universal al servicio de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 102. Accesibilidad al servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto.</p>
<p>Artículo 103. Accesibilidad al servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional.</p>
<p>Artículo 104. Accesibilidad al servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición.</p>
<p>Artículo 105. Mantenimiento de accesibilidad de contenidos audiovisuales o servicios de comunicación audiovisual de terceros.</p>
<p>Artículo 106. Control de las obligaciones de accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 107. Punto de contacto único.</p>
<p>Artículo 108. Autorregulación.</p>
<p>Artículo 109. Centros de referencia para la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal y autonómico.</p>
<p>Capítulo III. Promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística.</p>
<p>Artículo 110. Obligación de promover obra audiovisual europea y la diversidad lingüística.</p>
<p>Sección 1.ª Definiciones aplicables en la obligación de promoción de obra audiovisual europea.</p>
<p>Artículo 111. Obra audiovisual europea.</p>
<p>Artículo 112. Productor independiente.</p>
<p>Artículo 113. Película cinematográfica.</p>
<p>Sección 2.ª Obligación de cuota de obra audiovisual europea y de promoción de la diversidad lingüística.</p>
<p>Artículo 114. Obligación de cuota de obra audiovisual europea en los servicios de comunicación audiovisual.</p>
<p>Artículo 115. Cuota de obra audiovisual europea en el servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal.</p>
<p>Artículo 116. Cuota de obra audiovisual europea en el catálogo del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición.</p>
<p>Sección 3.ª Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea y promoción de la diversidad lingüística.</p>
<p>Artículo 117. Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea.</p>
<p>Artículo 118. Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea para prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo.</p>
<p>Artículo 119. Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea para prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición.</p>
<p>Sección 4.ª Control y supervisión de las obligaciones de promoción de obra audiovisual europea.</p>
<p>Artículo 120. Control y seguimiento de la obligación de promoción de obra audiovisual europea.</p>
<p>Capítulo IV. Comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Sección 1.ª Derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 121. Derecho a emitir comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 122. Prohibiciones absolutas de determinadas comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 123. Comunicaciones comerciales audiovisuales que fomenten comportamientos nocivos para la salud.</p>
<p>Artículo 124. Protección de los menores frente a las comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 125. Comunicaciones comerciales audiovisuales con régimen específico.</p>
<p>Sección 2.ª Tipos de comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 126. Anuncio publicitario audiovisual.</p>
<p>Artículo 127. Autopromoción.</p>
<p>Artículo 128. Patrocinio.</p>
<p>Artículo 129. Emplazamiento de producto.</p>
<p>Artículo 130. Telepromoción.</p>
<p>Artículo 131. Televenta.</p>
<p>Artículo 132. Servicios de comunicación comercial audiovisual y catálogos de comunicación comercial audiovisual.</p>
<p>Artículo 133. Espacios promocionales de apoyo a la cultura europea.</p>
<p>Artículo 134. Anuncios de servicio público o de carácter benéfico.</p>
<p>Sección 3.ª Normativa específica para las comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal.</p>
<p>Artículo 135. Comunicaciones comerciales audiovisuales del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal.</p>
<p>Artículo 136. Identificación y diferenciación de la comunicación comercial audiovisual y respeto a la integridad del programa.</p>
<p>Artículo 137. Límite cuantitativo a la emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 138. Interrupciones de programas para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales.</p>
<p>Artículo 139. Comunicaciones comerciales audiovisuales en acontecimientos deportivos.</p>
<p>Artículo 140. Integridad de la señal.</p>
<p>Artículo 141. Pantalla dividida, sobreimpresiones y publicidad híbrida.</p>
<p>Sección 4.ª Normativa específica para las comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual a petición.</p>
<p>Artículo 142. Comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición.</p>
<p><strong>Título VII. La contratación en exclusiva de la emisión de contenidos audiovisuales.</strong></p>
<p>Artículo 143. El derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales.</p>
<p>Artículo 144. Derecho a la información televisiva relativa a contenidos audiovisuales emitidos en exclusiva.</p>
<p>Artículo 145. Derecho a la información audiovisual radiofónica relativa a acontecimientos deportivos emitidos en exclusiva.</p>
<p>Artículo 146. Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad.</p>
<p>Artículo 147. Servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional o servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma titulares del derecho de emisión en exclusiva.</p>
<p>Artículo 148. Servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto titular de derechos de emisión en exclusiva en un ámbito inferior al estatal.</p>
<p><strong>Título VIII. Política audiovisual estatal.</strong></p>
<p>Artículo 149. Informe del sector audiovisual.</p>
<p>Artículo 150. Plan estratégico audiovisual.</p>
<p>Artículo 151. Fomento del sector audiovisual.</p>
<p>Artículo 152. Patrimonio audiovisual.</p>
<p><strong>Título IX. Autoridades audiovisuales competentes.</strong></p>
<p>Artículo 153. Autoridad audiovisual competente.</p>
<p><strong>Título X. Régimen sancionador</strong>.</p>
<p>Artículo 154. Principios generales.</p>
<p>Artículo 155. Competencias sancionadoras.</p>
<p>Artículo 156. Responsabilidad por la comisión de infracciones.</p>
<p>Artículo 157. Infracciones muy graves.</p>
<p>Artículo 158. Infracciones graves.</p>
<p>Artículo 159. Infracciones leves.</p>
<p>Artículo 160. Sanciones.</p>
<p>Artículo 161. Prescripción de las infracciones.</p>
<p>Artículo 162. Prescripción de las sanciones.</p>
<p>Artículo 163. Medidas provisionales previas al procedimiento sancionador.</p>
<p>Artículo 164. Medidas provisionales en el procedimiento sancionador.</p>
<p>Artículo 165. Multas coercitivas por incumplimiento de medidas provisionales.</p>
<p>Artículo 166. Graduación de sanciones.</p>
<p>Disposición adicional primera. Aprobación del catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad.</p>
<p>Disposición adicional segunda. Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación Audiovisual.</p>
<p>Disposición adicional tercera. Medidas para favorecer la producción audiovisual realizada por mujeres.</p>
<p>Disposición adicional cuarta. Protección de datos de carácter personal.</p>
<p>Disposición adicional quinta. Promoción de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.</p>
<p>Disposición transitoria primera. Catálogo transitorio de acontecimientos de interés general para la sociedad.</p>
<p>Disposición transitoria segunda. Calificación de programas y recomendación por edad.</p>
<p>Disposición transitoria tercera. Servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres preexistentes.</p>
<p>Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de accesibilidad.</p>
<p>Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de la obligación de promoción de obra audiovisual europea.</p>
<p>Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la aportación a la Corporación de Radio y Televisión Española.</p>
<p>Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio del Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.</p>
<p>Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.</p>
<p>Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.</p>
<p>Disposición final segunda. Modificación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.</p>
<p>Disposición final tercera. Modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.</p>
<p>Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.</p>
<p>Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</p>
<p>Disposición final sexta. Títulos competenciales y carácter de legislación básica.</p>
<p>Disposición final séptima. Habilitación para el desarrollo reglamentario.</p>
<p>Disposición final octava. Incorporación de derecho de la Unión Europea.</p>
<p>Disposición final novena. Entrada en vigor.</p>
<p><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>
<p>El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en  el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición                                                    :<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="390" height="74" /></a>&gt;<a href="https://dappeditorial.es/recordatorio-de-claves/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12810" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2022/09/recordatorio-claves.gif" alt="" width="390" height="57" /></a></p>
<p><!--more--></p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>MODIFICACION del CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION- Recarga de Vehículos eléctricos en los edificios</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/modificacion-del-codigo-tecnico-de-la-edificacion-recarga-de-vehiculos-electricos-en-los-edificios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 18:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Salubridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en la Utilización]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[MODIFICACION del CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION- Recarga de Vehículos eléctricos en los edificios]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE de 15 de junio de 2022 ANALISIS: Voces y conceptos afectados por esta norma CTE: DB-HE Ahorro de energía CTE: DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad CTE: DB-HS Salubridad CTE. Protección frente al gas radón EDIFICACIÓN: Recarga de vehículos eléctricos en los edificios ELECTRICIDAD: Reglamento electrotécnico para baja tensión MODIFICA:    Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. Correcciones al texto publicadas en el B.O.E. el 2 de febrero de 2023: Advertidos errores en el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, se procede a advertir de las oportunas rectificaciones en las siguientes expresiones que deben ir en letra cursiva: En la página 81977, artículo único, apartado tres, letra c), artículo 15.7 del texto de regulación, cuarta línea, la expresión «vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva. En la página 81977, artículo único, apartado tres, letra m), párrafo 9 del texto de regulación, tercera línea, la expresión «Evaluación global de la eficiencia energética de los edificios» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra m), párrafo 9 del texto de regulación, cuarta línea, la expresión «Parte 1: marco general y procedimientos» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra o), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra p), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra q), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra r), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra s), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra s), párrafo 6 del texto de regulación, cuarta y quinta líneas, la expresión «coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra t), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra v), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra v), párrafo 3 del texto de regulación, segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra v), en la última línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra w), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra x), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra aa), en el último guion, la expresión «sistema de temporización» debe ir en letra cursiva. En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra bb), segunda línea, el término «lámparas» debe ir en letra cursiva. En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra bb), tercera línea, el término «lámparas» debe ir en letra cursiva. En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra cc), párrafo 1 del texto de regulación, segunda y tercera líneas, la expresión «energía procedente de fuentes renovables» debe ir en letra cursiva. En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra cc), párrafo 1 del texto de regulación, cuarta y quinta líneas, la expresión «sistema urbano de calefacción» debe ir en letra cursiva. En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra ee), tercera y cuarta líneas, la expresión «uso residencial privado» debe ir en letra cursiva. En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 1 del texto de regulación, primera línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva. En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 1 del texto de regulación, sexta línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva. En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 1 del texto de regulación, séptima y octava líneas, la expresión «uso residencial privado» debe ir en letra cursiva. En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 2 del texto de regulación, cuarta línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva. En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra kk), letra c), primera línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva. En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), segunda y tercera líneas, la expresión «infraestructura de recarga de vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva. En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos primera y segunda líneas, la expresión «infraestructura de recarga de vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva. En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 1 «Ámbito de aplicación», apartado 1, segundo guion, en la tercera línea, la expresión «unidades de uso» debe ir en letra cursiva. En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 1 «Ámbito de aplicación», apartado 1, tercer guion, en la segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva. En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 1 «Ámbito de aplicación», apartado 2, letra b), segunda y tercera líneas, la expresión «uso residencial</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.</strong></span></p>
<p><span id="more-12862"></span></p>
<p>BOE de 15 de junio de 2022</p>
<p><strong>ANALISIS: Voces y conceptos afectados por esta norma</strong></p>
<p>CTE: <strong>DB-HE Ahorro de energía</strong></p>
<p>CTE: <strong>DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad</strong></p>
<p>CTE: <strong>DB-HS Salubridad</strong></p>
<p>CTE.<strong> Protección frente al gas radón</strong></p>
<p>EDIFICACIÓN:<strong> Recarga de vehículos eléctricos en los edificios</strong></p>
<p>ELECTRICIDAD:<strong> Reglamento electrotécnico para baja tensión</strong></p>
<p><strong>MODIFICA:    </strong></p>
<p><em><strong>Código Técnico de la Edificación</strong>, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.</em></p>
<p><em>Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 <strong>«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos»,</strong> del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.</em></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Correcciones al texto publicadas en el B.O.E. el 2 de febrero de 2023:</strong></span></p>
<p><strong><em>Advertidos errores en el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, se procede a advertir de las oportunas rectificaciones en las siguientes expresiones que deben ir en letra cursiva:</em></strong></p>
<p>En la página 81977, artículo único, apartado tres, letra c), artículo 15.7 del texto de regulación, cuarta línea, la expresión «vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81977, artículo único, apartado tres, letra m), párrafo 9 del texto de regulación, tercera línea, la expresión «Evaluación global de la eficiencia energética de los edificios» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra m), párrafo 9 del texto de regulación, cuarta línea, la expresión «Parte 1: marco general y procedimientos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra o), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra p), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra q), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra r), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra s), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra s), párrafo 6 del texto de regulación, cuarta y quinta líneas, la expresión «coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra t), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra v), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra v), párrafo 3 del texto de regulación, segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra v), en la última línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81978, artículo único, apartado tres, letra w), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra x), segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra aa), en el último guion, la expresión «sistema de temporización» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra bb), segunda línea, el término «lámparas» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra bb), tercera línea, el término «lámparas» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra cc), párrafo 1 del texto de regulación, segunda y tercera líneas, la expresión «energía procedente de fuentes renovables» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra cc), párrafo 1 del texto de regulación, cuarta y quinta líneas, la expresión «sistema urbano de calefacción» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81979, artículo único, apartado tres, letra ee), tercera y cuarta líneas, la expresión «uso residencial privado» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 1 del texto de regulación, primera línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 1 del texto de regulación, sexta línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 1 del texto de regulación, séptima y octava líneas, la expresión «uso residencial privado» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra jj), párrafo 2 del texto de regulación, cuarta línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81980, artículo único, apartado tres, letra kk), letra c), primera línea, la expresión «potencia a instalar» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), segunda y tercera líneas, la expresión «infraestructura de recarga de vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos primera y segunda líneas, la expresión «infraestructura de recarga de vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 1 «Ámbito de aplicación», apartado 1, segundo guion, en la tercera línea, la expresión «unidades de uso» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 1 «Ámbito de aplicación», apartado 1, tercer guion, en la segunda línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 1 «Ámbito de aplicación», apartado 2, letra b), segunda y tercera líneas, la expresión «uso residencial privado» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 2 «Caracterización de la exigencia», apartado 1, segunda línea, la expresión «vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81981, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 2 «Caracterización de la exigencia», apartado 1, tercera línea, la expresión «infraestructura de recarga de vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 1, primera línea, la expresión «uso residencial privado» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 1, segunda línea, la expresión «estaciones de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 2, segunda y tercera líneas, la expresión «estaciones de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 2, cuarta línea, la expresión «estación de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 2, tercer párrafo, en la penúltima línea, la expresión «estación de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 2, cuarto párrafo, en la segunda línea, la expresión «estación de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 2, cuarto párrafo, en la tercera línea, la expresión «estaciones de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 3 «Cuantificación de la exigencia», apartado 3, primera línea, la expresión «uso residencial privado» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 4 «Justificación de la exigencia», apartado 1, letra c), primera línea, la expresión «estaciones de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81982, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 4 «Justificación de la exigencia», apartado 1, letra d), primera línea, la expresión «estaciones de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81983, artículo único, apartado tres, letra ll), Sección HE 6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 5 «Construcción, mantenimiento y conservación», apartado 5.4 «Mantenimiento y conservación del edificio», párrafo 1, tercera y cuarta líneas, la expresión «infraestructura de recarga de vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Equipo auxiliar», primera línea, el término «lámpara» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Equipo auxiliar», segunda línea, el término «lámpara» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Estación de recarga», segunda línea, la expresión «vehículo eléctrico» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Estación de recarga» tercera línea, la expresión «estaciones de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Estación de recarga», en el párrafo 1, segunda línea, la expresión «vehículo eléctrico» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Estación de recarga», en el párrafo 2, primera y segunda líneas, la expresión «SAVE (Sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico)» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos», en la segunda línea, la expresión «vehículos eléctricos» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos», quinta línea, la expresión «estaciones de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos», octava línea, la expresión «vehículo eléctrico» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico (SAVE)», tercera línea, la expresión «vehículo eléctrico» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico (SAVE)», tercera línea, la expresión «estación de recarga» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81984, artículo único, apartado tres, letra xx), en la definición de «Sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico (SAVE)», sexta línea, la expresión «vehículo eléctrico» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra aaa), segunda línea, la expresión «condiciones operacionales» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra aaa), segunda línea, la expresión «perfil de uso» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra eee), segunda línea, la expresión «permeabilidad al aire» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra fff), cuarta y quinta líneas, la expresión «relación del cambio de aire» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra fff), sexta y séptima líneas, la expresión «Prestaciones térmicas de los edificios. Determinación de la permeabilidad al aire de los edificios. Método de presurización con ventilador» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra ggg), tercera línea, la expresión «relación del cambio de aire» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra ggg), séptima línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado tres, letra ggg), novena línea, la expresión «envolvente térmica» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado cuatro, sexta línea, la expresión «plaza de aparcamiento accesible» debe ir en letra cursiva.</p>
<p>En la página 81985, artículo único, apartado cuatro, séptima línea, la expresión «itinerario accesible» debe ir en letra cursiva.</p>
<p><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>
<p>El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición</p>
<p>:<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 " src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="358" height="68" /></a>&gt;<a href="https://dappeditorial.es/recordatorio-de-claves/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12810" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2022/09/recordatorio-claves.gif" alt="" width="390" height="57" /></a></p>
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		<title>Inspección Técnica Vehículos COMUNIDAD VALENCIANA</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/inspeccion-tecnica-vehiculos-comunidad-valenciana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 09:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica Vehículos/COMUNIDAD VALENCIANA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DECRET LLEI 3/2022, de 22 d&#8217;abril, del Consell, pel qual s&#8217;autoritza la creació de la Societat Valenciana d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima. Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición: (DOGV de 02.05.2022) ÍNDEX Preàmbul Capítol I. Creació, naturalesa, règim jurídic i objecte Article 1. Creació i denominació Article 2. Naturalesa i règim jurídic Article 3. Adscripció Article 4. Objecte de les societats mercantils Capítulo II. Supervisió i control Article 5. Supervisió i control de les estacions d&#8217;ITV Disposicions addicionals Primera. Model de gestió del servei d&#8217;ITV a la Comunitat Valenciana Segona. Adscripció dels béns afectes al servei d&#8217;ITV Disposició transitòria Única. Habilitació de les estacions d&#8217;ITV Disposicions finals Primera. Habilitació per al desplegament i l&#8217;execució. Segona. Autorització Tercera. Delegació per a la supervisió de fiances Quarta. Entrada en vigor PREÀMBUL I La Generalitat ostenta la competència en matèria d&#8217;indústria, d&#8217;acord amb l&#8217;article 52.1.1a de la Llei orgànica 5/1982, d&#8217;1 de juliol, d&#8217;Estatut d&#8217;Autonomia de la Comunitat Valenciana. El seguiment i control de la prestació del servei públic d&#8217;inspecció tècnica de vehicles n&#8217;és una part important. El Govern Valencià va decidir, mitjançant Decret 198/1987, de 7 de desembre, adscriure a l&#8217;empresa pública Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA), la gestió del servei d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en l&#8217;àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Posteriorment, i mitjançant Decret 166/1997, de 13 de maig, del Govern Valencià, pel qual queda sense efecte l&#8217;adscripció a SEPIVA, SA, de les funcions de gestió d&#8217;estacions d&#8217;ITV, es va establir la fórmula de concessió. Es va licitar un contracte d&#8217;explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana, per un termini de 25 anys. La Generalitat Valenciana va formalitzar un encàrrec de gestió a SEPIVA, SA, mentre existiren estacions d&#8217;ITV sotmeses al règim concessional, per a l&#8217;exercici de funcions de caràcter tècnic i material en matèria d&#8217;inspecció tècnica de vehicles. Mitjançant el Decret llei 7/2012, de 19 d&#8217;octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, es va extingir la mercantil SEPIVA en favor de l&#8217;Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. El conseller d&#8217;Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en tant que òrgan de contractació, va comunicar les empreses concessionàries en setembre de 2021 la voluntat de l&#8217;actual Consell de la Generalitat de finalitzar el vigent règim de concessió administrativa de la prestació del servei d&#8217;ITV a la Comunitat Valenciana, i, en conseqüència, que el contracte finalitzarà una vegada complida la seua duració inicial, 25 anys, que no hi existirà pròrroga, i que s&#8217;efectuava la denúncia formal prevista en l&#8217;expedient contractual. II El Decret 175/2020, de 30 d&#8217;octubre, del Consell, d&#8217;aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d&#8217;Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, atribueix l&#8217;exercici de les competències en matèria d&#8217;indústria a l&#8217;esmentada conselleria. L&#8217;exercici d&#8217;aquesta competència se li assigna a la Direcció General d&#8217;Indústria, Energia i Mines. L&#8217;Ordre 1/2021, de 6 d&#8217;abril, de la Conselleria d&#8217;Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desplega el Decret 175/2020, recull en l&#8217;article 6.3.2.k) la competència de »realitzar les actuacions necessàries per a l&#8217;autorització i supervisió de les estacions d&#8217;inspecció tècnica de vehicles, així com el seguiment i el control de la prestació del servei públic d&#8217;inspecció tècnica de vehicles dins del seu àmbit competencial». III La normativa estatal bàsica en matèria d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles és el Reial decret 920/2017, de 23 d&#8217;octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. Aquest reial decret té per objecte la transposició a l&#8217;ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2014/45/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d&#8217;abril de 2014, relativa a les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE. El Reial decret 920/2017 determina que «l&#8217;execució material de les inspeccions tècniques serà realitzada en estacions ITV, d&#8217;acord amb el model de gestió que establisca la comunitat autònoma en exercici de les seues competències.» Per eixe motiu, cal definir el sistema de gestió de les ITV a desenvolupar per la Comunitat Valenciana, entre els diferents models previstos en la norma: gestió directa, a través de societats d&#8217;economia mixta, o per empreses privades, en règim de concessió administrativa o autorització. De tots ells, la Generalitat ha optat pel model de gestió directa. Aquesta mateixa norma atribueix a «l&#8217;òrgan competent de la comunitat autònoma en les quals estiguen radicades» la competència en matèria d&#8217;habilitació, i de supervisió i control de les estacions d&#8217;ITV. Per a garantir l&#8217;adequada continuïtat de la prestació tècnica del servei cal designar com l&#8217;òrgan de supervisió establit reglamentàriament a l&#8217;entitat IVACE, que ve prestant aquestes funcions. IV L&#8217;article 51 de l&#8217;Estatut d&#8217;Autonomia atribueix a la Generalitat «la competència d&#8217;execució de la legislació de l&#8217;Estat en matèria de pesos, mesures i contrast de metalls». En aquest àmbit competencial, el Decret 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, va vindre a assignar les funcions de control metrològic i a establir les condicions per al seu exercici a la Comunitat Valenciana. Amb la Llei 32/2014, de 21 de desembre, de Metrologia, es fixen els principis i de les normes generals a les quals ha d&#8217;ajustar-se l&#8217;organització i el règim jurídic de l&#8217;activitat metrològica en l&#8217;Estat espanyol. Per a adequar la normativa autonòmica es va publicar el Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s&#8217;estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l&#8217;àmbit de la Comunitat Valenciana, regulant l&#8217;actuació dels organismes autoritzats de verificació metrològica previstos en la citada normativa estatal. El control metrològic de l&#8217;Estat exigeix la verificació en les seues modalitats de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació d&#8217;instruments de mesura entre els quals es troben els taxímetres. Fins al moment, aquesta actuació ha sigut realitzada en aquesta comunitat per les estacions d&#8217;ITV, prèvia autorització corresponent. En coherència a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DECRET LLEI 3/2022, de 22 d&#8217;abril, del Consell, pel qual s&#8217;autoritza la creació de la Societat Valenciana d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima. </strong></p>
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<p><span id="more-12649"></span>(DOGV de 02.05.2022)</p>
<p>ÍNDEX<br />
Preàmbul</p>
<p>Capítol I. Creació, naturalesa, règim jurídic i objecte</p>
<p>Article 1. Creació i denominació</p>
<p>Article 2. Naturalesa i règim jurídic</p>
<p>Article 3. Adscripció</p>
<p>Article 4. Objecte de les societats mercantils</p>
<p>Capítulo II. Supervisió i control</p>
<p>Article 5. Supervisió i control de les estacions d&#8217;ITV</p>
<p>Disposicions addicionals</p>
<p>Primera. Model de gestió del servei d&#8217;ITV a la Comunitat Valenciana</p>
<p>Segona. Adscripció dels béns afectes al servei d&#8217;ITV</p>
<p>Disposició transitòria</p>
<p>Única. Habilitació de les estacions d&#8217;ITV</p>
<p>Disposicions finals</p>
<p>Primera. Habilitació per al desplegament i l&#8217;execució.</p>
<p>Segona. Autorització</p>
<p>Tercera. Delegació per a la supervisió de fiances</p>
<p>Quarta. Entrada en vigor</p>
<p>PREÀMBUL</p>
<p>I</p>
<p>La Generalitat ostenta la competència en matèria d&#8217;indústria, d&#8217;acord amb l&#8217;article 52.1.1a de la Llei orgànica 5/1982, d&#8217;1 de juliol, d&#8217;Estatut d&#8217;Autonomia de la Comunitat Valenciana. El seguiment i control de la prestació del servei públic d&#8217;inspecció tècnica de vehicles n&#8217;és una part important.</p>
<p>El Govern Valencià va decidir, mitjançant Decret 198/1987, de 7 de desembre, adscriure a l&#8217;empresa pública Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA), la gestió del servei d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en l&#8217;àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Posteriorment, i mitjançant Decret 166/1997, de 13 de maig, del Govern Valencià, pel qual queda sense efecte l&#8217;adscripció a SEPIVA, SA, de les funcions de gestió d&#8217;estacions d&#8217;ITV, es va establir la fórmula de concessió. Es va licitar un contracte d&#8217;explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana, per un termini de 25 anys.</p>
<p>La Generalitat Valenciana va formalitzar un encàrrec de gestió a SEPIVA, SA, mentre existiren estacions d&#8217;ITV sotmeses al règim concessional, per a l&#8217;exercici de funcions de caràcter tècnic i material en matèria d&#8217;inspecció tècnica de vehicles.</p>
<p>Mitjançant el Decret llei 7/2012, de 19 d&#8217;octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, es va extingir la mercantil SEPIVA en favor de l&#8217;Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.</p>
<p>El conseller d&#8217;Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en tant que òrgan de contractació, va comunicar les empreses concessionàries en setembre de 2021 la voluntat de l&#8217;actual Consell de la Generalitat de finalitzar el vigent règim de concessió administrativa de la prestació del servei d&#8217;ITV a la Comunitat Valenciana, i, en conseqüència, que el contracte finalitzarà una vegada complida la seua duració inicial, 25 anys, que no hi existirà pròrroga, i que s&#8217;efectuava la denúncia formal prevista en l&#8217;expedient contractual.</p>
<p>II</p>
<p>El Decret 175/2020, de 30 d&#8217;octubre, del Consell, d&#8217;aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d&#8217;Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, atribueix l&#8217;exercici de les competències en matèria d&#8217;indústria a l&#8217;esmentada conselleria. L&#8217;exercici d&#8217;aquesta competència se li assigna a la Direcció General d&#8217;Indústria, Energia i Mines.</p>
<p>L&#8217;Ordre 1/2021, de 6 d&#8217;abril, de la Conselleria d&#8217;Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desplega el Decret 175/2020, recull en l&#8217;article 6.3.2.k) la competència de »realitzar les actuacions necessàries per a l&#8217;autorització i supervisió de les estacions d&#8217;inspecció tècnica de vehicles, així com el seguiment i el control de la prestació del servei públic d&#8217;inspecció tècnica de vehicles dins del seu àmbit competencial».</p>
<p>III</p>
<p>La normativa estatal bàsica en matèria d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles és el Reial decret 920/2017, de 23 d&#8217;octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. Aquest reial decret té per objecte la transposició a l&#8217;ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2014/45/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d&#8217;abril de 2014, relativa a les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE.</p>
<p>El Reial decret 920/2017 determina que «l&#8217;execució material de les inspeccions tècniques serà realitzada en estacions ITV, d&#8217;acord amb el model de gestió que establisca la comunitat autònoma en exercici de les seues competències.» Per eixe motiu, cal definir el sistema de gestió de les ITV a desenvolupar per la Comunitat Valenciana, entre els diferents models previstos en la norma: gestió directa, a través de societats d&#8217;economia mixta, o per empreses privades, en règim de concessió administrativa o autorització. De tots ells, la Generalitat ha optat pel model de gestió directa.</p>
<p>Aquesta mateixa norma atribueix a «l&#8217;òrgan competent de la comunitat autònoma en les quals estiguen radicades» la competència en matèria d&#8217;habilitació, i de supervisió i control de les estacions d&#8217;ITV. Per a garantir l&#8217;adequada continuïtat de la prestació tècnica del servei cal designar com l&#8217;òrgan de supervisió establit reglamentàriament a l&#8217;entitat IVACE, que ve prestant aquestes funcions.</p>
<p>IV</p>
<p>L&#8217;article 51 de l&#8217;Estatut d&#8217;Autonomia atribueix a la Generalitat «la competència d&#8217;execució de la legislació de l&#8217;Estat en matèria de pesos, mesures i contrast de metalls». En aquest àmbit competencial, el Decret 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, va vindre a assignar les funcions de control metrològic i a establir les condicions per al seu exercici a la Comunitat Valenciana.</p>
<p>Amb la Llei 32/2014, de 21 de desembre, de Metrologia, es fixen els principis i de les normes generals a les quals ha d&#8217;ajustar-se l&#8217;organització i el règim jurídic de l&#8217;activitat metrològica en l&#8217;Estat espanyol.</p>
<p>Per a adequar la normativa autonòmica es va publicar el Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s&#8217;estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l&#8217;àmbit de la Comunitat Valenciana, regulant l&#8217;actuació dels organismes autoritzats de verificació metrològica previstos en la citada normativa estatal.</p>
<p>El control metrològic de l&#8217;Estat exigeix la verificació en les seues modalitats de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació d&#8217;instruments de mesura entre els quals es troben els taxímetres. Fins al moment, aquesta actuació ha sigut realitzada en aquesta comunitat per les estacions d&#8217;ITV, prèvia autorització corresponent.</p>
<p>En coherència a això i complint amb la normativa vigent, una vegada extingit el sistema concessional es preveu que aquesta funció puga dur-se a terme per la societat mercantil que desenvolupe el servei públic d&#8217;ITV.</p>
<p>V</p>
<p>Per a la correcta gestió del servei públic d&#8217;ITV en règim de gestió directa, serà necessària l&#8217;adopció ordenada de les següents mesures:</p>
<p> Autoritzar la creació d&#8217;una societat mercantil, Societat Valenciana d&#8217;ITV, en la qual la Generalitat serà sòcia única; així com designar l&#8217;òrgan de supervisió establert en el Reial decret 920/2017, així com determinar les seues funcions, qüestions ambdues que s&#8217;efectuen mitjançant aquest decret llei.</p>
<p> Constituir la societat mercantil de la Generalitat, mitjançant acord del Consell.</p>
<p> Adoptar els acords necessaris per a l&#8217;assumpció de les tasques que realitzen les actuals empreses concessionàries per la nova societat mercantil constituïda.</p>
<p>Quant a les instal·lacions de les Estacions d&#8217;ITV, cal distingir entre les que són titularitat de la Generalitat; les construïdes per les entitats concessionàries en el període concessional; i les que les empreses concessionàries ITV Vega Baja, SA, i Pistas Iteuve, SA, van aportar per a prestar el servei ateses les condicions de la seua adscripció al plec concessional.</p>
<p>Una vegada finalitzada la concessió, les segones revertiran a l&#8217;Administració. L&#8217;ús de les estacions d&#8217;ITV de titularitat de la Generalitati les que revertisquen a l&#8217;Administració ha de cedir-se a la nova mercantil, mitjançant l&#8217;adscripció directa dels béns afectes al servei públic d&#8217;ITV, previst en l&#8217;article 53.3 de la Llei 14/2003, de 10 d&#8217;abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, per la persona titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni, d&#8217;acord amb el que estableixen els articles 5 i 26 de la mateixa llei.</p>
<p>En el cas de les estacions d&#8217;ITV de Redován i Orihuela (San Bartolomé) que pertanyen a les empreses ITV Vega Baja, SA, i Pistas Iteuve, SA, respectivament, aquestes infraestructures són de lliure disposició de les esmentades mercantils, una vegada conclòs el termini de la concessió, tot i que no es podran dedicar al servei d&#8217;ITV, ja que deixaran d&#8217;estar-hi habilitades en finalitzar la concessió.</p>
<p>VI</p>
<p>Justificada a bastament la necessitat, s&#8217;acredita la urgència d&#8217;aquesta regulació mitjançant Decret Llei pel fet que ha de garantir-se la continuïtat de la prestació del servei d&#8217;ITV i, una vegada finalitzat el contracte de concessió, previst per al 31 de desembre de 2022, cal que la Generalitat tinga preparats els mitjans i l&#8217;organització que haja de prestar l&#8217;esmentat servei.</p>
<p>La Directiva 2014/45/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d&#8217;abril de 2014, relativa a les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE, afirma que «la inspecció tècnica de vehicles és una activitat sobirana que, per tant, han de realitzar els Estats membres [de la Unió Europea] o els organismes públics o privats encarregats de fer aqueixa tasca sota la seua supervisió. Els Estats membres han de continuar sent responsables de les inspeccions tècniques, encara que el règim nacional permeta que les realitzen organismes privats, inclosos els que efectuen també reparacions de vehicles».</p>
<p>Com afirma el preàmbul del Decret 920/2017, «la inspecció tècnica de vehicles forma part d&#8217;un règim dissenyat per a garantir que els vehicles estiguen en bones condicions des del punt de vista de la seguretat i el medi ambient durant el seu ús. Aqueix règim ha d&#8217;abastar la inspecció tècnica periòdica dels vehicles i les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles utilitzats per a activitats de transport comercial per carretera, així com establir un procediment per a la matriculació de vehicles que permeta la suspensió del permís de circulació d&#8217;un vehicle quan aquest represente un risc immediat per a la seguretat viària. La inspecció periòdica ha de ser el principal instrument per a garantir que els vehicles es troben en bones condicions per a circular. Les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles comercials només han de ser complementàries de les inspeccions tècniques periòdiques».</p>
<p>Per tot això, es considera necessari i convenient l&#8217;aprovació pel Consell d&#8217;aquest Decret Llei de caràcter extraordinari, en els termes del article 86 de la Constitució, en concórrer la urgent i extraordinària necessitat de la decisió.</p>
<p>VII</p>
<p>Aquest Decret Llei consta d&#8217;un preàmbul i una part dispositiva, estructurada en cinc articles, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i quatre disposicions finals.</p>
<p>El text articulat té dos capítols, el primer dedicat a la creació de la societat mercantil, la seua naturalesa i règim jurídic, així com l&#8217;objecte, sent aquest el primer pas del procés de configuració com a mercantil pública, i el segon per a la designació i funcions de l&#8217;òrgan de supervisió.</p>
<p>De conformitat amb el que es disposa en l&#8217;article 129 de la Llei 39/2015, d&#8217;1 d&#8217;octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest Decret Llei s&#8217;ajusta als principis de bona regulació. D&#8217;aquesta manera, es compleix amb el principi de necessitat que ha quedat plenament justificat. Igualment, es dona compliment als principis de seguretat jurídica, proporcionalitat i eficàcia, destacant-se que les mesures que incorpora són congruents amb l&#8217;ordenament jurídic i incorporen la millor alternativa possible donada la situació d&#8217;excepcionalitat en contenir la regulació necessària i imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament esmentats.</p>
<p>En conseqüència, en ús de l&#8217;autorització prevista per l&#8217;article 44.4 de l&#8217;Estatut d&#8217;Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d&#8217;Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 22 d&#8217;abril de 2022,</p>
<p>DECRETE</p>
<p>CAPÍTOL I</p>
<p>Creació, naturalesa, règim jurídic i objecte</p>
<p>Article 1. Creació i denominació</p>
<p>S&#8217;autoritza la creació de la Societat Valenciana d&#8217;Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima, d&#8217;ara endavant Societat Valenciana d&#8217;ITV, com a societat mercantil de la Generalitat, de les previstes en els articles 2.3.b i 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.</p>
<p>Article 2. Naturalesa i règim jurídic</p>
<p>1. Societat Valenciana d&#8217;ITV tindrà personalitat jurídica de naturalesa privada, com a societat mercantil de la Generalitat, i li és d&#8217;aplicació el que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.</p>
<p>2. La societat es regirà pels seus estatuts, per l&#8217;ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjudici del que estableix aquest decret llei i la resta de normes de dret públic que li siga aplicable. El conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada.</p>
<p>Article 3. Adscripció</p>
<p>Societat Valenciana d&#8217;ITV estarà adscrita a la conselleria que tinga les competències en matèria d&#8217;Indústria, que inclou les de la Inspecció Tècnica de Vehicles.</p>
<p>Article 4. Objecte de la societat mercantil</p>
<p>1. Societat Valenciana d&#8217;ITV té com a objecte la prestació del servei públic d&#8217;inspecció tècnica de vehicles (ITV), per la qual cosa realitzarà inspeccions tècniques dels vehicles, per encàrrec de la Generalitat. Tot això de conformitat amb el que preveu la Directiva 2014/45/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d&#8217;abril de 2014, relativa a les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles de motor i dels seus remolques, i per la que es deroga la Directiva 2009/40/CE, i el Reial decret 920/2017, de 23 d&#8217;octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, que transposa a l&#8217;ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/45/UE.</p>
<p>2. La Societat pot ser organisme de verificació de control metrològic als efectes del control de taxímetres, segons el que disposa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia.</p>
<p>3. Així mateix, podrà realitzar qualsevol altra activitat accessòria o complementària al servei d&#8217;inspecció tècnica de vehicles.</p>
<p>CAPÍTOL II</p>
<p>Supervisió i control</p>
<p>Article 5. Supervisió i control de les estacions d&#8217;ITV</p>
<p>1. Es designa l&#8217;Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) com a òrgan de supervisió. Reglamentàriament s&#8217;establiran les funcions, estructura i, si escau, les possibles contraprestacions per l&#8217;exercici de les esmentades funciones, sempre conforme al que disposa l&#8217;apartat f de l&#8217;article 2 del Reial decret 920/2017, de 23 d&#8217;octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.</p>
<p>2. La Conselleria competent en matèria d&#8217;Indústria exercirà les funcions de seguiment i control de la prestació del servei, així com la potestat sancionadora.</p>
<p>DISPOSICIONES ADICIONALES</p>
<p>Primera. Model de gestió del servei d&#8217;ITV en la Comunitat Valenciana</p>
<p>La gestió del servei d&#8217;ITV en la Comunitat Valenciana es desenvoluparà de conformitat amb el que estableix en el Reial decret 920/2017, de 23 d&#8217;octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.</p>
<p>Una vegada finalitzada la vigent concessió administrativa, en la Comunitat Valenciana el servei d&#8217;ITV es prestarà en règim de gestió directa.</p>
<p>Segona. Adscripció dels béns afectes al servei d&#8217;ITV</p>
<p>L&#8217;ús de les instal·lacions de les estacions d&#8217;ITV necessàries per a prestar el servei se cedirà a la nova mercantil, mitjançant l&#8217;adscripció directa dels béns afectes al servei públic d&#8217;ITV previst en l&#8217;article 53.3 de la Llei 14/2003, de 10 d&#8217;abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, per la persona titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni, d&#8217;acord amb el que s&#8217;estableix en els articles 5 i 26 de la mateixa llei.</p>
<p>Tercera. Ampliació i habilitació del parc d&#8217;estacions d&#8217;ITV</p>
<p>1. La mercantil podrà ampliar el parc d&#8217;estacions d&#8217;ITV, prèvia autorització de la Conselleria competent en matèria d&#8217;Indústria.</p>
<p>2. De conformitat amb la disposició addicional primera i l&#8217;article 21 del Reial decret 920/2017, una vegada esgotada la vigent concessió administrativa, en la Comunitat Valenciana únicament s&#8217;habilitaran les estacions que presten el servei d&#8217;ITV en règim de gestió directa.</p>
<p>DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA</p>
<p>Única. Habilitació de les estacions ITV.</p>
<p>Les estacions d&#8217;ITV propietat de la Generalitat i les que revertisquen a ella una vegada finalitzada la vigent concessió, continuaran habilitades per a prestar el servei d&#8217;ITV, sense perjudici del que indica l&#8217;article 21.2 del Reial decret 920/2017, de 23 d&#8217;octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.</p>
<p>DISPOSICIONS FINALS</p>
<p>Primera. Habilitació per al desplegament i l&#8217;execució.</p>
<p>Es faculta al Consell i a la persona titular de la conselleria competent en matèria d&#8217;indústria perquè adopte, en l&#8217;àmbit de les seues competències, totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i execució del que establix aquest Decret Llei.</p>
<p>Segona. Autorització</p>
<p>S&#8217;autoritza el Consell a adoptar els acords necessaris encaminats a la creació de la societat mercantil pública de la Generalitat prevista en l&#8217;article 1 d&#8217;aquest decret llei.</p>
<p>Tercera. Delegació per a la supervisió de fiances</p>
<p>Es faculta l&#8217;òrgan de supervisió per a realitzar les actuacions oportunes destinades a la recepció de les instal·lacions en el procés de reversió.</p>
<p>Quarta. Entrada en vigor</p>
<p>Aquest Decret Llei entra en vigor l&#8217;endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.</p>
<p>València, 22 d&#8217;abril de 2022</p>
<p>El president de la Generalitat</p>
<p>XIMO PUIG I FERRER</p>
<p>El conseller de d&#8217;Economia Sostenible, Sectors</p>
<p>Productius, Comerç i Treball</p>
<p>RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>AYUDAS DESARROLLO VEHICULO ELECTRICO</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/ayudas-desarrollo-vehiculo-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente y Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos motor]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDAS DESARROLLO VEHICULO ELECTRICO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Orden ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022. Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición: BOE de 27 de abril de 2022 TEXTO ORIGINAL La Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fijaba las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a agrupaciones sin personalidad jurídica propia para la realización de proyectos con carácter tractor dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado. Dicha orden fue publicada teniendo en cuenta las consideraciones reflejadas en la Decisión C (2021) 9281 (State Aid SA.64685 (2021/N)) de la Comisión Europea, en la que se establecieron las condiciones para el nuevo esquema de ayudas dedicadas a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado. Con el objetivo de ampliar y mejorar la concurrencia competitiva se considera necesario modificar el artículo 15.1.a) de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, relativo al importe máximo del préstamo que se encuentra limitado por los fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado. Esta limitación, que requiere tener depositadas en el Registro Mercantil las cuentas anuales, excluye de facto a las empresas de reciente constitución para su participación en el proyecto tractor a través de la presentación de proyectos primarios en alguna de las líneas que exigen un porcentaje mínimo del presupuesto financiable en forma de préstamo en aplicación del artículo 16.3 de la citada orden. La modificación del artículo 15.1.a) permite la concurrencia de empresas de nueva constitución en las que participen accionistas o equipos directivos con experiencia como prevé el artículo 5.1.f) de la propia Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, mediante la presentación de este tipo de proyectos primarios. Adicionalmente, se introduce una corrección del régimen de garantías para adecuar su redacción a lo establecido en el artículo 54.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se incorpora una declaración responsable a presentar por las entidades que forman parte de la agrupación, relativa a que éstas no se encuentran en situación de crisis. Por otro lado, la presente orden modifica también la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objeto de introducir las modificaciones detalladas con anterioridad en la convocatoria de 2022. Dado que estas modificaciones se aplicarán a todos los solicitantes de la convocatoria de 2022, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya comenzó el pasado 1 de abril, se amplía el plazo de solicitudes hasta el 17 de mayo, en aras de garantizar la igualdad de derechos de todos los solicitantes. Estas modificaciones no afectan al objetivo final de este marco de ayudas, definido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y refrendado en la Decisión C(2021) 9281 de la Comisión como el apoyo a proyectos tractores que permitan la transformación de una cadena de valor estratégica, cuyo impacto en la economía española será muy significativo, especialmente en el sector de automoción y su orientación hacia el vehículo eléctrico y conectado, en la línea con el enfoque hacia una transformación digital y sostenible. Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene para un país el poseer un sector industrial potente, ya que las naciones que lo tienen son capaces de afrontar las crisis en mejores condiciones, con empleos más estables y mejores salarios. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de la evaluación al criterio del evaluador. El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud. La hoja de ruta para la recuperación y la modernización de la economía española se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, aprobado por el Consejo el pasado 13 de julio de 2021, y la presente convocatoria se presenta como parte de la estrategia para la transformación y digitalización de la industria. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de desarrollo industrial y de la pequeña</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orden ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022.</strong></p>
<p>Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<br />
<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="390" height="74" /></a></p>
<p><span id="more-12644"></span>BOE de 27 de abril de 2022</p>
<p>TEXTO ORIGINAL</p>
<p>La Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fijaba las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a agrupaciones sin personalidad jurídica propia para la realización de proyectos con carácter tractor dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado.</p>
<p>Dicha orden fue publicada teniendo en cuenta las consideraciones reflejadas en la Decisión C (2021) 9281 (State Aid SA.64685 (2021/N)) de la Comisión Europea, en la que se establecieron las condiciones para el nuevo esquema de ayudas dedicadas a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado.</p>
<p>Con el objetivo de ampliar y mejorar la concurrencia competitiva se considera necesario modificar el artículo 15.1.a) de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, relativo al importe máximo del préstamo que se encuentra limitado por los fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado. Esta limitación, que requiere tener depositadas en el Registro Mercantil las cuentas anuales, excluye de facto a las empresas de reciente constitución para su participación en el proyecto tractor a través de la presentación de proyectos primarios en alguna de las líneas que exigen un porcentaje mínimo del presupuesto financiable en forma de préstamo en aplicación del artículo 16.3 de la citada orden. La modificación del artículo 15.1.a) permite la concurrencia de empresas de nueva constitución en las que participen accionistas o equipos directivos con experiencia como prevé el artículo 5.1.f) de la propia Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, mediante la presentación de este tipo de proyectos primarios.</p>
<p>Adicionalmente, se introduce una corrección del régimen de garantías para adecuar su redacción a lo establecido en el artículo 54.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se incorpora una declaración responsable a presentar por las entidades que forman parte de la agrupación, relativa a que éstas no se encuentran en situación de crisis.</p>
<p>Por otro lado, la presente orden modifica también la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objeto de introducir las modificaciones detalladas con anterioridad en la convocatoria de 2022.</p>
<p>Dado que estas modificaciones se aplicarán a todos los solicitantes de la convocatoria de 2022, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya comenzó el pasado 1 de abril, se amplía el plazo de solicitudes hasta el 17 de mayo, en aras de garantizar la igualdad de derechos de todos los solicitantes.</p>
<p>Estas modificaciones no afectan al objetivo final de este marco de ayudas, definido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y refrendado en la Decisión C(2021) 9281 de la Comisión como el apoyo a proyectos tractores que permitan la transformación de una cadena de valor estratégica, cuyo impacto en la economía española será muy significativo, especialmente en el sector de automoción y su orientación hacia el vehículo eléctrico y conectado, en la línea con el enfoque hacia una transformación digital y sostenible.</p>
<p>Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p>El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene para un país el poseer un sector industrial potente, ya que las naciones que lo tienen son capaces de afrontar las crisis en mejores condiciones, con empleos más estables y mejores salarios.</p>
<p>En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de la evaluación al criterio del evaluador.</p>
<p>El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.</p>
<p>La hoja de ruta para la recuperación y la modernización de la economía española se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, aprobado por el Consejo el pasado 13 de julio de 2021, y la presente convocatoria se presenta como parte de la estrategia para la transformación y digitalización de la industria.</p>
<p>El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y de apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. La gestión que la Administración General del Estado realiza de estas ayudas, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de las mismas.</p>
<p>Por lo tanto, a través de la presente orden se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; así como la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.</p>
<p>La orden se estructura en tres artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.</p>
<p>En la elaboración de esta orden han emitido informe el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.</p>
<p>En virtud de todo lo expuesto, dispongo:</p>
<p><strong>Artículo 1. Objeto.</strong></p>
<p>La presente orden tiene por objeto la modificación de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; así como de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.</p>
<p><strong>Artículo 2. Modificación de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.</strong></p>
<p>Uno. El apartado b) del artículo 10.5 de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, queda redactado de la siguiente manera:</p>
<p>«b) Costes de materiales y suministros vinculados directamente al proyecto de formación, excluido expresamente el material de oficina y fungibles, así como costes de amortización de instrumentos y equipos directamente vinculados al proyecto primario, en la medida en que se utilicen exclusivamente para el proyecto de formación.»</p>
<p>Dos. El apartado a) del artículo 15.1 de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, queda redactado de la siguiente manera:</p>
<p>«a) Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites establecidos en el artículo 16 de esta orden. Además, el importe del préstamo a conceder estará acotado de acuerdo al riesgo vivo acumulado de la entidad con la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, que no podrá superar en cinco veces los fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado. En el caso de empresas que en el momento de la solicitud aún no hubieran depositado sus cuentas anuales del último ejercicio cerrado en el registro correspondiente, este límite se referirá al importe de los fondos propios de sus cuentas del ejercicio inmediatamente anterior, que deberán estar depositadas en el registro correspondiente. En el caso de empresas de reciente creación que no dispongan aún de cuentas anuales depositadas en el registro correspondiente de ningún ejercicio, este límite se referirá al importe de los fondos propios a fecha de presentación de la solicitud. A este respecto, se entenderá por fondos propios la definición recogida en el anexo III de la Orden.»</p>
<p>Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 18 de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, con la siguiente redacción:</p>
<p>«1. Las garantías se constituirán para cada proyecto primario y entidad beneficiaria dentro de la agrupación, a disposición del órgano concedente, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en las convocatorias de los establecidos en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, y por el importe que establece el apartado 2 de este artículo.</p>
<p>Se exigirá para cada entidad propuesta como beneficiaria dentro de la agrupación, la presentación del resguardo de constitución de garantía antes de la resolución de concesión de la ayuda, estableciéndose un plazo de 15 días hábiles para presentarla desde la notificación de su requerimiento según establece el artículo 27.3, último párrafo, de esta orden, tanto para el préstamo como para la subvención propuesta, en su caso. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías tendrá como efecto la consideración de los proyectos primarios afectados como desestimados. En el caso de que la desestimación afectase a la estructura obligatoria del proyecto tractor de manera que ésta no se cumpliese, se denegará la solicitud completa del proyecto tractor.»</p>
<p>Cuatro. Se añaden un nuevo ordinal 13.º y 14.º al artículo 24.2.l) de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, renumerándose consiguientemente el último apartado de dicho artículo y quedando los ordinales 13.º, 14.º y 15.º redactados de la siguiente manera:</p>
<p>«13.º Declaración responsable de que la entidad no se encuentra en situación de crisis, a tenor de lo dispuesto en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (2014/C 200/01), en el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01), y en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), o de las posibles modificaciones posteriores que puedan producirse.</p>
<p>14.º Declaración responsable de cumplimiento del resto de condiciones para el acceso a la ayuda.</p>
<p>15.º Otras declaraciones responsables determinadas en la convocatoria o a las que se haya dado la debida publicidad normativa con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, cuyos modelos pudieran ser aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación.»</p>
<p>Cinco. Se añade una nueva letra r) al artículo 24.2 de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, con la siguiente redacción:</p>
<p>«r) Para empresas de reciente creación que no dispongan, en el momento de presentación de la solicitud, de cuentas anuales depositadas en el registro correspondiente de ningún ejercicio anterior, documento público acreditativo de los fondos propios debidamente inscrito en el registro correspondiente.</p>
<p>Para el resto de empresas se considerarán los fondos propios acreditados en las últimas cuentas anuales depositadas en el registro correspondiente.</p>
<p>En caso elementos de capital social o aportaciones de socios no dinerarias, para ser consideradas como parte de los fondos propios, deberá aportarse tasación por experto independiente debidamente colegiado.»</p>
<p><strong>Artículo 3. Modificación de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.</strong></p>
<p>Uno. El apartado b) del artículo 8.5 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, queda redactado de la siguiente manera:</p>
<p>«b) Costes de materiales y suministros vinculados directamente al proyecto de formación, excluido expresamente el material de oficina y fungibles, así como costes de amortización de instrumentos y equipos directamente vinculados al proyecto primario, en la medida en que se utilicen exclusivamente para el proyecto de formación.»</p>
<p>Dos. Se modifica la letra a) del artículo 12.7 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, que queda redactada como sigue:</p>
<p>«a) Importe del préstamo: el importe nominal del préstamo a conceder estará acotado de acuerdo al riesgo vivo acumulado de la empresa con la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, DGIPYME), que no podrá superar en 5 veces los fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado. En el caso de empresas que en el momento de la solicitud aún no hubieran depositado sus cuentas anuales del último ejercicio cerrado en el registro correspondiente, este límite se referirá al importe de los fondos propios de sus cuentas del ejercicio inmediatamente anterior, que deberán estar depositadas en el registro correspondiente. En el caso de empresas de reciente creación que no dispongan aún de cuentas anuales depositadas en el registro correspondiente de ningún ejercicio, este límite se referirá al importe de los fondos propios a fecha de presentación de la solicitud.</p>
<p>Asimismo, le serán de aplicación los porcentajes y límites establecidos en el artículo 16 de la orden de bases. En el caso de que las ayudas se realicen a través de una combinación de préstamo y subvención, en el cálculo de los límites anteriores se tendrá en cuenta el importe de subvención que se otorgue.»</p>
<p>Tres. El artículo 18 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, queda redactado de la siguiente manera:</p>
<p>«De acuerdo con el inciso final del segundo párrafo del artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se pospone los efectos de la convocatoria, de forma que el plazo de presentación comenzará desde el día 1 de abril de 2022 y finalizará el día 17 de mayo de 2022.</p>
<p>La presentación de solicitudes se realizará siguiendo las instrucciones y formularios indicados en la Guía de Solicitud que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas y exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.</p>
<p>La presentación de solicitudes fuera del plazo establecido dará lugar a su inadmisión.»</p>
<p>Cuatro. Se modifica el apartado j) del artículo 19.1 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, que queda redactado de la siguiente manera:</p>
<p>«j) Para cada proyecto primario, memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, que determine el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo con la estructura y contenido que se especifican en el anexo XI de la convocatoria.»</p>
<p>Cinco. Se añaden un ordinal 13.º y un ordinal 14.º al artículo 19.1.l) de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, con la siguiente redacción:</p>
<p>«13. Declaración responsable de que la entidad no se encuentra en situación de crisis, a tenor de lo dispuesto en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (2014/C 200/01), en el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01), y en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), o de las posibles modificaciones posteriores que puedan producirse.</p>
<p>14. Declaración responsable de cumplimiento del resto de condiciones para el acceso a la ayuda.»</p>
<p>Seis. Se añade una nueva letra r) al artículo 19.1 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, con la siguiente redacción:</p>
<p>«r) En el caso de empresas que en el momento de la solicitud aún no hubieran depositado sus cuentas anuales del ejercicio 2021 en el registro correspondiente, deberán presentar sus cuentas del ejercicio 2020 depositadas en el registro correspondiente. En el caso de empresas de reciente creación que no dispongan, a fecha de presentación de la solicitud, de cuentas anuales depositadas en el registro correspondiente de ningún ejercicio anterior, documento público acreditativo de los fondos propios debidamente inscrito en el registro correspondiente. En caso elementos de capital social o aportaciones de socios no dinerarias, para ser consideradas como parte de los fondos propios, deberá aportarse tasación por experto independiente debidamente colegiado.»</p>
<p>Siete. El artículo 23.3 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, queda redactado de la siguiente manera:</p>
<p>«3. Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta y acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos en el artículo 24.2.e) de la orden de bases.</p>
<p>Los modelos de aceptación se facilitarán para cada proyecto primario y entidad propuesta como beneficiaria, junto con la propuesta de resolución definitiva. La presentación de la aceptación deberá presentarse siguiendo las instrucciones indicadas en la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas y exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.</p>
<p>La aceptación a la ayuda implicará:</p>
<p>a) La aceptación del beneficiario a la constitución y su participación en el grupo de trabajo que se cree tras la resolución de concesión, y según se establece en el artículo 29 de la orden de bases.</p>
<p>b) El consentimiento de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.</p>
<p>c) Además, incluirá una declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.</p>
<p>Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá que la agrupación renuncia a la ayuda.</p>
<p>Asimismo, en el caso de que la aceptación no incluya todos los proyectos primarios y entidades propuestas como beneficiarias en la propuesta de resolución definitiva, se entenderá que la agrupación renuncia a la ayuda.</p>
<p>Además de la aceptación, para poder ser beneficiario, para cada proyecto primario, cada entidad que forme parte de la agrupación y haya sido propuesta como beneficiaria en dicho proyecto primario, deberá presentar, siguiendo las instrucciones de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas y exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en un plazo máximo de quince días hábiles desde la propuesta de resolución definitiva, el justificante de constitución de garantías ante la Caja General de Depósitos a las que se refiere el apartado decimotercero de esta convocatoria. Asimismo, para cada proyecto primario, excepto para los de la Línea de Formación, para el que se haya propuesto ayuda, deberá presentarse, exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en un plazo máximo de quince días hábiles desde la propuesta de resolución definitiva, el dictamen emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC en el “Esquema de Acreditación de organismos de verificación y validación para el cumplimiento del principio de ‘no causar un perjuicio significativo al medioambiente’ (DNSH)” (RDE-31), o entidad y esquema equivalentes de otro Estado Miembro de la Unión Europea, en el que se acredite que dicho proyecto primario cumple con dicho principio. La no presentación de este dictamen o del resguardo de constitución de garantías correspondiente a cualquier modalidad y cuantía de la ayuda propuesta en el plazo establecido para ello, tendrá como efecto la consideración del proyecto primario afectado como desestimado. Esta situación afectará al proyecto tractor en su conjunto, que será reevaluado una sola vez para garantizar el cumplimiento de los criterios de evaluación y los requisitos para que la agrupación sea beneficiaria. En caso de que esa reevaluación no superase los umbrales establecidos, podría suponer la denegación de toda la solicitud presentada por la agrupación. Asimismo, la reevaluación podrá suponer la modificación de la propuesta de financiación de acuerdo con los criterios establecidos en la orden de bases y la convocatoria.</p>
<p>Una vez reevaluado el proyecto tractor, el órgano instructor formulará una nueva propuesta de resolución provisional debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siguiéndose de nuevo el procedimiento detallado en este apartado y en el anterior.»</p>
<p><strong>Disposición transitoria única. Régimen aplicable a la convocatoria de ayudas para 2022.</strong></p>
<p>Lo dispuesto en esta orden será aplicable a todos los solicitantes de la convocatoria de ayudas para 2022, aprobada por la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque hubieran presentado la solicitud con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden.</p>
<p><strong>Disposición final primera. Salvaguarda del rango no reglamentario.</strong></p>
<p>Las disposiciones incluidas en la presente orden sobre la convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2022 no tienen naturaleza reglamentaria sino de acto administrativo.</p>
<p><strong>Disposición final segunda. Entrada en vigor.</strong></p>
<p>La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p>Madrid, 25 de abril de 2022.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>PLAN NACIONAL DE RESPUESTA A LA GUERRA</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/plan-nacional-de-respuesta-a-la-guerra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades clasificadas]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición: BOE de 30 de marzo de 2022 TEXTO ORIGINAL MODIFICAS: Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear. Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece el mecanismo de asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad. Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural. Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural. Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon de utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. &#160; I La invasión de Ucrania por parte de</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. </strong></p>
<p>Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<br />
<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6249 size-full" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2020/12/logo-arquitectos-blog.png" alt="" width="390" height="74" /></a></p>
<p><span id="more-12611"></span>BOE de 30 de marzo de 2022</p>
<p><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>
<p>MODIFICAS:</p>
<p><em>Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.</em></p>
<p><em>Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.</em></p>
<p><em>Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.</em></p>
<p><em>Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.</em></p>
<p><em>Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.</em></p>
<p><em>Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.</em></p>
<p><em>Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.</em></p>
<p><em>Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.</em></p>
<p><em>Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos.</em></p>
<p><em>Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.</em></p>
<p><em>Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece el mecanismo de asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad.</em></p>
<p><em>Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural.</em></p>
<p><em>Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural.</em></p>
<p><em>Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española.</em></p>
<p><em>Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional.</em></p>
<p><em>Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.</em></p>
<p><em>Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.</em></p>
<p><em>Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.</em></p>
<p><em>Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.</em></p>
<p><em>Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon de utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.</em></p>
<p><em>Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</em></p>
<p><em>Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.</em></p>
<p><em>Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.</em></p>
<p><em>Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.</em></p>
<p><em>Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.</em></p>
<p><em>Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.</em></p>
<p><em>Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.</em></p>
<p><em>Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.</em></p>
<p><em>Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I</p>
<p>La invasión de Ucrania por parte de Rusia está generando importantes consecuencias en todos los órdenes. Por un lado, desde el punto de vista humanitario, ha dado lugar al desplazamiento de millones de refugiados, que siguen llegando a la Unión Europea. Asimismo, el inicio de la guerra impide el regreso a Ucrania de muchos ucranianos que se encuentran en situación de estancia en nuestro país (actualmente en torno a 114.000).</p>
<p>Por otro, ha agravado el choque de oferta que viene sufriendo la economía europea desde el verano de 2021 a causa de la escalada del precio del gas natural y ha añadido además una elevada incertidumbre respecto a su duración e intensidad. El precio del gas natural, que, dado el diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año, subiendo un 25 % desde el inicio de la invasión. El petróleo casi ha doblado su precio durante el último año, subiendo un 20% desde finales de febrero de 2022, mientras el precio del trigo ha aumentado el 30 % en el mismo periodo. Se ha producido así un aumento abrupto y generalizado de costes de las materias primas y los bienes intermedios, añadido al que ya se venía produciendo como consecuencia de los cuellos de botella en las cadenas de producción debidos a las fricciones generadas por la rápida recuperación económica tras la pandemia. Las consecuencias económicas de esta evolución son un aumento de la tasa de inflación y una ralentización del ritmo de crecimiento.</p>
<p>España está entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania. La diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas es muy alta y la relación comercial, de inversión y financiera con Rusia y Ucrania es modesta. Sin embargo, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales.</p>
<p>El choque de oferta para la economía europea asociado a la escalada de los precios de la energía puede ser de una intensidad semejante a la del segundo choque del petróleo de finales de los años setenta del siglo pasado. La economía española afronta esta situación desde una posición sólida, con el nivel de empleo más alto desde 2008 y en plena ejecución del programa de reformas e inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene en la transición energética uno de sus cuatro ejes principales. No obstante, la tasa de inflación ha subido desde un nivel cercano a cero a principios de 2021 hasta situarse por encima del 5 %, reflejando primero el impacto directo de los precios de la energía y, de manera más reciente, su traslación a los precios de los bienes y servicios que la utilizan en sus procesos de producción. La subida de los precios de la energía está afectando de manera particular a aquellos sectores que la utilizan de manera intensiva y tienen poca capacidad de trasladarla a precios, como el transporte por carretera, la pesca, la agricultura y la ganadería. La subida de los precios de la electricidad y su efecto sobre la inflación afectan también a la renta disponible de los hogares, en particular a la de los más vulnerables.</p>
<p>La respuesta europea a la agresión injustificada a Ucrania está guiada por tres principios: unidad, determinación y solidaridad. El 4 de marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea, en su formación de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal.</p>
<p>España participa también de esta reacción, habiendo declarado su compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano y de velar por su bienestar y atender sus necesidades. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, se ha ampliado la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. Asimismo, por Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania, se han implementado las normas necesarias para el reconocimiento individual de esta protección temporal, dictándose resolución en el plazo de 24 horas desde la correspondiente solicitud.</p>
<p>Estos mismos principios van a guiar la respuesta de política económica, siendo fundamental la acción coordinada para garantizar la eficacia y protección del mercado interior, así como un marco justo de competencia entre las empresas en toda la Unión Europea. Debe darse una respuesta contundente para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra con medidas eficaces en el corto plazo y medidas que aceleren la acción a medio y largo plazo en materia de transición energética que viene impulsando el Gobierno, en particular a través de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.</p>
<p>Para ello, el Gobierno ha decidido impulsar un Plan Nacional, que comprende tanto medidas normativas como no normativas, y que ha sido elaborado tras un proceso de diálogo con los sectores más afectados, los agentes sociales, las Comunidades Autónomas y los partidos políticos. Al igual que en la respuesta a la pandemia, el Gobierno está comprometido con el diálogo social, y actuará con flexibilidad para adaptarse a la evolución de la situación y facilitar la protección de los distintos sectores y colectivos.</p>
<p>Los objetivos básicos de las medidas que conforman este Plan de Respuesta son la bajada de los precios de la energía para todos los ciudadanos y empresas, el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la estabilidad de precios. Se trata de limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad.</p>
<p>II</p>
<p>En el ámbito energético, desde el segundo semestre del año 2021, Europa está sufriendo una crisis de precios de la energía que no es comparable a ninguna otra en la historia del proyecto de integración europeo tanto por su duración como por su impacto sobre las economías domésticas, la competitividad de las empresas y la industria en los mercados globales y el crecimiento económico a medio y largo plazo.</p>
<p>Una situación que se ha agravado con la invasión de Ucrania por Rusia el pasado 24 de febrero de 2022 impulsando abruptamente al alza la cotización del gas natural en los principales mercados organizados europeos y el precio de la electricidad en los mercados mayorista hasta niveles nunca antes registrados. A modo ilustrativo, el 8 de marzo del año 2022, el precio medio de la electricidad del mercado diario en España ascendió a 544,98 €/MWh, alcanzando ese mismo día su valor horario máximo de 700 €/MWh en el pico de consumo de la noche (hora 20), cuando el precio medio de la electricidad desde la liberación de la generación en el año 1998 se sitúa en el entorno de los 45 €/MWh, es decir, más de diez veces.</p>
<p>Estas recientes subidas están estrechamente ligadas al «efecto contagio» del mercado eléctrico por los altos precios del gas natural derivados del mecanismo de formación de precios existente conforme a los principios que establece la normativa europea. De hecho, el 7 de marzo de 2022, se registró en el mercado ibérico de gas (MIBGAS), el récord al cierre del producto con entrega el día siguiente (D+1) de 214,36 €/MWh, es decir, de nuevo diez veces superior a la medida del gas natural desde la entrada en funcionamiento de MIBGAS.</p>
<p>En este contexto de emergencia energética, económica, climática y social, la Comisión Europea el 8 de marzo de 2022 publicó la Comunicación con orientaciones para regular los precios en circunstancias excepcionales para mitigar el impacto de esta subida de los precios sobre los consumidores.</p>
<p>En el contexto anterior, el Gobierno ha implementado un ambicioso paquete de medidas para contrarrestar el incremento de los precios mayoristas antes mencionado, entre las que cabe destacar las aprobadas por medio del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercado minoristas de gas y electricidad, y del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayoristas que han abordado la problemática energética desde una faceta omnicomprensiva, con medidas específicas para el sector doméstico, medidas de ámbito mayorista con mayor incidencia para el sector industrial, y tanto para el sector eléctrico como gasista.</p>
<p>Como ha puesto de relieve la Comisión Europea en su Comunicación de 23 de marzo, la invasión rusa de Ucrania está añadiendo preocupaciones sobre la oferta a la difícil situación preexistente, exacerbando la volatilidad de los precios de la energía, que están alimentando la inflación, perjudicando a la economía europea y repercutiendo en su recuperación de la crisis de la COVID-19. Esta grave situación de naturaleza geopolítica ya no solo tiene fuertes repercusiones desde un punto de vista estrictamente económico y de señal de precio, sino que adquiere una relevancia adicional desde la perspectiva de la seguridad de suministro, cuyos riesgos adicionales requieren ser anticipados y abordados de manera decidida.</p>
<p>La escalada de los precios de la electricidad en los mercados mayoristas, impulsados fundamentalmente por el incremento de la cotización del gas natural en los mercados («hubs») internacionales y de los derechos de emisión de CO<sub>2</sub> del mercado europeo ETS («European Union Emissions Trading System»), está teniendo importantes consecuencias en el conjunto de la sociedad y del tejido empresarial e industrial, habida cuenta del rol esencial que la electricidad desempeña tanto en el normal desenvolvimiento de los consumidores domésticos como en la competitividad de las empresas e industrias. Todo ello en un contexto de transición energética que, si bien imprescindible para lograr los objetivos de descarbonización a los que se ha comprometido el Reino de España en el ámbito europeo e internacional, en algunos casos se traduce en nuevos retos que deben abordarse de forma urgente.</p>
<p>En definitiva, en este contexto de alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad de precios energéticos, resulta imprescindible abordar nuevas medidas de ámbito energético que contribuyan a reforzar la seguridad de suministro y garantice un precio asequible a todos los sectores, desde el ámbito doméstico al conjunto del tejido productivo en todo el territorio nacional. Estas medidas deberán abordarse, una vez más, desde una visión omnicomprensiva, que combine medidas de naturaleza coyuntural para frenar la escalada de precios, entre las que se destacan las medidas de ámbito fiscal, con medidas de marcado carácter estructural, fomentando el autoconsumo y promoviendo la integración de nuevas tecnologías renovables que permitan reducir el precio del mercado mayorista de electricidad al tiempo que reducen la dependencia de otros combustibles energéticos [que son, por lo general, en su práctica totalidad importados], aumentando de este modo nuestra seguridad energética y nuestra capacidad de autoabastecimiento, disminuyendo potencialmente la importación, de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.</p>
<p>El incremento desorbitado del precio de la electricidad en los mercados mayoristas que viene sucediéndose fundamentalmente desde el segundo semestre de 2021, agravado en el último mes por la invasión rusa de Ucrania, acaba trasladándose a los precios minoristas, en algunos casos de forma inmediata, y en otros de manera más diferida (dependiendo del grado de indexación de los contratos minoristas a la evolución del pool mayorista), pero en cualquier caso acaba teniendo unos impactos evidentes en el conjunto de la sociedad y en el tejido empresarial, como vienen poniendo de manifiesto las últimas actualizaciones del índice de precios al consumo, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo para los consumidores domésticos y una pérdida de competitividad para la industria y el sector servicios.</p>
<p>En un escenario marcado por la incertidumbre y la alta volatilidad de los precios de la electricidad, la situación descrita se caracteriza por la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar un conjunto de medidas encaminadas en el corto plazo a reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista y a prestar apoyo a los consumidores domésticos y a las empresas a hacer frente a los elevados precios de la energía, al tiempo que se hace imprescindible acelerar la transición ecológica para reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles importados, para estar mejor protegidos contra las subidas de precios.</p>
<p>Este escenario se reproduce también en el sector del transporte. En efecto, el ascenso del precio de los combustibles es común a todas las ramas de actividad y el transporte marítimo no ha quedado al margen con subidas medias del HFO del 21,3 % (hasta los 724 dólares por tonelada, $/t), del 27,5 % para el VLSFO (987 $/t) y el MGO un 30,5 % (1.180 $/t) desde el comienzo del año 2022 con una escalada a partir del inicio del ataque a Ucrania. La partida del precio del combustible supone aproximadamente un 80% del total de gastos de explotación de un buque por lo que el impacto de estas subidas repercute de manera directa en la viabilidad económica de las líneas de navegación, especialmente en aquellas donde estas subidas no pueden verse trasladadas a los precios que pagan los usuarios del transporte.</p>
<p>Por su parte, en el ámbito del transporte terrestre por carretera, el conflicto en Ucrania ha derivado en un aumento del coste de los combustibles extraordinario, una partida que supone del orden del 30% de los costes de esta actividad, añadiéndose además la elevación de costes que también se está produciendo en otras partidas como neumáticos, lubricantes, etc.</p>
<p>La dimensión de este aumento de costes en partidas esenciales dentro de esta actividad, y la rapidez con la que se ha producido, se focalizan en un segmento de la actividad del transporte que tiene una dificultad estructural para trasladar de manera inmediata estos aumentos de costes a sus clientes, lo que ha derivado en un deterioro extraordinario en la viabilidad económica de este segmento.</p>
<p>Por otro lado, como se ha señalado, la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado un incremento de la incertidumbre, restricciones a los flujos comerciales con Rusia y Bielorrusia y mayores precios de materias primas energéticas y no energéticas que hacen más difícil el contexto en el que las empresas deben operar. Por ejemplo, el incremento sustancial en los precios de la electricidad y el gas aumentan el coste de un suministro esencial para una variedad de sectores productivos, incluyendo algunos de los más afectados por la crisis de la COVID-19. En algunos casos, este incremento de los costes energéticos puede poner en riesgo la cobertura de las necesidades de liquidez a corto plazo.</p>
<p>En respuesta a esta nueva coyuntura, el 8 de marzo de 2022 la Comisión Europea publicó la Comunicación «Repower EU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible» en la que, entre otros aspectos, reconoció el papel potencial de las ayudas de Estado para apoyar a las empresas y sectores gravemente afectados por la evolución geopolítica actual. Tal y como se indicaba en la citada Comunicación, el 23 de marzo de 2022 la Comisión Europea aprobó un nuevo marco temporal, sobre la base del artículo 107.3 (b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –que alude a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro– para evaluar las ayudas de Estado dirigidas a hacer frente a los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania.</p>
<p>Esta situación hace necesario adoptar medidas para mitigar las consecuencias negativas a corto plazo de la invasión y para facilitar los ajustes estructurales para responder a la nueva situación económica. En particular, es crucial evitar que las tensiones de liquidez asociadas al incremento del precio de la energía pongan en riesgo la supervivencia de empresas viables y generen presiones generalizadas en la estructura de costes y precios de la economía.</p>
<p>También en el ámbito agrario, la situación de Ucrania ha afectado de manera especial a un sector cuya importancia estratégica deriva de que su producción garantiza el abastecimiento de alimentos a la población. Pero además, en términos económicos, el Sistema Agroalimentario y Pesquero español supone en la actualidad cerca de un 10 % del PIB y ocupa a más 2,8 millones de personas. Por otra parte, vertebra el territorio nacional desarrollando su actividad en 6.671 municipios en los cuales se encuentran censadas 7,5 millones de personas, esto es, afecta directamente a la economía del 16 % de la población española. No en vano, el medio rural reúne al 82,0 % del total de municipios de España. De hecho España posee una superficie total de 50,6 millones de hectáreas, de las que un 52 % son tierras dedicadas al sector primario. A mayor abundamiento, el sector primario tiene aproximadamente 1 millón de explotaciones y exportan 53.848 M€, lo que supone el 21 % del total exportaciones de la economía, equilibrando la balanza exterior española gracias a sus 18.693 M€ de saldo positivo.</p>
<p>En cuanto al consumo energético, España ocupa la sexta posición en consumo de energía por parte del sector agrario y forestal, con un valor de 2.612 ktep, suponiendo un 3 % del consumo energético del país, mientras que el sector pesquero somos los segundos en consumo de la UE, con 298 Ktep. También nos encontramos entre los primeros países de la UE en consumo energético en la Industria Agroalimentaria, con 2.368 Ktep. Es decir, el sector agroalimentario consume el 6,8 % de la energía del país y los sectores primarios son de los más expuestos de la Unión Europea a las variaciones del precio de la energía ya que en consumo neto están entre los primeros de la Unión.</p>
<p>Por otra parte, las actividades agraria y pesquera presentan una demanda y una oferta prácticamente inelásticas, lo que les hace sufrir en primer término, y con efecto multiplicador, cualquier variación en el precio de los inputs de producción. Así en el marco de una afectación transversal, con diferentes grados de intensidad a todos los sectores, el incremento de los costes de la energía hace insostenible la actividad de ciertos subsectores agrarios y de la actividad pesquera en su totalidad en el corto plazo.</p>
<p>De hecho, el sector primario se considera vulnerable y estratégico por sus propias características e idiosincrasia, pues se trata de un sector atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, a lo que se le añade la propia naturaleza perecedera de la producción. A mayor abundamiento, actualmente sufre un desequilibrio estructural, alcanzándose en la actualidad cotas sin precedentes de incrementos de costes, con la consiguiente potencial pérdida de tejido productivo y de empleo, ya que se ha visto afectado muy severamente por un conjunto de circunstancias desfavorables que se han precipitado en los últimos tiempos.</p>
<p>En primer lugar, nos encontramos ante una escasez de precipitaciones durante un periodo de tiempo prolongado que está comprometiendo la viabilidad de los cultivos, fenómeno que viene padeciendo España de forma recurrente. Así, se han producido episodios de sequía en tiempos recientes durante los años 2005, 2012 y 2017, que han precisado la adopción de medidas paliativas complementarias al seguro agrario para compensar las rentas de los agricultores y ganaderos afectados y que este año ha derivado en la necesaria aprobación por parte del Gobierno en el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.</p>
<p>De hecho, su directa dependencia del medio físico y el hecho que desde el inicio del año hidrológico la reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúe en un 40 % de su capacidad (15.771 hm<sup>3</sup>), 20 puntos menos de la media de los últimos diez años y que las precipitaciones acumuladas hayan sido de 254,3 mm, un 32 % inferior al valor normal, harán sin duda afectar también a la disponibilidad de cosecha nacional y por ende a la rentabilidad de las explotaciones.</p>
<p>También es evidente que las condiciones climatológicas tienen una influencia decisiva en el desarrollo de la actividad pesquera, ya que determinan las jornadas que se puede faenar, y además el fenómeno del cambio climático tiene un impacto en las condiciones de los océanos (temperatura, ph, salinidad) que repercute en el comportamiento de las poblaciones pesqueras.</p>
<p>De acuerdo con los datos consolidados más recientes, los consumos intermedios en cuanto a la pesca extractiva representan cerca del 50 % del valor añadido bruto de esta actividad. Las partidas más afectadas son los costes energéticos, lubricantes, repuestos, pertrechos, reparación, mantenimiento y gastos en aparejos, alcanzando un coste anual que ronda los 900 millones de euros. La subida generalizada de costes impacta de forma determinante en esta actividad en la que difícilmente es posible modificar o flexibilizar de forma inmediata el modelo de producción.</p>
<p>Asimismo, el sector de la acuicultura en España no es ajeno a la tendencia alcista de los precios por la invasión rusa a Ucrania. Esta subida se percibe en todos los elementos que son necesarios para poder llevar a cabo esta actividad.</p>
<p>Para producir sus pescados y mariscos, las empresas del sector acuícola español necesitan electricidad para filtrar, oxigenar y bombear, así como piensos elaborados a base de cereales, harinas de pescado, aceites vegetales, leguminosas, aceites de pescado. Otros costes son los productos veterinarios y elementos de empaquetado para transporte (pallets, cajas de porex, etiquetas, marchamos).</p>
<p>La invasión de Ucrania ha agravado de forma crítica la situación que ya atravesaban buena parte de los sectores agrarios y pesqueros, caracterizada por un incremento sostenido de los costes de producción, derivados del aumento de los precios de las materias primas para alimentación animal y de los precios de la energía y de los combustibles. La guerra ha venido a afectar directamente al suministro mundial de alimentos (sobre todo trigo, maíz, cebada y aceite de girasol) y a los precios de los fertilizantes, así como a los de la energía, provocando subidas de precios que se suman a una situación socioeconómica ya difícil, debido a la COVID-19 o la sequía antes mencionada.</p>
<p>Y es que Ucrania y Rusia son actores principales en el mercado mundial de cereales y oleaginosas. Ucrania representa el 10 % del mercado mundial del trigo, el 13 % del mercado de la cebada, el 15 % del mercado del maíz y es el actor más importante en el mercado del aceite de girasol (más del 50 % del comercio mundial). Por lo que respecta a Rusia, estas cifras son respectivamente el 24 % (trigo), el 14 % (cebada) y el 23 % (aceite de girasol). Rusia es también un importante exportador de pescado blanco, en particular de abadejo de Alaska para la industria de transformación (16 % del suministro). Amén de que Ucrania es el cuarto proveedor de alimentos de la UE y una fuente clave de cereales (52 % de las importaciones de maíz de la UE, 19 % del trigo blando), aceites vegetales (23 % de las importaciones de la UE) y semillas oleaginosas (22 % de las importaciones de la UE, especialmente colza 72 % de las importaciones de la UE).</p>
<p>La situación de presión sobre los mercados de materias primas y costes de insumos ocasionada por la invasión de Ucrania se suma a la mencionada vulnerabilidad de nuestro sistema alimentario, ya que antes de la invasión, los mercados de productos básicos estaban experimentando una importante subida de precios, que los mercados agrícolas sintieron a través de los aumentos de los costes de la energía y los fertilizantes, y el consiguiente aumento de los precios agrícolas.</p>
<p>Además de la exposición directa a la subida de los precios de la energía, el sector alimentario está expuesto a los efectos inflacionistas de una serie de productos y servicios directamente relacionados con la guerra. El sector es el principal consumidor de fertilizantes y productos fitosanitarios, pero también de maquinaria y materiales de envasado de alimentos, y se ve afectado por el aumento de los costes de transporte internacional.</p>
<p>No en vano el índice de precios de los fertilizantes se sitúa en máximos en el análisis realizado desde 2010 ya que el gas natural es el principal determinante del precio de los fertilizantes nitrogenados; representando en ocasiones casi la totalidad de los costes variables de los insumos para su producción. De hecho, algunos productores de fertilizantes de la UE interrumpieron temporalmente su producción porque los costes energéticos eran demasiado elevados. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que el suministro de fertilizantes también se está viendo afectado por las restricciones a las importaciones de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia</p>
<p>Otro sector que está sufriendo gravísimas consecuencias del conflicto bélico es el ganadero. El fortísimo aumento de los costes de los insumos está ejerciendo un efecto sistémico sobre los márgenes, a los que hay que sumar los efectos de la sequía que sufre nuestro país y que está provocando una menor disponibilidad de pastos y, por tanto, una mayor necesidad de suplementación en la alimentación animal a precios muy elevados.</p>
<p>Del mismo modo, el sector acuícola depende de la disponibilidad de materias primas para la elaboración de piensos, representando este gasto más de la mitad del coste total de producción.</p>
<p>Se estima que el impacto combinado de estos aumentos de los costes de la energía, los fertilizantes, los cereales y los aceites son especialmente grave para la ganadería. De hecho, los incrementos de los precios de los piensos desde el inicio de la guerra, el pasado 24 de febrero, superan el 20 % en la práctica totalidad de sectores ganaderos, lo que se suma a los incrementos de precios acumulados respecto al año pasado, que pueden incluso superar el 50 % o llegar incluso al el 83 % si comparamos con los precios de 2020. E indudablemente el incremento de los precios de los piensos está comprometiendo la viabilidad de los sectores ganaderos, que se encontraban en situaciones comprometidas.</p>
<p>A este fuerte incremento de precio de los insumos derivado de la crisis de suministros que padece actualmente la economía mundial se suma la actual situación internacional: Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, girasol, harina y aceite de girasol, por lo que la paralización de sus ventas al exterior ha impactado en las cotizaciones internacionales de materias primas destinadas a la alimentación animal. España importa de Ucrania anualmente una media de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22 por ciento de las importaciones españoles y es el segundo proveedor después de Brasil. También importa 233.000 de toneladas de torta de girasol, que suponen el 68 por ciento de las importaciones que España realiza de este producto, así como aproximadamente 500.000 de toneladas de aceite de girasol. De esta forma, la paralización total de estas importaciones, unido al incremento del precio de estas materias primas, puede provocar situaciones de gran tensión en los abastecimientos a corto plazo, al verse interrumpidos completamente los flujos de suministro, y además introduce un nuevo elemento de inestabilidad y alza de precios, especialmente en el precio de los abonos y fertilizantes y en el de la energía, vinculados a las subidas de los cereales, del gas, del petróleo y de la electricidad, que contribuirá a un agravamiento de la situación actual por las restricciones o vetos que afectan a las relaciones comerciales con Rusia y por las dificultades de comercio con Ucrania, que pone en riesgo la viabilidad del sector si no se adoptan medidas inmediatas para aliviar los efectos gravosos de tal coyuntura.</p>
<p>Adicionalmente, el impacto también ha repercutido en los mercados financieros, señaladamente en lo que respecta a la liquidez y a la volatilidad de los mercados en el comercio de productos básicos, afectando de forma sistémica al base general de la economía, lo que en su conjunto hace que pueda suponer un riesgo para su continuidad, siendo este un sector clave en la actividad económica general española.</p>
<p>De hecho, la Comisión Europea ha activado el Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria cuyo objetivo es mejorar los esfuerzos de coordinación de las administraciones europeas y nacionales, así como de los países extracomunitarios pertinentes y de las partes interesadas del sector privado, para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Habiéndose reunido ya en dos ocasiones y donde se han expuesto los problemas a los que se enfrenta el sector agro, y que han derivado en la Comunicación de la Comisión Europea «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios». Pero no ha sido ésta la única respuesta, destacando la Aprobación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia.</p>
<p>Adicionalmente, dentro del sector pesquero, el pasado día 25 de marzo, la Comisión activó la aplicación del artículo 26 del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004, mediante el cual es posible articular mecanismos de compensación a los operadores del sector pesquero y del sector de la acuicultura en caso de acontecimientos excepcionales que generen una perturbación significativa de los mercados, como es el caso.</p>
<p>La agresión a Ucrania ha provocado, en consecuencia, una afectación sistémica a un sector prioritario y esencial para la actividad económica española, que puede poner en riesgo no sólo la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y de la actividad pesquera, y acuícola sino que puede afectar de forma indirecta y sistémica a los más de 2,8 millones de trabajadores que desarrollan su actividad en el sistema agroalimentario y pesquero, y comprometer una producción de alimentos sostenible, social, económica y medioambiental.</p>
<p>Finalmente, es necesario proteger de las consecuencias económicas y sociales de la guerra a los trabajadores y sectores vulnerables. Por un lado, para proteger el empleo y el tejido empresarial ante la situación que en las empresas pueda causar la invasión de Ucrania o el aumento de los precios o costes energéticos, y las distorsiones económicas que ello conlleva. Por otro, para aliviar la incidencia que este aumento inesperado de los precios está teniendo en la situación de las personas más desfavorecidas. Además, no puede olvidarse a otros colectivos especialmente vulnerables, como los menores, víctimas de violencia contra las mujeres y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual en el marco de la crisis humanitaria provocada por la guerra, cuya debida salvaguarda exige igualmente una actuación inmediata por parte de los poderes públicos.</p>
<p>III</p>
<p>El real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, conformada por cuatro títulos, divididos, a su vez, en 51 artículos, 20 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 43 disposiciones finales.</p>
<p>El título I contempla medidas en el ámbito energético y se estructura en 7 capítulos. El capítulo I recoge diversos mecanismos para garantizar la competitividad de la industria intensiva en consumo de energía.</p>
<p>En el ámbito empresarial, la electricidad se sitúa en muchos casos como un insumo más a incorporar en los procesos industriales, afectando de manera directa a su competitividad. Es por ello que garantizar una electricidad sostenible, asequible, fiable y segura se erige como una de las principales prioridades en materia de política energética.</p>
<p>Mención especial merecen aquellas industrias especialmente intensivas en el uso de electricidad como parte de sus procesos de transformación industrial, ya que para estos aquellas notas de sostenibilidad, asequibilidad, fiabilidad y seguridad de suministro adquieren aún si cabe mayor relevancia. En estos casos, una eventual incertidumbre en torno al logro de alguno de estos objetivos podría amenazar de forma inevitable su viabilidad y supervivencia económica, con el consecuente impacto en términos de creación de empleo y de contribución al producto interior bruto de España, más aún si se tiene en cuenta el efecto tractor y multiplicador de estas industrias en términos indirectos e inducidos. Por ello, los esfuerzos para garantizar la competitividad de estas industrias deben, si cabe, redoblarse, máxime teniendo en cuenta el actual contexto de escalada de los precios de los productos energéticos en general y de la electricidad en particular, en los que la competitividad del sector industrial se está viendo particularmente comprometida.</p>
<p>Al mismo tiempo, la demanda de energía eléctrica asociada a dichos consumos energéticos contribuye de forma innegable a la seguridad de suministro, ya que se trata de una demanda firme, flexible y predecible, otorgando a la operación del sistema un recurso idóneo para garantizar, en todo momento, el equilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica en el territorio nacional, por lo que su disponibilidad ofrece en sí misma una ventaja de la que el conjunto del sistema eléctrico logra beneficiarse. Además, su empleo se hace en detrimento de otras fuentes de aportación de flexibilidad al sistema, como son la generación a partir de combustibles fósiles emisoras de gases de efecto invernadero, por lo que su uso contribuye de manera indirecta a reducir la dependencia energética de estos productos energéticos, principales responsables de la actual crisis de precios en los mercados energéticos mayoristas.</p>
<p>En el contexto anterior, se ha juzgado necesario articular un mecanismo de apoyo temporal que permita garantizar la competitividad de la industria electrointensiva.</p>
<p>En concreto, el instrumento regulatorio propuesto se configura como una reducción temporal del ochenta por ciento de los costes correspondientes a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad, como parte de los costes regulados que se encuentran insertos en la factura de electricidad asociada a dichos consumos. Dicha medida, que tendrá efectos desde el 1 de enero y estará en vigor de manera excepcional hasta final de año, permitirá contrarrestar, al menos de forma parcial, el incremento del peso del coste de la energía dentro de los conceptos que conforman la factura eléctrica. A su vez, la reducción afectará tanto a los términos de potencia como de energía activa de los peajes de acceso, para los segmentos tarifarios y para cada periodo horario que resulte, en cada caso, de aplicación.</p>
<p>Podrán beneficiarse aquellos consumidores que cuenten con el certificado de consumidor electrointensivo otorgado por la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. Esta condición previa garantiza que los eventuales beneficiarios del presente mecanismo de apoyo reúnan una serie de características y requisitos en materia de predictibilidad del consumo, de gestión y eficiencia energética, en materia de contratación y en el ámbito del empleo y la actividad productiva, que aseguran la eficacia de la medida prevista.</p>
<p>En suma, las obligaciones de los consumidores que dispongan de este certificado ponen de manifiesto que el mecanismo de apoyo previsto en este real decreto-ley se encuentra íntimamente relacionado con un sector, el electrointensivo, cuyos retornos en términos industriales y energéticos a nivel nacional merece la pena salvaguardar.</p>
<p>Adicionalmente, el acceso a este mecanismo de apoyo se articula de forma dinámica, de tal forma que podrán beneficiarse de dicha medida los nuevos consumidores que logren acreditar su condición durante el periodo de vigencia de la medida, y, de manera equivalente, quedarán excluidos de la aplicación de dicha medida aquellos consumidores que pierdan tal condición durante el periodo de aplicación de este instrumento regulatorio.</p>
<p>El carácter temporal de la medida, circunscrita a un entorno coyuntural de precios de la electricidad caracterizados por su alta volatilidad, ligado a su configuración como un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva en los términos antes descritos, homologable a otras medidas llevadas a cabo por otros Estados miembros del entorno, permite concluir la compatibilidad del mismo con las directrices comunitarias y el mercado único. En este sentido, la medida propuesta contribuye a salvaguardar la competitividad de las industrias sometidas a riesgo de fuga de carbono, pero sin que la intensidad del apoyo pueda llegar a menoscabar la competitividad al otro lado de la frontera, por lo que medida no supone un deterioro del marco de igualdad de condiciones que preside el mercado único europeo. En cualquier caso, el carácter excepcional de la medida, enmarcado en un contexto de escalada de precios que ha llevado a los países a adoptar medidas extraordinarias para garantizar la supervivencia de empresas e industrias, permite colegir que la medida no tendrá ninguna afectación en términos estructurales a largo plazo para el tejido empresarial a uno y otro lado de la frontera.</p>
<p>Finalmente, la medida, que deberá ejecutarse de forma efectiva por parte de las distribuidoras de energía eléctrica sobre aquellos CUPS (código universal de punto de suministro) que cuenten con la certificación de consumidor electrointensivo, traerá consigo previsiblemente una merma de ingresos para el conjunto del sistema eléctrico, por la menor recaudación procedente de los peajes de acceso a la red de transporte y distribución. Por ello, y al objeto de garantizar el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico consagrado en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se ha previsto la disposición de un crédito extraordinario por importe de 225 millones de euros en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para compensar la posible merma de ingresos. Dicha cuantía se transferirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien lo integrará en el sistema de liquidaciones del sector eléctrico.</p>
<p>Por otro lado, este capítulo también recoge una línea de ayudas directas para la industria gas intensiva, con el objetivo de compensar los mayores costes incurridos por el aumento del coste del gas, por un importe total de 125 millones de euros, que se financiarán con un crédito extraordinario.</p>
<p>La ayuda individual para cada beneficiario consistirá en una cantidad fija que dependerá de su sector de actividad y de su número de empleados, con una cuantía máxima de 400.000 euros que viene determinada por el Marco Temporal de Ayudas de Estado para apoyar la economía como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.</p>
<p>El capítulo II incluye medidas para la actualización del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos. El incremento del precio de mercado mayorista, que afecta de forma muy negativa a los consumidores residenciales e industriales, supone sin embargo la percepción de ingresos extraordinarios en determinadas tecnologías de producción de energía eléctrica, que no están expuestas al aumento de los costes del gas natural, ni de los derechos de emisión y que sin embargo ven incrementados sus ingresos por la venta de energía eléctrica de forma muy significativa.</p>
<p>Una parte importante de las instalaciones que se benefician de esta situación de alto precio de mercado, son beneficiarias del régimen retributivo específico, regulado en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Las instalaciones con derecho a percibir el régimen retributivo específico, perciben, por un lado, ingresos por vender su energía eléctrica en los mercados y adicionalmente, perciben ingresos del régimen retributivo específico, en la forma de retribución a la inversión y de retribución a la operación.</p>
<p>La retribución del régimen retributivo específico se calcula de forma que complemente a los ingresos obtenidos por vender la energía en el mercado, para garantizar que las instalaciones alcanzan una rentabilidad razonable. Por lo tanto, el nivel de retribución de este régimen tiene una gran dependencia de algunas de las hipótesis que se han adaptado para su cálculo, como son, entre otras, el precio de mercado eléctrico, del que dependen los ingresos por venta de la energía, o la rentabilidad razonable.</p>
<p>Debido a lo anterior, el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, regula los procesos de revisión y actualización periódica de los parámetros retributivos del régimen. Antes de cada periodo regulatorio, de 6 años de duración, se podrá revisar y actualizar cualquiera de los parámetros retributivos a excepción de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial. Adicionalmente, antes de cada semiperiodo regulatorio, de tres años de duración, se podrán revisar las estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del mercado de producción. De esta forma se prevé que pueda ser revisada, de forma más frecuente, una de las variables que tiene una influencia relevante en los valores de la retribución a la inversión y retribución a la operación y que además tiene una alta volatilidad. Además, prevé, que al menos anualmente se actualicen los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, ya que este componente de la estructura de costes también tiene una alta volatilidad.</p>
<p>Desde la aprobación del régimen retributivo específico, las revisiones antes citadas se han realizado según lo previsto, mediante la aprobación de la Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017, de la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020 y del resto de órdenes de actualización semestral de la retribución a la operación para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible.</p>
<p>La actualización de los parámetros retributivos llevada a cabo por la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, para el segundo periodo regulatorio, comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025, estimó los ingresos por la venta de la energía en el mercado en base a determinados precios del mercado eléctrico, concretamente para los años 2020, 2021 y 2022 dichos precios son 54,42 €/MWh, 52,12 €/MWh y 48,82 €/MWh.</p>
<p>En 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se produjo una reducción significativa del consumo de energía eléctrica, lo que produjo una reducción del precio del mercado. El precio medio del mercado eléctrico correspondiente al periodo comprendido durante el estado de alarma, entre el 14 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, fue de 22,74 €/MWh, es decir, 31,68 €/MWh menor al que se había estimado para el año 2020 en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero. Esto suponía una fuerte merma sobre los ingresos previstos por la venta de energía en el mercado, que afectaba especialmente a aquellas instalaciones tipo con una mayor exposición al precio de mercado y que presentaban altos costes de explotación. Por lo anterior, se aprobó el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que estableció el mandato de actualizar, para determinadas instalaciones tipo, el valor de la retribución a la operación aplicable durante el periodo en el que se encontraba en vigor el estado de alarma, lo que supuso una revisión al alza de la retribución a la operación, para compensar la reducción de ingresos por la venta de energía en el mercado.</p>
<p>Como se ha expuesto anteriormente, el precio medio del mercado diario e intradiario del año 2021 ha aumentado de forma excepcional, hasta situarse en 111.90 €/MWh, es decir, 59,78 €/MWh por encima del valor que se había estimado para el año 2021 en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero. Esto ha supuesto unos ingresos superiores, en 3.150 millones de euros, a los ingresos estimados que se utilizaron para actualizar el régimen retributivo específico.</p>
<p>Previsiblemente esta situación se volverá a producir al cierre de 2022, ya que las cotizaciones de los contratos de futuros de la energía eléctrica con entrega en 2022, negociados durante los últimos seis meses de 2021, se sitúan por encima de los 120 €/MWh, lo que previsiblemente supondrá unos ingresos superiores, en 3.750 millones de euros, a los ingresos estimados que se utilizaron para calcular el régimen retributivo específico.</p>
<p>Los ciudadanos y empresas no solo sufren el impacto del elevado precio del mercado eléctrico, sino que, además, deben hacer frente al pago de los cargos del sistema eléctrico destinados a financiar el régimen retributivo específico. Mientras las instalaciones que perciben la retribución del régimen retributivo específico se benefician de altos ingresos por la venta de su energía.</p>
<p>Por lo anterior, teniendo en cuenta el excepcional escenario de precios elevados, y de la misma forma que se consideró necesario adoptar medidas ante la bajada de precios derivada de la pandemia del COVID-19, resulta imprescindible actuar de forma urgente para revisar la estimación del precio medio del mercado eléctrico que se tiene en cuenta para el cálculo del régimen retributivo específico. En este real decreto-ley se establece la actualización de los parámetros retributivos del régimen retributivo específico para el año 2022. Esta revisión se realizará de forma equivalente a la actualización que se realiza antes de cada semiperiodo regulatorio, y tiene como objetivo considerar correctamente los ingresos de mercado, para ajustar los ingresos que las instalaciones deben percibir en concepto de régimen retributivo específico. Esta revisión garantiza que las instalaciones tipo alcanzan la rentabilidad razonable establecida para el periodo regulatorio, ya que los ingresos percibidos por la venta de la energía en el mercado más los ingresos del régimen retributivo específico son suficientes para cubrir los costes y obtener dicha rentabilidad razonable. Esta reducción del coste del régimen retributivo específico permite la reducción de los cargos del sistema eléctrico y, por lo tanto, de precio final de la energía, lo que alivia el esfuerzo que están realizando los ciudadanos y empresas.</p>
<p>La medida propuesta consiste en la actualización de los parámetros retributivos establecidos para el año 2022 en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, afectando a todas las instalaciones tipo, para lo cual se da el mandato de aprobación de una orden ministerial, en el plazo de 2 meses. La actualización se realizará siguiendo la metodología establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, de manera similar a la actualización prevista al finalizar cada semiperiodo regulatorio, con las siguientes particularidades reguladas en este real decreto-ley.</p>
<p>Se realiza una estimación del precio del mercado para los años 2022, 2023 y 2024, que serán calculados como la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales, negociados en el mercado de futuros de electricidad organizado por OMIP durante los últimos seis meses de 2021. De este modo, se mantiene la metodología de estimación prevista en el artículo 22.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.</p>
<p>A su vez, en aplicación del artículo 22 del citado real decreto, se realiza el ajuste por desviaciones en el precio del mercado de los años 2020 y 2021, para lo cual se utilizan los valores del precio medio anual del mercado diario e intradiario calculados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para cada año natural, como media aritmética de los precios horarios del mercado diario e intradiario, ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La normativa prevé que este ajuste se realice al finalizar el semiperiodo, por lo que se habría aplicado con independencia de este real decreto-ley, un año más tarde.</p>
<p>No obstante, 2021 ha sido un año en el que determinadas tecnologías han tenido la mayor parte de su producción en periodos donde los precios han sido menores al precio medio anual. Por lo tanto, el precio medio no refleja de forma precisa los ingresos que han percibido, siendo necesario, corregir dicho precio medio con los coeficientes de apuntamiento de cada tecnología para calcular el ajuste por desviaciones en el precio del mercado. Por lo anterior, para la correcta aplicación del ajuste por desviaciones de los años 2020 y 2021, que influyen sobre los parámetros retributivos del año 2022, y para la consideración del ajuste por desviación del precio de mercado del año 2022, que influye en los parámetros retributivos del semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2023, se considera necesario modificar a la mayor brevedad el artículo 22.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, de modo que tenga en consideración el coeficiente de apuntamiento real de cada tecnología al aplicar el precio medio anual del mercado diario e intradiario.</p>
<p>Por otro lado, el aumento de la energía negociada en los mercados a plazo produce una reducción en la volatilidad del precio final de la energía percibido por el consumidor, ya que se reduce su exposición a la volatilidad del mercado diario. Sin embargo, el mecanismo de ajuste por desviaciones en el precio del mercado desincentiva la venta de energía en los mercados a plazo, ya que cubre el riesgo de desviaciones en el precio de mercado diario e intradiario. Por esta razón, se modifica el artículo 22 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, de forma que el valor de ajuste por desviación del precio de mercado de los años 2023 y posteriores sea nulo. Esta medida se adopta desde 2023 para que las instalaciones dispongan de tiempo suficiente para adaptar su estrategia en la venta de su energía. Adicionalmente, se modifica el artículo 22.1 para dar mayor certidumbre a los titulares de las instalaciones, concretando el periodo a considerar para estimar el precio de mercado en base a los futuros de OMIP. De esta forma, los titulares de las instalaciones podrán cubrir el riesgo de desviación del precio de mercado en los mercados de futuros.</p>
<p>Para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, se considera oportuno revisar, además de los ingresos procedentes del mercado, los costes de explotación que dependen fundamentalmente del precio del combustible y del precio de los derechos de emisión.</p>
<p>Para la estimación del precio del combustible se utilizará la metodología prevista en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico, que se basa en las variaciones semestrales del coste de las materias primas y, en su caso, de los peajes de acceso, para la actualización de la retribución a la operación. Dicha Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, prevé que la actualización de la retribución a la operación se realizará semestralmente, por lo que se habría aplicado con independencia de este real decreto-ley.</p>
<p>Por otro lado, la estimación del precio del derecho de emisión de CO<sub>2</sub> para el año 2022 y posteriores se calculará como la media aritmética de las cotizaciones diarias de los contratos de futuros de derechos de emisión de CO<sub>2</sub> para el año 2022 negociados durante los últimos seis meses de 2021. Esta metodología de estimación se asemeja a la utilizada para la estimación de los precios del mercado eléctrico.</p>
<p>En todo caso, la revisión de parámetros del año 2022 se realiza de manera adicional a las revisiones previstas en la normativa. De este modo se mantiene la revisión prevista para el segundo semestre de 2022 para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, que se realizará de acuerdo con la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio. También se mantiene la revisión que se realizará antes del semiperiodo que tiene su inicio el 1 de enero de 2023, donde se ajustará la desviación del precio real respecto del estimado para el año 2022, y se realizarán nuevas estimaciones de precios para los años 2023, 2024, 2025 y siguientes. Esta revisión, que se realizará a finales de este mismo año, aporta una mayor seguridad a los titulares de las instalaciones, ya que en un contexto de volatilidad de precios del mercado permite ajustar los precios estimados en el corto plazo.</p>
<p>Finalmente, al objeto de minimizar el impacto económico derivado de la diferencia entre los valores de retribución actualizados y las cantidades ya liquidadas desde el 1 de enero de 2022, se propone que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realice los ajustes que correspondan en las siguientes liquidaciones, incorporando los derechos de cobro u obligaciones de pago generados.</p>
<p>Por otra parte, la metodología de actualización de la retribución a la operación que establece la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, contempla una actualización semestral en base a la evolución de los precios de los combustibles, y en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista.</p>
<p>Debido precisamente al contexto de volatilidad en los precios de los combustibles y en los precios de los derechos de emisión, que a su vez tienen influencia en los precios del mercado eléctrico, se considera necesario la adaptación de la citada metodología para reflejar de forma más eficiente la relación entre dichos parámetros.</p>
<p>Por lo anterior, se da el mandato de aprobar, en el plazo de dos meses, una nueva metodología, que será de aplicación desde el 1 enero de 2023, para la actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, que revise con carácter anual los ingresos por venta de energía en el mercado y los costes de explotación que dependen del precio del combustible y del precio de los derechos de emisión. Esta nueva metodología sustituirá a la prevista en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio.</p>
<p>El artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece las bases de la actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, por lo que es necesario regular con el mismo rango normativo, las directrices de la nueva metodología, que estará orientada a fomentar que los titulares de las instalaciones operen las plantas minimizando las emisiones y sus costes asociados, de forma que los derechos de emisión de CO<sub>2</sub> mantengan su carácter incentivador en el proceso de descarbonización, tal y como se presupone de una empresa eficiente y bien gestionada.</p>
<p>El capítulo III recoge medidas para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética. Se establece un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables con vigencia temporal, de aplicación en el ámbito de competencia estatal, que también podrá ser aplicado por las Comunidades Autónomas en su ámbito de competencias.</p>
<p>El fomento de las energías renovables constituye uno de los pilares más importantes del proceso de transición energética que debe acometer España para lograr la descarbonización de la nuestra economía en 2050, cumpliendo así los compromisos adquiridos frente a la UE y en el Acuerdo de París.</p>
<p>Así, el artículo 3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, prevé que en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %, un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable.</p>
<p>Teniendo presente el artículo 4.2 de la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, se establecen como criterios conjuntos para someter los proyectos de energías renovables a este procedimiento, que sus líneas aéreas no se encuentren incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sean proyectos eólicos con una potencia igual o inferior a 75 MW o proyectos de energía solar fotovoltaica con una potencia igual o inferior a 150 MW y que, no ubicándose en medio marino ni en superficies integrantes de la Red Natura 2000, estén ubicados íntegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada según la «Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables», herramienta elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.</p>
<p>El resultado de este procedimiento es la detección de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. El informe podrá determinar la obligación de someter la autorización del proyecto a las condiciones que se estime oportuno para mitigar o compensar posibles afecciones ambientales del mismo, así como a condiciones relativas al seguimiento y plan de vigilancia del proyecto o bien, podrá determinar someterlo al procedimiento de evaluación ambiental que establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, si procede. Por ello, la instalación no podrá ser objeto de autorización de construcción o explotación si no se respetan dichas condiciones.</p>
<p>Otra medida que se introduce en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, es la priorización del despacho de los expedientes que correspondan a proyectos de generación mediante energías renovables ubicados en zonas de sensibilidad baja y moderada conforme a la «Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables».</p>
<p>Respecto de la simplificación de los procedimientos de autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia de la Administración General del Estado que se han descrito anteriormente, se declaran de urgencia por razones de interés público, consistentes en la reducción de la dependencia energética, la contención de precios y la garantía del suministro. Por ello, será de aplicación la reducción de plazos y demás efectos establecidos por el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p>Se efectuará de manera conjunta la tramitación y resolución de las autorizaciones previa y de construcción definidas, acumulándose los trámites de información y de remisión del proyecto de ejecución a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte de la instalación que pueda afectar a bienes y derechos a su cargo, y simultaneándose con el trámite de información pública. El procedimiento para los proyectos para los que los promotores hayan solicitado su declaración como de utilidad pública se acumula en sus trámites equivalentes a este procedimiento. Tras ello, el área funcional o, en su caso, dependencia de Industria y Energía dará traslado inmediato del expediente y de su informe a la Dirección General de Política Energética y Minas a efectos de resolución.</p>
<p>Por otro lado, las instalaciones solares fotovoltaicas flotantes abren nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable, especialmente en países con una alta densidad de población y escasez de suelo disponible. Tienen ciertas ventajas sobre los sistemas terrestres, como un mejor rendimiento energético gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la disminución de polvo, entre otros aspectos.</p>
<p>La posibilidad de agregar capacidad solar flotante a las centrales hidroeléctricas existentes es de particular interés. La capacidad solar se puede utilizar para aumentar la producción de dichas instalaciones y optimizar las infraestructuras de evacuación ya existentes, y también puede ayudar a gestionar los períodos de baja disponibilidad de agua. Otra posible ventaja de la energía solar flotante puede ser la reducción de la evaporación, ya que los paneles solares proporcionan sombra y limitan el efecto de la evaporación, lo que se entiende de especial importancia en medios áridos, así como la reducción o eliminación del sombreado de los paneles por su entorno, o la no necesidad de una preparación importante del terreno. Igualmente, la sombra proporcionada por estos solares flotantes también ayuda a reducir la presencia de floraciones de algas en cuerpos de agua dulce.</p>
<p>En cualquier caso, dado que el concepto de fotovoltaica flotante es reciente y aún poco explorado, no existen estudios sistemáticos sobre los posibles impactos causados por dichas instalaciones, en especial, con referencia a la influencia sobre el potencial ecológico de la masa receptora, aunque otro tipo de impactos ambientales a menudo parecen justificar este tipo de proyectos. Se entiende, por tanto, necesario establecer programas de seguimiento con el fin de conocer las características de estas instalaciones.</p>
<p>En síntesis, por medio de este real decreto-ley se modifica la Ley de Aguas a fin de determinar el marco que ha de regir las concesiones administrativas precisas para la puesta en servicio de plantas solares fotovoltaicas ubicadas en el dominio público hidráulico, o sobre otras infraestructuras hidráulicas de titularidad de la Administración General del Estado o de los Organismos de cuenca y conectadas a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica.</p>
<p>Junto a lo anterior, es necesario tener en cuenta que la Administración General del Estado construye y explota importantes infraestructuras hidráulicas que posibilitan una adecuada gestión de los recursos hídricos disponibles, tanto convencionales como no convencionales (aguas desaladas o regeneradas), para ponerlos al servicio de las actividades y usos del agua que requiere la sociedad. El gran impacto del coste energético en los sectores productivos, en la distribución del agua y en el funcionamiento de estas infraestructuras no puede constituir un obstáculo insalvable para lograr otros fines que benefician al conjunto de esa sociedad y la protegen de situaciones de insostenibilidad.</p>
<p>Por lo anterior, resulta necesario desarrollar medidas que tiendan a atenuar este impacto, facilitando el empleo de instalaciones solares fotovoltaicas en la producción de nuevos recursos hídricos procedentes de la desalinización o de la regeneración de las aguas. Medidas que permitan la aplicación de energías renovables que minimicen el coste energético y, con ello, el coste final del recurso. Dichas medidas permitirán dotar a las infraestructuras hidráulicas que se construyan o estén ya construidas de instalaciones fotovoltaicas que se integrarán como un elemento más de la obra hidráulica.</p>
<p>En el capítulo IV se establecen medidas por las que se regulan determinados aspectos del otorgamiento de los permisos de acceso y conexión. En este sentido, y con la finalidad fomentar el autoconsumo asociado a nueva generación de energía eléctrica de origen renovable en grandes consumidores, se libera parte de la capacidad de la red de transporte reservada para la realización de concursos de acceso para lograr unos menores costes energéticos y reforzar la competitividad de la industria española y contribuir a su descarbonización. Por otra parte, se modifican las normas aplicables a la convocatoria de concursos de capacidad de acceso con el objetivo de asegurar un desarrollo continuo y ordenado de las instalaciones de generación de origen renovable.</p>
<p>El capítulo V contiene medidas enfocadas a la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles.</p>
<p>El artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo, establece que deben haberse reducido las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10 por ciento, un 6 por ciento con carácter obligatorio y el 4 por ciento restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010.</p>
<p>Esta reducción debe alcanzarse gradualmente, y consiste en una reducción del 6 por ciento mediante el uso de biocarburantes, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha <em>(flaring)</em> y venteos en los emplazamientos de producción, un objetivo indicativo adicional del 2 por ciento obtenida mediante el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, incluida la captura y el almacenamiento de carbono, y mediante el uso de vehículos eléctricos, y otro objetivo indicativo adicional del 2 por ciento obtenido mediante la compra de créditos con arreglo al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.</p>
<p>La Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, establece en su anexo II, el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de CO<sub>2eq</sub>/MJ.</p>
<p>El Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen los métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes, establece el método de cálculo que deberán utilizar los sujetos obligados, para determinar la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía suministrados, comparando las reducciones que hayan realizado con el valor de referencia anterior, a efectos de valorar la reducción de emisiones alcanzada. Asimismo, establece las obligaciones de información de dichos sujetos a este respecto.</p>
<p>Este real decreto-ley establece el objetivo de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y energía suministrados en el transporte de la citada directiva, que es de un 6 %, en comparación con el valor de referencia de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, que es de 94,1 g de CO<sub>2eq</sub>/MJ. También establece un objetivo de reducción de carácter indicativo que alcanza el 4 %.</p>
<p>En el mismo se especifican los sujetos obligados al cumplimiento de los citados objetivos, así como los combustibles y energía a los que les es de aplicación.</p>
<p>Por otro lado, se hace referencia a la obligación de información a este respecto, por parte de los sujetos obligados, estableciendo que deberán presentar la información y documentación, auditada por empresa independiente, según lo establecido en el Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, o regulación que lo sustituya.</p>
<p>Se dispone que el método de cálculo que deberán utilizar los sujetos obligados para determinar la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía que suministran, comparando las reducciones que hayan realizado con el valor de referencia previsto, es el establecido en el citado real decreto.</p>
<p>Ya en el capítulo VI, y con el fin de mitigar de manera inmediata el impacto en empresas y familias de la escalada del precio de los carburantes que ha provocado la agresión militar a Ucrania, resulta urgente crear una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de determinados productos energéticos.</p>
<p>Así, las empresas de los sectores de la economía española fuertemente dependientes de estas fuentes de energía, y especialmente el sector del transporte, verán amortiguado de forma inmediata el efecto, sobre su situación económica, de la subida extraordinaria y repentina de sus precios.</p>
<p>La extensión de la bonificación al resto de la ciudadanía persigue reducir el impacto que el contexto provoca, directa e indirectamente, en las economías domésticas, ya muy afectadas por el crecimiento de precios de la energía anteriores a la agresión a Ucrania y por los efectos que todavía tiene la crisis del COVID-19.</p>
<p>Para garantizar la viabilidad de la bonificación y asegurar la máxima rapidez en su implementación, es imprescindible la colaboración en la gestión de los titulares de los derechos de explotación de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor, así como de las empresas que realicen ventas directas a los consumidores finales de los productos objeto de la bonificación. De esta manera los consumidores, beneficiarios de la bonificación, conocerán y podrán comprobar directamente su efecto en la adquisición de los productos, garantizándose en todo caso la sostenibilidad del modelo de colaboración por medio de un eficaz sistema de anticipos a cuenta y devoluciones.</p>
<p>Finalmente, en el capítulo VII se regula la prestación patrimonial de carácter público no tributario temporal a realizar por los operadores al por mayor de productos petrolíferos. Como se ha señalado, a causa de factores exógenos y endógenos, acentuados por la crisis de la guerra de Ucrania, se están sufriendo graves tensiones en los mercados energéticos que están afectando significativamente a la economía mundial. Dichas tensiones se están reflejando en una escalada de precios creciente de los productos energéticos, en especial, de los hidrocarburos, que está sufriendo con carácter general, toda la ciudadanía y, en particular, nuestros sectores productivos.</p>
<p>En este punto, no debe ignorarse que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos «los suministros del sector de hidrocarburos tienen una especial importancia para el desenvolvimiento de la vida económica que supone que el Estado debe velar por su seguridad y continuidad». En este punto, debe reiterarse que el Estado tiene dentro de sus funciones constitucionales la de garantizar la estabilidad del sistema energético.</p>
<p>Por tanto, al objeto de paliar las graves consecuencias que la citada escalada de precios está teniendo sobre nuestro tejido productivo y, en general, sobre todos los ciudadanos, resulta urgente articular una prestación patrimonial de carácter público no tributario que se inscribe dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Estado al objeto de luchar contra la misma.</p>
<p>La prestación, en última instancia, responde a la necesidad de asegurar que determinados agentes del sector energético, especialmente implicados en la distribución de hidrocarburos, contribuyan a financiar las ayudas establecidas en orden a reducir el impacto de la escalada de los precios de estos productos.</p>
<p>No obstante, y por coherencia con el objetivo final perseguido, los citados operadores quedan exonerados de esta prestación cuando se comprometan a realizar de forma inequívoca un descuento en las ventas de determinados productos a los consumidores finales, estableciéndose un estricto sistema de control de este compromiso.</p>
<p>El título II, de medidas en materia de transportes, se estructura en dos capítulos, relativos al transporte marítimo y portuario y al transporte por carretera y ferrocarril, respectivamente. En el primero de ellos, se incluyen tanto medidas relativas a la tripulación de nacionalidad ucraniana, como encaminadas a aliviar la situación económica de las empresas del sector.</p>
<p>Así, se establece la prolongación voluntaria de los contratos temporales de trabajo y extensión de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, de los tripulantes ucranianos enrolados en buques mercantes de bandera española. Y es que la guerra en Ucrania ha generado una situación de incertidumbre en los tripulantes de nacionalidad ucraniana, que suponen una parte sustancial del conjunto de tripulantes de la flota mundial y que también tienen presencia en buques de bandera española. La posibilidad a la que enfrentan los tripulantes ucranianos en buques mercantes de bandera española es que, tras la finalización de su contrato, prevista por la legislación española en un máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, a través de contratos duración determinada por circunstancias de la producción las empresas no pueden prolongar estos contratos, ni siquiera a petición del marino.</p>
<p>Adicionalmente, las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena que permiten a los marinos extracomunitarios, ucranianos en este caso, trabajar en buques mercantes de pabellón español, tienen un límite máximo de nueve meses dentro de un periodo de doce meses consecutivos. Estas limitaciones hacen que las opciones que enfrenta un marino ucraniano tras finalización de su contrato sean las de retornar a Ucrania o solicitar el estatus de refugiado, no pudiendo optar por permanecer embarcado en buques mercantes de bandera española aun cuando sea esta última su opción su preferida.</p>
<p>Con esta medida se permite que, si así lo desean, los tripulantes ucranianos de buques mercantes españoles puedan prolongar sus contratos de trabajo hasta el límite máximo previsto por el Convenio Internacional sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (CTM) y modifica asimismo los plazos de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena que resulten necesarios para poder dar cumplimiento efectivo a esta posibilidad de prolongar los contratos.</p>
<p>En segundo lugar, y partiendo de la configuración de los puertos extrapeninsulares de titularidad estatal situados en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, como elementos claves para garantizar la seguridad en la cadena de suministro a la población y al tejido económico general en los respectivos territorios, resulta imprescindible mantener la calidad y frecuencia de los servicios de conexión con la península. A tales efectos, se plantea una medida compensatoria y transitoria de rebaja de las tasas portuarias del buque (T-1) y de la mercancía (T-3) con el objetivo de mejorar las condiciones de explotación de dichas líneas, coadyuvando a soportar el incremento de costes que las mismas vienen sufriendo.</p>
<p>Finalmente, se incorporan medidas respecto a la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales, permitiendo a las Autoridades Portuarias reducir o eliminar, motivadamente, los tráficos mínimos exigidos para el año 2022, en aquellas concesiones que están sufriendo el impacto negativo que la reciente situación de incremento de los costes energéticos en su actividad, además de sobre aquellas que se hayan podido ver afectadas por operar tráficos con origen o destino Ucrania.</p>
<p>La aplicación de esta medida se realizará a instancia del concesionario, y en todo caso deberá partir del hecho de que se haya producido una reducción en 2022 del volumen de tráficos operados por las referidas concesiones, o parámetro que sirva para la medición de su actividad, respecto de las cifras correspondientes a 2021.</p>
<p>Para el caso de las terminales marítimas que operen tráficos de líneas regulares de pasajeros con los puertos de Marruecos, Ceuta y Melilla, se amplía el objeto de eliminación o reducción del cumplimiento del compromiso de los tráficos mínimos, con el fin de paliar los efectos de reducción general de la actividad que se viene padeciendo en los últimos meses desde la aparición de la pandemia del COVID-19, por lo que el ejercicio de comparación para establecer la aplicabilidad de la medida será 2019.</p>
<p>Los tráficos mínimos, como manifestación del principio de explotación razonable del dominio público portuario, son susceptibles de reducción siempre que se den circunstancias excepcionales y externas que impongan una reducción o supresión de actividad justificadas y motivadas, con carácter transitorio, a los efectos de las posibles penalizaciones por su incumplimiento, que tienen naturaleza indemnizatoria y no tributaria.</p>
<p>La modificación de los tráficos mínimos, sustanciada por los trámites del artículo 88 del TRLPEMM, surtirá efectos en la cuota mínima de la tasa de actividad, cuando la actividad se realice con ocupación privativa del dominio público portuario y se hubiera adoptado como base imponible el volumen de tráfico.</p>
<p>Por su parte, el capítulo II incluye las medidas en el sector del transporte por carretera y ferrocarril, comenzando por las ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes.</p>
<p>Así, en el transporte de mercancías por carretera la dimensión de este aumento de costes en partidas esenciales dentro de esta actividad, y la rapidez con la que se ha producido, se focalizan en una actividad que tiene una dificultad estructural para trasladar de manera inmediata estos aumentos de costes a sus clientes, lo que ha derivado en un deterioro extraordinario en la viabilidad económica de esta actividad, siendo además un sector esencial para el país ya que es responsable del 95% del transporte de mercancías en España.</p>
<p>En el caso del transporte de viajeros, a los aumentos de costes derivados del aumento del precio de combustibles, se suma la baja demanda de estos servicios que aún pervive por los efectos de la pandemia, de modo que la nueva problemática ha venido a profundizar los problemas de viabilidad económica que ya se venían produciendo en esta rama de actividad. Todo ello se agrava especialmente en el transporte discrecional, al que se añaden las incertidumbres que se abren en los nuevos periodos turísticos, que es previsible que se vean afectados por la actual crisis.</p>
<p>Se requiere por tanto una acción urgente para apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector, incluyendo líneas de ayuda directa que garanticen la liquidez de las mismas y la compensación de los costes extraordinarios que han soportado derivado de la guerra en Ucrania, siguiendo el espíritu y condicionantes marcados en el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia recientemente aprobado por la Comisión Europea.</p>
<p>El importe de las ayudas se repartirá entre las diversas actividades: Transporte por taxi, tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.,transporte de mercancías por carretera y servicio de transporte sanitario de personas.</p>
<p>Para la financiación de estas ayudas, se aprueba un crédito extraordinario por un importe total de 450 millones de euros.</p>
<p>Por su parte, el ferrocarril es un modo de transporte esencial de cara a la promoción de un sistema de movilidad al servicio de todos los ciudadanos que garantice la equidad social en el conjunto del territorio. Siendo clave de cara a la consecución, entre otros, del principio de sostenibilidad integrando, de esta forma, la eficiencia energética con la equidad económico-social el respeto al entorno natural y urbano y la lucha contra el cambio climático (Movilidad Sostenible).</p>
<p>Un posible efecto expulsión del transporte ferroviario, ya sea de viajeros o de mercancías, como consecuencia del incremento de los costes de las Empresas Ferroviarias derivado del incremento del precio de la energía y los carburante, implica por sí sólo graves dificultades en orden a la consecución de la sostenibilidad en la cadena de transporte y por tanto de la economía nacional en su conjunto, reduciendo la cuota actual de este modo de transporte e impidiendo alcanzar los objetivos planteados de cambio modal hacia el ferrocarril y, en consecuencia, dificultando la imprescindible descarbonización de la economía.</p>
<p>El incremento de estos costes está perjudicando de forma significativa las cuentas de resultados de los operadores, tanto de viajeros como de mercancías, por lo que, con el objetivo de compensar con dotaciones económicas extraordinarias el sobrecoste que ya se ha producido, se establece un sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2022, para la concesión de apoyo financiero a empresas privadas cuya actividad se encuadre en el código 4920 «Transporte de mercancías por ferrocarril» de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, cuya finalidad será paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por su causa.</p>
<p>Ello motiva que se adopten las medidas necesarias que permitan continuar con el proceso de liberalización del sector ferroviario en un marco competitivo que no se vea distorsionado por ineficiencias en la estructura de costes de los distintos agentes implicados. Se hace necesario abordar una reforma de la Ley del Sector Eléctrico que permita reducir el incremento de costes, como puede ser la habilitación para la implantación de plantas de generación de energía renovable que alimenten la demanda de la energía de tracción posibilitando a los administradores de infraestructuras ferroviarias la prestación de los servicios de suministro eléctrico mediante la conexión por parte de las empresas ferroviarias a sus puntos de frontera de plantas de generación de energía eléctrica renovable, siempre que sea técnicamente posible y que cumplan con las condiciones de acceso que a tal fin pueda establecer el citado administrador de infraestructura. No obstante, en tanto se aborda la reforma legislativa, como medida de carácter urgente y extraordinario, se recoge una compensación a las empresas ferroviarias privadas que realicen servicios de mercancías por el sobrecoste de la energía de tracción de los trenes, que se realizará a través del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF-AV.</p>
<p>Asimismo, el incremento de estos costes está perjudicando de forma significativa las cuentas de resultados de los operadores, tanto de viajeros como de mercancías, por lo que, con el objetivo de compensar con dotaciones económicas extraordinarias el sobrecoste que ya se ha producido, se establece un sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2022, para la concesión de apoyo financiero a empresas privadas cuya actividad se encuadre en el código 4920 «Transporte de mercancías por ferrocarril» de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, cuya finalidad será paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por su causa.</p>
<p>Además, como medida en materia de Seguridad Social, se regula la posibilidad de que las empresas con trabajadores en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que desarrollen su actividad en el sector del transporte urbano y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942), soliciten un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de abril a julio de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de mayo a agosto de 2022, en el caso de trabajadores autónomos, en unas condiciones más favorables que las contempladas con carácter general para la aplicación de dicha figura, atendiendo a las dificultades que atraviesa dicho sector.</p>
<p>El título III, de apoyo al tejido económico y empresarial, se compone de 4 capítulos, que contienen, respectivamente, medidas para reforzar la liquidez de empresas y autónomos, para mitigar el incremento de costes en el tejido empresarial de actividades críticas del sector primario, para apoyar al sector agrario, ganadero y pesquero; así como para la ampliación de plazos y flexibilización del cumplimiento de obligaciones en el ámbito cinematográfico y de la propiedad industrial.</p>
<p>En cuanto a las medidas para reforzar la liquidez, se aprueba una nueva línea de avales de 10.000 millones de euros por cuenta del Estado para empresas y autónomos. Esta nueva línea, como ayuda de Estado dirigida a mitigar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, debe ser autorizada por la Comisión Europea, por lo que no podrá otorgarse ningún aval con cargo a la misma hasta que se haya producido esta autorización. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se establecerán las condiciones y requisitos aplicables. Asimismo, se prevé el régimen de recuperación y cobranza de estos nuevos avales.</p>
<p>Por su parte, para apoyar a los sectores agrario, ganadero y pesquero, el capítulo II se articulan unas medidas de ayuda directa a la producción de leche por explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino; explotaciones que se encuentran en una situación crítica por las circunstancias señaladas.</p>
<p>Con dicha finalidad se contempla un montante de 169 millones de euros vehiculados con la mayor celeridad administrativa posible para garantizar el apoyo eficaz y eficiente al sector de producción lácteo vacuno, ovino y caprino, que está sufriendo los efectos de la crisis, ya sea por el deterioro de sus márgenes que compromete su viabilidad y su valor medioambiental, por su elevada exposición a los mercados internacionales y la repercusión de las disrupciones en el comercio mundial. Con el objetivo de mantener la estabilidad del tejido económico que estas explotaciones sostienen en todo el territorio nacional</p>
<p>En segundo lugar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, por importe de 193.470.759 euros, de los cuales 64.490.253 euros serán aportados por la Unión Europea, con base en el Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Comisión de 23 de marzo de 2022 por el que se establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios (C/2022/1872) en aplicación de lo señalado en el artículo 219 del Reglamento (UE) N.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (OCMA), y el resto, 128.980.506 euros, constituye la financiación estatal, hasta el máximo de cofinanciación permitido por dicho Reglamento l.</p>
<p>El objeto de dichas ayudas es fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones del sector agrario en situaciones excepcionales, por distorsiones graves en el aprovisionamiento de materias primas ocasionadas por fluctuaciones en el mercado mundial, las cuales han de ajustarse a los criterios de elegibilidad que se señalan en Reglamento Delegado. La necesidad de gestionar las ayudas y efectuar los pagos en un plazo muy corto, requiere que estos fondos sean gestionados de forma descentralizada por las comunidades autónomas a través de la solicitud anual ordinaria de la PAC, ya que se simplifica la gestión aprovechando la solicitud y se garantiza que los fondos los perciben productores que cumplen con la condicionalidad ambiental de las ayudas y con los requisitos medioambientales previstos dentro del «pago verde» de esta política.</p>
<p>En tercer lugar, con objeto de facilitar un aumento del potencial de producción agrícola de la Unión Europea, tanto para el suministro de alimentos como de piensos para hacer frente a esta situación, y en atención a las circunstancias concurrentes, la Comisión Europea ha acordado la Decisión de Ejecución (UE) 2022/484 de la Comisión de 23 de marzo de 2022 por la que se establecen excepciones al Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y al Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión en lo que atañe al cumplimiento de determinadas condiciones relativas al pago de ecologización para el año de solicitud 2022 [notificada con el número C(2022) 1875]. Es decir, el nuevo régimen regulador aprobado excepcionalmente para este año permite introducir mecanismos de flexibilización durante 2022 en lo que respecta a dos de los elementos que conforman el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente en el marco de la PAC, mecanismo que permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico, siempre que se respeten determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación. Concretamente, se permiten excepciones en lo que se refiere a la obligación de diversificación de cultivos –sembrar varios cultivos diferentes en la tierra de cultivo de la explotación– y al establecimiento de superficies de interés ecológico –destinar parte de las tierras de cultivo de la explotación a algunas de las categorías fijadas en la normativa europea, como el barbecho o cultivos fijadores de nitrógeno–. Así, mediante las excepciones establecidas para 2022 se podrá pastar o sembrar un cultivo en la superficie de barbecho de tal manera que se incremente la capacidad productiva de las explotaciones sin perder el derecho a cobrar la ayuda de ecologización.</p>
<p>Así, en aplicación de la mencionada Decisión se procede a modificar, en la disposición final correspondiente, el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, para reflejar las citadas medidas de aplicación para la solicitud de la PAC correspondiente al presente ejercicio.</p>
<p>Asimismo, se modifica, también mediante disposición final, el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, al objeto de ampliar en un mes el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta en él regulado respecto a empresas y trabajadores del sector agrario, estableciéndose a su vez, un periodo máximo de amortización de 16 mensualidades.</p>
<p>Por lo que respecta a las medidas del sector pesquero, se articulan una serie de mecanismos al amparo del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004 que permiten la concesión de ayudas directas en momentos de crisis y que beneficiarán al sector de la pesca y de la acuicultura.</p>
<p>Ha de tenerse en cuenta que España lidera la producción pesquera en la Unión Europea, y su importancia estructural es esencial. España es uno de los mayores consumidores de pescado en el ámbito mundial y a pesar del elevado volumen de producción propio, no es posible autoabastecer el mercado interno teniendo que recurrir a la importación para aprovisionar dos terceras partes de este consumo.</p>
<p>En su estructura productiva tienen una enorme repercusión los precios del gasóleo, ya que, según las cuentas satélites del PIB, supone en muchos casos más de un 25 % de sus consumos intermedios, como media. El incremento actual del precio del carburante, que ha disparado el coste hasta el 50 % en algunos casos, hace inasumible la continuidad de la actividad, hasta el punto de que buena parte del sector mantiene los barcos amarrados en puerto sin salir a faenar.</p>
<p>Procede en este momento ampliar algunas de las medidas ya adoptadas y acordar otras de nuevo cuño para beneficiar al sector pesquero, que ha visto notablemente incrementados los costes intermedios, siendo significativo la subida del precio del gasóleo, imprescindible para el desempeño de su labor.</p>
<p>Por una parte, se dispone que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concederá una ayuda, en régimen de concesión directa conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, para cubrir los costes adicionales derivados del incremento de los costes de producción de cada empresa pesquera y acuícola que hayan sido asumidos durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de julio de 2022, pudiendo ampliarse dicho plazo hasta diciembre de 2022, tanto para el sector de la pesca como para el de la acuicultura.</p>
<p>Además, como novedad con respecto de normas precedentes, el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, dispuso la creación de una línea de financiación que prevé la concesión de créditos bonificados, no reembolsables, que ahora se amplía expresamente a las actividades pesqueras.</p>
<p>Asimismo, en relación con la tasa portuaria de la pesca fresca, se establece una exención al armador del buque o embarcación pesquera, y su sustituto, en el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por vía marítima. Se establece la exención durante un periodo de seis meses, desde la entrada en vigor de la norma.</p>
<p>Por otro lado, teniendo presente que la exención de esta tasa tendría una desigual afectación en el sistema portuario de interés general, pues atendiendo a toneladas movidas en 2021, afectaría sobre todo a seis Autoridades Portuarias (Vigo, A Coruña, Avilés, Pasaia, Gijón y Bahía de Cádiz), se establece una medida para remediar en lo posible este desequilibrio financiero, a través de la preferencia de estos organismos portuarios en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario del año 2023.</p>
<p>En esa misma línea, y con carácter también temporal, se exime del canon de utilización de los bienes del dominio público a los establecimientos acuícolas de plataforma continental.</p>
<p>Por último, se regula la posibilidad de que las empresas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el mismo régimen, soliciten un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a junio de 2022, en unas condiciones más favorables que las contempladas con carácter general para la aplicación de dicha figura, atendiendo a las dificultades que atraviesa el sector marítimo-pesquero.</p>
<p>En cuanto a las medidas de ampliación de plazos y flexibilización del cumplimiento de obligaciones en el ámbito cinematográfico y de la propiedad industrial, se regula, por un lado, la ampliación de plazos para películas beneficiarias de ayudas en el período 2020 a 2022, cuyo rodaje esté previsto en Ucrania, Rusia y países limítrofes afectados por la guerra.</p>
<p>Dentro del sector cinematográfico y audiovisual, el dedicado a la producción cinematográfica posee una idiosincrasia que lo hace especialmente sensible a esta situación, teniendo en cuenta que el sistema de ayudas a la cinematografía está basado en una serie de hitos como son el inicio del rodaje, la calificación de las películas, la obtención de la nacionalidad, el estreno comercial de las películas en salas de cine y el reconocimiento del coste, que generan obligaciones de cumplimiento sucesivo, de modo que el eventual incumplimiento de alguna de ellas acarrea necesariamente el de las posteriores.</p>
<p>Por lo tanto, en la situación actual de conflicto, es necesario flexibilizar el cumplimiento de dichos requisitos para aquellos proyectos de películas que han obtenido ayudas y cuyo rodaje estaba previsto realizarse, ya fuera total o parcialmente, en Ucrania, Rusia o en países afectados por la guerra y que no puedan obtener los permisos necesarios para rodar; dando la oportunidad a las empresas afectadas por esta razón de fuerza mayor para que puedan cumplir de la mejor manera posible con sus obligaciones y, de este modo, evitar que se produzca una temible situación de incumplimientos en cadena.</p>
<p>Concretamente, se prevé una ampliación de los plazos para comunicar el inicio de rodaje y para solicitar la calificación y el certificado de nacionalidad que afectaría a los proyectos que hayan resultado beneficiarios de ayudas a la producción de largometrajes y de cortometrajes en los años 2020, 2021 y 2022, otorgados al amparo de la Orden CUD/582/2020, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y de cortometrajes y regula la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.</p>
<p>Asimismo, se considera necesario establecer para estos casos una medida excepcional que permita que, en los supuestos en que haya resultado imposible cumplir con los plazos previstos en la normativa, las productoras beneficiarias realicen la devolución voluntaria de la ayuda recibida sin que se les apliquen los intereses de demora que, de acuerdo con la normativa subvencional deberían calcularse, tal y como establece el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.</p>
<p>Por último, se plantea una medida que facilita la difusión y comercialización de las películas y otras obras audiovisuales de nacionalidad ucraniana, y que afecta al procedimiento para su calificación, que es un requisito previo para su exhibición y distribución en España.</p>
<p>El procedimiento de calificación que realiza el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales está regulado en el artículo 7 del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, y requiere, cuando la obra no es española, que la empresa solicitante aporte el certificado de nacionalidad de la obra expedido por el organismo oficial competente del país de producción o, en su defecto, documento acreditativo de la misma legalizado en dicho país.</p>
<p>Por lo tanto, y teniendo en cuenta la imposibilidad de acceder a dichos documentos, se flexibiliza el requisito y se permite que se aporte una declaración responsable de la empresa distribuidora o productora de nacionalidad española que solicite la calificación.</p>
<p>En la misma línea, con el objetivo de evitar o mitigar, en la medida de lo posible, que la situación de los solicitantes de títulos de propiedad industrial residentes o con sede social en Ucrania pudiese verse agravada como consecuencia de este conflicto bélico, se amplían los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos previstos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a excepción de los plazos relativos a procedimientos de oposiciones.</p>
<p>El título IV, por su parte, recoge diversas medidas de apoyo a trabajadores y colectivos vulnerables. Por lo que se refiere a las medidas de protección de las personas trabajadoras, la situación que en las empresas pueda causar la invasión de Ucrania o el aumento de los precios o costes energéticos, lleva consigo importantes distorsiones económicas.</p>
<p>Esta situación de carácter coyuntural y extraordinario debe ser atendida con los recursos disponibles en el ordenamiento laboral, en particular, los previstos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores; pero además y como ha puesto de manifiesto la experiencia de los expedientes ligados a la crisis de la COVID-19 también resulta necesario, para proteger el empleo de manera suficiente, establecer una serie de medidas complementarias y extraordinarias que garanticen su efecto útil que no es otro que evitar la destrucción del empleo y del tejido empresarial ante una situación que podría tener efectos económicos y sociales imprevisibles.</p>
<p>De manera que a la posibilidad de acudir a los expedientes de regulación temporal de empleo previstos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, y de aplicar, en su caso, las ventajas asociadas a estas medidas de flexibilidad en una situación que hace previsible su utilización significativa deben acompañarse medidas complementarias de cautela adicional que se entienden precisas para garantizar la necesaria protección social, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo.</p>
<p>Estas medidas son las siguientes:</p>
<p>a) Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.</p>
<p>b) Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.</p>
<p>También se prevé un incremento del importe del ingreso mínimo vital correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022 mediante la aplicación de un porcentaje del 15 % al importe reconocido en cada caso. La finalidad de esta medida es evitar que las personas perceptoras de esta prestación, que pertenecen a los colectivos más vulnerables en términos económicos y sociales, puedan verse más afectadas aún en su precaria situación por las consecuencias que la invasión de Ucrania por Rusia está generando en toda Europa. En efecto, en este contexto se ha producido un alza extraordinaria de los precios dentro de una coyuntura en la que el IPC estaba ya en máximos, por lo que urge adoptar medidas que amortigüen el impacto de esta subida en la población, y especialmente en los colectivos cuya situación es más complicada, como es el caso de los perceptores del ingreso mínimo vital.</p>
<p>Igualmente, respecto de los arrendamientos de vivienda se establece la limitación de la actualización de la renta. Teniendo en cuenta la evolución reciente del Índice de Precios al Consumo, se hace preciso adoptar medidas para evitar, en el marco de un mismo contrato, un excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda, al utilizar de referencia para actualizar anualmente la renta un índice cuya evolución obedece a elementos del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito de la vivienda, por lo que se considera necesario establecer una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulada en el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, desde la entrada en vigor de la norma hasta el 30 de junio de 2022, de forma que, en defecto de acuerdo entre las partes, no pueda superar la actualización de la renta el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que ofrece una evolución sujeta a una mayor estabilidad, en el contexto actual.</p>
<p>La modificación de esta referencia en la actualización de los contratos de arrendamiento de vivienda vigentes durante el periodo indicado responde a razones de urgencia y necesidad en un contexto en el que el Índice de Precios al Consumo ha alcanzado el pasado mes de febrero el 7,6 %, lo que constituye el valor máximo de los últimos 35 años, con lo que ha dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales de tales contratos.</p>
<p>Por otro lado, y dentro de las medidas de protección a colectivos vulnerables, a fin de permitir el acceso de las potenciales víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, incluidas las derivadas del desplazamiento de personas que huyen del conflicto armado en Ucrania, el real decreto-ley habilita la acreditación de estas situaciones mediante un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por entidades sociales debidamente reconocidas por las Administraciones Públicas competentes como especializadas en la materia.</p>
<p>De conformidad con el artículo 12 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 y ratificado por España en 2009 (Convenio de Varsovia), los Estados Parte deben adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asistir a las víctimas en su restablecimiento físico, psicológico y social y para que esta asistencia no quede supeditada a la voluntad de las víctimas de testificar.</p>
<p>La acreditación de estas situaciones previstas en el presente real decreto-ley tiene exclusivamente efectos socio-asistenciales, siendo compatible con la identificación formal de las victimas prevista en el artículo 10 del Convenio de Varsovia y que en España se regula en el artículo 141 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. Según el artículo 141 del Reglamento de extranjería la identificación de las víctimas de trata se realizará por las autoridades policiales con formación específica en la investigación de la trata de seres humanos y en la identificación de sus víctimas.</p>
<p>También se articulan medidas para facilitar a las personas de origen ucraniano solicitantes de nacionalidad española la cumplimentación de los trámites exigidos al efecto.</p>
<p>Y es que, dado el contexto de guerra en el que se encuentra Ucrania, resulta complicado que los actuales solicitantes, que se encuentran en territorio español, pueden procurarse su certificado de nacimiento o su certificado de antecedentes penales. De este modo, en consideración a las dificultades que por causa de la guerra experimentarán los solicitantes ucranianos para procurarse los certificados de nacimiento y antecedentes penales de su país de origen para incorporarlos a sus solicitudes en curso, o que presenten mientras dure el conflicto, éstos estarían exentos de aportar dicha documentación asimilándose así a los refugiados y apátridas reconocidos como tales por el Ministerio del Interior. Igualmente, estarán exentos de aportar esta documentación en los procedimientos que se tramiten en los registros civiles mientras dure el conflicto, sin perjuicio de la obligación de su aportación en el futuro. En ambos casos, se aportará una declaración responsable de la persona interesada en relación con los datos que acreditarían los certificados correspondientes.</p>
<p>Cabe destacar asimismo la regulación de un procedimiento específico para brindar una respuesta de protección a personas menores de edad que estén afectadas por una crisis humanitaria, que contempla la autorización de la residencia y la estancia temporal de los niños, las niñas y adolescentes afectados por crisis humanitarias con personas o familias que les acogen, en condiciones de seguridad para los y las menores de edad y el procedimiento a llevar a cabo por las entidades públicas correspondientes.</p>
<p>Finalmente, se contempla la concesión de subvenciones destinadas a la prevención, detección, atención y protección de víctimas de violencia contra las mujeres y de víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual en el marco de la crisis humanitaria; y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinado a financiar la atención de refugiados de Ucrania.</p>
<p>En otro orden, la parte final de la norma contempla 20 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y 43 disposiciones finales.</p>
<p>La disposición adicional primera actualiza los precios aplicables a los distintos segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico para el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2022.</p>
<p>Por su parte, la disposición adicional segunda prevé la revisión de los parámetros retributivos aplicables a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, como consecuencia de la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica en el segundo trimestre del año.</p>
<p>La disposición adicional tercera prorroga hasta el 30 de junio de 2022 las medidas de flexibilización de contratos de suministro de gas natural para proteger al sector industrial ante el incremento de precios. A estos efectos se contempla un número máximo de modificaciones permitidas de caudal y peajes de 3 y 1 respectivamente, desde el momento de entrada en vigor de esta disposición, hasta la fecha límite referida de aplicación de esta medida excepcional.</p>
<p>En la disposición adicional cuarta se establece, para el trienio 2023 a 2025, la obligación de los distribuidores de incluir en sus planes de inversión anuales actuaciones que incrementen la capacidad para acceso de nueva generación renovable y de autoconsumo.</p>
<p>La disposición adicional quinta estipula la prórroga de los descuentos aplicables al bono social de electricidad hasta el 30 de junio de 2022.</p>
<p>Mediante la disposición adicional sexta se prorroga en las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas natural correspondientes al 1 de abril de 2022 y 1 de julio de 2022 la contención del incremento máximo del 15% del coste de la materia prima imputado en esta tarifa, término Cn.</p>
<p>Esta medida fue aprobada en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad para las revisiones del 1 de octubre de 2021 y el 1 de enero de 2022, como medida urgente y excepcional de protección social destinada a amortiguar el impacto de la notable subida de cotizaciones internacionales del gas natural. Los incrementos de precios internacionales que han tenido lugar desde la aprobación de la medida, que han conducido a un máximo historio de 214,36 €/MWh en el precio de cierre del mercado MIBGAS el 7 de marzo, muy superior a los valores del mes de septiembre que condujeron a la aprobación del citado real decreto-ley, hacen urgente y necesario prolongar en el tiempo la aplicación de esta medida al objeto de evitar a los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso incrementos del precio de gas natural bruscos y repentinos.</p>
<p>A fin de maximizar la implantación de energías renovables en el corto plazo, en la disposición adicional séptima se establecen medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas aplicables a programas de ayudas establecidos en el ámbito de las energías renovables y cofinanciados con fondos FEDER correspondientes al período de programación 2014-2020.</p>
<p>Igualmente, en la disposición adicional octava, se regula el deber de las comercializadores de referencia de informar sobre el nuevo bono social y el plazo a partir del cual puede formalizarse la solicitud de acogimiento al mismo.</p>
<p>La disposición adicional novena prevé la adaptación normativa de las disposiciones relativas a la retribución de las actividades reguladas afectadas como consecuencia de la financiación en concepto de bono social y coste de suministro de los consumidores.</p>
<p>La disposición adicional décima dispone un plazo de un mes, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determine las cuantías a financiar en concepto de bono social y coste de suministro de los consumidores a que hace referencia los párrafos j) y k) del artículo 52.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.</p>
<p>La disposición adicional undécima contiene la autorización del Consejo de Ministro al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para la distribución entre las comunidades autónomas, conforme a lo señalado en el artículo 33, de 128.980.506,00 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.</p>
<p>La disposición adicional duodécima establece la necesidad de que las ayudas y medidas de apoyo recogidas en este real decreto-ley cumplan con la normativa de ayudas de Estado, y en caso de que resulte necesario, cuenten con la autorización expresa de la Comisión Europea.</p>
<p>La disposición adicional decimotercera declara la compatibilidad de las ayudas directas contempladas en este real decreto-ley con las que las Comunidades Autónomas o las entidades locales puedan otorgar en el ejercicio de sus competencias propias y en el ámbito del Marco Temporal de Ayudas de Estado para apoyar la economía como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania o de otra posible normativa de ayudas de Estado que puedan resultar de aplicación, y sin perjuicio del cumplimiento de las reglas de acumulación.</p>
<p>La disposición adicional decimocuarta aprueba un suplemento de crédito de 65 millones de euros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinado a financiar el programa de compensación de costes indirectos vinculado al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.</p>
<p>La disposición adicional decimoquinta, al objeto de financiar la ampliación de la cobertura del bono social térmico a los nuevos beneficiarios acogidos al bono social de electricidad, aprueba un suplemento de crédito de 75 millones de euros en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.</p>
<p>Asimismo, en la disposición adicional decimosexta se aprueba un suplemento de crédito por importe de 21.640.000 euros, destinado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para financiar la actividad de almacenamiento subterráneo en términos previstos en este real decreto-ley.</p>
<p>La disposición adicional decimoséptima prevé, igualmente, la concesión de un crédito extraordinario por importe de 10.310.000 euros, destinado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el fin de financiar la convocatoria de ayudas a transportistas autónomos por carretera.</p>
<p>La disposición adicional decimoctava establece que no resultarán de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a las transferencias de crédito que se tramiten y que se financien con los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados en este real decreto-ley.</p>
<p>La disposición adicional decimonovena regula la prestación de un servicio de atención telefónica a víctimas de discriminación recial o étnica por parte del Ministerio de Igualdad.</p>
<p>Y la disposición adicional vigésima contiene recoge medidas temporales de etiquetado para esta situación excepcional.</p>
<p>En primer lugar, se consideran cumplidas las obligaciones de información a las personas consumidoras establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión, mediante la utilización por parte de los operadores de empresas alimentarias de etiquetas o pegatinas adhesivas, impresión por chorro de tinta u otros sistemas equivalentes que recojan la información actualizada relativa a qué ingredientes se han utilizado para reemplazar los utilizados anteriormente, reportándose en todo caso la presencia de alérgenos.</p>
<p>En segundo lugar, se habilita la posibilidad de que los operadores de empresas alimentarias utilicen instrumentos complementarios (como códigos QR, páginas web o carteles en el establecimiento de venta) que complementen o mejoren la información actualizada en el etiquetado del envase del producto.</p>
<p>En tercer lugar, se garantiza que estas medidas temporales y excepcionales en ningún caso puedan inducir a error a las personas consumidoras, mediante previsiones que garanticen la legibilidad y accesibilidad de la información al consumidor, eviten la inclusión en el listado de ingredientes de aquellos no utilizados en la elaboración del alimento (por ejemplo, determinados aceites vegetales, como aceite de girasol, colza o soja) y anulen toda información o elemento gráfico que pueda inducir a error sobre la composición real del producto.</p>
<p>Finalmente, y para cumplir con el mandato de la Comisión Europea de que las decisiones se adopten «caso por caso», se habilita a la persona titular del Ministerio de Consumo para fijar las obligaciones específicas mediante Orden Ministerial en los supuestos previstos en dicha disposición.</p>
<p>Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, la primera de ellas establece la obligación del gestor de la red de transporte de electricidad de evaluar la capacidad de dicha red y remitir el informe correspondiente en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se apruebe la planificación de la red de transporte de energía eléctrica.</p>
<p>Como quiera que las altas cotizaciones internacionales del gas natural y el riesgo a la perdida de suministro inherente a la invasión de Ucrania por Rusia hacen urgente y necesaria una revisión de la normativa relacionada con el almacenamiento de gas natural, la disposición transitoria segunda regula el uso de los almacenamientos subterráneos básicos del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.</p>
<p>Concretamente, se aprueban medidas destinadas a incentivar el uso de los almacenamientos para el próximo ciclo anual de inyección-extracción que da comienzo el próximo 1 de abril, como es la aplicación de un canon de almacenamiento de 0 €/kWh/día/año al volumen almacenado equivalente a los 7,5 días de reservas mínimas operativas del usuario establecidos en el artículo 17, apartado 2, letra b, del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Igualmente, se introduce una rebaja del 100% en el precio de salida de la subasta de capacidad anual de almacenamiento para fomentar la utilización de su capacidad. En el caso de la subasta anual, como contraprestación ante el importante descuento ofrecido y para evitar el acaparamiento de la capacidad y que se acabe por no utilizar, la rebaja va acompañada de la obligación de llenar el 90% de la capacidad contratada el último día del mes de octubre.</p>
<p>La disposición transitoria tercera regula el modo de aplicación de las medidas de agilización de los procedimientos en trámite relativos a proyectos de energías renovables.</p>
<p>En lo que al bono social se refiere, la disposición transitoria cuarta establece el régimen aplicable a los consumidores que ya estuviesen acogidos al mismo a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.</p>
<p>La disposición transitoria quinta prevé el medio de acreditar los requisitos para ser beneficiario del bono social, en tanto la aplicación telemática que comprueba el cumplimiento de los mismos no se haya adaptado para realizar la comprobación automática de las personas que resulten beneficiarias del ingreso mínimo vital.</p>
<p>La disposición transitoria sexta establece los valores que se han de aplicar para la financiación del bono social y coste de suministro de los consumidores a que hace referencia los párrafos j) y k) del artículo 52.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.</p>
<p>La disposición transitoria séptima regula el régimen de obligaciones aplicable a las prestaciones de ingreso mínimo vital causadas desde el 1 de junio de 2020.</p>
<p>Y, por último, la disposición transitoria octava, prevé que las modificaciones operadas en el apartado tercero del artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, serán aplicables a las convocatorias de subvenciones vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.</p>
<p>La disposición derogatoria única determina la derogación de todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en este real decreto-ley.</p>
<p>En cuanto a las disposiciones finales, la primera de ellas prevé la modificación de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, para la adecuación del régimen aplicable a los suelos o terrenos contaminados radiológicamente.</p>
<p>Por medio de la disposición final segunda se introduce una disposición transitoria segunda en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, que permite a los ciudadanos presentar, en defecto de la documentación requerida, una declaración responsable que faculte el inicio y ordenación del expediente, así como la valoración de los estudios cursados a los efectos de la resolución final. Esta medida se adopta sin perjuicio de que previamente a la resolución que se acuerde deba aportarse de manera indubitada el elenco documental que permite que la misma sea ajustada a derecho.</p>
<p>La disposición final tercera introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 9 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para permitir que, ante circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que así aconsejen, los establecimientos comerciales puedan suspender con carácter temporal la prohibición prevista de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador.</p>
<p>La disposición final cuarta modifica el apartado 3 del artículo 55, el párrafo b) del apartado 2 del artículo 59, el artículo 78 y el artículo 110 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en materia de líneas directas y de suministro de gases renovables mediante canalizaciones aisladas. Introduce, asimismo, una letra d) en el artículo 103.1 y una disposición adicional trigésima octava, en la que se articulan los preceptos para el suministro de gases renovables mediante canalizaciones aisladas, entre los que se incluye el hidrógeno renovable. Entre los aspectos regulados se incluyen la consideración de actividad de interés general y su declaración de utilidad pública; el procedimiento aplicable para la autorización de las infraestructuras; el acceso negociado de terceros y la no aplicabilidad de retribución regulada y los derechos, obligaciones, infracciones, sanciones, y demás preceptos aplicables a los agentes de la cadena de suministro de los gases renovables.</p>
<p>En la disposición final quinta se contempla la modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con el objeto de regular el procedimiento para la autorización de las instalaciones de almacenamiento de electricidad.</p>
<p>La disposición final sexta incorpora el artículo 77 bis, los apartados 2 y 3 del artículo 122 y una disposición adicional decimoséptima al texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Igualmente, recoge la modificación del artículo 112.4. b) de dicho texto legal, en materia de utilización del dominio público hidráulico.</p>
<p>Ante la existencia de comercializadoras de gas natural que, dados los elevados precios y altas volatilidades, han interrumpido los suministros a una serie de museos, bibliotecas y archivos, la disposición final séptima, con el fin de garantizar así la protección de los bienes de interés cultural y de patrimonio histórico albergados en ellos, modifica el apartado 2 del artículo 60 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, pasando a tener los mismos la consideración de servicios esenciales.</p>
<p>La disposición final octava adiciona una disposición transitoria novena en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en relación con las personas beneficiarias del régimen de protección temporal para el supuesto de afluencia masiva de personas desplazadas. En virtud de esta modificación, se permite que no sea necesario el abono de la tasa con carácter previo al inicio del expediente, permitiendo su tramitación y su abono posterior.</p>
<p>La disposición final novena modifica el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolífero, para incrementar la obligación de mantenimiento de existencias que han de mantener los usuarios en los almacenamientos subterráneos, que pasa de 20 a 27,5 días de ventas o consumos del año anterior, ahondando en el refuerzo de la seguridad de suministro.</p>
<p>En la disposición final décima se prevé la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para introducir la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas respecto a las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo GWI9525, acaecido el 24 de marzo de 2015.</p>
<p>Considerándose necesario que los usuarios almacenen la mayor cantidad posible de gas con carácter voluntario, mediante la oferta del mayor volumen posible a través del procedimiento de subasta, la disposición final undécima modifica la Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece el mecanismo de asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad, reduciendo la capacidad de almacenamiento que se asigna de manera directa, que se limitará exclusivamente a la necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, es decir los 27,5 días de ventas o consumos. Se elimina, por tanto, la asignación directa de almacenamiento para 60 días de consumo de clientes con derecho a tarifa de último recurso y para 10 días de consumo firme.</p>
<p>La disposición final duodécima modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural. Una vez que la asignación directa irrenunciable del almacenamiento subterráneo (y por tanto contratada a precio de canon vigente) se ha reducido exclusivamente al almacenamiento necesario para el mantenimiento de 20 días de existencias mínimas de seguridad, se hace necesario y urgente modificar la fórmula empleada para imputar el coste real de almacenamiento tarifa de último recurso, de forma que la fórmula refleje el precio medio ponderado que resulte del procedimiento de asignación directa y de la subasta (distinto del canon vigente) por la parte que se debe contratar mediante este procedimiento.</p>
<p>La disposición final decimotercera establece la modificación del Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural, con el fin de atender la urgente necesidad que supone extender a los consumidores esenciales la obligación de suministro de los comercializadores de último recurso hasta que los mismos dispongan de un contrato de suministro con un comercializador.</p>
<p>La disposición final decimocuarta introduce un nuevo apartado en el artículo 7 y un nuevo artículo 13 bis en la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, para, por un lado, permitir la aplicabilidad de los tipos de interés regulados por el Acuerdo sobre Directrices en Materia de Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial de la OCDE (Consenso OCDE) a los instrumentos de financiación del Fondo de Internacionalización de la Empresa Española; y, por otro, habilitar la suscripción de protocolos financieros, que maximicen las probabilidades de adjudicación de proyectos a empresas españolas en otros mercados.</p>
<p>La disposición final decimoquinta modifica el artículo 8 de la Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, relativo a la devolución de cuotas por los suministros efectuados; habilitando la devolución mensual, en lugar de trimestral, del gasóleo profesional.</p>
<p>A través de la disposición final decimosexta se introduce en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una disposición adicional decimonovena, relativa a la priorización de expedientes de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.</p>
<p>La disposición final decimoséptima modifica el apartado 4.2.º del artículo 14, el apartado 4 del artículo 45, el apartado 15 del artículo 66, el primer párrafo de la disposición adicional decimoquinta y la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, e incluye un nuevo párrafo al final del artículo 46.1. l), relativo al deber de los comercializadores de remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información correspondiente a la facturación y contratación de consumidores de manera individualizada de los consumidores de energía eléctrica.</p>
<p>La disposición final decimoctava modifica los apartados 1 y 3 del artículo 22 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.</p>
<p>La disposición final decimonovena establece la modificación de los artículos 20 y 24 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.</p>
<p>La disposición final vigésima modifica el artículo 8 del Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon de utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, relativo al cálculo del expresado canon.</p>
<p>Por medio de la disposición final vigésima primera se añade un apartado 5 al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla la posibilidad de ampliación de los plazos de los procedimientos administrativos en caso de un ciberincidente. Ello supone para las diferentes administraciones públicas un elemento de refuerzo de adicional respecto de la ampliación de plazos ya prevista en el apartado 4, tanto porque el presupuesto de hecho de esta son meras incidencias técnicas y no un ciberataque grave y porque se plantea ahora una ampliación de plazos con carácter general para todos aquellos procedimientos soportados desde los sistemas o servicios atacados y no un acuerdo de ampliación de plazos procedimiento a procedimiento</p>
<p>En virtud de la disposición final vigésima segunda se añade una disposición adicional trigésima y se modifica el artículo 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, referido a las técnicas de colaboración, con la finalidad de establecer un modelo seguro de gestión transparente de la información que permita el libre y ágil acceso a la información pública y privada para facilitar el desarrollo de servicios digitales de alto valor añadido orientados al ciudadano y así promover y facilitar la creación de repositorios de datos accesibles que faciliten la creación de servicios de valor añadido basados en datos de los sectores públicos y potencialmente en los privados, mediante la creación de una plataforma transversal de datos compartidos entre empresas y la Administración, y entre Administraciones.</p>
<p>La disposición final vigésima tercera establece la modificación del artículo 3, el apartado 2 del artículo 8, el apartado 6 del artículo 9, el artículo 10, la disposición adicional segunda y el apartado 2 del anexo I del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Asimismo, como consecuencia de los fallos de las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2022 y concordantes, se incorpora a dicho texto legal un capítulo IV, con la denominación de «Financiación del coste del suministro de electricidad del consumidor en riesgo de exclusión social», conformado por el artículo 12; el capítulo V, bajo la rúbrica de «Mecanismo de financiación del bono social y del coste del suministro de electricidad del consumidor en riesgo de exclusión social», integrado por los artículos 12 a 17, ambos inclusive; y una disposición adicional cuarta, sobre las referencias a la unidad de convivencia en dicho real decreto.</p>
<p>La disposición final vigésima cuarta dispone la modificación de los apartados 6 y 7 del artículo 2, el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 6 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. E, igualmente, añade un apartado 4 al artículo 6, relativo a la actuación del COR, y un anexo I, en el que se contiene la solicitud del bono social.</p>
<p>La disposición final vigésima quinta modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información e introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 16 de dicho real decreto-ley. Y ello como mecanismo de refuerzo de la seguridad de las redes y sistemas de información. El artículo 16, dentro del Título IV de dicho real decreto-ley, que regula las obligaciones de seguridad, prevé específicamente las obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales. La introducción de un nuevo apartado 7 en dicho artículo tienen como finalidad habilitar a los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales que no siendo operadores críticos se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que utilizan servicios ofrecidos por proveedores de servicios digitales, en particular servicios de computación en nube, para que puedan exigir a los proveedores de tales servicios medidas de seguridad adicionales, más estrictas que las que dichos proveedores han adoptado en cumplimiento de la legislación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información. En particular, las citadas medidas podrán ser exigidas mediante obligaciones contractuales, previo informe preceptivo y vinculante del Centro Criptológico Nacional.</p>
<p>Por último, por razones de seguridad jurídica y organizativas se modifica el artículo 9, también del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, que concreta las autoridades competentes en materia de seguridad de las redes y sistemas de información, para atribuir dicha condición sobre los proveedores de servicios digitales a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ajustando la antigua denominación orgánica a la estructura ministerial vigente</p>
<p>La disposición final vigésima sexta estipula la modificación del apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, y añade un nuevo epígrafe c) al artículo 3, relativo a la consideración de las víctimas de trata o de explotación como personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. Con ello se pretende reforzar la protección de este colectivo.</p>
<p>La disposición final vigésima séptima modifica la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Esta disposición adicional séptima persigue facilitar la protección del colectivo de autores y artistas que no reúnen los requisitos para acceder a un subsidio de desempleo, o a una pensión de jubilación. En este contexto, que ha sido agravado por las consecuencias provocadas en los diferentes ámbitos por el conflicto de Ucrania, los fondos asistenciales puestos en marcha desde hace décadas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para sus socios más necesitados son instrumentos fundamentales; debiendo atribuirse temporalmente a la asamblea general la facultad de incrementar los recursos destinados a la realización de actividades asistenciales, para garantizar su eficacia en beneficio de sus miembros más vulnerables.</p>
<p>Debe extenderse en el tiempo la aplicación temporal de esta norma especial adoptada con motivo del COVID-19 a cuatro años toda vez que los efectos sociales de la pandemia han resultado demoledores en amplios sectores de la cultura, particularmente por la reducción de trabajo y actividad generado por las medidas –de confinamiento, primero, y de cierres de actividad o limitaciones de horarios y aforos, después– y van a verse agravados por las consecuencias provocadas en los diferentes ámbitos por el conflicto de Ucrania.</p>
<p>La proximidad del vencimiento del plazo de dos años de aplicación inicialmente previsto en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, y la necesidad de mantener un apoyo de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual a los titulares de los derechos, mediante actividades sociales y de formación y promoción, imponen la necesidad de prolongar en el tiempo la aplicación de estas medidas, por dos años más, resultando cuatro en total</p>
<p>La disposición final vigésima octava adiciona un apartado 3 al artículo 5 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, por el que se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias a los entes u órganos mandatados o encargados de la gestión de los avales sobre estos extremos.</p>
<p>La disposición final vigésima novena modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, al incluir un cuarto párrafo al apartado 4 del artículo 1, por el que se realiza una autorización similar a la descrita en la disposición anterior.</p>
<p>A su vez, la disposición final trigésima introduce una modificación sobre el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, con el fin de permitir no realizar los concursos de capacidad previstos en el artículo 20 de dicho real decreto por toda la capacidad liberada, sino que se pueda concursar parte de los nudos para autoconsumo e I+D+i y, además, se pueda procurar una instalación ordenada de generación renovable, cuando la potencia reservada supere los 10 GW.</p>
<p>La disposición final trigésima primera modifica el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de añadir un apartado 5 al artículo 2, un apartado 2 al artículo 58, un apartado 3 al artículo 68 y una disposición adicional séptima. Esta última disposición adicional tiene por objeto reformar la gestión presupuestaria de las entidades locales de manera que se agilicen algunas modificaciones presupuestarias, las transferencias de crédito, la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito o se permita a las entidades locales que directamente y sin autorización del Pleno, puedan tramitar gastos plurianuales, siempre que el objeto de todas estas actuaciones sean los proyectos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Igualmente, se modifican el apartado 1 del artículo 43, sobre flexibilización del calendario de cierre de ejercicio, el artículo 49, sobre autorización para contratar y el apartado 2 del artículo 68, sobre el régimen especial de los consorcios para la ejecución del expresado Plan.</p>
<p>En la disposición final trigésima segunda se modifican los artículos 5 y 7 Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, relativos al objeto de las medidas contenidas en dicho real decreto-ley y a la extensión de los plazos de vencimiento y de carencia o suspensión temporal del pago de cuotas de amortización del principal de las operaciones de financiación que han recibido aval público, respectivamente. Por un lado, se elimina el requisito de que los beneficiarios de las medidas experimenten una caída significativa de sus ingresos derivada de la pandemia de la COVID-19. De esta manera se permite ampliar el universo de deudores con acceso a las medidas del Código de Buenas Prácticas. En particular, la eliminación de este requisito facilita el acceso a la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos avalados a aquellas empresas que, sin haber experimentado una caída significativa de ingresos con ocasión del COVID-19, se enfrentan ahora a problemas de liquidez por su especial exposición al aumento de costes derivado de las tensiones en los precios de la energía y de otras materias primas.</p>
<p>Por otro lado, se da cabida expresamente en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, a que el Código de Buenas Prácticas pueda determinar los sectores, casos y condiciones en que podrá proceder una suspensión temporal de las cuotas por amortización del principal, bien mediante una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.</p>
<p>La disposición final trigésima tercera modifica el artículo 7 de la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que contempla el régimen aplicable a los remanentes no comprometidos afectados al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Y ello para exceptuar, en determinadas circunstancias, la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes no comprometidos resultantes al final del ejercicio.</p>
<p>La disposición final trigésima cuarta modifica el artículo 4, el artículo 7, el artículo 9, la disposición adicional octava y el anexo II del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Mediante esta modificación, se extiende hasta el 30 de junio de 2022 la minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica de las instalaciones de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero, en una cuantía proporcional al mayor ingreso obtenido por estas instalaciones como consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales. A su vez, se adapta la regulación del mecanismo a lo establecido en el Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión Europea de 8 de marzo de 2022, mejorando su eficacia.</p>
<p>Por otro lado, en la disposición final trigésima quinta se recoge la modificación del apartado 1 del artículo 17 y el artículo 36 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. Además, contiene la adición de una disposición adicional undécima relativa a la remisión de la identificación de los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas para su inscripción, de oficio, como demandantes de empleo.</p>
<p>La disposición final trigésima sexta contempla la modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, dándose una nueva redacción al apartado 1 de la disposición adicional primera, sobre Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, y a la disposición adicional segunda, relativa a la determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica durante el ejercicio 2022.</p>
<p>Mediante la disposición final trigésima séptima se modifican el apartado 1 del artículo 6, el apartado 1 del artículo 7, los apartados a) y b) del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Y se incorpora al referido texto legal un apartado 4 en el artículo 6, al objeto de establecer que lo previsto en dicho precepto no será aplicable a las entidades del sector público que operen en sectores regulados cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los último 9 meses. Mediante esta modificación se amplía el ámbito de aplicación de la revisión a los contratos a los que se reconoce la revisión excepcional de precios, incluyendo, a los que estén en licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor de este real decreto-ley, a los que el anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, así como a los que el anuncio de licitación se publique en la plataforma de contratos del sector público en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares establezca una fórmula de revisión de precios. Además, se modifica el reconocimiento de la revisión excepcional cuanto tenga un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante su vigencia y hasta su finalización, esto es una vez formalizada el acta de recepción y emitida la correspondiente certificación final; y se modifican los criterios de cálculo para aplicar la revisión de precios desde el 1 de enero de 2021 o desde la primera certificación si ésta fuera posterior, y el procedimiento para ampliar el ámbito temporal en el que el contratista puede presentar la revisión excepcional.</p>
<p>La disposición final trigésima octava modifica, en los términos ya expuestos, el artículo 2 y los apartados 1, 2 y 4 del artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.</p>
<p>Mediante la disposición final trigésima novena se establece la salvaguarda de rango de diversas disposiciones reglamentarias modificadas por el presente real decreto-ley.</p>
<p>La disposición final cuadragésima contempla los títulos competenciales de la Constitución Española que amparan al Estado para aprobar las distintas medidas recogidas en este real decreto-ley.</p>
<p>La disposición final cuadragésima primera habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en el presente real decreto-ley.</p>
<p>La disposición final cuadragésima segunda identifica las normas de derecho de la Unión Europea incorporadas al derecho español mediante este real decreto-ley.</p>
<p>Y finalmente, la disposición final cuadragésima tercera establece la entrada en vigor de esta norma.</p>
<p>IV</p>
<p>El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.</p>
<p>El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.</p>
<p>Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).</p>
<p>En relación con las medidas a adoptar en el ámbito energético, como se ha expuesto anteriormente el elevado precio de la energía eléctrica y de otros productos energéticos, y su mantenimiento en el tiempo, supone una situación de extraordinaria y urgente necesidad, que hace imprescindible la adopción de medidas urgentes dirigidas a reducir el precio final de la energía, mediante la reducción tanto de los precios de la energía en el mercado mayorista como de los costes regulados del sistema; así como mediante la articulación de otro tipo de medidas de implementación inmediata, como la concesión de ayudas o bonificaciones. Para adoptar estas medidas, es necesaria la aprobación de una norma con rango legal, tanto en lo que se refiere al mecanismo de ajuste del coste de las centrales fósiles como a las actualizaciones previstas antes del periodo y semiperiodo regulatorio, ya que se establecen en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por lo que queda justificada la utilización del real decreto-ley. Además, en el caso de las ayudas y bonificaciones del precio de determinados productos energéticos, es necesario asegurar su puesta en funcionamiento a la mayor brevedad, por lo que también es imprescindible acudir a este instrumento.</p>
<p>En relación con la medida contenida en el artículo 14, como se ha expuesto anteriormente el elevado precio de la energía eléctrica y su mantenimiento en el tiempo, hace imprescindible la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgentes dirigidas a reducir el precio final de la energía, mediante la reducción de los costes regulados del sistema. Para adoptar estas medidas, es necesaria la aprobación de una norma con rango legal, ya que las actualizaciones previstas antes del periodo y semiperiodo regulatorio se establecen en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por lo que queda justificada la utilización del real decreto-ley.</p>
<p>En relación con el mecanismo de apoyo a la competitividad de la industria electrointensiva, debe insistirse en el incremento desorbitado del precio de la electricidad en los mercados mayoristas, que trae causa del incremento de la cotización de los derechos de emisión de CO2 y del gas natural, y que acaba trasladándose a los precios minoristas, en algunos casos de forma inmediata, y en otros de manera más diferida (dependiendo del grado de indexación de los contratos minoristas a la evolución del <em>pool </em>mayorista), pero en cualquier caso acaba teniendo unos impactos evidentes en el conjunto de la sociedad y en el tejido empresarial, como vienen poniendo de manifiesto las últimas actualizaciones del índice de precios al consumo, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo para los consumidores domésticos y una pérdida de competitividad para la industria y el sector servicios.</p>
<p>En relación con la industria, el alto precio de los combustibles, incluida la electricidad, ha obligado a algunos sectores a reducir su producción, incapaces de asumir los altos costes de producción asociados a los productos energéticos. La situación descrita justifica la adopción, de manera urgente e inmediata, de medidas que contribuyan a garantizar la competitividad de la industria electrointensiva, toda vez que la situación de precios anteriormente descrita parece arrojar, cuanto menos, un escenario marcado por una alta volatilidad de los precios de la electricidad.</p>
<p>También se regula en este real decreto-ley un nuevo mecanismo de financiación del bono social eléctrico.</p>
<p>La escalada de los precios energéticos incide de forma particularmente aguda en aquellos colectivos con mayores dificultades para asumir los costes energéticos asociados a su actividad doméstica, agravando la situación de pobreza energética. Para afrontar con carácter inmediato esta situación, además de prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 los descuentos del bono social de electricidad establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, resulta necesario adoptar medidas complementarias que amplíen la protección a los consumidores vulnerables, incorporando al sistema a nuevos beneficiarios, agilizando el reconocimiento para aquellos perceptores de prestaciones cuyo otorgamiento se encuentre vinculado de antemano a niveles de renta bajos, y facilitando y agilizando el proceso de solicitud del bono social para el conjunto de consumidores vulnerables. Concretamente, se sustituye el concepto de unidad familiar por el de unidad de convivencia, en línea con la evolución normativa experimentada en la legislación de protección social y se incorpora a los perceptores del ingreso mínimo vital, que podrán acogerse al bono social eléctrico de forma mucho más sencilla.</p>
<p>A este respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el régimen de financiación del bono social y del coste del suministro de electricidad del consumidor en riesgo de exclusión social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. También ha declarado inaplicables y nulos los artículos relativos al mecanismo de financiación y del coste del suministro de electricidad del consumidor en riesgo de exclusión social del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que desarrollan lo dispuesto en el artículo 45.4 de la citada ley.</p>
<p>El pronunciamiento del Tribunal Supremo no afecta, sin embargo, a la aplicación del descuento por el bono social en la factura de determinados consumidores vulnerables, que continúa prestándose por los comercializadores de referencia y siendo asumido por ellos.</p>
<p>Ante situación extraordinaria de vacío normativo y, con el fin de garantizar la seguridad jurídica para todas las empresas que operan en el sector eléctrico, resulta necesario que de manera urgente se dé cumplimiento a la ejecución de las citadas sentencias del Tribunal Supremo y se regule de forma urgente el nuevo esquema de financiación del bono social y del coste del coste del suministro de electricidad del consumidor en riesgo de exclusión social. Esta urgente necesidad habilita el empleo del real decreto-ley que establezca esta regulación y se pueda seguir aplicando el bono social.</p>
<p>Además, el real decreto-ley incorpora distintas medidas encaminadas al otorgamiento de los permisos de acceso y conexión: La introducción de estas medidas resultan de extraordinaria y urgente necesidad ya que en un contexto como el actual se debe de disminuir la dependencia energética del exterior y a su vez unos menores precios energéticos para los consumidores.</p>
<p>La primera de las medidas libera parte de la capacidad de la red de transporte reservada para la realización de concursos de acceso con el objetivo de dar un mayor impulso al despliegue del autoconsumo asociado a nueva generación de energía eléctrica de origen renovable en grandes consumidores, permitiendo así lograr unos menores costes energéticos y reforzar la competitividad de la industria implantada en España y su descarbonización. La no adopción de esta medida podría conducir a retrasos en el otorgamiento de los permisos de acceso necesarios para realizar estos proyectos de autoconsumo, lo que abocaría a las empresas al abandono de éstos frente a otras opciones más caras en el suministro, además de ambiental y socialmente menos beneficiosas. En este mismo ámbito y con respecto al pequeño autoconsumo y otra generación de menor tamaño, se introduce una medida que obliga a las empresas distribuidoras a que parte de sus inversiones se destinen a incrementar la capacidad de las redes de distribución de energía eléctrica para permitir el acceso de nuevas instalaciones de generación de electricidad.</p>
<p>Por otra parte, la urgencia de las modificaciones introducidas en relación con la convocatoria de concursos de capacidad de acceso se justifica por la necesidad de asegurar un desarrollo continuo y ordenado de las instalaciones de generación de origen renovable en un momento, como el actual, en el que existe una elevada capacidad reservada para concurso y donde se cuenta con un importante contingente de instalaciones de generación en tramitación que ya disponen de permisos de acceso otorgados. De esta manera se pretende contribuir a evitar comportamientos especulativos que vayan en contra de todas las medidas adoptadas hasta el momento dado el elevado perjuicio de los mismos para la consecución de los objetivos de política energética en relación con la integración de nueva generación renovable.</p>
<p>También el real decreto-ley realiza pequeñas modificaciones normativas que permiten dar cobertura jurídica a las instalaciones de almacenamiento en lo relativo a los procedimientos de autorización e inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, especialmente a aquellas no hibridadas asimilándolas a instalaciones de producción. La extraordinaria y urgente necesidad proviene del impulso que este tipo de instalaciones ha tenido en los últimos meses tanto por la evolución de la tecnología y el mercado, como por el impulso de las actuaciones llevadas a cabo mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La no adopción de esta medida con carácter inmediato supondría un limbo legal que podría bloquear la implantación de este tipo de instalaciones.</p>
<p>Por lo que respecta a la medida relativa a las plantas de regasificación, junto con las líneas de conducción de gas natural, ubicadas en el archipiélago canario, la extraordinaria y urgente necesidad de la misma viene motivada por la necesidad de renovar el parque de generación de energía eléctrica gestionable por otro más moderno y con menores emisiones en dichos territorios. Puesto que una de las opciones sería mediante la generación eléctrica empleando gas natural como combustible de transición en tanto evoluciona la generación eléctrica a partir de hidrógeno verde y aumenta la implantación de almacenamiento a gran escala, resulta necesario flexibilizar el régimen de autorizaciones de estas instalaciones, en tanto no serían consideradas elementos del sistema gasista. En este sentido este cambio resulta necesario para culminar la tramitación de una propuesta de orden ministerial que establece un marco regulatorio para el empleo del gas natural en la generación de electricidad en Canarias y Melilla, así como que pueda considerarse este combustible en grupos de generación que participen dentro del procedimiento competitivo previsto para la renovación del parque generador gestionable.</p>
<p>Además, por medio de este real decreto-ley se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, se mantienen hasta dicha fecha los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto especial sobre la electricidad, y asimismo se prorrogan los descuentos del bono social del 60 y 70 por ciento para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, así como el mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales regulado en el título III del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. En tanto que las circunstancias coyunturales que motivaron la articulación de estas medidas se mantienen –o, en algunos casos, incluso se han agravado–, se justifica la prórroga de dichas medidas hasta la fecha mencionada.</p>
<p>En el caso de la minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales, además de la prórroga de su vigencia, se realizan algunas modificaciones en su diseño tendentes a mejorar su eficacia y para adaptarlo al contenido del Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión Europea de 8 de marzo de 2021, REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible.</p>
<p>Entre ellas, destaca la modificación de la regla de exención del mecanismo de la energía contratada o cubierta a plazo a precio fijo, de tal forma que a partir de ahora sólo quedará exenta aquella energía a plazo con precio fijo que tenga un precio de cobertura inferior a los 67€/MWh, correspondientes a unas circunstancias de mercado equivalentes a las empleadas para el cálculo de la minoración de la energía expuesta al mercado diario.</p>
<p>En el caso de que el precio de las coberturas a plazo sea superior a dicho valor, la minoración operará sobre la diferencia entre ambos, con la aplicación del factor alpha correspondiente. De este modo, la minoración de esta energía cubierta a plazo se hace plenamente coherente con la aplicable a la energía vendida en el mercado diario, extrayéndose solo el exceso de retribución efectivamente percibido por el productor.</p>
<p>También se introduce una previsión relativa a las coberturas que se puedan constituir intra-grupo entre las empresas de generación y comercialización pertenecientes a grupos verticalmente integrados, en cuyo caso se tendrá en cuenta el precio final repercutido al consumidor por la comercializadora del grupo, ya que dicho precio puede ser el que refleje el beneficio extraordinario y el que actúe de facto como cobertura natural para la generación.</p>
<p>Por otro lado, la disposición final decimoséptima de este real decreto-ley modifica la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de forma que mediante el real decreto que establece el marco general del banco de pruebas regulatorio se pueda contemplar la regulación del régimen de responsabilidad de los distintos actores que intervienen en el banco de pruebas y el régimen de garantías necesarias para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse. Asimismo se considera necesario poder exonerar a la Administración de la obligación de resarcir al promotor por las pérdidas patrimoniales que pudieran derivarse de su participación en el banco de pruebas y exonerarla igualmente de tener que responder ante terceros por los daños que el promotor pudiera causar durante la ejecución de las pruebas o como consecuencia de éstas.</p>
<p>En caso de no incluir esta modificación en la Ley del Sector Eléctrico, la responsabilidad de la Administración ante cualquier daño sufrido por los promotores, participantes u otros posibles perjudicados, podría ser invocada mediante la de aplicación el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: «1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley».</p>
<p>La urgencia de modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el sentido propuesto queda justificada por la importancia de fomentar la innovación regulatoria en el ámbito del sector eléctrico con el fin de facilitar la adaptación del marco normativo a nuevas necesidades. Este impulso a la innovación regulatoria es imprescindible para alcanzar los objetivos de energía y clima que recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de España para 2030, así como para avanzar en la transposición de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE.</p>
<p>Asimismo, la premura en aplicar la modificación que se propone para poder establecer el adecuado marco del banco de pruebas regulatorio viene marcada por el ineludible compromiso de cumplir el hito 124 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que exige la adopción del citado real decreto a más tardar el 30 de junio de 2022.</p>
<p>Por lo que se refiere a las medidas en materia de transportes, las empresas de este ámbito se están viendo afectadas por el alza de los precios del combustible que repercute de manera directa en sus costes de explotación, lo que está comprometiendo la viabilidad económica de este sector a corto plazo y ello determina la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las medidas recogidas en el presente real decreto-ley con la finalidad de apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector.</p>
<p>Además, teniendo en cuenta las limitaciones temporales que afectan a los marinos ucranianos, es necesario adoptar medidas urgentes para que puedan permanecer embarcados en buques mercantes de bandera española, si esta es su opción elegida, sin tener que retornar a Ucrania o solicitar el estatus de refugiado.</p>
<p>Por lo que se refiere a las medidas de apoyo al tejido económico y empresarial, la situación que afronta nuestro país por los efectos económicos de la invasión de Ucrania, especialmente en lo que se refiere al incremento de los precios de la energía, determina la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas con la finalidad de evitar daños permanentes a la estructura productiva. Así, aunque el intenso choque de oferta que se ha generado afecta a la economía en general, afecta aún más intensamente a aquellas empresas más expuestas al incremento de los precios de la energía o de otras materias primas cuya oferta se ha restringido. Por esa razón, es necesario reforzar la liquidez de las empresas, y por ello se modifica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, para facilitar el acceso de los deudores con operaciones avaladas en el marco de las líneas COVID a las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en dicho Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. Asimismo, se instrumenta una nueva línea de avales dirigida a paliar los efectos que sobre la liquidez de las empresas pueda tener el incremento de los precios de la energía.</p>
<p>La situación que afronta nuestro país por los efectos económicos de la invasión de Ucrania, especialmente en lo que se refiere al incremento de los precios de la energía, determina la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas con la finalidad de evitar daños permanentes a la estructura productiva. Así, el intenso choque de oferta que se ha generado supone un riesgo para la recuperación en marcha, afectando a la economía en general, pero también y más intensamente a aquellas empresas más expuestas al incremento de los precios de la energía o de otras materias primas cuya oferta se ha restringido. Por esa razón, este real decreto-ley modifica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, para facilitar el acceso de los deudores con operaciones avaladas en el marco de las líneas COVID a las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, e instrumenta una nueva línea de avales dirigida a paliar los efectos que sobre la liquidez de las empresas pueda tener el incremento de los precios de la energía.</p>
<p>Por su parte, el paquete normativo en materia agraria y pesquera que se acomete ahora constituye un conjunto sistemático de medidas coordinadas que hace frente a las situaciones descritas desde diferentes perspectivas, compartiendo un objetivo común: dotar de apoyo al sector para hacer frente las necesidades acuciantes detectadas tanto desde una política de fomento como en el tratamiento fiscal de determinadas actividades o las condiciones de actividad en el sector.</p>
<p>Las medidas no pueden demorarse puesto que los perjuicios a que se podría someter el correcto funcionamiento del mercado y el conjunto de la economía serían incalculables. Del mismo modo, la seguridad jurídica exige una pronta solución a estas circunstancias, dado que han de adicionarse medidas al ordenamiento sin demora, tanto por motivos coyunturales como estructurales, derivadas de circunstancias ambientales crecientemente extremas, crisis agudizadas en el comercio internacional y alteración secuencial de los elementos constitutivos de la actividad que han venido en eclosionar con ocasión de la invasión de Ucrania. Las pérdidas de rentabilidad comprometen a corto plazo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias y ganaderas, así como de las empresas y autónomos de los sectores pesquero y acuícola, pudiendo generar desde pérdidas de producción hasta la extinción de explotaciones, efectos susceptibles de producir consecuencias negativas tanto en la estabilidad de los suministros alimentarios como en el empleo y la renta de las personas que desarrollan su actividad profesional en los sectores afectados.</p>
<p>Dichas circunstancias obligan a adoptar medidas excepcionales y urgentes. En primer lugar, se articulan por medio de este real decreto-ley una batería de medidas de apoyo al sector, con el fin de paliar en la medida de lo posible la gravísima situación en que se encuentran, y en atención a la importancia de los mismos como provisores de bienes públicos, tales como la seguridad alimentaria nacional, la fijación de población en el territorio, el reequilibrio entre las diferentes partes de España o la oferta de oportunidades vitales para todos. No en vano, el artículo 130.1 de la Constitución recoge que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles», mandato que constituye una manifestación más del Estado Social y Democrático de Derecho (artículo 1.1) y es reflejo de una de las funciones básicas de éste, la función promocional (artículo 9.2) para equiparar el nivel de vida de todos los españoles, sin olvidar el principio de solidaridad que proclama el artículo 2, conforme al cual el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Es, por consiguiente, imperioso que los Poderes públicos atiendan a estas necesidades acuciantes en el sector para asegurar su viabilidad y sostenibilidad, ayudando a su mantenimiento en esta coyuntura tan delicada. Por ese motivo, no es susceptible de aprobarse un paquete de medidas de tal impacto y envergadura con la urgencia requerida si no es por medio de un real decreto-ley. En algunos casos, por cuanto se trata además de ayudas fundadas en el artículo 22.2 b) de la Ley General de Subvenciones, que por su propia naturaleza requieren de una norma con rango de ley para poder acordarse. Así ocurre con las ayudas de Estado por el incremento de los costes de los productores de leche dada la invasión de Ucrania y con las ayudas de Estado a los buques y empresas pesqueras. En otros supuestos, se requiere de la celeridad e inmediatez que sólo una norma como la presente permite ofrecer, tales como las ayudas a otros sectores agrarios en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Comisión, por el que se establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios, que permiten establecer el marco mínimo y el soporte para la aplicación efectiva de una medida de crisis específica que se caracteriza, precisamente, por su excepcionalidad y necesaria inmediatez pues responde a la lucha contra las perturbaciones de mercado y que se acuerda como consecuencia de lo dispuesto en sede europea en virtud del artículo 219 del Reglamento (UE) N.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. Otro tanto ocurre en el sector de la pesca y la acuicultura, en el que se recogen las medidas excepcionales acordadas en el marco del FEMPA: tanto las Medidas de financiación de los costes adicionales derivados del incremento de los costes de producción en pesca como las Medidas de financiación de los costes adicionales derivados del incremento de los costes de producción en acuicultura concretan para el Reino de España las habilitaciones adoptadas por los servicios comunitarios en el marco del artículo 26.2 del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, lo que refleja su naturaleza excepcional y de máxima urgencia. Una demora en cualquiera de estos sistemas de apoyo al sector supondría desbaratar la efectividad de dichas medidas y por lo tanto ha de recurrirse al mecanismo más urgente e inmediato para lograr sus fines, lo que se ve complementado con un diseño centrado en la rapidez y agilidad en la prestación de las ayudas y la canalización de los fondos de modo oportuno y lo más automático posible.</p>
<p>Como complemento, en materia de Seguridad Social, para evitar situaciones de desprotección de los trabajadores como consecuencia de la disminución de la actividad y de las tensiones de tesorería detectadas, se adoptan medidas concretas e inmediatas en materia de cotizaciones que permitan diferir el pago de determinados conceptos para dar un apoyo inmediato al cumplimiento de tales obligaciones. Por ese motivo, se acuerda que las empresas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el mismo régimen, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, puedan solicitar un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta. Además, se extiende este mismo mecanismo, ya presente para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que ya estaba presente, aunque con menor amplitud temporal, en el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.</p>
<p>Debe destacarse que, en particular, las cuestiones tributarias que se contienen en este real decreto-ley preservan adecuadamente las garantías constitucionales en la relación entre el principio de legalidad tributaria y el límite a la facultad de dictar decretos-leyes susceptibles de afectar al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos, ya que no incide en los elementos esenciales del tributo ni en la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario. En este sentido, el Tribunal Constitucional [SSTC 35/2017, de 1 de marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9) 111/1983] sostiene que el sometimiento de la materia tributaria al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene carácter relativo y no absoluto, por lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la imposibilidad mediante dicho instrumento de alteración del régimen general o de los elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo.</p>
<p>Las medidas contienen modificaciones concretas y puntuales que no suponen afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, de 8 de junio, (FJ 2), «A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, es «al examen de si ha existido «afectación» por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5). No se modifica con las medidas adoptadas en materia de tasa portuaria de la pesca fresca y del canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico para de instalaciones de acuicultura continental, que se eximen temporalmente como medida coyuntural y concreta de apoyo al sector pesquero y acuícola, ni la obligación general de contribución, que persiste, ni los elementos esenciales del tributo, pues son medidas que afectan a aspectos concretos del detalle tributario, por lo que, dada su limitada innovación cuantitativa, no se altera la posición del obligado tributario de modo sensible, sino en aspectos específicos, lo que permite asegurar la salvaguarda de los límites de esta figura constitucional, no afectando por ello al núcleo esencial del concepto vedado al real decreto-ley.</p>
<p>En cuanto a las medidas de apoyo a los trabajadores y colectivos vulnerables, la situación que en las empresas pueda causar la invasión de Ucrania o el aumento de los precios o costes energéticos, exige adoptar medidas inmediatas de protección. Igualmente, ese incremento de los precios puede provocar que los sectores más vulnerables en términos económicos y sociales, puedan verse más afectadas aún en su precaria situación, lo que justifica las modificaciones e incremento del ingreso mínimo vital.</p>
<p>En materia de vivienda, las razones de urgencia que justifican la medida relativa a la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, derivan del hecho de que el Índice de Precios al Consumo ha alcanzado el pasado mes de febrero el 7,6 %, lo que constituye el valor máximo de los últimos 35 años, con lo que ha dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento de vivienda, y ello exige adoptar medidas con carácter urgente.</p>
<p>En cuanto a las medidas en favor de víctimas de trata o explotación sexual, y de protección de menores, hay que recordar que la Organización de las Naciones Unidas ha alertado de que millones de mujeres, niñas y niños que se desplazan como refugiados desde Ucrania requieren de protección, ya que son «los más vulnerables» de ser víctimas del tráfico de personas u «otras formas de explotación». La OSCE publicó el 9 de marzo de 2022 una serie de recomendaciones para evitar el tráfico de personas en esta situación de flujos migratorios masivos entre las cuales se encuentra la de prestar atención psicológica a las personas desplazadas. Según el último informe del GRETA de 2018, sobre el cumplimiento por Ucrania del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia), Ucrania es un país fundamentalmente de origen de personas explotadas fuera del país y en el propio país, siendo las principales finalidades de la explotación, la explotación laboral, y la explotación con fines de explotación sexual, siendo la mayoría de sus víctimas mujeres, niñas y niños. Por ello es urgente adoptar medidas de política pública que aborden la situación de mujeres y niñas que, de manera especial, pueden ser doblemente víctimas en este contexto y se les facilite el acceso a los servicios asistenciales especializados en la atención a víctimas de trata y explotación sexual.</p>
<p>En cuanto a las restantes medidas, todas ellas exigen una actuación inmediata. Los ciudadanos provenientes de países deben proceder a la homologación, o en su caso convalidación, de los estudios cursados en sus países de origen, con el objetivo de poder continuar y completar su formación en el sistema educativo, o de poder ejercer la profesión asociada a los estudios de que se trate. Para estudiantes y titulados de países de la U.E. existen normativas y regulaciones de carácter específico que no son de aplicación a la República de Ucrania.</p>
<p>El alumnado que se encuentra en edad escolar obligatoria y, por tanto, cursando enseñanzas obligatorias, se escolariza en el curso correspondiente a su edad en los centros educativos, teniendo en cuenta una serie de factores que permiten su incorporación con el fin de permitir que dicha escolarización sea lo más integradora posible y se realice en un marco favorable para el alumnado. Por tanto, y sin perjuicio de las facilitades y ayudas de carácter económico o social que pudieran arbitrarse, desde el punto de vista normativo no se requieren modificaciones a este nivel para el alumnado proveniente de Ucrania.</p>
<p>Por el contrario, el alumnado que se encuentra cursando enseñanzas postobligatorias, así como el que ha finalizado estudios en las diferentes enseñanzas postobligatorias no universitarias, debe iniciar un proceso de homologación de sus estudios cuya regulación se encuentra recogida en Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, así como en diversas órdenes ministeriales que lo desarrollan. Este procedimiento, por su carácter garantista, y por los elementos de seguridad jurídica que introduce para la verificación de los estudios cursados puede, en situaciones excepcionales como la que se recoge en el presente real decreto-ley, no responder con la rapidez suficiente a las necesidades de integración y continuidad en el sistema educativo del alumnado y de los titulados. Por otra parte, el procedimiento está sujeto al abono de tasas, situación que también podría dificultad del acceso al mismo de las personas que llegan a nuestro país en situaciones de especial vulnerabilidad. Por esta razón se introducen las disposiciones finales segunda y séptima, que flexibilizan y facilitan las condiciones de inicio de los expedientes de homologación de estudios extranjeros.</p>
<p>Por otra parte, la inclusión de medidas que adapten a las normas de etiquetado de alimentos a la realidad actual se considera urgente y necesario. Es preciso tener en cuenta que Ucrania representa el 10 % del mercado mundial de trigo, el 13 % del de cebada y el 15 % del de maíz, y es el operador más importante del mercado de aceite de girasol (más del 50 % del comercio mundial). En cuanto a Rusia, estas cifras son, respectivamente, del 24 % (trigo), el 14 % (cebada) y el 23 % (aceite de girasol).</p>
<p>Como consecuencia, la guerra en Ucrania está afectando seriamente al aprovisionamiento de estas materias primas tanto en España como en países que producen alimentos que se comercializan en España. Este hecho está llevando a la industria agroalimentaria a tener que sustituir en ciertos casos estas materias primas por otras análogas a la hora de producir alimentos procesados. No obstante, la velocidad con que la industria agroalimentaria se está teniendo que adaptar a esta situación, en determinadas ocasiones, no se ve acompañada por la industria del embalaje, que necesita de plazos más amplios para poder proveer a los primeros de envases con la información nutricional actualizada.</p>
<p>Por consiguiente, resulta urgente y necesario adaptar la normativa sobre etiquetado a la situación actual, permitiendo a los operadores de empresas alimentarias que faciliten la información alimentaria dirigida a las personas consumidoras en distintos formatos, de tal forma que no se reduzca la protección de las personas consumidoras pero se permita a la industria poder actuar con mayor dinamismo.</p>
<p>En materia de revisión de precios, cabe destacar que el conflicto bélico actualmente en desarrollo en Ucrania ha provocado el cese de la actividad de importantes productores de materiales de construcción. El alza de precios se está viendo agravada por el conflicto bélico, provocando que muchas industrias del sector hayan optado por la paralización de su negocio al no poder asumir estos costes. El incremento del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de unidades de obra está poniendo en riesgo la continuidad y correcta ejecución de las obras públicas, por lo que es necesario adoptar medidas con carácter urgente permitiendo ampliar los supuestos en los que cabe la revisión excepcional de precios prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.</p>
<p>También se incluyen otras medidas de carácter urgente para la flexibilización de plazos administrativos. Así, se amplían los plazos relacionados con trámites de propiedad industrial en expedientes de solicitantes de títulos de propiedad industrial residentes o con sede social en Ucrania, en aras de no perjudicar su posición a consecuencia del conflicto. Asimismo, se procede a la previsión de creación de la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas a fin de poder canalizar la inversión de los fondos europeos en su desarrollo, de manera que se posibilita así el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo que se refiere a esta materia.</p>
<p>La situación geopolítica que atravesamos otorga aún más relevancia a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que la rápida y sólida recuperación económica de nuestro país nos situará en una posición más robusta para afrontar los retos y amenazas derivados de la invasión de Ucrania.</p>
<p>Este conflicto, que indudablemente impacta en nuestra economía, pone de manifiesto la urgencia de impulsar el crecimiento económico. Por ello, detectados procedimientos que deben agilizarse y cuellos de botella que pueden eliminarse, resulta inaplazable su modificación, lo cual permitirá mayor celeridad en la ejecución del Plan y mayor impacto del mismo.</p>
<p>En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el criterio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en cuanto órgano de dirección política del Estado, y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación, centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la garantía de precios justos y competitivos a los ciudadanos y las empresas.</p>
<p>Asimismo, se destaca que, como se ha indicado, este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.</p>
<p>V</p>
<p>Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.</p>
<p>Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, existe un claro y evidente interés general que sustenta las medidas que se aprueban en la norma, siendo así el real decreto-ley el instrumento más inmediato y eficaz para garantizar su consecución. Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación meramente imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.</p>
<p>A su vez, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria que lo acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.</p>
<p>El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 2.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 23.ª, 25.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; legislación laboral y civil; legislación sobre propiedad intelectual e industrial; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda general; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; legislación básica sobre contratos; pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo; ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una comunidad autónoma, legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, bases del régimen minero y energético, y regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, respectivamente. Asimismo, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución Española, en tanto establece que el Estado considera el servicio de la cultura como deber y atribución esencial.</p>
<p>Debe destacarse especialmente que las ayudas agrarias, dictadas al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, son plenamente respetuosas con la doctrina del Tribunal Constitucional: en relación con la coordinación económica, la STC 178/2015, el Tribunal Constitucional, reiterando su doctrina anterior, recuerda que «En efecto, ya dijo este Tribunal en la STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2, que la coordinación «persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la realidad misma del sistema». Asimismo, hemos señalado (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8) que esa competencia estatal de coordinación general significa no sólo que hay que coordinar las partes o subsistemas, sino que corresponde al Estado llevar a cabo la coordinación, debiendo ser entendida ésta como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema». (FJ. 9).</p>
<p>Con carácter general, tal y como ha reconocido la doctrina constitucional, la competencia estatal de bases y coordinación de la planificación de la economía se proyecta en el subsector de la ganadería, habida cuenta de la relación reconocida y expresa que tiene con la política económica general (SSTC 145/1989, FJ 5; 158/2011, de 19 de octubre, FJ 8 y 207/2011, de 20 de diciembre, FJ 7). Así, este Tribunal ha afirmado que corresponde al Estado, en virtud de su competencia de ordenación general de la economía, establecer las directrices globales de ordenación y regulación del mercado agropecuario nacional (STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 5)».</p>
<p>Asimismo, las SSTC 124/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 235/1999, de 16 de diciembre, FJ 3; 45/2001, de 15 de febrero, FJ 8; y 95/2001, de 5 de abril, FJ 3, el Tribunal Constitucional reconoce como reiterada doctrina constitucional de su propia elaboración que la competencia estatal en materia de «ordenación general de la economía» (art. 149.1.13 CE) puede abarcar «tanto las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector concreto como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector (SSTC 95/1986, 213/1994, etc.)», aunque el referido título competencial no alcance a «incluir cualquier acción de naturaleza económica, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general (SSTC 186/1988 y 133/1997), pues, de no ser así, «se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico» (STC 112/1995)» (STC 21/1999, FJ 5), sin que de la invocación del interés general que representa el Estado pueda resultar otra cosa por cuanto, según hemos dicho, el mismo se ha de materializar a través del orden competencial establecido, excluyéndose así la extensión de los ámbitos competenciales en atención a consideraciones meramente finalísticas (SSTC 75/1989, de 24 de abril; 13/1992, de 6 de febrero).</p>
<p>Y sobre las ayudas, el TC establece que «(…) Se trata de una previsión estructural y conformadora del sistema de ayudas a un sector económico como el agrícola, con una orientación eminentemente directiva que ha de ser indudablemente calificada como básica y que cumple, además, una función coordinadora, en la medida en la que, con la obligada adopción de este régimen de ayudas, se propone una simplificación y agrupación de muchas de ellas con una evidente trascendencia de reordenación nacional común del sistema de ayudas a la agricultura.(…). Todo lo cual justifica que sólo pueda ser ordenado a partir de un criterio común en relación con la forma de determinar las ayudas a percibir que enlaza derechamente con las competencias exclusivas del Estado reconocidas en el art. 149.1.13 CE».</p>
<p>El Tribunal Constitucional ha declarado insistentemente desde la STC 95/1986, de 10 de julio (posteriormente, entre otras, en las SSTC 152/1988, de 20 de julio y 188/1989, de 16 de noviembre), que «el carácter exclusivo con el que se califica la competencia autonómica sobre la agricultura, no impide toda intervención estatal en este sector. Ello no sólo porque ciertas materias o actividades estrechamente vinculadas a la agricultura son subsumibles bajo enunciados competenciales que el art. 149.1 de la CE confía al Estado, sino también, y sobre todo, porque [&#8230;] el art. 148.1.7 de la CE [&#8230;] deja a salvo las facultades de ordenación de la economía reservadas con carácter general al Estado por el art. 149.1.13 de la CE [&#8230;].» -FJ. 2-. De manera que, en definitiva, «las bases de la planificación general de la actividad económica consisten en el establecimiento de «las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de cada sector» (STC 135/2012, de 19 de junio, F.J. 2), admitiendo que esta competencia ampara todas las normas, sea cual sea su naturaleza, orientadas al logro de tales fines» –STC 34/2013, de 14 de febrero, F.J. 4.a)–.</p>
<p>En dicho marco, se adopta un enfoque diferenciado en función de las particulares circunstancias que concurren en cada caso. Así, las ayudas en el marco de la financiación de crisis europea a los sectores agrarios recogen los elementos esenciales como mínimo común denominador que asegure ese marco común y la igualdad en las condiciones de percepción de los destinatarios, reservando las tareas de tramitación, resolución, pago y control de las ayudas a las comunidades autónomas en virtud de sus competencias ejecutivas y como autoridades ordinarias que son en la materia. Por el contrario, el artículo regulador de las ayudas directas a los productores lecheros, así como las ayudas a la acuicultura, requieren de un enfoque diferente dada su excepcionalidad. En este sentido, la gestión de estas ayudas se realizará de forma centralizada, dado que el Estado cuenta con competencias exclusivas en la materia, siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que «… en materia de agricultura y ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas&#8230; el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la economía». De igual forma, el artículo 149.1.13.ª CE puede en determinados casos justificar la reserva de funciones ejecutivas al Estado siempre que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al Estado para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue, la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y que el uso del criterio supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma. De acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, la necesidad de la gestión de estas ayudas a través del Estado se fundamenta en la estructura y naturaleza de las ayudas, asegurando además una visión de conjunto que solamente el ente supraordenado puede ofrecer, al requerir un grado de homogeneidad en su tratamiento que exclusivamente puede garantizarse mediante su gestión por un único titular, que forzosamente tiene que ser el Estado, a través de la Administración General del Estado. De esta forma se ofrecen idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios que radican en distintas comunidades autónomas desde la superpuesta aplicación potencial de criterios como el lugar de la explotación, la sede social del propietario o el domicilio de los operadores pero que se integran en un único sistema de protección excepcional de ámbito supraterritorial, aspecto que no se conseguiría desde una gestión autonómica, exige que se canalicen centralizadamente. Se trata de una ayuda excepcional y directa que por su propia naturaleza requiere de una gestión automática y ágil, que se logrará mediante el empleo de la información ya obrante a escala nacional en el Estado, y que impide canalizarla por cualquier otro mecanismo que no sea el de la centralización, pues se otorgará de modo inmediato y automático en virtud de los datos ya obrantes en registros estatales.</p>
<p>Finalmente, el real decreto-ley habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones y adoptar medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la norma.</p>
<p>En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Ministra de Justicia, la Ministra de Hacienda y Función Pública, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Ministra de Educación y Formación Profesional, la Ministra de Trabajo y Economía Social, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministro de Cultura y Deporte, la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Ministra de Igualdad, el Ministro de Consumo y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de marzo de 2022,</p>
<p>DISPONGO:</p>
<p><strong>Para leer texto de la Norma:</strong></p>
<p>Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<br />
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