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	<title>admin, autor en Normativa de la Construcción</title>
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	<title>admin, autor en Normativa de la Construcción</title>
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		<title>Seguridad Nuclear</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/seguridad-nuclear-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 17:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Nuclear]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Instrucción IS-49, de 14 de septiembre de 2026, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares.</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/seguridad-nuclear-2/">Seguridad Nuclear</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Instrucción IS-49, de 14 de septiembre de 2026, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-20917">«BOE» núm. 250, de 8 de octubre de 2026</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Análisis:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Objeto y ámbito de aplicación:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>a) De criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que deberán aplicarse en la elaboración de la documentación que, de acuerdo con los artículos 34 y 40 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes (RINR</li>



<li>b) De criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que deberán aplicarse durante el desmantelamiento o, en su caso, el desmantelamiento y cierre.</li>



<li>c) De criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para la elaboración del Informe radiológico final que acompañará la solicitud de declaración de clausura o la solicitud para la liberación del control regulador de parte del emplazamiento, en su caso.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Gestión y cultura de la seguridad</strong></li>



<li><strong>Planificación y estrategia</strong></li>



<li><strong>Ejecución de las actividades de desmantelamiento</strong></li>



<li><strong>Verificación de la seguridad</strong></li>



<li><strong>Finalización del desmantelamiento</strong></li>



<li><strong>Otras disposiciones</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>RESUMEN:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, atribuye al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la competencia para elaborar y aprobar instrucciones técnicas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, regula el desmantelamiento de estas instalaciones, comprendiendo las actividades de descontaminación, desmontaje, demolición, gestión de residuos y restauración del emplazamiento. En las instalaciones nucleares, estas actuaciones corresponden a ENRESA, como entidad encargada de este servicio público esencial, y requieren una autorización específica de desmantelamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El RINR establece los procedimientos administrativos aplicables, destacando el Plan de desmantelamiento, que debe acompañar la solicitud de autorización conforme al artículo 34, y el Informe radiológico final, exigido por el artículo 37 para solicitar la declaración de clausura o la liberación del control regulador de parte del emplazamiento. Asimismo, regula las autorizaciones de desmantelamiento y cierre de instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible gastado y residuos radiactivos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En este marco, la presente instrucción establece los criterios y requisitos básicos de seguridad nuclear y protección radiológica aplicables a la autorización y ejecución del desmantelamiento, así como al contenido del Informe radiológico final. Su finalidad es complementar el RINR y garantizar el mantenimiento de las condiciones de seguridad durante estas operaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para su elaboración se han considerado los niveles de referencia de la Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental (WENRA), las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la experiencia adquirida en anteriores proyectos de desmantelamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La instrucción se ajusta a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, especialmente los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Tras los correspondientes trámites de participación pública, consultas e informes técnicos, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la instrucción el 9 de septiembre de 2026, con el objetivo de reforzar la seguridad nuclear y la protección radiológica durante el desmantelamiento y clausura de las instalaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Comentarios de Ayuda a la interpretación</strong> <strong><em>del Instrucción IS-49, de 14 de septiembre de 2026, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares</em></strong><strong><em>.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>CONCORDANCIAS</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</u></strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Ficha técnica de la norma</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Instrucción IS-49, de 14 de septiembre de 2026, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares</strong>, fue publicada en el BOE núm. 250, de 8 de octubre de 2026, y entró en vigor el 9 de octubre de 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se trata de una instrucción técnica de carácter vinculante, dictada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su habilitación se complementa con la disposición final sexta, apartado tercero, del Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, que permite al CSN dictar instrucciones técnicas para facilitar el desarrollo y aplicación del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes (RINR).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Objeto y finalidad.</strong> La instrucción establece los requisitos aplicables a tres ámbitos fundamentales:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La documentación que acompaña a las solicitudes de autorización de desmantelamiento o de desmantelamiento y cierre.</li>



<li>Las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica durante la ejecución de las actividades.</li>



<li>La elaboración del Informe radiológico final necesario para solicitar la clausura o la liberación del control regulador de parte del emplazamiento.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Conforme al artículo 1.2, no regula los requisitos de diseño destinados a prever el futuro desmantelamiento durante las fases anteriores de la instalación, materia contemplada en la Instrucción IS-45/2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Respecto de las instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado o residuos radiactivos, su aplicación queda limitada a determinadas instalaciones auxiliares, en los términos del artículo 1.3.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Profesionales afectados.</strong> Sus disposiciones tienen especial incidencia sobre los titulares de autorizaciones, las empresas de ingeniería nuclear e industrial, los responsables de dirección técnica, los especialistas en seguridad nuclear y protección radiológica, las empresas de desmontaje y demolición especializada, los gestores de residuos radiactivos y los profesionales encargados de restaurar y caracterizar radiológicamente los emplazamientos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma se estructura en <strong>siete capítulos y dieciocho artículos</strong>:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>Disposiciones generales: objeto, ámbito, definiciones y mantenimiento de la seguridad (artículos 1 a 3).</li>



<li>Gestión y cultura de la seguridad: organización y personal cualificado (artículos 4 y 5).</li>



<li>Planificación y estrategia: estrategia y Plan de desmantelamiento (artículos 6 y 7).</li>



<li>Ejecución de actividades: control de operaciones, componentes, experiencia operativa, materiales residuales, mantenimiento y fases (artículos 8 a 13).</li>



<li>Verificación de la seguridad: análisis de seguridad e información periódica (artículos 14 y 15).</li>



<li>Finalización: declaración de clausura y liberación parcial del emplazamiento (artículo 16).</li>



<li>Otras disposiciones: exenciones, medidas equivalentes e infracciones y sanciones (artículos 17 y 18).</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Contiene una disposición transitoria única, una derogatoria única y una final única. No incluye disposiciones adicionales.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Concordancias normativas</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La IS-49 se integra en el sistema regulador de la energía nuclear y desarrolla técnicamente obligaciones establecidas en disposiciones de rango superior. Su incidencia normativa se manifiesta mediante una derogación expresa, el desarrollo del RINR y distintas remisiones a normas sectoriales.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.1. Derogación parcial de la Instrucción IS-45/2021</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición derogatoria única deroga expresamente los <strong>apartados 6.3 y 6.4 de la Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021</strong>, relativa a los requisitos de seguridad durante las fases de diseño, construcción y explotación para prever el desmantelamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La derogación afecta a previsiones específicas vinculadas a la revisión del Plan Preliminar de Desmantelamiento tras el cese de explotación y a su remisión al CSN.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La IS-49 no sustituye íntegramente a la IS-45. Ambas mantienen ámbitos diferenciados: la IS-45 conserva su función respecto a la previsión del desmantelamiento durante las fases anteriores, mientras que la IS-49 concreta las condiciones aplicables al desmantelamiento autorizado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 7.1 establece expresamente la continuidad documental entre ambos regímenes, exigiendo que el Plan de desmantelamiento tenga en consideración y actualice la estrategia contemplada en el Plan Preliminar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La consecuencia práctica es la necesidad de adaptar los procedimientos documentales a la nueva delimitación normativa, sin considerar extinguidas las obligaciones de planificación que mantienen un fundamento independiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.2. Desarrollo del Real Decreto 1217/2024</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La principal concordancia reglamentaria se produce con el RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los artículos 18.1.f) y 18.1.g) contemplan las autorizaciones de desmantelamiento y de desmantelamiento y cierre. Los artículos 34 y 40 regulan la documentación asociada a sus solicitudes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La IS-49 desarrolla estos procedimientos mediante requisitos técnicos específicos, especialmente en lo relativo al contenido del Plan de desmantelamiento, los análisis de seguridad y la gestión de residuos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, establece conexiones relevantes con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Artículo 12:</strong> responsabilidad del titular y organización de seguridad.</li>



<li><strong>Artículo 24:</strong> Plan Preliminar de Desmantelamiento.</li>



<li><strong>Artículo 30:</strong> modificaciones de la instalación.</li>



<li><strong>Artículo 37:</strong> declaración de clausura y liberación parcial.</li>



<li><strong>Artículos 62.2 y 85:</strong> personal con licencia y cualificaciones en protección radiológica.</li>



<li><strong>Artículo 61.a).3:</strong> información periódica remitida al CSN.</li>



<li><strong>Artículo 115:</strong> régimen aplicable a materiales desclasificados.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La instrucción no modifica la redacción de estos preceptos. Su función es concretar los requisitos técnicos necesarios para su aplicación durante el desmantelamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.3. Legislación nuclear y protección radiológica</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Ley 15/1980 constituye el fundamento competencial del CSN para aprobar instrucciones vinculantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por su parte, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, proporciona el marco legal sectorial y el régimen de infracciones y sanciones al que remite el artículo 18 de la IS-49.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La instrucción se relaciona igualmente con el Real Decreto 1400/2018, sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares, y con el Real Decreto 1029/2022, sobre protección de la salud frente a los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Estas normas proporcionan el marco general de seguridad y protección sobre el que operan los requisitos específicos del desmantelamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.4. Gestión de residuos y demás instrucciones técnicas</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En materia de residuos, el artículo 11 de la IS-49 desarrolla exigencias relacionadas con el Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, relativo a la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También se establecen remisiones específicas a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>IS-08/2005:</strong> asesoramiento especializado en protección radiológica.</li>



<li><strong>IS-31/2011:</strong> control radiológico de materiales residuales.</li>



<li><strong>IS-13/2007:</strong> criterios radiológicos para la liberación de emplazamientos.</li>



<li><strong>IS-48/2025:</strong> programas de experiencia operativa de centrales nucleares.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Estas remisiones permiten coordinar las exigencias generales con los procedimientos técnicos correspondientes a cada fase.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No se identifican otras derogaciones expresas ni una derogación tácita acreditada de disposiciones reglamentarias. Las posibles concurrencias entre instrucciones deben resolverse atendiendo al ámbito material, la fase autorizatoria y la jerarquía normativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. Cinco conceptos clave de la norma</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.1. Plan de desmantelamiento como documento director</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Plan de desmantelamiento constituye el instrumento técnico y documental que organiza la totalidad del proyecto. Conforme al artículo 7, debe incluir o referenciar la estrategia, la planificación, el estado previsto de la instalación, los componentes necesarios, los materiales radiactivos, la organización del personal, la gestión de residuos y la metodología prevista para el Informe radiológico final.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su importancia radica en que conecta la planificación técnica con las condiciones que sustentan la autorización administrativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El cambio introducido por la IS-49 consiste en precisar los contenidos mínimos del Plan y las circunstancias que requieren su actualización, dentro del régimen establecido por el RINR de 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 7.3 exige revisar el Plan ante cambios de estrategia, alteraciones significativas del programa, modificaciones normativas, avances tecnológicos y actualizaciones correspondientes a las distintas fases.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para los profesionales, el Plan debe mantenerse como referencia efectiva durante la ejecución. Las desviaciones relevantes requieren evaluación técnica y actualización documental, sin perjuicio de las autorizaciones adicionales que resulten exigibles.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.2. Enfoque graduado y análisis dinámico de seguridad</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 3 establece la obligación de mantener las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica durante todo el desmantelamiento mediante un enfoque graduado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este principio supone adaptar las medidas de seguridad al tipo de instalación, al riesgo radiológico remanente y a su evolución.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La IS-49 concreta su aplicación mediante los artículos 8, 9 y 14, que exigen evaluar previamente las actividades, controlar modificaciones y actualizar los análisis de seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su principal consecuencia es que la disminución progresiva de determinados riesgos no permite reducir automáticamente las medidas de protección. Cada adaptación debe responder al estado real de la instalación y a las funciones de seguridad que continúan siendo necesarias.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En la práctica, este concepto afecta a las operaciones de desmontaje, la retirada de sistemas, las intervenciones simultáneas y la reclasificación de componentes importantes para la seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.3. Desmantelamiento inmediato, diferido y por fases</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 2 distingue entre desmantelamiento inmediato y diferido.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El primero supone desarrollar las actividades, tras la autorización, sin discontinuidades significativas hasta la clausura. El segundo permite intercalar fases activas con periodos inactivos de espera o latencia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 6 exige justificar la estrategia seleccionada, con especial rigor cuando se opte por el desmantelamiento diferido.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 13 establece requisitos específicos para las fases inactivas, incluyendo condiciones de seguridad preferentemente pasivas y la implantación previa de programas de vigilancia y mantenimiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La elección de la estrategia afecta a la programación, los recursos, las dotaciones de personal y la conservación de los sistemas de seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma no establece un plazo máximo universal de latencia. La admisibilidad técnica de cada estrategia depende de su justificación y de las condiciones de seguridad que puedan mantenerse durante todo el proceso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.4. Caracterización y trazabilidad de materiales residuales</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 11 establece obligaciones específicas para identificar, caracterizar, segregar, registrar y gestionar los materiales generados durante el desmantelamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La regulación distingue la gestión de residuos radiactivos y la de materiales desclasificados susceptibles de tratamiento convencional.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Entre las obligaciones principales destacan el mantenimiento de inventarios, la documentación de planes de gestión, el registro de materiales evacuados o almacenados y la acreditación de los criterios de aceptación de determinadas expediciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los materiales desclasificados deben entregarse a gestores autorizados, con las condiciones documentales previstas en el artículo 11.6.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación práctica exige garantizar una trazabilidad suficiente desde la caracterización del material hasta su salida de la instalación y posterior destino.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La desclasificación radiológica no elimina las demás obligaciones de gestión que correspondan a la naturaleza del material.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.5. Informe radiológico final y liberación del control regulador</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Informe radiológico final constituye la documentación técnica necesaria para fundamentar la declaración de clausura o la liberación del control regulador de parte del emplazamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 16 precisa su contenido mínimo, incluyendo la caracterización inicial y final, las actuaciones realizadas, los niveles de liberación, las estructuras remanentes, las condiciones de las aguas subterráneas y la actividad residual de los radionucleidos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La liberación parcial permite tramitar la salida del control regulador de zonas concretas antes de la clausura total, conforme al artículo 37 del RINR.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para los profesionales, la caracterización radiológica final debe integrarse desde la planificación del proyecto, evitando que la falta de registros impida acreditar las condiciones de clausura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La finalización material de los trabajos no equivale automáticamente a la clausura administrativa ni determina por sí sola los usos urbanísticos posteriores del emplazamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. Entrada en vigor, régimen transitorio y aplicación temporal</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición final única establece la entrada en vigor de la IS-49 el <strong>9 de octubre de 2026</strong>, día siguiente a su publicación en el BOE.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La entrada en vigor es única. No se establecen fechas escalonadas ni periodos diferenciados de aplicación para determinados artículos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.1. Exclusión de autorizaciones anteriores</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición transitoria única determina que la instrucción no afecta a los titulares de autorizaciones de desmantelamiento o de desmantelamiento y cierre otorgadas antes de su publicación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El elemento determinante es, por tanto, la fecha de otorgamiento de la autorización, no necesariamente la fecha de presentación de la solicitud o de inicio material de los trabajos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta previsión protege las situaciones autorizatorias anteriores, sin eliminar las obligaciones derivadas del resto de la normativa aplicable y de las condiciones particulares de autorización.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.2. Procedimientos pendientes y modificaciones posteriores</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La instrucción no contiene una regulación específica para solicitudes presentadas antes de su entrada en vigor y pendientes de resolución.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La interpretación más ajustada a su literalidad distingue las autorizaciones ya otorgadas de las solicitudes todavía no resueltas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La presentación anterior de una solicitud no determina por sí sola la aplicación íntegra del régimen precedente. Las exigencias aplicables al procedimiento deben determinarse conforme al marco normativo vigente y a las reglas administrativas correspondientes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las modificaciones posteriores de autorizaciones anteriores requieren una valoración diferenciada. La disposición transitoria no establece que cualquier modificación extinga automáticamente la exclusión ni que toda actuación futura quede indefinidamente al margen de nuevos requisitos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.3. Contratos, proyectos y actuaciones en ejecución</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La IS-49 no modifica expresamente los contratos de ingeniería, construcción, mantenimiento o gestión de residuos celebrados con anterioridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No obstante, los proyectos sujetos al nuevo régimen deben ejecutar sus actividades conforme a las exigencias aplicables, lo que puede requerir adaptar especificaciones técnicas, procedimientos y documentación contractual.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La instrucción tampoco establece un régimen específico para subvenciones ni modifica directamente autorizaciones urbanísticas o ambientales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En materia sancionadora, su artículo 18 remite a la Ley 25/1964. Los posibles incumplimientos deben valorarse conforme a las obligaciones exigibles en el momento correspondiente y a los principios de legalidad y aplicación temporal del derecho administrativo sancionador.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El criterio profesional esencial consiste en identificar primero el ámbito de aplicación y la situación autorizatoria de la instalación, y después determinar las obligaciones exigibles a cada actividad.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5. Criterios administrativos de interpretación</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación de la IS-49 exige interpretar determinados conceptos técnicos conforme a las características de cada instalación y a las condiciones establecidas en su autorización.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las principales cuestiones son las siguientes.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5.1. Delimitación entre explotación, cese y desmantelamiento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 1 diferencia el ámbito de la IS-49 de los requisitos de diseño y previsión del futuro desmantelamiento regulados por la IS-45.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La distinción debe fundamentarse en la fase autorizatoria y en el alcance de las actividades, evitando aplicar automáticamente requisitos de desmantelamiento a actuaciones preparatorias anteriores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las autorizaciones y sus condiciones particulares constituyen el principal referente administrativo para delimitar las actuaciones permitidas.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5.2. Alcance del enfoque graduado</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El enfoque graduado no representa una habilitación general para reducir medidas de seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La interpretación técnicamente defendible exige relacionar cada adaptación con una evaluación actualizada del riesgo, las funciones de seguridad existentes y las actividades futuras.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los análisis de seguridad, las condiciones de autorización y los documentos técnicos del CSN proporcionan las referencias esenciales para concretar su aplicación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5.3. Diferenciación entre revisión documental y modificación autorizable</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Una de las cuestiones de mayor trascendencia administrativa consiste en distinguir las actualizaciones del Plan de las modificaciones que requieren autorización.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 7.3 obliga a revisar el Plan en determinados supuestos, mientras que el artículo 30 del RINR regula el tratamiento administrativo de las modificaciones de las instalaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La interpretación prudente exige analizar si la modificación mantiene las bases y condiciones autorizadas o las altera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una revisión documental no sustituye una autorización administrativa cuando esta resulte preceptiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5.4. Justificación de estrategias diferidas</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La exigencia de justificación especialmente rigurosa del artículo 6.3 constituye un concepto técnico que debe concretarse para cada proyecto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La valoración debe considerar la seguridad durante las fases inactivas, el envejecimiento de componentes, la disponibilidad de recursos, los plazos y la posibilidad efectiva de completar el desmantelamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Plan General de Residuos Radiactivos y las condiciones específicas de autorización constituyen referencias fundamentales.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5.5. Personal y sistemas de seguridad</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Los artículos 4 y 5 exigen adaptar la organización y las dotaciones de personal a los riesgos de cada fase, respetando las determinaciones que correspondan al CSN.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, la reclasificación de estructuras y componentes prevista en el artículo 9 debe responder a la evolución de sus funciones de seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disminución de actividad no justifica por sí sola la reducción unilateral de personal con licencia ni la retirada de sistemas necesarios para operaciones posteriores.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5.6. Liberación parcial y medidas equivalentes</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La liberación parcial del emplazamiento exige acreditar las condiciones radiológicas correspondientes y delimitar inequívocamente las zonas afectadas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La autorización de exenciones y medidas equivalentes, prevista en el artículo 17, constituye una facultad del CSN sometida a requisitos específicos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La solicitud de una medida alternativa no habilita al titular para aplicarla unilateralmente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Estas decisiones requieren motivación técnica suficiente, especialmente cuando puedan modificar el alcance de las condiciones de seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los informes de evaluación, las resoluciones y las actuaciones inspectoras del CSN pueden servir de referencia para casos comparables, atendiendo siempre a las circunstancias propias de cada instalación. No existe en el texto analizado una doctrina jurisprudencial específica que permita sustituir esa valoración individualizada.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6. Guía práctica de aplicación profesional, riesgos jurídicos y recomendaciones de prudencia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación de la IS-49 debe organizarse mediante un procedimiento interno que permita identificar las obligaciones aplicables, adaptar la documentación y mantener el control de seguridad durante toda la ejecución.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.1. Identificación del régimen aplicable</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La primera actuación consiste en identificar la instalación, su situación autorizatoria y el alcance de las actividades previstas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Debe documentarse la fecha de otorgamiento de la autorización, la incidencia del régimen transitorio y las condiciones particulares aplicables.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta comprobación evita exigir requisitos improcedentes a autorizaciones anteriores o excluir indebidamente del nuevo régimen solicitudes pendientes.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.2. Revisión del Plan y de la documentación técnica</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Los responsables de ingeniería y licenciamiento deben adaptar el Plan de desmantelamiento a los contenidos del artículo 7, manteniendo la correspondencia entre estrategia, programación, análisis de seguridad y gestión de residuos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Debe establecerse un procedimiento de control de modificaciones que permita identificar las desviaciones relevantes y determinar su tratamiento documental y administrativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La motivación técnica debe explicar las razones del cambio, los sistemas afectados y sus consecuencias sobre la seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.3. Organización y cualificación del personal</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El titular debe mantener una estructura organizativa que identifique claramente las responsabilidades, los mecanismos de sustitución, la coordinación con contratistas y las capacidades de respuesta ante emergencias.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los expedientes deben incorporar los documentos organizativos, las licencias y cualificaciones del personal y las determinaciones del CSN aplicables a cada fase.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La contratación externa no elimina las responsabilidades regulatorias atribuidas al titular.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.4. Control de las operaciones y mantenimiento de la seguridad</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Antes de ejecutar actividades relevantes, deben evaluarse sus repercusiones sobre la seguridad nuclear y la protección radiológica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Especial atención requieren las operaciones simultáneas, los cambios de secuencia, la retirada de componentes, las actividades que puedan superar las dosis colectivas operacionales inicialmente estimadas y las modificaciones de sistemas importantes para la seguridad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los programas de mantenimiento, pruebas, vigilancia e inspección deben actualizarse conforme al estado de la instalación y conservar sus registros.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En los desmantelamientos diferidos, la vigilancia durante las fases inactivas constituye una obligación específica y no una actividad facultativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.5. Gestión de residuos, informes y clausura</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Los responsables de residuos deben mantener inventarios, registros de caracterización, documentación de segregación, contratos con gestores autorizados y justificantes de expedición.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El seguimiento del proyecto exige comparar periódicamente las actuaciones ejecutadas con el Plan vigente y remitir al CSN la información establecida en el artículo 15.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La documentación de caracterización radiológica final debe organizarse para acreditar las condiciones exigidas en la solicitud de clausura o liberación parcial.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.6. Riesgos jurídicos prioritarios</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Los principales puntos críticos de aplicación pueden sintetizarse en tres niveles.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretaciones seguras.</strong> Se fundamentan directamente en obligaciones expresas de la instrucción:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La exclusión transitoria de los titulares de determinadas autorizaciones anteriores.</li>



<li>La necesidad de ejecutar el desmantelamiento conforme a la autorización y al Plan correspondiente.</li>



<li>La obligación de evaluar previamente las actividades con incidencia sobre la seguridad.</li>



<li>La disponibilidad de personal cualificado y con las licencias exigibles.</li>



<li>La documentación de residuos, expediciones y materiales desclasificados.</li>



<li>La necesidad de autorización del CSN para las exenciones y medidas equivalentes contempladas en el artículo 17.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretaciones probables que requieren prudencia técnica.</strong> Comprenden la graduación de las medidas de seguridad, la clasificación de modificaciones, la reclasificación de componentes y la justificación de estrategias diferidas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En estos supuestos, la decisión debe fundamentarse en análisis técnicos documentados y en las condiciones particulares de autorización.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretaciones dudosas o de especial riesgo.</strong> Se concentran en los procedimientos pendientes durante la entrada en vigor, las modificaciones posteriores de autorizaciones anteriores, los posibles conflictos entre requisitos regulatorios y las cuestiones no resueltas expresamente sobre alcance administrativo de determinadas actuaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Estas situaciones requieren una fundamentación jurídica individualizada y, cuando su importancia lo justifique, informes especializados o la intervención del órgano competente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.7. Riesgos de invalidez, impugnación y responsabilidad</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 18 atribuye carácter vinculante a la IS-49 y remite al régimen sancionador de la Ley 25/1964.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los incumplimientos pueden originar responsabilidades administrativas cuando concurran los requisitos legalmente establecidos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otra parte, la validez de las autorizaciones y resoluciones administrativas se rige por las disposiciones generales del procedimiento administrativo, especialmente los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, relativos a nulidad y anulabilidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No todo incumplimiento técnico determina automáticamente la nulidad de una resolución o la imposición de una sanción. Estas consecuencias dependen de la naturaleza del defecto, su relevancia jurídica y el procedimiento aplicable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los riesgos de impugnación aumentan cuando se omiten trámites esenciales, se ejecutan actuaciones fuera del alcance autorizado o se adoptan decisiones relevantes sin motivación técnica suficiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.8. Documentación y medidas preventivas</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Como instrumento de control, el expediente debe conservar de forma organizada:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Autorizaciones, condiciones de licencia y documentos reguladores.</li>



<li>Plan de desmantelamiento y sus revisiones.</li>



<li>Estudios y análisis de seguridad.</li>



<li>Evaluaciones previas de actividades y modificaciones.</li>



<li>Registros de organización, personal y cualificaciones.</li>



<li>Programas y resultados de mantenimiento, vigilancia e inspección.</li>



<li>Inventarios y documentación de gestión de residuos.</li>



<li>Informes de experiencia operativa e incidencias.</li>



<li>Comunicaciones e informes periódicos dirigidos al CSN.</li>



<li>Documentación de restauración y caracterización radiológica final.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Los informes jurídicos y técnicos adquieren especial relevancia en las modificaciones significativas, estrategias diferidas, reducciones de medidas de protección, solicitudes de medidas equivalentes y liberaciones parciales del emplazamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6.9. Conclusión práctica</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Instrucción IS-49/2026 refuerza la integración entre planificación, autorización, ejecución y acreditación de la seguridad durante el desmantelamiento nuclear.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su aplicación exige superar una visión exclusivamente documental del cumplimiento normativo. El Plan de desmantelamiento, los análisis de seguridad, los programas de vigilancia y los registros de materiales deben constituir instrumentos efectivos de dirección y control del proyecto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para los profesionales afectados, las prioridades son identificar correctamente el régimen autorizatorio, mantener actualizada la documentación técnica, controlar las modificaciones, garantizar los recursos de seguridad y conservar evidencias suficientes de las actuaciones ejecutadas.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>El principio operativo esencial consiste en que toda actividad de desmantelamiento debe desarrollarse dentro del marco autorizado, con sus riesgos previamente evaluados y con una documentación coherente con la evolución real de la instalación.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">De este modo, la IS-49 establece un marco técnico que permite ordenar el proceso de desmantelamiento desde su planificación hasta la clausura, asegurando que la retirada progresiva de instalaciones y materiales se realice sin comprometer las condiciones exigibles de seguridad nuclear y protección radiológica.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong><strong></strong></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. Artículo de opinión: «Energía en tiempos de guerra»</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Artículo de Luis Ángel Tello publicado en Cinco Días el 17 de octubre de 2026. Analiza la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas estratégicas ante amenazas físicas, tecnológicas y geopolíticas. Defiende la necesidad de reforzar su protección mediante sistemas de vigilancia, planes de continuidad operativa y medidas de resiliencia, aspectos relacionados con la autoprotección de instalaciones esenciales para la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://cincodias.elpais.com/opinion/2026-10-17/energia-en-tiempos-de-guerra.html?utm_source=chatgpt.com">https://cincodias.elpais.com/opinion/2026-10-17/energia-en-tiempos-de-guerra.html</a></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. Entrada de blog: «Contenido mínimo del plan de autoprotección (2026)»</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Artículo publicado en el blog de SYRA360 sobre los requisitos introducidos por la Orden INT/1068/2026, de 7 de octubre. Explica la documentación y el contenido mínimo exigido a los planes de autoprotección, incluyendo la identificación de riesgos, la organización de los recursos de emergencia y las obligaciones documentales. Constituye una referencia práctica para responsables de seguridad y técnicos encargados de la autoprotección de dependencias estratégicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://www.syra360.com/blog/contenido-minimo-plan-autoproteccion-nueva-directriz-2026?utm_source=chatgpt.com">https://www.syra360.com/blog/contenido-minimo-plan-autoproteccion-nueva-directriz-2026</a></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. Sentencia del Tribunal Supremo: STS 296/2022, de 9 de marzo</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ECLI:ES:TS:2022:1018, relativa al recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra determinadas disposiciones del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM). Aborda cuestiones de competencia administrativa y coordinación institucional en la planificación y gestión de emergencias. Aunque no trata específicamente la autoprotección de dependencias estratégicas, resulta relevante para comprender la integración de sus planes de emergencia en el sistema público de protección civil. </p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://vlex.es/vid/899373526?utm_source=chatgpt.com">https://vlex.es/vid/899373526</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/"></a></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img decoding="async" width="340" height="66" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png" alt="" class="wp-image-14328" srcset="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png 340w, https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7-300x58.png 300w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></a></figure>
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		<title>Registro de residuos</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/registro-de-residuos/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos.</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/registro-de-residuos/">Registro de residuos</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-20388">«BOE» núm. 243, de 1 de octubre de 2026</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Análisis:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Objeto:</strong> Regular los fines, la gestión, la estructura, el contenido y la incorporación de información en el Registro de producción y gestión de residuos</li>



<li><strong>ANEXO: Tipos de inscripción (listado no exhaustivo)</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>RESUMEN:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma desarrolla el Registro de producción y gestión de residuos previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, con el objetivo de mejorar la coordinación entre Administraciones, la calidad de la información y la trazabilidad de los residuos. Este Registro tiene su origen en la normativa europea sobre residuos y, especialmente, en la Directiva 2008/98/CE y su modificación mediante la Directiva (UE) 2018/851, que reforzó la necesidad de disponer de sistemas electrónicos de registro y seguimiento, sobre todo en relación con los residuos peligrosos. La Ley 7/2022 mantiene el Registro como único para todo el territorio nacional y compartido por las Administraciones públicas, incorporando además plazos para que las comunidades autónomas remitan la información y la posibilidad de interconectarlo con otros sistemas ambientales. Markdown pegado</p>



<p class="wp-block-paragraph">Desde 2013, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con las comunidades autónomas, ha desarrollado el Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR), utilizando el estándar informático E3L para intercambiar información. Este sistema permite actualmente gestionar un Registro con más de 450.000 inscripciones y utilizar sus datos para realizar comprobaciones en los procedimientos electrónicos de traslado de residuos. Sin embargo, seguían existiendo aspectos del Registro que no estaban suficientemente regulados, especialmente en relación con su estructura, gestión, contenido y procedimientos de incorporación y actualización de información. Markdown pegado</p>



<p class="wp-block-paragraph">El real decreto viene precisamente a cubrir estas cuestiones. Regula la estructura, contenido y gestión del Registro y establece tres niveles diferenciados de información: entidad, centro e inscripción. También concreta las funciones que corresponden a cada Administración, el contenido básico que debe incorporarse, los procedimientos para comunicar, incorporar y actualizar los datos y las condiciones de acceso a la información. Además, prevé la creación de una sección pública del Registro, cuyo contenido concreto será determinado posteriormente mediante orden ministerial. Markdown pegado</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma incorpora asimismo reglas específicas para determinados productores y poseedores de residuos que no están obligados a figurar en el Registro, permite incorporar nuevos tipos de comunicaciones o autorizaciones que puedan surgir en el desarrollo de la Ley 7/2022 y establece un periodo transitorio para que las Administraciones adapten sus bases de datos a la nueva estructura. El anexo recoge, con carácter no exhaustivo, los distintos tipos de inscripciones que pueden incorporarse. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla serán responsables de incorporar las comunicaciones previas y autorizaciones, mientras que el Ministerio asumirá el mantenimiento y la gestión general del Registro. Markdown pegado</p>



<p class="wp-block-paragraph">En conjunto, el real decreto pretende crear un sistema común, homogéneo y coordinado para conocer qué entidades y empresas operan en el ámbito de los residuos y disponer de información fiable sobre sus actividades. Con ello se busca mejorar la protección ambiental, facilitar la aplicación de la política de residuos y reforzar la seguridad jurídica y la toma de decisiones de Administraciones y operadores. La regulación desarrolla el artículo 63 de la Ley 7/2022 y se dicta al amparo de la competencia estatal sobre legislación básica de protección del medio ambiente prevista en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Comentarios de Ayuda a la interpretación</strong> <strong><em>del Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos</em></strong><strong><em>.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>CONCORDANCIAS</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</u></strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">El Real Decreto 764/2026 desarrolla el régimen del Registro de producción y gestión de residuos previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y dota de estructura jurídica estable a un sistema registral que ya venía funcionando a través de eSIR. La norma no altera con carácter general los títulos habilitantes de producción y gestión de residuos, sino que ordena su reflejo registral, la identificación de entidades y centros, la información que debe incorporarse, su actualización y el acceso a los datos. Su aplicación práctica exige, por ello, diferenciar constantemente entre la autorización o comunicación que origina una situación jurídica y la inscripción mediante la cual dicha situación queda reflejada en el Registro. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Concordancias normativas</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La concordancia principal del Real Decreto 764/2026 se produce con la <strong>Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular</strong>, cuyo artículo 63 configura el Registro de producción y gestión de residuos como un registro único y compartido para todo el territorio nacional. El Real Decreto desarrolla reglamentariamente esa previsión, concretando sus fines, gestión, estructura, contenido, incorporación y actualización de la información. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma no contiene una disposición derogatoria ni formula modificaciones expresas de otros textos mediante técnicas de sustitución, adición o supresión de preceptos. Su función es fundamentalmente de <strong>desarrollo y coordinación normativa</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Ley 7/2022 continúa siendo la norma sustantiva de referencia. Los artículos 33 y 35 determinan los supuestos de autorización y comunicación previa que posteriormente acceden al Registro; los artículos 49 y 50 sustentan las inscripciones correspondientes a los sistemas individual y colectivo de responsabilidad ampliada del productor; y el artículo 63 sirve de fundamento inmediato al sistema registral desarrollado por el Real Decreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La regulación se conecta también con el <strong>Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, sobre traslado de residuos en el interior del territorio del Estado</strong>. El Registro constituye una fuente de información utilizada en los procedimientos de traslado y en las validaciones electrónicas asociadas a éstos. Esta relación cobra especial importancia respecto de productores y poseedores cuya inscripción sea realizada al amparo de la disposición adicional primera: una vez inscritos, la identificación registral debe emplearse en las notificaciones previas y documentos de identificación. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Existe igualmente una relación funcional con el <strong>Real Decreto 508/2007, de 20 de abril</strong>, relativo al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España). El artículo 6 incorpora al contenido del Registro determinadas referencias y datos procedentes del sistema PRTR, favoreciendo la coherencia entre ambos sistemas de información ambiental. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre</strong>, aparece conectada con las operaciones de valorización de materiales naturales excavados, respecto de las cuales el Registro incorpora las operaciones de tratamiento y los correspondientes códigos LER. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">El <strong>Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio</strong>, sirve como referencia técnica para la representación mediante coordenadas geográficas de los emplazamientos. Esta cuestión resulta esencial para la identificación de centros y para determinadas operaciones desarrolladas mediante instalaciones móviles. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">También tienen incidencia transversal la <strong>Ley Orgánica 3/2018</strong> y el <strong>Reglamento (UE) 2016/679</strong>, puesto que el Registro incluye información relativa a personas físicas y datos de contacto, y el Real Decreto sujeta expresamente su tratamiento a la normativa de protección de datos. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Desde la perspectiva del cambio regulatorio, el Real Decreto no crea el Registro: éste existía y se encontraba operativo. La novedad consiste en establecer una regulación reglamentaria uniforme sobre quién incorpora y gestiona los datos, cómo se estructura la información, qué identificadores se utilizan, qué contenido debe incorporarse y cómo han de reflejarse las modificaciones posteriores.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Cinco conceptos clave de la norma</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.1. Registro único y compartido</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Registro integra las comunicaciones previas y autorizaciones derivadas de la Ley 7/2022 y su normativa de desarrollo y actúa como sistema común para todo el territorio nacional.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sus funciones exceden de la mera publicidad registral. Proporciona información para procedimientos de traslado, entrada y salida de residuos del territorio nacional, memoria resumen del archivo cronológico, vigilancia, inspección y control. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla incorporan las comunicaciones y autorizaciones de su competencia, mientras que la gestión del Registro corresponde a la Subdirección General de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La incorporación debe producirse en un plazo máximo de quince días desde la inscripción en el registro autonómico. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">La consecuencia práctica es clara: la información registral pasa a formar parte de la infraestructura administrativa ordinaria de control y trazabilidad de residuos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.2. Estructura entidad-centro-inscripción</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma estructura el Registro en tres niveles jerarquizados:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Entidad</strong> <strong>→</strong> <strong>Centro</strong> <strong>→</strong> <strong>Inscripci</strong><strong>ó</strong><strong>n.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La entidad se identifica mediante su NIF; los centros vinculados a ella mediante NIMA; y las autorizaciones o comunicaciones mediante tipo y número de inscripción. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta estructura permite diferenciar jurídicamente la personalidad del operador, la realidad física o funcional en la que desarrolla la actividad y los concretos títulos administrativos asociados a ésta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La definición de centro exige la concurrencia de mismo emplazamiento, misma actividad principal y misma entidad titular. La correcta delimitación de este concepto es determinante para evitar duplicidades y para organizar adecuadamente las distintas autorizaciones de una organización. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.3. NIMA y emplazamiento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El NIMA constituye el identificador único de cada centro de producción o gestión incorporado al Registro. Tiene diez dígitos y es asignado por la comunidad autónoma competente. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma introduce una regla especialmente relevante en materia de transmisiones: el cambio de entidad titular no determina un nuevo NIMA cuando permanezcan la actividad económica y el emplazamiento. Tampoco interrumpe por sí solo la vigencia de las inscripciones asociadas mientras se tramita la transmisión. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">El NIMA deja así de operar como una mera referencia administrativa para convertirse en pieza central de continuidad e identificación del centro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.4. Actualización y rectificación de datos</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Registro se configura como un sistema dinámico. Deben trasladarse las bajas por cese, los cambios de actividad y las variaciones producidas en los datos de entidades, centros e inscripciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se consideran variaciones, entre otras, los cambios de sede o denominación, transmisiones de titularidad, modificaciones de operaciones de tratamiento, códigos LER, garantías financieras, capacidades de tratamiento y cambios de entidad explotadora. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los titulares pueden promover la rectificación de datos inexactos o incompletos. Esta facultad resulta especialmente relevante cuando existe una divergencia entre la autorización administrativa y la información visualizada en el Registro. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.5. Inscripción potestativa de determinados productores y poseedores</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición adicional primera establece un régimen específico para productores de residuos no peligrosos con generación igual o inferior a 1.000 toneladas anuales y para poseedores de residuos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su inscripción es potestativa para las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Una vez inscritos, dicha inscripción debe utilizarse en la documentación de traslado. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta previsión introduce una dimensión operativa importante: la inexistencia de obligación general de inscripción no equivale necesariamente a inexistencia efectiva de inscripción.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. Entrada en vigor, régimen transitorio y aplicación temporal</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Real Decreto fue publicado el <strong>1 de octubre de 2026</strong> y su disposición final segunda establece su entrada en vigor el día siguiente, por lo que resulta aplicable desde el <strong>2 de octubre de 2026</strong>. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">La entrada en vigor es única. No existen artículos sometidos a fechas diferenciadas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición transitoria única establece, sin embargo, un período de <strong>doce meses</strong> para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla adapten la información de sus bases de datos a la estructura y contenido previstos por el Real Decreto. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este período no suspende la vigencia de la norma, sino que permite la adaptación progresiva de la información preexistente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Real Decreto tampoco dispone la renovación o pérdida de eficacia de las autorizaciones y comunicaciones anteriores. Las situaciones administrativas existentes mantienen su fundamento jurídico, aunque su reflejo registral debe acomodarse a la nueva estructura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor conviene distinguir dos planos:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>el <strong>procedimiento sustantivo</strong> de autorización, comunicación o modificación;</li>



<li>su <strong>reflejo posterior en el Registro</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">El Real Decreto regula fundamentalmente el segundo. No establece la repetición de trámites ni la reapertura general de expedientes anteriores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tampoco establece un régimen transitorio propio para contratos, licencias, subvenciones o procedimientos sancionadores. Su incidencia sobre estas materias será indirecta cuando el contenido registral sea relevante para la actuación correspondiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En materia sancionadora, la información del Registro puede constituir un instrumento de comprobación y control, pero no sustituye la determinación del régimen jurídico sustantivo aplicable ni la valoración completa de los hechos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El criterio temporal práctico puede resumirse del siguiente modo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>desde el <strong>2 de octubre de 2026</strong>, la estructura y reglas registrales son las establecidas por el Real Decreto;</li>



<li>durante los doce meses siguientes se desarrolla la adaptación de las bases de datos autonómicas;</li>



<li>las autorizaciones y comunicaciones anteriores continúan siendo el título jurídico del que deriva la correspondiente inscripción.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. Criterios administrativos de interpretación</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno de los ámbitos en los que mayor precisión requiere la aplicación de la norma es la delimitación del <strong>centro</strong>. Cuando coinciden varias instalaciones en una misma parcela, la mera ubicación común no basta para considerarlas un único centro. La definición reglamentaria exige identidad de emplazamiento, actividad principal y titularidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un segundo punto crítico afecta al <strong>NIMA en transmisiones de titularidad</strong>. El artículo 7.2.b) establece expresamente su conservación cuando permanezcan la actividad económica y el emplazamiento. La continuidad física y funcional del centro prevalece, por tanto, sobre el cambio de sujeto titular a efectos de identificación registral.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Distinto es el supuesto de modificación del emplazamiento. El Real Decreto atribuye a la Comisión de coordinación en materia de residuos la posibilidad de establecer casos concretos en los que pueda conservarse el NIMA original. La conservación constituye así una excepción vinculada a criterios de armonización administrativa, no una consecuencia automática del traslado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También resulta relevante la prohibición de determinadas <strong>inscripciones duplicadas</strong>. Una entidad no puede mantener varias inscripciones del mismo tipo cuando se trate de gestores, agentes, negociantes o transportistas sujetos a títulos con validez nacional. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Especial atención merece la diferencia entre <strong>rectificación registral y modificación del título habilitante</strong>. Una rectificación resulta adecuada cuando el Registro no reproduce correctamente el contenido de una autorización o comunicación ya existente. Cuando se pretende añadir una nueva operación, residuo, capacidad o condición no contenida en el título administrativo, la cuestión pertenece al procedimiento de modificación correspondiente y no a una mera corrección de datos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Otro elemento interpretativo relevante son los <strong>datos complementarios</strong>. El artículo 6 admite información adicional mediante los sistemas electrónicos de intercambio, siempre que esté vinculada exclusivamente con producción o gestión de residuos o responsabilidad ampliada del productor. Esta previsión permite adaptar técnicamente el Registro, pero no altera por sí misma el régimen sustantivo de las actividades. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">En materia de publicidad, la norma diferencia entre el contenido del Registro y los datos de carácter público. El hecho de que un dato esté incluido en el artículo 6 no significa automáticamente que pueda difundirse. El artículo 9 reserva a una orden ministerial la determinación de los datos básicos de carácter público. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Finalmente, los criterios técnicos anteriores a la entrada en vigor mantienen utilidad interpretativa en cuanto sean compatibles con la nueva regulación. Desde la entrada en vigor del Real Decreto, las reglas expresas contenidas en éste constituyen la referencia prioritaria para la gestión e interpretación del Registro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5. Guía práctica de aplicación profesional</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación profesional del Real Decreto exige realizar una revisión estructurada de la información vinculada a cada actividad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La primera actuación consiste en identificar correctamente la posición del sujeto dentro del sistema: productor, gestor, transportista, agente, negociante, poseedor, titular de instalación, operador de instalación móvil o sistema de responsabilidad ampliada del productor.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A continuación debe reconstruirse la estructura registral:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>entidad</strong> <strong>→</strong> <strong>centro</strong> <strong>→</strong> <strong>NIMA</strong> <strong>→</strong> <strong>autorizaci</strong><strong>ó</strong><strong>n o comunicaci</strong><strong>ó</strong><strong>n</strong> <strong>→</strong> <strong>inscripci</strong><strong>ó</strong><strong>n.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En cada centro deben analizarse las autorizaciones y comunicaciones asociadas y comprobar que la información registrada reproduce correctamente su contenido.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La revisión debe concentrarse especialmente en:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>autorizaciones de instalaciones y gestores;</li>



<li>comunicaciones previas;</li>



<li>transmisiones de titularidad;</li>



<li>modificaciones de actividad;</li>



<li>altas o bajas de códigos LER;</li>



<li>cambios en operaciones de tratamiento;</li>



<li>capacidad máxima autorizada;</li>



<li>garantías financieras;</li>



<li>cambios de sede o denominación;</li>



<li>ceses de actividad;</li>



<li>operaciones realizadas mediante instalaciones móviles;</li>



<li>documentación de traslados.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 6 establece el contenido básico que debe incorporarse al Registro según la naturaleza de cada inscripción: datos de identificación, NIMA, CNAE, emplazamiento, operaciones de tratamiento, códigos LER, capacidades, garantías financieras y otras informaciones específicas. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las organizaciones afectadas deben adaptar sus herramientas internas de gestión documental: fichas de centros, bases de datos de gestores, procedimientos de homologación, modelos de revisión ambiental, protocolos de contratación y controles de documentación de traslados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una ficha profesional de control debería contener, al menos:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Elemento</strong></td><td><strong>Información esencial</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Entidad</td><td>Razón social y NIF</td></tr><tr><td>Centro</td><td>Denominación, dirección y NIMA</td></tr><tr><td>Actividad</td><td>CNAE y actividad principal</td></tr><tr><td>Título</td><td>Autorización o comunicación</td></tr><tr><td>Inscripción</td><td>Tipo y número</td></tr><tr><td>Residuos</td><td>Códigos LER</td></tr><tr><td>Operaciones</td><td>Operaciones autorizadas</td></tr><tr><td>Capacidad</td><td>Cuando resulte aplicable</td></tr><tr><td>Garantías</td><td>Cuando resulten exigibles</td></tr><tr><td>Situación</td><td>Alta, modificación, transmisión o baja</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Cuando exista una transmisión, la actuación no debe comenzar por generar un nuevo NIMA, sino por analizar la continuidad del emplazamiento y de la actividad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ante discrepancias entre Registro y expediente, la referencia inicial es la autorización o comunicación administrativa. Si el título contiene correctamente el dato y éste no aparece en el Registro, procede la rectificación. Si la modificación altera el contenido material del título, se aplica el procedimiento administrativo correspondiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La documentación relevante debe conservarse de forma trazable: autorización inicial, modificaciones, comunicaciones, resoluciones de transmisión, NIMA, justificantes de inscripción, relación de residuos y operaciones, comunicaciones de actualización, solicitudes de rectificación y documentación de baja.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En informes y resoluciones que dependan de la situación registral resulta recomendable identificar con precisión:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>titular;</li>



<li>centro;</li>



<li>NIMA;</li>



<li>título administrativo;</li>



<li>tipo y número de inscripción;</li>



<li>residuos y operaciones afectados;</li>



<li>variación producida;</li>



<li>fundamento normativo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">El error más frecuente que debe evitarse es tratar la información registral como una realidad independiente del expediente administrativo que la origina.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6. Riesgos jurídicos, puntos críticos y recomendaciones de prudencia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación segura</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La primera regla segura es que el Registro <strong>no sustituye al título habilitante</strong>. Una inscripción no permite ampliar por sí sola operaciones, capacidades, residuos o derechos que no formen parte de la correspondiente autorización o comunicación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También es segura la regla relativa al mantenimiento del NIMA en transmisiones cuando se conservan emplazamiento y actividad económica. La asignación de un identificador nuevo en estos casos puede producir duplicidades y romper la continuidad registral prevista por el artículo 7. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Igualmente clara es la responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sobre la correspondencia entre los datos que trasladan al Registro y la información contenida en sus autorizaciones y comunicaciones. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación probable pero prudente</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La delimitación del <strong>centro</strong> exige especial atención cuando concurren varias instalaciones, procesos o titulares en un mismo emplazamiento. Una incorrecta agrupación puede afectar al NIMA, a las inscripciones asociadas y a posteriores procedimientos de inspección o traslado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También requiere prudencia la conservación del NIMA ante modificaciones del emplazamiento. A diferencia del cambio de titularidad, la norma no establece una regla general de conservación, sino que remite a los supuestos que acuerde la Comisión de coordinación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La amplitud del concepto de <strong>datos complementarios</strong> constituye otro punto sensible. La flexibilidad informática del Registro permite incorporar campos adicionales, pero ello no convierte automáticamente esos campos en nuevas obligaciones sustantivas para el operador.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La inscripción potestativa de pequeños productores de residuos no peligrosos y poseedores puede dar lugar a diferencias territoriales de gestión. La actuación profesional debe partir de la situación registral efectiva del operador y no únicamente de su volumen de producción.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación dudosa o de riesgo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Existe un riesgo elevado cuando una rectificación del Registro se utiliza para modificar materialmente una autorización. Añadir nuevos residuos, operaciones o capacidades mediante una simple rectificación registral puede eludir el procedimiento administrativo legalmente previsto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También es jurídicamente sensible considerar público todo el contenido del Registro. La norma limita expresamente la publicidad a los datos que tengan tal carácter y somete el tratamiento de información personal a la legislación de protección de datos. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">En procedimientos sancionadores, una discrepancia registral no debe convertirse automáticamente en prueba suficiente de infracción. La actuación administrativa debe reconstruir la situación real a partir del título habilitante, sus modificaciones, las comunicaciones efectuadas y el momento en que la información fue incorporada o actualizada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Otro riesgo consiste en interpretar el período transitorio de doce meses como una suspensión de la norma o, en sentido contrario, ignorar que durante la migración pueden existir datos todavía no adaptados. La norma está plenamente vigente desde el 2 de octubre de 2026, aunque las Administraciones dispongan de ese período para reestructurar la información preexistente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Desde la perspectiva competencial, el Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución y mantiene una distribución funcional entre Estado y comunidades autónomas: éstas incorporan la información, el Estado gestiona el Registro y la Comisión de coordinación armoniza los criterios. NORT2245</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los supuestos que justifican una motivación especialmente detallada son, principalmente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>creación o separación de centros en emplazamientos complejos;</li>



<li>conservación del NIMA ante cambio de localización;</li>



<li>eliminación de inscripciones duplicadas;</li>



<li>denegación de rectificaciones;</li>



<li>publicación de información registral;</li>



<li>discrepancias entre título e inscripción;</li>



<li>decisiones sancionadoras sustentadas en datos del Registro.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">En estos casos la motivación debe identificar los hechos, el título administrativo, la estructura registral afectada y la razón jurídica que conduce a la solución adoptada.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong><strong></strong></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Artículo de opinión</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Este artículo de <em>Gestores de Residuos</em> analiza la aprobación del <strong>Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos</strong>, y pone el foco en la creación de un sistema único para todo el territorio nacional, compartido entre las distintas Administraciones competentes. Resulta especialmente útil para elaborar opinión sobre <strong>trazabilidad de los residuos, homogeneización de la información, coordinación entre comunidades autónomas, digitalización de los procedimientos y seguridad jurídica para productores, transportistas y gestores</strong>, aspectos que constituyen el núcleo de la nueva regulación del Registro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://gestoresderesiduos.org/noticias/espana-regula-con-un-nuevo-real-decreto-el-registro-unico-de-produccion-y-gestion-de-residuos?utm_source=chatgpt.com">España regula con un nuevo Real Decreto el registro único de producción y gestión de residuos – Gestores de Residuos</a></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Entrada de blog</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Esta entrada de <em>TuPuntoLimpio</em> analiza de forma práctica la <strong>trazabilidad de los residuos en el ámbito municipal</strong>, explicando cómo debe documentarse el recorrido del residuo desde su generación o recogida hasta su tratamiento final y qué información resulta necesaria para acreditar una gestión correcta. Resulta especialmente útil como referencia práctica para estudiar cómo las Administraciones locales pueden <strong>organizar la información de residuos, identificar productores y gestores, controlar transportistas y destinos finales, mantener la documentación asociada y utilizar sistemas digitales de trazabilidad</strong>, cuestiones directamente relacionadas con la finalidad del Registro de producción y gestión de residuos y con el intercambio de información entre Administraciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.tupuntolimpio.es/blog/trazabilidad-residuos-ayuntamiento?utm_source=chatgpt.com">Trazabilidad de residuos en el ayuntamiento: qué, cómo y por qué – TuPuntoLimpio</a></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Sentencia del Tribunal Supremo</strong><strong></strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La STS 1463/2021, de 13 de diciembre</strong>, analiza el régimen jurídico aplicable a determinadas actividades de traslado y transporte de residuos y, en particular, la relación entre <strong>autorización administrativa, comunicación previa y registro</strong>. La sentencia aborda la normativa derivada de la Ley 22/2011 y de la Directiva 2008/98/CE y recuerda que las empresas que transportan residuos con carácter profesional quedan sometidas a un sistema de comunicación previa y posterior incorporación de esa información al correspondiente registro administrativo. <a href="https://vlex.es/vid/879434509?utm_source=chatgpt.com">vLex</a> Resulta especialmente útil como referencia jurisprudencial para el actual <strong>Registro de producción y gestión de residuos</strong>, porque ayuda a delimitar la función del registro como instrumento de <strong>control, información y trazabilidad</strong>, diferenciándolo de las autorizaciones administrativas propiamente dichas. También permite comprender la importancia de que la información relativa a productores, transportistas, agentes y gestores se encuentre correctamente incorporada y coordinada entre Administraciones, principio que actualmente desarrolla el Real Decreto 764/2026 mediante un Registro único y compartido a escala nacional.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/"></a></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img decoding="async" width="340" height="66" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png" alt="" class="wp-image-14328" srcset="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png 340w, https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7-300x58.png 300w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></a></figure>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/registro-de-residuos/">Registro de residuos</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
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		<title>Retribución transporte de gas natural</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/retribucion-transporte-de-gas-natural/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Circular 4/2026, de 8 de septiembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para determinar la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado.</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/retribucion-transporte-de-gas-natural/">Retribución transporte de gas natural</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Circular 4/2026, de 8 de septiembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para determinar la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">«<a href="https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-19425">BOE» núm. 231, de 18 de septiembre de 2026, páginas 123503 a 123589 (87 págs.)</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Análisis:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Objeto:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>a) La metodología para determinar la retribución anual de los titulares de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado, por los costes incurridos y financiados con cargo a los ingresos por los peajes y cánones establecidos por el uso de las mismas. La presente metodología será aplicable a partir de 1 de octubre de 2026.</li>



<li>b) Los métodos para determinar, tanto el valor de inversión a valores unitarios de referencia de las instalaciones con retribución individualizada, como la retribución por operación y mantenimiento anual a valores unitarios de referencia de las instalaciones.</li>



<li>c) Los valores unitarios de referencia, tanto de inversión como de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado de las instalaciones con retribución individualizada de transporte de gas natural y de plantas de gas natural licuado, en función de las instalaciones tipo cuyo diseño técnico y condiciones operativas se adaptan a los estándares utilizados en el sistema gasista.</li>



<li>d) Los requisitos mínimos que han de cumplir las auditorías sobre los costes de operación y mantenimiento no incluidos en los valores unitarios de referencia, y sobre los costes de las inversiones en instalaciones para las que se solicite la inclusión definitiva en el régimen retributivo del sistema gasista.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Instalaciones y costes admisibles</strong></li>



<li><strong>Retribución de instalaciones</strong></li>



<li><strong>Valores unitarios de referencia para las actividades de transporte de gas natural y regasificación</strong></li>



<li><strong>Auditorías de costes</strong></li>



<li><strong>Prudencia financiera requerida a los titulares de activos de transporte y regasificación de gas natural</strong></li>



<li><strong>Inclusión y baja en el sistema retributivo</strong></li>



<li><strong>Otras disposiciones</strong></li>



<li><strong>Información para el cálculo de la retribución.</strong></li>



<li><strong>Valor de los parámetros contenidos en la circular.</strong></li>



<li><strong>ANEXO I: Valores unitarios de referencia</strong></li>



<li><strong>ANEXO II: Informe de revisión independiente, o auditoría, de inversión</strong></li>



<li><strong>ANEXO A: Resumen de costes e ingresos asociados al desarrollo de la instalación</strong></li>



<li><strong>ANEXO B Resumen de resultados de las pruebas de verificación</strong></li>



<li><strong>ANEXO C Resumen de las salvedades recogidas en el informe</strong></li>



<li><strong>ANEXO D Resumen de técnicas de comprobación empleadas y fuentes de obtención de evidencia utilizadas</strong></li>



<li><strong>ANEXO E Resumen del procedimiento de adjudicación del encargo</strong></li>



<li><strong>ANEXO F Pruebas específicas del Informe de revisión independiente, o de auditoría, sobre el valor de la inversión.</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>RESUMEN:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva Circular de la CNMC actualiza el régimen retributivo aplicable a las instalaciones de transporte de gas natural y a las plantas de gas natural licuado para adaptarlo al nuevo contexto energético. La competencia de la CNMC para establecer esta metodología deriva de la Ley 3/2013 y de la Ley 34/1998, tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 1/2019. El nuevo marco da continuidad a las Circulares 9/2019 y 8/2020, pero integra y revisa su contenido ante la finalización del periodo regulatorio 2021-2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La revisión responde principalmente al proceso de descarbonización, a la reducción de la demanda de gas y de las nuevas inversiones, al elevado grado de amortización de las infraestructuras existentes y a la necesidad de mantenerlas operativas para garantizar la seguridad de suministro. La metodología pretende facilitar progresivamente la incorporación de gases renovables y el abandono del gas fósil, en línea con los objetivos europeos de reducción de emisiones para 2030 y de neutralidad climática para 2050. Al mismo tiempo, busca prolongar de manera eficiente la utilización de las infraestructuras existentes, reforzando su resiliencia, digitalización y ciberseguridad y evitando inversiones innecesarias.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El nuevo modelo mantiene esencialmente los principios del sistema retributivo anterior y establece una transición progresiva hacia el nuevo periodo regulatorio. La rentabilidad de los recursos financieros invertidos continúa determinándose mediante la metodología WACC y la retribución de los costes de operación y mantenimiento se calcula mediante valores unitarios de referencia. Asimismo, dentro de los Ajustes a la Retribución por Productividad y Eficiencia se mantienen la Retribución por Extensión de Vida Útil y la Retribución por Mejoras de Productividad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Entre las principales novedades desaparece la Retribución por Continuidad de Suministro, que ya había sido reducida progresivamente durante el periodo 2021-2026. En su lugar se incorporan nuevos incentivos vinculados a la adquisición eficiente de determinados costes de operación y mantenimiento y a la fiabilidad y valorización de activos amortizados. También se amplían los incentivos relacionados con el desarrollo sostenible para favorecer la entrada en las redes de gases distintos del gas natural con garantías de origen, así como el uso de GNL y bioGNL como combustible marítimo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular también refuerza la disciplina financiera de las empresas reguladas. A partir del año de gas 2030, la penalización asociada al incumplimiento de los criterios de prudencia financiera aumenta del 1 % al 1,5 % de la retribución y se precisa su forma de aplicación teniendo en cuenta que las liquidaciones se realizan por año de gas. Además, para simplificar el marco regulatorio, la nueva Circular integra el contenido de la anterior Circular 8/2020 y actualiza los valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento correspondientes al periodo 2027-2032.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En conjunto, la regulación configura un sistema retributivo orientado a compatibilizar la suficiencia económica de las actividades reguladas con la eficiencia, la seguridad de suministro y la transición energética. La Circular determina los principios, instalaciones, costes e ingresos que forman parte de la metodología, las fórmulas necesarias para calcular la retribución y los procedimientos e información exigibles para incorporar o dar de baja instalaciones del sistema retributivo, así como para registrar modificaciones derivadas de operaciones de compraventa. Con ello se pretende establecer un marco estable para los próximos periodos regulatorios, adaptado a la evolución del mercado gasista y al progresivo desarrollo de los gases renovables.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Comentarios de Ayuda a la interpretación de la Norma</strong> <strong><em>Circular 4/2026, de 8 de septiembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para determinar la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>CONCORDANCIAS</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</u></strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular 4/2026 establece el nuevo marco metodológico aplicable a la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado. Sustituye el esquema normativo articulado hasta ahora fundamentalmente mediante las Circulares 9/2019 y 8/2020 y concentra en una única disposición la metodología retributiva, los valores unitarios de referencia, el tratamiento de inversiones y costes de operación y mantenimiento, los incentivos, las auditorías y los procedimientos de inclusión y baja en el sistema retributivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aunque existe una continuidad sustancial respecto del modelo anterior, la Circular introduce modificaciones relevantes vinculadas a la transición energética, la prolongación de la vida útil de los activos, la incorporación de gases renovables, la eficiencia económica, el control de inversiones y la prudencia financiera. Su aplicación exige, por ello, una coordinación estrecha entre las áreas técnica, regulatoria, económica, contable y jurídica de los titulares de instalaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. CONCORDANCIAS NORMATIVAS</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular 4/2026 no responde a la técnica de modificación puntual de artículos concretos de normas anteriores. Su función consiste en establecer una nueva metodología completa, integrar regulación previamente dispersa y sustituir expresamente las dos principales circulares del periodo regulatorio anterior.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La afectación más directa se produce sobre la <strong>Circular 9/2019, de 12 de diciembre, de la CNMC</strong>, que establecía la metodología retributiva aplicable desde 2021. La disposición derogatoria única de la Circular 4/2026 la deroga íntegramente. No existe, por tanto, una modificación parcial de sus artículos, sino una sustitución normativa del régimen metodológico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La segunda derogación expresa afecta a la <strong>Circular 8/2020, de 2 de diciembre</strong>, que contenía los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento correspondientes al periodo 2021-2026 y los requisitos mínimos de determinadas auditorías. La Circular 4/2026 integra esas materias en su propio articulado y anexos y establece los valores correspondientes al periodo regulatorio 2027-2032. No obstante, la Circular 8/2020 conserva efectos en determinados supuestos transitorios previstos expresamente por la nueva norma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva metodología se apoya en la <strong>Ley 3/2013, de 4 de junio</strong>, particularmente en la competencia atribuida a la CNMC para establecer mediante circular la metodología, los parámetros y la base de activos utilizados en la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de GNL. La Circular no modifica esa ley, sino que desarrolla las competencias regulatorias atribuidas a la Comisión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos</strong>, constituye igualmente una norma estructural de referencia. La Circular utiliza sus categorías de instalaciones, su planificación sectorial y el régimen de derechos económicos de los titulares, y articula sobre esa base los mecanismos concretos de reconocimiento retributivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También mantiene una relación directa con la <strong>Ley 18/2014, de 15 de octubre</strong>, de la que toma los principios relativos a sostenibilidad económica y financiera, periodos regulatorios y actividad eficiente y bien gestionada. Los periodos regulatorios continúan teniendo una duración de seis años y la metodología se estructura por años de gas, comprendidos entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El <strong>Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero</strong>, explica el actual reparto competencial entre CNMC y Administración General del Estado en materia de regulación energética. La Circular constituye ejercicio de las funciones que dicho marco atribuyó a la CNMC y se aprueba de acuerdo con las orientaciones de política energética establecidas mediante la <strong>Orden TED/1318/2025, de 19 de noviembre</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La metodología mantiene asimismo numerosas remisiones a otras normas. La <strong>Circular 1/2015</strong> continúa siendo esencial para SICORE, identificación CUAR y OFC e información regulatoria de costes; la <strong>Circular 7/2021</strong> sigue siendo referencia para el incentivo vinculado a la liquidación de mermas; y el <strong>Real Decreto 1434/2002</strong> conserva su función en materia de autorizaciones, modificaciones y cierre de instalaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición derogatoria incluye además una cláusula general que elimina las disposiciones de igual o inferior rango incompatibles con la Circular 4/2026. Esta previsión no desplaza aquellas normas instrumentales a las que la propia Circular continúa remitiendo, sino únicamente las reglas que resulten materialmente incompatibles con el nuevo modelo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El cambio esencial de régimen puede sintetizarse así: durante 2021-2026, metodología y valores unitarios se encontraban distribuidos fundamentalmente entre las Circulares 9/2019 y 8/2020; desde el nuevo periodo, la Circular 4/2026 concentra ambas dimensiones en una única regulación y adapta el modelo a un contexto de menor crecimiento de infraestructuras tradicionales, mayor amortización de activos, transición energética y penetración de gases renovables.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. CINCO CONCEPTOS CLAVE DE LA NORMA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.1. Valores unitarios de referencia y valor de inversión reconocido</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El primer concepto central es la utilización de <strong>valores unitarios de referencia</strong> para determinar tanto el valor de inversión como la retribución de operación y mantenimiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular mantiene la lógica de un sistema regulado basado en estándares eficientes y no en el reconocimiento automático del coste real soportado. Los valores unitarios son únicos para todo el territorio nacional y permanecen constantes durante el periodo regulatorio. Se construyen a partir de costes representativos de instalaciones cuyo diseño y condiciones operativas responden a los estándares del sistema gasista.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El profesional debe distinguir entre coste contable, coste auditado, coste admitido y valor de inversión reconocido. La existencia real del gasto no genera por sí sola un derecho a su recuperación íntegra a través del sistema retributivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta distinción afecta directamente a proyectos de gasoductos, estaciones de compresión, estaciones de regulación y medida, plantas de GNL, ampliaciones y transformaciones. Su correcta aplicación exige identificar con precisión la tipología del activo, su capacidad, modalidad constructiva, fecha de autorización y coeficientes correctores aplicables.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.2. Gastos de explotación activados</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular configura como categoría propia los <strong>gastos de explotación activados</strong>, correspondientes a actuaciones sobre instalaciones ya puestas en servicio realizadas por razones de obsolescencia, eficiencia, descarbonización o mejora de la operación, disponibilidad, seguridad o mantenimiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Estos costes se activan contablemente, pero no constituyen una nueva instalación con retribución individualizada. Además, deben tener carácter no recurrente y no variable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su relevancia práctica es notable porque proporciona un mecanismo específico para actualizar instalaciones existentes en un sistema caracterizado por el elevado grado de amortización de buena parte de los activos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma fija límites máximos anuales de 60 millones de euros para regasificación y 43 millones para transporte y permite que los importes que excedan esos máximos puedan tratarse, cuando proceda, como costes de O&amp;M incluidos en valores unitarios.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para el profesional resulta esencial distinguir esta categoría del O&amp;M ordinario, de la ampliación, de la transformación y de la inversión individualizada.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.3. Ajustes por productividad, eficiencia y descarbonización</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El tercer concepto es la evolución de los <strong>Ajustes a la Retribución por Productividad y Eficiencia (ARPE)</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular mantiene mecanismos conocidos como la Retribución por Extensión de Vida Útil y las mejoras de productividad, pero modifica sustancialmente el sistema de incentivos. Desaparece la Retribución por Continuidad de Suministro, que había sido reducida progresivamente durante el periodo 2021-2026, y se introducen nuevos incentivos vinculados a la adquisición eficiente de determinados suministros y a la fiabilidad y valorización de activos amortizados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Paralelamente, se amplía el incentivo por desarrollo sostenible para incorporar gases diferentes del gas natural, garantías de origen y bioGNL.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La importancia práctica de este cambio reside en que la metodología deja de centrarse exclusivamente en nuevas inversiones y dirige una parte mayor de las señales económicas hacia eficiencia operativa, mantenimiento de activos existentes y adaptación del sistema a vectores energéticos renovables.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.4. Prudencia financiera</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>prudencia financiera</strong> conecta la situación económico-financiera de la empresa con la retribución regulada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular mantiene una penalización para las empresas cuyas ratios se sitúen fuera de los rangos establecidos en la Comunicación 1/2019 de la CNMC y refuerza progresivamente su intensidad. Hasta el año de gas 2029 la penalización no puede superar el 1 % de la retribución anual; posteriormente el modelo eleva la intensidad máxima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación práctica exige atender tanto a la situación individual de la sociedad como, en determinados supuestos, a su integración en un grupo empresarial, así como al tratamiento específico de saldos regulatorios, fianzas y depósitos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El concepto traslada el análisis regulatorio desde la instalación individual hacia la estructura financiera del titular de los activos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.5. Inclusión en el régimen retributivo y auditoría de inversiones</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El quinto concepto clave es la articulación entre <strong>inclusión provisional, inclusión definitiva y auditoría de inversiones</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La inclusión definitiva requiere que el valor real activado se someta a un informe de revisión independiente de aseguramiento razonable. La auditoría debe analizar la trazabilidad económica y documental de las inversiones, pero no sustituye a la decisión retributiva de la CNMC.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular refuerza así el vínculo entre proyecto técnico, inversión, contabilidad y reconocimiento económico. Los expedientes deben integrar autorizaciones, proyecto de ejecución, acta de puesta en servicio, caracterización de la instalación, valor auditado, subvenciones, financiaciones o cesiones de terceros, documentación <em>as built</em> y justificación económica o técnica correspondiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular fue publicada el 18 de septiembre de 2026 y entra formalmente en vigor el <strong>19 de septiembre de 2026</strong>. Sin embargo, su disposición final establece expresamente que la metodología retributiva resulta aplicable desde el <strong>1 de octubre de 2026</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Existe, por tanto, una diferenciación entre vigencia formal y aplicación material.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A ello se añade una aplicación escalonada de determinados parámetros. Los valores unitarios contenidos en el anexo I están vinculados al periodo regulatorio 2027-2032, mientras que la disposición adicional tercera establece parámetros económicos específicos para ese mismo periodo. Determinados incentivos vinculados a gases diferentes del gas natural se conectan además con instalaciones que entren en servicio o se conecten a partir del nuevo año de gas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular contiene dos disposiciones transitorias de especial importancia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>disposición transitoria primera</strong> afecta a instalaciones con autorización administrativa previa anterior al 1 de enero de 2021 y puesta en servicio posterior, siempre que nunca hubieran estado operativas y se encuentren dentro del régimen contemplado. Para estos casos, la nueva Circular se aplica a las auditorías, tipología de instalaciones y fórmulas de determinación del valor, pero se mantienen los valores unitarios de inversión de la Circular 8/2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>disposición transitoria segunda</strong> permite aplicar el nuevo mecanismo de gastos de explotación activados a determinadas cantidades correspondientes al periodo 2021-2026, siempre que hubieran sido declaradas conforme a la Circular 1/2015 y cumplan las condiciones establecidas. La CNMC determinará mediante resolución las cantidades máximas reconocibles y su retribución definitiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular no contiene una regla general que mantenga automáticamente la normativa anterior para todo expediente iniciado antes del cambio de régimen. La solución temporal depende del tipo de procedimiento y del hecho jurídico relevante: autorización administrativa, puesta en servicio, año de gas, fecha de la inversión o solicitud de inclusión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En consecuencia, para determinar correctamente el régimen aplicable deben identificarse cinco datos: fecha de autorización administrativa previa, fecha del proyecto aprobado, fecha de puesta en servicio, estado de inclusión en el sistema retributivo y periodo regulatorio afectado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las situaciones definitivamente consolidadas mantienen su tratamiento propio, mientras que las retribuciones provisionales, expedientes abiertos, inversiones pendientes de inclusión y costes aún no reconocidos pueden quedar sujetos a regularizaciones conforme a las reglas del nuevo sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular incorpora numerosos conceptos técnicos y económicos que requieren una aplicación administrativa casuística.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno de los principales ámbitos interpretativos es la <strong>admisibilidad de los costes</strong>. El artículo 7 exige que sean necesarios, asignables, ciertos, trazables y acordes con normativa, estándares técnicos y precios de mercado. Estos conceptos impiden identificar automáticamente coste incurrido con coste retribuible. El criterio más sólido consiste en justificar la necesidad funcional del gasto, su relación causal con la actividad regulada y la razonabilidad económica de su importe.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Otro ámbito especialmente relevante es la delimitación entre <strong>O&amp;M, gasto de explotación activado, ampliación y transformación</strong>. La Circular utiliza simultáneamente criterios técnicos y administrativos. Una actuación solo constituye ampliación o transformación en determinados casos cuando se tramita de forma independiente y después de la puesta en servicio de la instalación original. Las actuaciones ya comprendidas en la autorización o proyecto inicial no adquieren esa naturaleza únicamente porque su puesta en marcha sea posterior.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La calificación de una <strong>instalación singular</strong> presenta igualmente un margen interpretativo. El artículo 52 exige características operativas o constructivas que difieran y superen ampliamente los estándares del sistema. Un mayor coste, una ubicación compleja o un trazado oneroso no bastan por sí solos. La singularidad exige una verdadera excepcionalidad técnica y su reconocimiento debe producirse antes de la adjudicación del proyecto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También resulta relevante la distinción entre <strong>valor de inversión auditado y valor reconocido</strong>. El informe de auditoría acredita la fiabilidad de la información financiera y técnica, pero la CNMC conserva la facultad de excluir costes que no resulten admisibles conforme a la metodología.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En materia de planificación, la estimación de demanda comunicada por el titular adquiere especial importancia al declararse vinculante a efectos retributivos. Las previsiones que sustenten una nueva infraestructura deben basarse, por ello, en hipótesis técnicamente justificadas, compromisos de usuarios y escenarios económicos coherentes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular prevé además que la CNMC pueda modificar mediante resolución determinados aspectos de las auditorías, incluidos modelos, tablas, pruebas y muestreos, así como aprobar guías profesionales aplicables a estos trabajos. La interpretación práctica del régimen se irá concretando, por tanto, mediante resoluciones y criterios de la Comisión.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5. GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La correcta aplicación de la Circular exige una revisión ordenada de los activos y expedientes sometidos al nuevo régimen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La primera actuación consiste en elaborar una <strong>ficha regulatoria por instalación</strong> que contenga su tipología, CUAR u OFC, fecha de autorización, proyecto de ejecución, puesta en servicio, capacidad, titularidad, situación retributiva, subvenciones, inversiones y costes de O&amp;M.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A continuación debe determinarse la categoría regulatoria de cada actuación: nueva instalación, construcción posterior, ampliación, transformación, gasto de explotación activado, O&amp;M ordinario o instalación singular.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La tercera fase consiste en determinar el régimen temporal y económico aplicable: periodo regulatorio, valor unitario, coeficientes correctores y eventual aplicación de reglas transitorias.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En los <strong>planes de inversión y cierre</strong>, la Circular exige para cada instalación una descripción técnica suficiente, ubicación, inversiones realizadas y previstas a diez años, subvenciones, fechas de puesta en servicio o cierre, estado de tramitación y justificación de la sostenibilidad económica y financiera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los <strong>gastos de explotación activados</strong> requieren una trazabilidad específica. Deben asociarse a CUAR u OFC, describir la actuación, incluir fechas de inicio y fin, importes ejecutados y previstos y subvenciones o financiaciones asociadas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los procedimientos de <strong>inclusión provisional y definitiva</strong> deben gestionarse desde el inicio del proyecto. La documentación técnica y contable debe construirse de forma paralela para que la autorización, el proyecto, el <em>as built</em>, el inventario, SICORE y la auditoría describan el mismo activo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los perfiles profesionales afectados abarcan ingeniería, operación y mantenimiento, regulación, asesoría jurídica, finanzas, contabilidad, auditoría, compras, planificación y sistemas de información.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Especial atención merece el artículo 57. La información regulatoria incompleta da lugar a requerimiento de subsanación en treinta días hábiles. Si no se corrige, la empresa puede pasar a percibir solo el 50 % de la retribución provisional y, si la situación continúa, quedar temporalmente sin retribución hasta la regularización.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La documentación del expediente debe permitir reconstruir toda la cadena regulatoria: autorización, proyecto, ejecución, coste, financiación, subvención, puesta en servicio, clasificación del activo, declaración SICORE, auditoría y resolución retributiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Como criterio operativo, todo gasto o inversión relevante debería responder claramente a cuatro preguntas: <strong>qué actuación se ha realizado, por qué era necesaria, cómo se ha calculado su coste y qué tratamiento retributivo le corresponde</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6. RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Los riesgos principales pueden agruparse en tres niveles.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación segura</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Existe un núcleo normativo claramente definido: fechas de aplicación, plazos administrativos, obligación de información, procedimientos de inclusión, facultades de inspección y régimen transitorio expresamente previsto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En este ámbito, los principales riesgos derivan del incumplimiento formal. La presentación tardía de solicitudes, una declaración SICORE incompleta, la omisión de subvenciones o la falta de comunicación de transmisiones y cierres pueden producir consecuencias económicas directas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La CNMC puede requerir información adicional y realizar inspecciones. Si detecta diferencias en la caracterización de los activos, sus parámetros o los costes declarados, puede modificar mediante resolución los parámetros retributivos correspondientes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prevención exige calendarios regulatorios, validación documental previa y coherencia entre documentación técnica y económica.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación probable pero prudente</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El segundo nivel comprende los conceptos cuyo contenido está definido, pero exige apreciación técnica o económica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La admisibilidad de costes constituye el ejemplo principal. Conceptos como necesidad, eficiencia, asignabilidad o precio de mercado requieren una motivación suficiente. La misma cautela se aplica a la clasificación de actuaciones como gasto activado, ampliación, transformación o instalación singular.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Estas decisiones deben documentarse antes de que la actuación quede cerrada técnica o contablemente. La justificación posterior presenta mayores dificultades cuando proyecto, contabilidad y declaración regulatoria ya contienen clasificaciones contradictorias.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También requiere especial prudencia la elaboración de previsiones de demanda, dado su carácter vinculante a efectos retributivos en determinados supuestos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación dudosa o de riesgo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El mayor nivel de riesgo aparece en los expedientes que atraviesan el cambio de régimen, en la posible aplicación de la cláusula derogatoria general, en situaciones cuya operatividad dependa de resoluciones posteriores de la CNMC y en los supuestos fronterizos de distribución competencial.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En estos casos, el expediente debe incorporar una motivación específica sobre régimen temporal, competencia y fundamento económico de la decisión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El riesgo de impugnación aumenta cuando una resolución altera valores reconocidos, excluye costes relevantes, niega singularidad, modifica la caracterización de una instalación o aplica una regularización con efectos sobre ejercicios anteriores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Circular se apoya expresamente en el marco competencial derivado de la Ley 3/2013 y del Real Decreto-ley 1/2019, pero la gestión práctica de una infraestructura continúa repartida entre autorización administrativa, planificación, reconocimiento retributivo y liquidación. La correcta identificación del órgano competente para cada fase constituye por ello una condición esencial del expediente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Desde un enfoque preventivo, los supuestos con mayor necesidad de motivación reforzada son la singularidad de instalaciones, los costes superiores a referencias habituales, las inversiones con previsiones de utilización reducidas o inciertas, los costes indirectos de imputación compleja, las operaciones vinculadas y las revisiones derivadas de inspecciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En términos globales, la Circular 4/2026 refuerza un modelo en el que la retribución depende no solo de la existencia material de la instalación, sino también de su <strong>correcta caracterización jurídica y técnica, la eficiencia del coste, la calidad de la información regulatoria y la coherencia de toda la documentación del expediente</strong>. La principal exigencia práctica para los profesionales consiste, por tanto, en asegurar una trazabilidad completa desde la decisión de inversión hasta la resolución retributiva final.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong><strong></strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Artículo de opinión</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Este artículo de <em>El Periódico de la Energía</em>, firmado por Juan E. Iranzo, analiza críticamente el modelo de retribución de las redes de gas y la necesidad de que la regulación garantice una remuneración suficiente de las infraestructuras sin trasladar costes excesivos a consumidores e industria. Resulta especialmente útil para elaborar opinión sobre <strong>rentabilidad regulada, prolongación de la vida útil de los activos, equilibrio entre inversión y costes y adaptación de las redes gasistas a la transición energética</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://elperiodicodelaenergia.com/el-modelo-de-retribucion-de-las-redes-de-gas-y-la-competitividad-industrial">https://elperiodicodelaenergia.com/el-modelo-de-retribucion-de-las-redes-de-gas-y-la-competitividad-industrial</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">Entrada de blog</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Esta entrada de <em>IAM Carbonzero</em> analiza la nueva metodología de retribución de las redes gasistas desde la perspectiva de la transición energética y, especialmente, de la incorporación del biometano y otros gases renovables. Explica cómo el sistema retributivo puede utilizarse para incentivar nuevas funciones de las infraestructuras existentes y resulta útil para relacionar la <strong>retribución regulada de las redes con la descarbonización, los gases renovables y la utilización futura de las infraestructuras gasistas</strong>.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-i-am-carbonzero wp-block-embed-i-am-carbonzero"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="2i4WsxPq4c"><a href="https://iamcarbonzero.com/la-nueva-retribucion-de-las-redes-de-gas-una-oportunidad-y-un-riesgo-para-el-despliegue-del-biometano-en-espana/">La nueva retribución de las redes de gas: una oportunidad… y un riesgo para el despliegue del biometano en España </a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="«La nueva retribución de las redes de gas: una oportunidad… y un riesgo para el despliegue del biometano en España » — I Am Carbonzero" src="https://iamcarbonzero.com/la-nueva-retribucion-de-las-redes-de-gas-una-oportunidad-y-un-riesgo-para-el-despliegue-del-biometano-en-espana/embed/#?secret=U7Jqxob3HR#?secret=2i4WsxPq4c" data-secret="2i4WsxPq4c" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Sentencia del Tribunal Supremo</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>STS de 3 de mayo de 2011</strong> analiza directamente el régimen de retribución de las actividades reguladas del sector gasista y, en particular, de las <strong>redes de transporte mediante gasoductos</strong>. El Tribunal Supremo establece que el sistema debe permitir recuperar las inversiones durante la vida útil de las instalaciones y proporcionar una rentabilidad razonable de los recursos financieros, pero precisa que ello no genera un derecho del titular a recuperar íntegramente sus inversiones al margen de los criterios, fórmulas y parámetros establecidos por el régimen retributivo. Es especialmente adecuada para fundamentar jurídicamente la <strong>Circular 4/2026</strong>, porque conecta con principios que siguen siendo centrales en el modelo actual: recuperación de inversiones, rentabilidad razonable, objetividad, transparencia y ausencia de discriminación. <a href="https://vlex.es/vid/278990059?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">https://vlex.es/vid/278990059</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/"></a></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img decoding="async" width="340" height="66" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png" alt="" class="wp-image-14328" srcset="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png 340w, https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7-300x58.png 300w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></a></figure>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/retribucion-transporte-de-gas-natural/">Retribución transporte de gas natural</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
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		<title>Mercado de capacidad en el sistema eléctrico</title>
		<link>https://guiasnormativaconstruccion.es/mercado-de-capacidad-en-el-sistema-electrico/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADO]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español.</p>
<p>La entrada <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es/mercado-de-capacidad-en-el-sistema-electrico/">Mercado de capacidad en el sistema eléctrico</a> se publicó primero en <a href="https://guiasnormativaconstruccion.es">Normativa de la Construcción</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea un mercado de capacidad en</strong> <strong>el sistema eléctrico peninsular español.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-19329">«BOE» núm. 230, de 17 de septiembre de 2026, páginas 122656 a 122687 (32 págs.)</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Análisis:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Objeto:</strong> La creación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español, estableciendo los requisitos para participar como proveedor del servicio de capacidad, las condiciones de prestación del servicio, la regulación de los procedimientos de subasta, así como su régimen retributivo y de financiación.</li>



<li><strong>Mercado de capacidad</strong></li>



<li><strong>Procedimiento de concurrencia competitiva</strong></li>



<li><strong>Prestación del servicio de capacidad</strong></li>



<li><strong>Régimen de inspección e incumplimientos</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>RESUMEN:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden parte de una idea central: la transición energética española exige integrar cada vez más energías renovables en el sistema eléctrico, pero esa transformación solo puede desarrollarse de forma segura si existe suficiente capacidad firme y flexible que garantice el suministro cuando la producción renovable no sea suficiente. La evolución reciente confirma el fuerte crecimiento de estas tecnologías: la potencia eólica supera los 33 GW y la fotovoltaica ha pasado de unos 9 GW a comienzos de 2019 a más de 41 GW en 2025. Además, las renovables superaron por primera vez el 50 % de la generación eléctrica nacional en 2023 y alcanzaron el 56,8 % en 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, este incremento de generación renovable plantea nuevas necesidades de respaldo y flexibilidad. Los análisis de cobertura realizados tanto a escala nacional como europea muestran que el número esperado de horas con energía no suministrada, denominado LOLE, supera el estándar de fiabilidad fijado en 1,5 horas. El análisis nacional publicado por Red Eléctrica reflejaba valores de 6,26 horas en 2025, 4,76 horas en 2027 y 2,34 horas en 2030, mientras que posteriores análisis nacionales y europeos continuaban situando determinados horizontes por encima de ese estándar. Por ello, cuando las simulaciones de cobertura muestran un LOLE superior al nivel de fiabilidad establecido, se considera necesaria la implantación de un mecanismo de capacidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno de los problemas que justifican este mecanismo es que el mercado eléctrico ordinario no ofrece por sí solo ingresos suficientes para garantizar determinadas inversiones en tecnologías firmes, flexibles o de almacenamiento. La Orden identifica así el denominado fenómeno de <em>missing money</em>: aunque aumenten los ingresos obtenidos mediante arbitraje y se permita a las instalaciones de almacenamiento participar en distintos mercados, las señales económicas siguen siendo insuficientes para promover todas las inversiones necesarias para garantizar simultáneamente la seguridad de suministro y la integración masiva de renovables.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También se han considerado otras soluciones, especialmente el desarrollo de las interconexiones eléctricas con los sistemas europeos. Estas permiten aprovechar la complementariedad entre países y reducir situaciones de estrés del sistema, pero requieren largos periodos de desarrollo y, por tanto, no solucionan suficientemente los problemas de cobertura previstos a corto y medio plazo. De ahí que la Orden considere necesario crear específicamente un mercado de capacidad que complemente el mercado eléctrico ordinario y garantice la existencia de potencia disponible cuando el sistema la necesite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El nuevo mecanismo se configura como un mercado de capacidad de ámbito peninsular, centralizado y basado en las necesidades de potencia firme que determine el operador del sistema. La contratación se realizará mediante procedimientos competitivos en los que se subastará la capacidad necesaria para asegurar la cobertura de la demanda. Los adjudicatarios recibirán una remuneración económica a cambio de asumir una obligación de disponibilidad durante el periodo correspondiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El sistema contempla fundamentalmente tres tipos de subastas. Las subastas principales estarán destinadas a contratar con anticipación la capacidad firme necesaria para determinados horizontes temporales, permitiendo que puedan desarrollarse nuevas inversiones antes de comenzar a prestar el servicio. Junto a ellas existirán subastas anuales de ajuste para corregir desviaciones imprevistas en las necesidades de capacidad o cubrir la eventual falta de ejecución de proyectos inicialmente adjudicados. Finalmente, durante la fase inicial de funcionamiento del sistema podrán convocarse subastas transitorias anuales para cubrir las necesidades existentes hasta que comiencen a prestar servicio las capacidades contratadas mediante las subastas principales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El diseño pretende respetar la neutralidad tecnológica. Podrán participar tecnologías de generación, almacenamiento y gestión de la demanda siempre que aporten capacidad firme efectiva y que el mecanismo tenga para ellas un efecto incentivador real. Para comparar tecnologías distintas se establecerán coeficientes de firmeza que reflejen su contribución efectiva a la seguridad del sistema. Asimismo, podrán concurrir tanto instalaciones existentes como nuevas inversiones, aunque podrán establecerse límites de precio específicos para evitar rentas excesivas en determinadas instalaciones ya existentes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cada subasta se establecerá una curva de potencia firme requerida en función de las previsiones de demanda, las necesidades de cobertura y el estándar de fiabilidad. Las ofertas se presentarán mediante un procedimiento de sobre cerrado y la adjudicación seguirá un sistema <em>pay-as-bid</em>, de manera que cada adjudicatario percibirá el precio correspondiente a su propia oferta aceptada. Además, se prevé la creación de un mercado secundario que permitirá transferir o gestionar las obligaciones de capacidad, aportando mayor flexibilidad a los participantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En conjunto, el mercado de capacidad se concibe como un instrumento complementario al mercado eléctrico tradicional. Su finalidad no es remunerar directamente la producción de electricidad, sino garantizar que exista suficiente potencia firme y disponible para responder cuando el sistema lo requiera. De esta manera se pretende compatibilizar el crecimiento de las energías renovables con la seguridad de suministro, incentivar inversiones en tecnologías de respaldo y aportar estabilidad al sistema eléctrico español durante el proceso de descarbonización. La Orden se fundamenta además en los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia previstos en la legislación administrativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Comentarios de Ayuda a la interpretación de la Norma</strong> <strong><em>Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>CONCORDANCIAS</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</u></strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. CONCORDANCIAS NORMATIVAS</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden TED/966/2026 no se configura como una norma de modificación directa de disposiciones anteriores. No da nueva redacción a artículos de otras normas ni contiene derogaciones nominativas. Su función principal consiste en <strong>desarrollar y completar el marco jurídico del mecanismo de capacidad del sistema eléctrico peninsular</strong>, articulándolo mediante un mercado centralizado basado en procedimientos competitivos, disponibilidad de potencia firme, retribución y financiación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La concordancia fundamental se establece con la <strong>Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico</strong>. El propio preámbulo declara que la Orden desarrolla la previsión contenida en su artículo 14.5. Además, el artículo 2 de la Orden utiliza las categorías subjetivas del artículo 6.1 de aquella Ley para determinar quiénes pueden participar: productores, titulares de almacenamiento, consumidores y sujetos que desarrollan actividades de agregación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La segunda referencia estructural es el <strong>Reglamento (UE) 2019/943, relativo al mercado interior de la electricidad</strong>. La propia definición de mercado de capacidad lo identifica como uno de los mecanismos regulados en su capítulo IV, y el artículo 4 de la Orden somete expresamente el mecanismo español a los principios del artículo 22 del Reglamento europeo. También existen remisiones a sus artículos 24, 25 y 26 en materia de análisis de cobertura, determinación de determinados parámetros y participación transfronteriza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Orden ITC/3127/2011</strong>, reguladora de determinados pagos por capacidad, mantiene una relación especialmente relevante desde la perspectiva económica. La nueva Orden no declara su derogación, pero impide la percepción simultánea de otra retribución en concepto de mecanismo de capacidad y exige, cuando proceda, la renuncia previa a esos pagos para obtener la habilitación en el nuevo mercado. La nueva regulación opera así mediante una regla de <strong>incompatibilidad retributiva</strong>, no mediante una sustitución formal de aquella Orden.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El <strong>Real Decreto 413/2014, de 6 de junio</strong>, adquiere relevancia para determinadas cogeneraciones. El artículo 11.c) de la Orden utiliza el rendimiento eléctrico equivalente previsto en su anexo XIV para calcular las emisiones asociadas a la producción de electricidad. No se modifica ese Real Decreto; se incorpora su metodología como referencia técnica para acreditar uno de los requisitos de participación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Existe también una remisión al <strong>Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio</strong>, para determinar qué determinadas nuevas inversiones pueden acogerse al plazo excepcional de hasta nueve años entre la adjudicación y el comienzo de la prestación. La Orden utiliza, por tanto, una categoría tecnológica definida externamente como presupuesto para aplicar un régimen temporal específico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En materia de financiación, la Orden se coordina con la <strong>Circular 3/2020 de la CNMC</strong>, tomando de ella los segmentos tarifarios, periodos horarios y determinados parámetros relacionados con pérdidas; con el <strong>Real Decreto 216/2014</strong>, mediante las referencias utilizadas para elevar consumos a barras de central; y con el <strong>Real Decreto 148/2021</strong>, al disponer que los saldos derivados de la liquidación del mecanismo se integren en la determinación anual de los cargos del sistema eléctrico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Ley 3/2013, de creación de la CNMC</strong>, completa el esquema institucional. La Orden remite a su artículo 12.1.b) para determinadas discrepancias y atribuye a la CNMC funciones de supervisión de las subastas, inspección y control del cumplimiento del servicio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición derogatoria única contiene una cláusula general conforme a la cual quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango incompatibles con la nueva Orden. No existe una derogación expresa de normas concretas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En términos sistemáticos, el cambio fundamental no consiste en sustituir un precepto anterior por otro, sino en <strong>crear un régimen completo de mercado de capacidad</strong>: selección competitiva, determinación de potencia firme, derechos de cobro, obligaciones de disponibilidad, mercado secundario, verificación, consecuencias económicas por incumplimiento y financiación específica.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. CINCO CONCEPTOS CLAVE DE LA NORMA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.1. Mercado de capacidad</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El mercado de capacidad constituye el concepto central de toda la Orden. Se configura como un mecanismo dirigido a asegurar la seguridad de suministro del sistema eléctrico peninsular mediante la contratación de suficiente potencia firme. Comprende tanto el procedimiento competitivo como los requisitos de acceso y los derechos y obligaciones posteriores de los adjudicatarios.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su importancia práctica radica en que la Orden no establece únicamente una retribución, sino un verdadero <strong>régimen de prestación regulada</strong>. El adjudicatario adquiere un derecho económico a cambio de asumir obligaciones de disponibilidad frente al sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pueden participar productores, almacenamiento, consumidores y diferentes formas de agregación, siempre que reúnan los requisitos de la Orden. Esta amplitud subjetiva refleja un diseño tecnológicamente abierto en el que generación, almacenamiento y demanda pueden aportar firmeza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.2. Potencia firme y coeficientes de firmeza</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>potencia firme</strong> es la potencia activa media que una instalación puede aportar para la cobertura de la demanda atendiendo a sus condiciones de disponibilidad y fiabilidad. Se calcula, con carácter general, mediante el producto de la potencia instalada por el correspondiente coeficiente de firmeza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este concepto modifica sustancialmente la lógica con la que debe analizarse una instalación: el dato relevante para el mercado no es únicamente la potencia nominal o instalada, sino la parte de esa potencia que el sistema reconoce como firme.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los coeficientes de firmeza permiten comparar tecnologías distintas y serán determinados por tecnología de referencia. Solo pueden participar aquellas tecnologías para las que se haya definido previamente un coeficiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La potencia firme condiciona la elegibilidad, el volumen ofertable, la retribución y las posteriores obligaciones de disponibilidad. En instalaciones híbridas y agregaciones se aplican reglas específicas de cálculo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.3. Subastas de capacidad</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La asignación del servicio se articula mediante <strong>procedimientos de concurrencia competitiva</strong>. La Orden distingue subastas principales y subastas de ajuste, a las que se añaden, durante la fase inicial, las subastas transitorias.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La adjudicación utiliza ofertas en sobre cerrado y un esquema de pago según oferta, de forma que cada bloque adjudicado percibe el precio ofertado por su titular.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La convocatoria concreta adquiere una relevancia decisiva porque fija, entre otros elementos, la curva de potencia firme requerida, los coeficientes de firmeza, el umbral de flexibilidad, los periodos de prestación, los precios máximos y las Reglas de la Subasta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden diferencia además la duración del compromiso según la naturaleza de la instalación. Para instalaciones existentes de generación y almacenamiento el periodo ordinario es anual; para determinadas nuevas inversiones puede extenderse hasta quince años, y para demanda puede situarse entre uno y diez años.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.4. Servicio de capacidad y horas de estrés</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El servicio de capacidad consiste en la obligación de mantener disponible la potencia firme comprometida en los momentos relevantes para la seguridad del sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disponibilidad se concentra especialmente en las denominadas <strong>horas de estrés</strong>, fijadas por el operador del sistema. Estas no podrán superar el 10 % de las horas de un año natural y serán conocidas antes del inicio de cada año del periodo de prestación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para determinados sujetos, especialmente demanda y agregadores de demanda, la obligación puede incluir atender solicitudes expresas de activación formuladas por el operador del sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disponibilidad adquiere así carácter jurídico y económico: deja de ser únicamente un dato técnico y pasa a constituir una prestación exigible cuyo incumplimiento afecta directamente a la remuneración del proveedor.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.5. Régimen económico: retribución, financiación e incumplimiento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El proveedor adjudicatario tiene derecho a una retribución mensual fija calculada como la doceava parte del producto de la potencia firme adjudicada por el precio anual de adjudicación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El coste del mecanismo se financia mediante comercializadores y consumidores directos en mercado, aplicando precios unitarios estructurados según segmentos tarifarios y periodos horarios.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La contrapartida de este derecho económico es un régimen de responsabilidad por incumplimiento. La falta de disponibilidad, la activación defectuosa o la no superación de pruebas generan obligaciones de pago calculadas mediante las fórmulas establecidas en el artículo 27.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La reiteración de determinados incumplimientos puede concluir en <strong>inhabilitación</strong>, pérdida de la retribución y ejecución de garantías.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden se publicó en el BOE el <strong>17 de septiembre de 2026</strong> y, conforme a su disposición final segunda, entró en vigor al día siguiente, es decir, el <strong>18 de septiembre de 2026</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La entrada en vigor es formalmente única. No se establecen fechas diferentes para distintos capítulos o artículos. Sin embargo, la efectiva aplicación de determinadas obligaciones se vincula a la aprobación de instrumentos posteriores, singularmente el procedimiento de operación y las resoluciones de convocatoria de las subastas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposición transitoria única establece un régimen específico para evitar un vacío entre la entrada en vigor y el comienzo de la primera prestación derivada de una subasta principal. Durante ese periodo se celebrarán <strong>subastas transitorias de capacidad</strong>, con carácter anual, pudiendo celebrarse varias simultáneamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden no incorpora una regulación transitoria general para expedientes administrativos anteriores. Las autorizaciones de explotación, permisos de acceso y conexión, ayudas o situaciones retributivas preexistentes mantienen su propia relevancia jurídica, aunque pueden condicionar la participación posterior en el nuevo mercado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Especial importancia tiene la fecha de <strong>convocatoria de la subasta</strong>. Para las subastas principales, se considera existente una instalación de generación o almacenamiento que cuente con autorización de explotación antes de esa convocatoria. Las que no cuenten con ella se califican, a estos efectos, como nuevas inversiones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación temporal exige, por tanto, distinguir tres momentos:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>entrada en vigor de la Orden</strong> <strong>→</strong> <strong>convocatoria de la subasta</strong> <strong>→</strong> <strong>inicio del periodo de prestaci</strong><strong>ó</strong><strong>n.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Cada fecha produce consecuencias distintas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La entrada en vigor determina la vigencia del nuevo marco jurídico; la convocatoria concreta la configuración técnica y económica de cada subasta; y el inicio del periodo de prestación activa las obligaciones de disponibilidad y el derecho de cobro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los regímenes económicos previos tampoco desaparecen automáticamente. La propia Orden contempla expresamente la existencia de determinados pagos por capacidad anteriores y exige su renuncia cuando resulten incompatibles con la nueva habilitación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No existe una cláusula general de retroactividad. La estructura de la Orden está orientada a situaciones futuras: convocatorias, adjudicaciones, periodos de prestación, verificaciones y liquidaciones generados bajo el nuevo mercado.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación práctica de la Orden presenta varias cuestiones cuya solución exige una lectura sistemática de sus preceptos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Instalación existente y nueva inversión</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El criterio general es la existencia de autorización de explotación antes de la convocatoria de la subasta. La dificultad surge en ampliaciones, instalaciones por fases e hibridaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La interpretación más coherente con el conjunto de la Orden es admitir un tratamiento diferenciado por módulos cuando la propia configuración de la instalación permite separar una parte existente de otra nueva. El artículo 15 contempla expresamente instalaciones híbridas en las que un módulo es existente y otro constituye nueva inversión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En consecuencia, la condición temporal no tiene por qué proyectarse necesariamente de forma uniforme sobre toda instalación compleja.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Potencia firme</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La potencia firme no equivale a la potencia instalada. Su determinación resulta de la potencia técnicamente relevante y del coeficiente atribuido a la tecnología de referencia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La resolución de convocatoria fija los coeficientes aplicables a cada subasta. De este modo, cualquier análisis jurídico o económico deberá identificar expresamente qué potencia se toma como instalada y qué parte de ella se transforma efectivamente en firme.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Compatibilidad con ayudas públicas</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La participación de instalaciones beneficiarias de ayudas está condicionada por la exigencia de incorporar íntegramente las ayudas percibidas en las ofertas formuladas en nuevos mercados o mecanismos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta previsión cumple una función de coordinación económica: el acceso al mercado de capacidad no puede analizarse de manera aislada respecto de los apoyos públicos ya recibidos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En la práctica, el expediente de participación debe reflejar de forma trazable la ayuda percibida, su incidencia económica y su tratamiento dentro de la oferta.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Precio inferior de reserva</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Las instalaciones existentes pueden quedar sometidas a un precio inferior de reserva. No obstante, aquellas que acometan nuevas inversiones pueden solicitar su inaplicación aportando documentación justificativa. La decisión corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La excepción no opera automáticamente por el solo hecho de existir una inversión. Requiere una evaluación concreta del esfuerzo inversor en relación con los valores unitarios establecidos para la tecnología correspondiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Disponibilidad y horas de estrés</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La obligación de disponibilidad no tiene idéntico contenido para todas las tecnologías. La Orden diferencia entre generación gestionable, tecnologías dependientes de recurso, almacenamiento, demanda e instalaciones híbridas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La interpretación profesional debe partir, por tanto, de la tecnología concreta y de su método de cálculo de potencia disponible.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las horas de estrés constituyen además el periodo de referencia esencial para evaluar buena parte de las obligaciones. Su conocimiento previo permite coordinar mantenimiento, programación y operación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Declaración responsable</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La habilitación inicial se apoya parcialmente en declaración responsable, pero antes de la habilitación definitiva como proveedor se produce un control documental. Una inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial puede impedir dicha habilitación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La esencialidad debe conectarse con la capacidad del dato para alterar la elegibilidad, la potencia, la clasificación, las incompatibilidades o los demás requisitos determinantes para participar.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Obligaciones de pago</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden utiliza expresamente la expresión <strong>“obligaciones de pago”</strong> para las consecuencias económicas derivadas de incumplimientos del servicio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su función es compensatoria y disuasoria dentro del régimen económico del mercado de capacidad. Debe distinguirse conceptualmente de las eventuales sanciones administrativas que puedan derivarse de otra normativa sectorial.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5. GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación profesional de la Orden puede estructurarse en una secuencia operativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Primera fase: identificar instalaciones y sujetos elegibles</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Cada empresa deberá elaborar un inventario de:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>instalaciones de generación;</li>



<li>almacenamiento;</li>



<li>consumidores susceptibles de aportar flexibilidad;</li>



<li>agregaciones;</li>



<li>proyectos nuevos o hibridados.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Para cada activo resulta conveniente identificar titular, tecnología, potencia instalada, capacidad de acceso, autorización de explotación y situación administrativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Segunda fase: revisar la elegibilidad</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 11 concentra buena parte de los requisitos que condicionan la participación: régimen jurídico de la instalación, acceso y conexión, emisiones en determinados casos, flexibilidad, potencia firme mínima, ausencia de determinadas incompatibilidades retributivas y situación frente a ayudas y deudas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta revisión debería traducirse en una <strong>ficha individual de elegibilidad</strong> por instalación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tercera fase: determinar la potencia firme</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El expediente técnico deberá distinguir claramente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>potencia instalada;</li>



<li>capacidad de acceso;</li>



<li>coeficiente de firmeza;</li>



<li>potencia firme resultante;</li>



<li>potencia que finalmente se pretende ofertar.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">En hibridaciones y agregaciones, la documentación deberá reflejar separadamente los distintos módulos o instalaciones integrantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cuarta fase: analizar ayudas y regímenes económicos</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Antes de formular la oferta económica resulta necesario ordenar documentalmente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>subvenciones;</li>



<li>ayudas a la inversión;</li>



<li>pagos por capacidad;</li>



<li>regímenes retributivos;</li>



<li>servicios de balance;</li>



<li>otras remuneraciones asociadas a la misma potencia.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La finalidad es delimitar desde el principio qué ingresos pueden coexistir y qué condiciones económicas deben incorporarse a la oferta.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quinta fase: preparar la habilitación</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La solicitud se presenta al operador del sistema y debe identificar inequívocamente la instalación o agregación. La documentación se vincula inicialmente a una declaración responsable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Conviene estructurar un expediente con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>representación;</li>



<li>documentación técnica;</li>



<li>permisos;</li>



<li>acreditación de requisitos;</li>



<li>información sobre ayudas;</li>



<li>potencia firme;</li>



<li>declaraciones económicas;</li>



<li>documentación de emisiones o flexibilidad cuando corresponda.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sexta fase: aprobar internamente la oferta</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La empresa debe incorporar un procedimiento de aprobación de ofertas que integre análisis jurídico, técnico y económico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El informe previo debería recoger:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>potencia ofertada;</li>



<li>precio;</li>



<li>periodo de prestación;</li>



<li>inversión asociada;</li>



<li>retribución prevista;</li>



<li>riesgo de indisponibilidad;</li>



<li>exposición por incumplimiento;</li>



<li>garantías;</li>



<li>incidencias de ayudas o incompatibilidades.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Séptima fase: adaptar operación y mantenimiento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Una vez adjudicado el servicio, la obligación principal pasa a ser la disponibilidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los protocolos de operación deberán integrar:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>horas de estrés;</li>



<li>planificación de mantenimiento;</li>



<li>indisponibilidades programadas;</li>



<li>indisponibilidades sobrevenidas;</li>



<li>comunicaciones al operador;</li>



<li>sistemas de medida;</li>



<li>pruebas;</li>



<li>activaciones.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden exige la comunicación de indisponibilidades y atribuye responsabilidad al proveedor cuando estas impidan cumplir las obligaciones durante las horas de estrés.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Octava fase: conservar trazabilidad documental</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El expediente debe permitir reconstruir toda la vida del servicio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>convocatoria;</li>



<li>Reglas de la Subasta;</li>



<li>solicitud;</li>



<li>declaración responsable;</li>



<li>oferta;</li>



<li>adjudicación;</li>



<li>habilitación;</li>



<li>garantías;</li>



<li>comunicaciones;</li>



<li>horas de estrés;</li>



<li>registros operativos;</li>



<li>pruebas;</li>



<li>liquidaciones;</li>



<li>incidencias;</li>



<li>cesiones o traspasos.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La conservación de datos operativos adquiere especial importancia cuando la disponibilidad se determina mediante generación, consumo o potencia efectivamente registrada.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Novena fase: revisar contratos y operaciones societarias</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Los contratos con agregadores, operadores, mantenedores y terceros deben repartir claramente las obligaciones asociadas al servicio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>disponibilidad;</li>



<li>información;</li>



<li>activación;</li>



<li>responsabilidad económica;</li>



<li>acceso a datos;</li>



<li>pruebas;</li>



<li>cesión;</li>



<li>cambio de titularidad.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo 21 permite cesiones y traspasos, pero exige requisitos específicos y la conformidad del operador del sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En operaciones de adquisición o financiación de instalaciones adjudicatarias, el mercado de capacidad pasa a formar parte de la due diligence regulatoria y económica.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>6. RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación segura</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dependencia de instrumentos de aplicación.</strong><br>La Orden establece el marco jurídico, mientras que el procedimiento de operación y las convocatorias concretan numerosos aspectos técnicos, económicos y documentales. Aplicar únicamente la Orden conduciría a una visión incompleta del régimen de participación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Incompatibilidades retributivas.</strong><br>La coexistencia con otros mecanismos de capacidad y determinados regímenes económicos está expresamente limitada. Una incorrecta identificación de estos ingresos puede impedir la habilitación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Necesidad de autorización, acceso y conexión.</strong><br>La situación administrativa de la instalación constituye un elemento esencial de elegibilidad y, además, determina en determinados casos su clasificación como existente o nueva inversión.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Declaraciones responsables.</strong><br>Las falsedades, inexactitudes u omisiones esenciales pueden impedir la habilitación definitiva. Por ello, la declaración debe estar sustentada en documentación técnica y jurídica internamente consistente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación probable pero prudente</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Hibridaciones y ampliaciones.</strong><br>El tratamiento diferenciado por módulos resulta coherente con la Orden cuando una instalación combina elementos existentes y nuevos. La documentación técnica y administrativa debe reflejar esa separación con precisión.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ayudas públicas.</strong><br>El mayor riesgo reside en la correcta incorporación económica de la ayuda a la oferta y en evitar duplicidades retributivas. Estas operaciones requieren coordinación entre los equipos jurídico, financiero y de subvenciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Horas de estrés y disponibilidad.</strong><br>La disponibilidad tiene consecuencias económicas directas y varía según la tecnología. El programa de mantenimiento y operación debe construirse sobre la obligación concreta asumida por cada instalación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Naturaleza de las obligaciones de pago.</strong><br>La terminología de la Orden las configura como consecuencias económicas del incumplimiento del servicio. En la gestión de expedientes conviene diferenciarlas de las sanciones administrativas.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Interpretación dudosa o de riesgo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Precio inferior de reserva y nuevas inversiones en instalaciones existentes.</strong><br>La aplicación de la excepción puede condicionar decisivamente la estrategia de oferta. En los casos límite debe existir un expediente técnico-económico específico que justifique la entidad de la inversión.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Disponibilidad en instalaciones híbridas o dependientes de recurso.</strong><br>La coexistencia de distintos métodos de cálculo de la potencia disponible convierte estos supuestos en una de las áreas de mayor complejidad técnica del régimen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cesiones, traspasos y operaciones societarias complejas.</strong><br>El cambio de titular, la transmisión de derechos o la reorganización de activos pueden modificar quién asume derechos, retribuciones y obligaciones frente al mercado.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Derogación genérica.</strong><br>La Orden no identifica normas concretas derogadas. Por ello, la coexistencia con disposiciones anteriores debe resolverse atendiendo a la compatibilidad material y a la especialidad de cada régimen, evitando equiparar automáticamente nueva regulación y derogación total.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Criterio preventivo final</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La aplicación segura de la Orden exige tratar el mercado de capacidad como un <strong>expediente regulatorio permanente</strong>, no como una actuación limitada a la presentación de una oferta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La secuencia completa es:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>elegibilidad</strong> <strong>→</strong> <strong>potencia firme</strong> <strong>→</strong> <strong>habilitaci</strong><strong>ó</strong><strong>n</strong> <strong>→</strong> <strong>oferta</strong> <strong>→</strong> <strong>adjudicaci</strong><strong>ó</strong><strong>n</strong> <strong>→</strong> <strong>garant</strong><strong>í</strong><strong>as</strong> <strong>→</strong> <strong>prestaci</strong><strong>ó</strong><strong>n</strong> <strong>→</strong> <strong>disponibilidad</strong> <strong>→</strong> <strong>verificaci</strong><strong>ó</strong><strong>n</strong> <strong>→</strong> <strong>liquidaci</strong><strong>ó</strong><strong>n.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El punto crítico para el profesional consiste en mantener coherencia entre la documentación jurídica, los datos técnicos utilizados para calcular la potencia firme, la información económica incorporada a la oferta y el comportamiento real de la instalación durante todo el periodo comprometido.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En especial, requieren una motivación documental reforzada las decisiones relativas a <strong>clasificación de instalaciones, ayudas públicas, excepciones al precio inferior de reserva, disponibilidad, incumplimientos, inhabilitación y cesión de derechos</strong>. La propia Orden exige expresamente que las causas de inhabilitación y los requerimientos efectuados queden suficientemente motivados.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Artículo de opinión</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Este artículo de <em>El Periódico de la Energía</em> analiza el mercado de capacidad desde una perspectiva crítica y profesional, destacando que su función no consiste simplemente en remunerar potencia instalada, sino en garantizar que los recursos puedan responder realmente en momentos de estrés del sistema. Es especialmente útil como referencia para elaborar artículos de opinión sobre seguridad de suministro, firmeza y responsabilidad de los agentes eléctricos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://elperiodicodelaenergia.com/el-mercado-de-capacidad-una-nueva-responsabilidad-para-quienes-operan-el-sistema">https://elperiodicodelaenergia.com/el-mercado-de-capacidad-una-nueva-responsabilidad-para-quienes-operan-el-sistema</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">Entrada de blog</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La entrada de Vector Renewables explica qué es el mercado de capacidad español, su finalidad, su evolución regulatoria y sus implicaciones para el almacenamiento energético. Resulta útil como referencia divulgativa porque diferencia claramente el mercado de capacidad de otros mecanismos de remuneración y explica su papel como instrumento destinado a garantizar la seguridad de suministro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.vectorenewables.com/es/blog/el-mercado-de-capacidad-en-espana-actualizacion-regulatoria-y-perspectivas-para-el-almacenamiento">https://www.vectorenewables.com/es/blog/el-mercado-de-capacidad-en-espana-actualizacion-regulatoria-y-perspectivas-para-el-almacenamiento</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">Sentencia del Tribunal Supremo</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>STS 932/2020, de 6 de julio de 2020</strong>, analiza jurídicamente los pagos por capacidad y los caracteriza como una retribución complementaria vinculada a las necesidades de cobertura del sistema eléctrico. El Tribunal Supremo señala que su finalidad es asegurar que exista potencia disponible suficiente para atender la demanda y garantizar el suministro, reconociendo además un amplio margen a la Administración para configurar sus requisitos y modalidades. Es una sentencia especialmente adecuada para relacionar la jurisprudencia previa sobre pagos por capacidad con el actual mercado creado por la Orden TED/966/2026. <a href="https://vlex.es/vid/846585323?utm_source=chatgpt.com">https://vlex.es/vid/846585323</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:<a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/"></a></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://dappeditorial.es/guia-de-normativa-para-arquitectos-ingenieros-y-urbanistas/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img decoding="async" width="340" height="66" src="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png" alt="" class="wp-image-14328" srcset="https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7.png 340w, https://guiasnormativaconstruccion.es/wp-content/uploads/2026/02/image-7-300x58.png 300w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></a></figure>
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		<title>Mujeres Rurales de CASTILLA LA MANCHA</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha|MUJERES RURALES]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. [sc name=»secretario» ] Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La desigualdad de género está presente en todas las sociedades y constituye una de las principales barreras para la plena inclusión a nivel social, económico y político de las mujeres. En el ámbito rural, las situaciones de discriminación que viven las mujeres se agravan pues se enfrentan a la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado laboral a través de un empleo estable y de calidad, lidian con la escasez de infraestructuras y servicios en general y, en particular, de aquellos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, o participan de forma escasa en los diferentes órganos de toma de decisiones, entre otras razones, porque en mayor medida están presentes roles de género, valores y actitudes sexistas. Estas situaciones conllevan, entre otras cuestiones, la marcha de las mujeres desde el medio rural al urbano, especialmente de las jóvenes, en busca de mejores oportunidades tanto para ellas como para sus hijas e hijos. La emigración de mujeres rurales genera una gran problemática en el medio rural, particularmente en los pequeños municipios, ya que implica su despoblamiento, envejecimiento y masculinización. Una de las prioridades de esta ley es, por consiguiente, la mejora de las oportunidades de vida para las mujeres en tanto que agentes clave para la vertebración y la cohesión social del medio rural. En relación a la situación de las mujeres en el ámbito agrario se distingue un tipo de problemática específica que tiene que ver con la invisibilización, ya que históricamente el trabajo que han realizado las mujeres en las explotaciones agrarias no se corresponde con su reconocimiento como titulares de las mismas. Así, otra de las prioridades de esta ley es la visibilización del trabajo que realizan las mujeres en la actividad agraria, promoviendo su reconocimiento profesional y el acceso a los derechos derivados de la titularidad de las explotaciones agrarias. Es necesario, por otra parte, coordinar los esfuerzos que realizan diferentes agentes en el medio rural en favor de la igualdad de oportunidades para conseguir resultados que tengan una mayor repercusión. Por tanto, la aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales responde al compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los principios de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y de no discriminación por razón de sexo y/o género. De este modo, la Junta de Comunidades se compromete a promover actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres como elemento básico del desarrollo sostenible del medio rural prestando especial atención a las mujeres con discapacidad. II El marco jurídico de este Estatuto se inspira en las diversas disposiciones y actuaciones relativas al principio jurídico universal de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres impulsadas desde los ámbitos internacional, europeo, estatal y autonómico. Principalmente: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, de 1967; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw), de 1979; la Resolución sobre el Derecho al Desarrollo, de 1986; la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales, de 1992; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992; y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995 y posteriores revisiones Beijing +5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing +15 (2010) y Beijing +20 (2015). Asimismo se tiene en cuenta la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD, de 2007). En el ámbito de la Unión Europea destacan: el Tratado de Ámsterdam, de 1997; la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres AÑO XXXVIII Núm. 235 28 de noviembre de 2019 46834 en materia de seguridad social; la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo, y, por último, el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, y en el que se recoge la posibilidad de que los estados miembros incluyan en su programas de desarrollo rural subprogramas temáticos que aborden las necesidades específicas de las mujeres en las zonas rurales. El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de abril de 2017 sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 23/08/2018, reconoce específicamente tanto la multifuncionalidad del papel de las mujeres en las zonas rurales como los desafíos a los que se enfrentan las mismas y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen una conciliación exitosa de la vida laboral y privada, el fomento de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, así como que alienten a las mujeres a poner en práctica sus propios proyectos. Pide también a los Estados miembros que incluyan en sus programas de desarrollo rural estrategias centradas específicamente en la contribución de las mujeres a la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. En cuanto al ordenamiento jurídico español, el artículo 14 de la Constitución Española</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">[sc name=»secretario» ]<br />
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.<br />
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS<br />
I<br />
La desigualdad de género está presente en todas las sociedades y constituye una de las principales barreras para la plena inclusión a nivel social, económico y político de las mujeres.<br />
En el ámbito rural, las situaciones de discriminación que viven las mujeres se agravan pues se enfrentan a la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado laboral a través de un empleo estable y de calidad, lidian con la escasez de infraestructuras y servicios en general y, en particular, de aquellos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, o participan de forma escasa en los diferentes órganos de toma de decisiones, entre otras razones, porque en mayor medida están presentes roles de género, valores y actitudes sexistas. Estas situaciones conllevan, entre otras cuestiones, la marcha de las mujeres desde el medio rural al urbano, especialmente de las jóvenes, en busca de mejores oportunidades tanto para ellas como para sus hijas e hijos. La emigración de mujeres rurales genera una gran problemática en el medio rural, particularmente en los pequeños municipios, ya que implica su despoblamiento, envejecimiento y masculinización. Una de las prioridades de esta ley es, por consiguiente, la mejora de las oportunidades de vida para las mujeres en tanto que agentes clave para la vertebración y la cohesión social del medio rural.<br />
En relación a la situación de las mujeres en el ámbito agrario se distingue un tipo de problemática específica que tiene que ver con la invisibilización, ya que históricamente el trabajo que han realizado las mujeres en las explotaciones agrarias no se corresponde con su reconocimiento como titulares de las mismas. Así, otra de las prioridades de esta ley es la visibilización del trabajo que realizan las mujeres en la actividad agraria, promoviendo su reconocimiento profesional y el acceso a los derechos derivados de la titularidad de las explotaciones agrarias.<br />
Es necesario, por otra parte, coordinar los esfuerzos que realizan diferentes agentes en el medio rural en favor de la igualdad de oportunidades para conseguir resultados que tengan una mayor repercusión.<br />
Por tanto, la aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales responde al compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los principios de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y de no discriminación por razón de sexo y/o género. De este modo, la Junta de Comunidades se compromete a promover actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres como elemento básico del desarrollo sostenible del medio rural prestando especial atención a las mujeres con discapacidad.<br />
II<br />
El marco jurídico de este Estatuto se inspira en las diversas disposiciones y actuaciones relativas al principio jurídico universal de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres impulsadas desde los ámbitos internacional, europeo, estatal y autonómico. Principalmente: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, de 1967; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw), de 1979; la Resolución sobre el Derecho al Desarrollo, de 1986; la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales, de 1992; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992; y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995 y posteriores revisiones Beijing +5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing +15 (2010) y Beijing +20 (2015). Asimismo se tiene en cuenta la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD, de 2007).<br />
En el ámbito de la Unión Europea destacan: el Tratado de Ámsterdam, de 1997; la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres<br />
AÑO XXXVIII Núm. 235 28 de noviembre de 2019 46834<br />
en materia de seguridad social; la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo, y, por último, el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, y en el que se recoge la posibilidad de que los estados miembros incluyan en su programas de desarrollo rural subprogramas temáticos que aborden las necesidades específicas de las mujeres en las zonas rurales.<br />
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de abril de 2017 sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 23/08/2018, reconoce específicamente tanto la multifuncionalidad del papel de las mujeres en las zonas rurales como los desafíos a los que se enfrentan las mismas y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen una conciliación exitosa de la vida laboral y privada, el fomento de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, así como que alienten a las mujeres a poner en práctica sus propios proyectos. Pide también a los Estados miembros que incluyan en sus programas de desarrollo rural estrategias centradas específicamente en la contribución de las mujeres a la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.<br />
En cuanto al ordenamiento jurídico español, el artículo 14 de la Constitución Española recoge el concepto de la igualdad formal al indicar al respecto de este principio que no podrá “prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, y el artículo 49 expone el mandato a los poderes públicos para hacer una política de integración. Por su parte, el artículo 9.2 señala que son los poderes públicos quienes deben “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.<br />
Además, el principio de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres también se ha desarrollado a partir de otras normas que atañen a cuestiones específicas de igualdad, como la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, o la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres regula la dimensión transversal de la igualdad y la previsión de políticas activas que hagan efectivo este principio en la totalidad de las políticas públicas, tanto estatales como autonómicas y locales.<br />
Este Estatuto pretende también recoger la reciente Declaración de Cuenca sobre Desarrollo Rural inclusivo promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cermi-Castilla-La Mancha y Fundación Cermi Mujeres, firmado el 8 de noviembre de 2018.<br />
Por otro lado, en relación a la eliminación de las discriminaciones que sufren las mujeres en el sector agrario, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, establece que todas las medidas establecidas para alcanzar un desarrollo rural sostenible deberán “respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural” al tiempo que señala que podrán contemplarse medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el medio rural encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación por razón de sexo.<br />
La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, responde al mandato incluido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en relación al desarrollo legislativo de esta figura y posibilita por su parte la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación compartida de los dos miembros de la misma, el reparto de rendimientos al 50 % y la consideración de ambas personas titulares como beneficiarias directas de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explotación.<br />
En relación a la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 4.3 que “la Junta de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política”. Respondiendo a este mandato, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha promulgado, entre otras, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha y la recientemente aprobada Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.<br />
AÑO XXXVIII Núm. 235 28 de noviembre de 2019 46835<br />
III<br />
El Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha se estructura en cuatro títulos y 21 artículos. El título I, de Disposiciones Generales, presenta el objeto y finalidad del Estatuto y los principios en los que se apoya. Asimismo, recoge un artículo dedicado a definiciones que pretenden clarificar las nociones empleadas en el texto.<br />
El título II, relativo a las mujeres rurales, establece los ámbitos a tener en cuenta en los Planes Estratégicos para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha a fin de evitar las discriminaciones directa, indirecta y múltiple que sufren las mujeres rurales. Establece que la Consejería competente en materia de desarrollo rural promoverá y facilitará la coordinación de acciones en favor de la igualdad en el medio rural. También recoge un compromiso de capacitación y formación en igualdad en el medio rural y en todo el sector agroalimentario. Así, obliga a introducir al menos un módulo sobre igualdad en los contenidos formativos para acreditar la capacitación necesaria para la incorporación a la empresa agraria.<br />
El título aborda además medidas específicas para garantizar la igualdad efectiva de las mujeres rurales de CastillaLa Mancha. Se recogen aspectos concretos sobre formación y especialización, la representación de las mujeres, la conciliación, la corresponsabilidad, la protección frente a la violencia de género y la división sexual del trabajo. Asimismo establece que en las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario se priorizará la titularidad de las mujeres, siempre que sea compatible con la normativa europea.<br />
En el título III se contiene regulación específica sobre las mujeres agricultoras y ganaderas en el que se trata el derecho de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias; los requisitos, régimen y promoción de la titularidad compartida; el fomento de la afiliación a la Seguridad Social y otras cuestiones como la salud en la realización de la actividad agraria.<br />
Por último, el título IV crea la Comisión de Seguimiento y Evaluación que vigilará el cumplimiento de los objetivos de esta ley definiendo sus funciones.<br />
IV<br />
La decisión de normar se ha sometido al proceso de participación pública a través de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el anteproyecto de ley se ha expuesto en información pública estando disponible su acceso durante toda la tramitación.<br />
La necesidad de esta propuesta viene dada al constatar que el medio rural de la Región continúa vaciándose, que la población en ese medio está masculinizada y envejecida y que existe una mayor desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural que en medios urbanos. Se constata asimismo la necesidad de reconocer el valor del aporte de las mujeres al cuidado de la vida y el desarrollo.<br />
Las medidas que contiene resultan proporcionales y eficaces en relación al objeto y finalidad de la norma, respetándose el principio de seguridad jurídica por cuanto la norma es coherente con el ordenamiento jurídico y antecedentes normativos descritos, ya que pretende avanzar en la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural, tal y como se establece en los fines recogidos en la Ley 12/2010 de 18 de noviembre.<br />
Se ha respetado en su tramitación el principio de transparencia y la norma prevé en su cumplimiento que el informe anual de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de esta ley se difunda a través de la página web de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y del portal de transparencia.<br />
Por último, se respeta el principio de eficiencia ya que la norma prevé la necesidad de establecer medidas dentro de los Planes Estratégicos para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.<br />
Las competencias en virtud de las cuales se adopta esta norma son, por un lado, la exclusiva de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público económico de Castilla-La Mancha, atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el artículo treinta y uno.1.12ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y, por otro lado, la exclusiva del artículo treinta y uno.1.6ª agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.<br />
AÑO XXXVIII Núm. 235 28 de noviembre de 2019 46836<br />
TÍTULO I Disposiciones generales<br />
Artículo 1. Objeto y finalidad.<br />
1. El objeto de la presente ley es avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural, tal y como se establece en los fines recogidos en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, mediante el establecimiento de medidas que promuevan la autonomía, el fortalecimiento de la posición social, profesional y no discriminatoria de las mujeres en el medio rural, así como garantizar que se aplique la perspectiva de género en la política de desarrollo rural llevada a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.<br />
2. Además, esta ley garantizará el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que trabajan específicamente en la actividad agraria, promoviendo su reconocimiento profesional y el acceso a los derechos derivados de su actividad laboral.<br />
3. Las medidas que se contemplan en esta ley tienen como finalidad corregir la discriminación múltiple a la que se ven sometidas las mujeres rurales aplicándose con mayor intensidad en los lugares del medio rural más afectados por el problema del despoblamiento. Asimismo pretende fomentar nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la calidad de vida en el medio rural, así como alentar a las mujeres a poner en práctica sus propios proyectos.<br />
Artículo 2. Principios.<br />
Para lograr los objetivos de esta ley, los principios generales de actuación de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha en el marco de sus competencias, serán:<br />
a) La igualdad de trato de mujeres y hombres y la eliminación de cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y/o género, en todas las esferas de la vida y particularmente en lo relativo al lugar donde viven. b) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ejercicio efectivo de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, laborales y culturales. c) El respeto a la diversidad y a las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, así como a la diversidad y diferencias existentes entre los colectivos de mujeres y de hombres. d) La interseccionalidad o interacción que se produce entre el género y otros factores de discriminación hacia las mujeres, de manera que se pongan en marcha mecanismos de antidiscriminación con enfoque integral en los correspondientes planes estratégicos para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. e) La integración transversal de la perspectiva de género en las políticas que desarrollen los poderes públicos, a todos los niveles, en todas las fases y por todos los agentes implicados en su desarrollo. f) La puesta en marcha de medidas de acción positivas como instrumento para corregir situaciones de discriminación indirecta hacia las mujeres. Tales acciones positivas serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. g) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones en el ámbito agrario. h) El impulso de acciones referidas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito agrario. i) La colaboración y coordinación entre las distintas administraciones en sus intervenciones en materia de igualdad y en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres rurales conforme a los principios de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.<br />
Artículo 3. Definiciones.<br />
A los efectos de esta ley se entiende por:<br />
a) Acceso a los recursos: Capacidad de beneficiarse y tomar decisiones sobre los recursos disponibles a nivel social, cultural o económico y sobre los beneficios que estos recursos generan, lo que coloca en una situación de mayor poder a quienes gozan de mejor acceso y mayor disponibilidad y posibilidad de administración sobre los mismos.<br />
AÑO XXXVIII Núm. 235 28 de noviembre de 2019 46837<br />
b) Actividad agraria: De conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias es el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, a efectos de esta ley y de las disposiciones correspondientes al encuadramiento en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se considerará como actividad agraria la venta directa por parte de agricultoras o agricultores de la producción propia sin transformación o la primera transformación de los mismos, cuyo producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria toda aquella que implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación. c) Ámbito agrario. El relativo a las actividades de agricultura, ganadería, de la industria agroalimentaria, del sector forestal y del medio ambiente. d) Discriminación directa: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. e) Discriminación indirecta: Forma de discriminación que, ante normas, criterios o prácticas aparentemente neutras, pone a personas de un sexo/género ante una desventaja particular con respecto a personas de otro sexo/género. f) Discriminación múltiple: Es la producida por el cruce de un amplio rango de factores, entre los que se incluye el sexo y/o género, el origen étnico, la religión o el credo, la discapacidad, la orientación sexual, la edad, la pertenencia a una minoría, así como la falta de acceso a servicios, derivando en situaciones agravadas de desigualdad para las mujeres del medio rural. g) División sexual del trabajo: Adjudicación social e individual de los trabajos basada en la atribución de género que naturaliza en mujeres y hombres la responsabilidad sobre determinadas tareas, otorgando menor valor económico y social a todas aquellas tareas vinculadas a la reproducción y el cuidado. h) Explotación agraria: De conformidad con el artículo 2.2 de la citada Ley 19/1995, de 4 de julio, es el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica. i) Medio rural: En el ámbito de esta ley, el medio rural de Castilla-La Mancha se considerará según lo establecido en el artículo 1 de la adaptación a la modificación del PDR 2014-2020 de la Comisión de 12 de abril de 2017. j) Mujeres agricultoras y ganaderas profesionales: De conformidad con el artículo 2.5 de la citada Ley 19/1995, de 4 de julio, son aquellas que obtienen al menos el 50 % de su renta total de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria de la explotación de la que son titulares no sea inferior al 25 % de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario. A estos efectos se considerarán actividades complementarias la participación y presencia de la persona titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario. También se considerarán actividades complementarias las de transformación de los productos de la explotación agraria y la venta directa de los productos transformados de su explotación, siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, así como las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación. k) Mujeres rurales: En el ámbito de esta ley se entiende por mujeres rurales cualquiera de las siguientes definiciones: a) 1.º Mujeres que son o pretenden ser titulares de una explotación agraria en Castilla-La Mancha. b) 2.º Mujeres que viven en el medio rural de Castilla-La Mancha. l) Participación equilibrada: Presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40. En los órganos pluripersonales de cuatro miembros o menos, será suficiente que los dos sexos estén representados. En las sociedades civiles, de capital y cooperativas, la representación se medirá por el porcentaje o el número de participaciones sociales o de votos en manos de cada sexo. m) Titularidad compartida de explotación agraria: De conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias es la unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria. n) Unidad de trabajo agrario (UTA): El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria. Para su determinación se estará a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio.<br />
AÑO XXXVIII Núm. 235 28 de noviembre de 2019 46838<br />
TÍTULO II Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha<br />
Artículo 4. Planificación para la igualdad de oportunidades en el medio rural.<br />
En los Planes Estratégicos para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha se tendrán en cuenta las discriminaciones directa, indirecta y múltiple que sufren las mujeres rurales considerando, entre otros, los siguientes ámbitos:<br />
a) Promoción de valores igualitarios de convivencia y empoderamiento de las mujeres rurales. b) Impulso de la autonomía económica de las mujeres rurales. c) Mejora del acceso a recursos sociales, sanitarios y tecnológicos. d) Adecuación de la prevención y la atención de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos a las circunstancias específicas del medio rural.<br />
Serán contempladas y empleadas en la planificación las herramientas para la transversalidad de género que estén recogidas en el marco normativo de igualdad y que sean necesarias para hacer posible la aplicación del principio de igualdad, como los datos estadísticos desagregados por sexo y los indicadores de género, las acciones positivas, las fórmulas tendentes a la paridad en la participación y en la representación, las cláusulas de igualdad, el informe de impacto de género y la comunicación inclusiva.<br />
Artículo 5. Coordinación y promoción de acciones por la igualdad en el medio rural.<br />
1. La Consejería competente en materia de desarrollo rural promoverá y facilitará la coordinación de acciones en favor de la igualdad en el medio rural. A tal efecto establecerá una zonificación de la región, formando las oficinas comarcales agrarias y unidades técnicas agrícolas y ganaderas distribuidas por el medio rural la red de puntos de referencia para esta coordinación de acciones.<br />
2. Esta coordinación implicará a todos los agentes que promueven y desarrollan acciones en favor de la igualdad en el medio rural, teniendo en cuenta particularmente los recursos especializados de atención a las mujeres de la Región.<br />
Artículo 6. Formación y capacitación en igualdad.<br />
1. La Consejería competente en materia de desarrollo rural promoverá acciones de sensibilización y formación en igualdad de forma transversal en el medio rural y en todo el sector agroalimentario. Entre otras medidas, se introducirá al menos un módulo sobre igualdad en los contenidos formativos para acreditar la capacitación necesaria para la incorporación a la empresa agraria.<br />
2. Asimismo adoptará las medidas necesarias para una formación básica, progresiva y permanente en materia de igualdad de mujeres y hombres, como mínimo para el personal implicado en la coordinación de acciones mencionada en el artículo 5, a fin de poder desarrollar su labor coordinadora satisfactoriamente.<br />
3. Estas acciones serán coordinadas por la Unidad de Igualdad de la Consejería competente en desarrollo rural.<br />
Artículo 7. Formación y especialización.<br />
1. La Consejería competente en materia de desarrollo rural establecerá programas específicos de formación dirigidos a las mujeres rurales, especialmente los que favorezcan su empoderamiento y profesionalización como la investigación, el desarrollo y la formación tecnológica agraria , el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, comercialización, seguridad alimentaria, crecimiento económico sostenido, cambio climático y energías renovables procurando incluir en la oferta formativa especialidades acordes con la realidad de las actividades empresariales del medio rural, así como fórmulas e iniciativas de diversificación económica.<br />
2. Asimismo se promoverá la formación e información en todos aquellos sectores potenciales para generar autonomía económica en el medio rural, entre otras cuestiones, sobre cooperativismo agroalimentario y rural, comercialización, medio ambiente, artesanía y emprendimiento. Se potenciarán programas orientados a la mejora de la capacitación técnica y desarrollo personal de las mujeres rurales.<br />
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3. Las mujeres tendrán prioridad en el acceso a cursos y programas de formación y capacitación en el medio rural.<br />
Artículo 8. Representación de las mujeres en el ámbito agrario.<br />
1. Las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario fomentarán la progresiva incorporación de mujeres en los órganos de gobierno de las mismas, con la perspectiva de conseguir una participación de mujeres, como mínima del 40 por 100.<br />
2. No se podrán conceder ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan participación como mínima del 40 por 100 de mujeres en sus órganos de dirección, transcurrido el periodo transitorio que se contempla en esta ley.<br />
3. El nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte de los órganos directivos de todas las entidades que integren el sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con competencias directas en desarrollo rural deberá hacerse con una representación equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente razonadas.<br />
Artículo 9. Conciliación y corresponsabilidad.<br />
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realizará campañas de información, sensibilización y difusión de los recursos que impulsen la corresponsabilidad en el medio rural, y establecerá medidas y programas que impulsen la asunción de tareas por los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados.<br />
Asimismo podrá promover ayudas o subvenciones que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad en el medio rural, o ayudas que permitan el acceso por parte de las mujeres rurales al ocio y tiempo libre, a la asistencia a reuniones, eventos o jornadas y participar en los puestos de toma de decisiones.<br />
Artículo 10. División sexual del trabajo y oportunidades de empleo.<br />
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realizará campañas de información, sensibilización y difusión de los recursos que impulsen la ruptura de la división sexual del trabajo insertando el cuidado entre los derechos y deberes de las mujeres y los hombres.<br />
2. Asimismo podrá promover ayudas o subvenciones que fomenten para las mujeres nuevas oportunidades de empleo por cuenta ajena o de autoempleo, así como programas específicos de empoderamiento, motivación y liderazgo.<br />
Artículo 11. Ayudas y subvenciones en el ámbito agrario y de desarrollo rural.<br />
1. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario y de desarrollo rural se priorizará la titularidad de las mujeres, siempre que sea compatible con la normativa europea. Tal priorización se realizará sobre las solicitudes cuya titularidad sea de una mujer, de una titularidad compartida, de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50 % o, para el caso de cooperativas, que tengan implantado un plan de igualdad de oportunidades o que el porcentaje de representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea igual o mayor al porcentaje que representan en su base social. La priorización se realizará de la siguiente forma:<br />
a) En los criterios de valoración para los procedimientos en que se produzca la comparación de las solicitudes presentadas se establecerá, para estas solicitudes, una puntuación que represente al menos un 20 % del total máximo alcanzable. b) En caso de que no se prevea comparación de las solicitudes ni prorrateo, se establecerá entre los criterios de intensidad de la ayuda o subvención que la solicitud responda a las características mencionadas. c) En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se prevea el prorrateo para el caso de que se agote la partida presupuestaria destinada, estas solicitudes recibirán el importe íntegro, sin prorratear.<br />
2. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario y de desarrollo rural se establecerá, para los procedimientos de concurrencia competitiva, un sistema que, con respeto a los principios de publicidad, competencia y objetividad, priorice la contratación y promoción profesional de mujeres por las empresas del ámbito rural.<br />
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3. En todo caso, cuando las actividades se ubiquen en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, tanto en priorización como en intensidad de la ayuda o subvención debe preverse un trato preferente.<br />
4. Los tribunales de evaluación y comisiones que deban realizar valoraciones de solicitudes de ayudas y subvenciones deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.<br />
Artículo 12. Protección frente a la violencia de género.<br />
1. Las mujeres rurales tienen derecho a disponer de recursos de información y atención accesibles y de calidad para la prevención de la violencia de género en los términos establecidos en la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha o norma que la sustituya.<br />
2. La Consejería competente en materia de desarrollo rural, junto con las Consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales y el Instituto de la Mujer, contemplarán las circunstancias específicas del sector y establecerán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho.<br />
TÍTULO III Agricultoras y ganaderas de Castilla-La Mancha<br />
Artículo 13. Derecho de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias.<br />
1. Las mujeres agricultoras, ganaderas o que realicen una actividad agraria (en adelante agricultoras y ganaderas) tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones que los hombres, a la titularidad de las explotaciones, con todos los beneficios y derechos que esto implica.<br />
2. Para que sea posible reconocer los derechos y beneficios que implica la titularidad de las explotaciones agrarias a las mujeres agricultoras y ganaderas que trabajan en ellas, las explotaciones deberán acogerse a una de las figuras legales que posibiliten el acceso a los derechos derivados de dicha titularidad. El reconocimiento de esa titularidad no afecta a mujeres que trabajen por cuenta ajena en la explotación, ni a profesionales autónomas contratadas en ella.<br />
3. Se promoverá el acceso de las mujeres a la titularidad registral de las explotaciones, así como a la titularidad de las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan a su explotación.<br />
Artículo 14. Promoción y fomento del acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias.<br />
Para llevar a cabo lo dispuesto en el artículo anterior, por los organismos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizarán campañas de información, difusión y sensibilización acerca del acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias en cualquiera de las formas posibles, como persona física, como socia de una entidad asociativa, en régimen de titularidad compartida con su pareja, o cualquier otra reconocida por la ley.<br />
Estas acciones de promoción y fomento facilitarán la información y explicación de las distintas figuras de titularidad de explotaciones de manera que las interesadas puedan elegir la que mejor se adapte a sus intereses.<br />
Artículo 15. Titularidad compartida de las explotaciones agrarias.<br />
1. Las mujeres agricultoras y ganaderas podrán acceder a la titularidad compartida en los términos que dispone la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.<br />
2. De conformidad con el artículo 3 de la citada Ley 35/2011, de 4 de octubre, las personas titulares de la explotación agraria en régimen de titularidad compartida deberán cumplir los siguientes requisitos:<br />
a. Estar dadas de alta en la Seguridad Social. b. Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de modo directo y personal tal y como está definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio. c. Residir en el ámbito territorial rural en que radique la explotación.<br />
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3. En todo caso la titularidad compartida de la explotación agraria debe constituirse por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria. A efectos de su inscripción la análoga relación de afectividad se acreditará con la inscripción en registro de parejas de hecho o con la siguiente documentación:<br />
a. Declaración responsable firmada por ambos componentes de la pareja en la que declaren mantener una relación de análoga afectividad a la del matrimonio. b. Certificado de empadronamiento que acredite que la pareja comparte domicilio, en el caso de que exista oposición a que la acreditación del empadronamiento se solicite directamente por el órgano competente de la Administración autonómica.<br />
4. Para que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias produzca todos sus efectos jurídicos será precisa su inscripción previa en el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicha inscripción se realizará mediante declaración conjunta en la que se hayan constar los datos exigidos por la citada norma básica.<br />
5. La administración, representación y responsabilidad de la explotación agraria de titularidad compartida se regirá por lo dispuesto en la Ley 35/2011, de 4 de octubre. No obstante, cuando una explotación de titularidad compartida fuera nombrada administradora de una entidad, cooperativa, sociedad agraria de transformación o similar, las dos personas titulares de la explotación deberán designar a una de ellas para ese cargo de administración en el caso de que su desempeño deba ser personal.<br />
6. La explotación agraria de titularidad compartida tendrá la consideración de explotación agraria prioritaria a los efectos previstos en la Ley 19/1995, de 4 de julio siempre que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación no supere en un 50 por 100 el máximo de lo establecido en la legislación correspondiente para las explotaciones prioritarias. Además, una de las dos personas titulares ha de tener la consideración de agricultor profesional, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 2 de Ley 19/1995, de 4 de julio.<br />
7. El reparto de rendimientos de la explotación agraria de titularidad compartida y el régimen de las ayudas agrarias se regirá por lo dispuesto en la Ley 35/2011, de 4 de octubre.<br />
Artículo 16. Promoción y mejora de la figura de la Titularidad Compartida en Castilla-La Mancha.<br />
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá y mejorará la figura de la Titularidad Compartida con objeto de que cumpla el fin para el que fue creada. Entre otras, adoptará las siguientes medidas:<br />
a) Promover la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones implicadas tales como Hacienda y la Seguridad Social, para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. b) Colaborar con el resto de comunidades autónomas y el propio Ministerio competente en el desarrollo y mejora de la figura. c) Promover y facilitar la difusión de la información acerca de esta figura tanto entre las personas que pudieran estar interesadas como entre los agentes que intervienen habitualmente como apoyo y asesoramiento en la gestión de las empresas agrarias.<br />
Artículo 17. Fomento de la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social.<br />
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fomentará la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social mediante ayudas y subvenciones destinadas al abono de las cuotas a la Seguridad Social en el régimen que corresponda a su actividad agraria.<br />
Artículo 18. Salud en el trabajo.<br />
1. Las mujeres que realizan una actividad agraria tienen derecho a que se proteja su salud en el trabajo, para lo que se requiere el estudio del impacto diferencial de los factores que dañan la salud integral de las mujeres y hombres que trabajan en este sector. Se atenderá especialmente a la protección de la salud durante el embarazo y maternidad por su especial importancia para la sociedad.<br />
2. Los organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competentes en el ámbito agrario o en materia de salud en el trabajo contemplarán dichos factores y promoverán actuaciones para su detección y control con<br />
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perspectiva de género, así como medidas para una aplicación efectiva de la igualdad en la prevención de riesgos laborales. Para ello:<br />
a) Se incluirá la variable sexo en todos los diagnósticos en materia de salud en el trabajo en el ámbito agrario. b) Los datos obtenidos se analizarán desde el enfoque integral de la perspectiva de género. c) Se elaborarán e incluirán nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de la influencia del género en materia de salud en el ámbito agrario. d) Se promoverá que el diseño de los puestos de trabajo, herramientas, equipos, procesos de trabajo, ropa y calzado tengan en cuenta las necesidades particulares de mujeres y hombres.<br />
3. Se garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de consulta y decisión relacionados con la prevención de riesgos laborales en el ámbito agrario.<br />
4. Se incorporará la perspectiva de género en la formación, información, comunicación, objetivos y actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario.<br />
TÍTULO IV Comisión de Seguimiento y Evaluación<br />
Artículo 19. Creación y composición.<br />
Con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, se crea una comisión de seguimiento que estará formada por:<br />
a) La persona titular de la Dirección General competente en materia de desarrollo rural (en adelante, Consejería), o persona en quien delegue, que presidirá la comisión. b) Una persona en representación de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería. c) Una persona elegida entre el personal de la asesoría jurídica de la Consejería. d) Una persona elegida entre el personal de cada uno de los departamentos de los que se componga la Consejería. e) Dos personas en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. f) Una persona en representación del Consejo Regional de la Mujer. g) Una persona en representación de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM). h) Cuatro personas en representación de las áreas de la Mujer o Igualdad de las organizaciones profesionales agrarias más representativas y de las Cooperativas. i) Dos personas en representación de las áreas de la Mujer o Igualdad de los sindicatos más representativos en Castilla-La Mancha. j) Una persona en representación de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural. k) Una persona en representación de la Federación de Mujeres más representativa del ámbito agrario. l) Una persona en representación del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad.<br />
Para asegurar una presencia suficiente de mujeres en dicho Comité, será obligatorio que al menos la mitad de sus componentes sean mujeres.<br />
Artículo 20. Funciones.<br />
1. La Comisión de seguimiento analizará el grado de cumplimiento de los objetivos de esta ley y elaborará un informe anual de evaluación. Este informe se difundirá a través de la página web de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y del portal de transparencia.<br />
2. En el caso de que se observe que las obligaciones asumidas o los objetivos previstos no se están cumpliendo, se remitirá a la persona titular de la Consejería competente en desarrollo rural una comunicación expresa acerca de los incumplimientos que se detecten y puedan adoptarse medidas para corregir tales incumplimientos.<br />
Artículo 21. Funcionamiento.<br />
La comisión de seguimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referente a los órganos colegiados.<br />
AÑO XXXVIII Núm. 235 28 de noviembre de 2019 46843<br />
Disposición transitoria única. Representación de las mujeres en el ámbito agrario.<br />
1. La representación de las mujeres en el ámbito agrario establecida en el artículo 8.2 se deberá alcanzar en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley, de forma que para acceder a las ayudas o subvenciones, las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario deberán contar en sus órganos de dirección al menos con una participación mínima del 40 por 1000 de mujeres.<br />
2. La participación mínima del 40 por 100 de mujeres en los órganos de dirección de las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario, en las convocatorias que se realicen en los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, supondrá al menos el 15 % del total de la puntuación alcanzable en los criterios de cuantificación de las ayudas a estas asociaciones y organizaciones”.<br />
Disposición final única. Entrada en vigor.<br />
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.<br />
Toledo, 25 de noviembre de 2019<br />
El Presidente EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ</p>
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		<title>Estructura del sector público de la Generalidad CATALUNYA</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:49:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>DECRETO LEY 15/2019, de 26 de noviembre, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña. [sc name=»secretario» ] El presidente de la Generalidad de Cataluña, El artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña prevé que los decretos ley son promulgados, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalidad. De acuerdo con lo anterior promulgo el siguiente DECRETO LEY Exposición de motivos El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, ante el déficit estructural constatado en las plantillas de la Policía de la Generalidad – Mossos d&#8217;Esquadra y del cuerpo de Bomberos de la Generalidad por la falta de incorporaciones de nuevos efectivos, consecuencia de las políticas de contención del gasto que la Administración de la Generalidad de Cataluña ha tenido que aplicar en los últimos ejercicios presupuestarios, aprobó el Decreto ley 14/2019, de 17 de septiembre, validado por el Parlamento de Cataluña en fecha 24 de octubre de 2019, mediante el cual autorizó la creación de 750 plazas del cuerpo de Mossos d&#8217;Esquadra y 250 plazas del cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña, y el Acuerdo GOV/124/2019, de 17 de septiembre, por el que aprueba la oferta parcial de empleo público de las categorías de mosso/a, facultativo/a y técnico/a del cuerpo de Mossos d&#8217;Esquadra de la Generalidad de Cataluña, y de la categoría de bombero/a del cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña, para el año 2019. De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Interior ha dictado la Resolución INT/2786/2019, de 29 de octubre, por la que convoca mediante oposición libre 750 plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d&#8217;Esquadra (grupo C, subgrupo C1). Esta convocatoria, como las precedentes, así como las correspondientes al acceso a los cuerpos especiales de bomberos, agentes rurales, servicios penitenciarios y policía local, establece una prueba física de carácter obligatorio y eliminatoria que, desde el año 1992, ha organizado, ejecutado y evaluado el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès, en adelante CAR. La experiencia del CAR en la evaluación de la actividad física, así como su naturaleza jurídica pública, y el hecho de que disponga de instalaciones perfectamente adaptadas para la práctica deportiva que han sido reconocidas por organismos internacionales como el Comité Internacional Olímpico, así como de un equipo de profesionales titulados en educación física del más alto nivel, determinan su idoneidad para realizar las tareas de organización, de asesoramiento, de ejecución y de apoyo técnico a la evaluación de la capacidad física de los aspirantes en los procedimientos selectivos para el acceso a la función pública de los cuerpos específicos mencionados, con plena garantía de los principios de imparcialidad y objetividad que deben imperar en los procedimientos de selección para el acceso a la función pública y de promoción interna. Conforme a lo anterior, el decreto ley proyectado articula la participación del CAR en los procedimientos selectivos de cuerpos funcionariales específicos que requieren valorar la capacitación física. Se trata, pues, de una medida adoptada en el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Administración que corresponde a la Generalidad (art. 150 EAC) y que incide, de forma indirecta, en materia de organización de los procedimientos de acceso a la función pública (art. 136 EAC). De acuerdo con el artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña, el CAR es una entidad de derecho público que sujeta su actividad al derecho privado, que se regula por la normativa reguladora de las entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña, goza de autonomía en su organización y de capacidad jurídica plena para el cumplimiento de sus fines. En este sentido, el apartado 3 del citado precepto, otorga al CAR la condición de medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de los entes, organismos y entidades vinculadas que tengan la consideración de poderes adjudicadores, a efectos de lo que preveía la hoy derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. Una de las novedades más relevantes de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es precisamente la regulación de los encargos a medios propios, ya que impone numerosos requisitos para que una persona jurídica pueda ser considerada medio propio. Analizada la actividad del CAR de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se ha constatado que no permite que sea considerado medio propio. Las anteriores circunstancias obligan a tramitar con carácter urgente un decreto ley que modifique el artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, a los efectos de regular las funciones que la entidad asume como propias, en los procedimientos de acceso a la función pública y de promoción interna que requieren la evaluación de la aptitud física de los aspirantes y suprimir la calificación del CAR como medio propio. Por todo lo expuesto, en uso de la autorización concedida por el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, a propuesta de la consejera de la Presidencia, y de acuerdo con el Gobierno, Decreto: Artículo único Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo: «3. En colaboración con los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña o de las entidades locales competentes para la convocatoria y tramitación de pruebas selectivas para el acceso a la función pública o de promoción interna, corresponde al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DECRETO LEY 15/2019, de 26 de noviembre, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-8149"></span>[sc name=»secretario» ]<br />
El presidente de la Generalidad de Cataluña,</p>
<p>El artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña prevé que los decretos ley son promulgados, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalidad.<br />
De acuerdo con lo anterior promulgo el siguiente</p>
<p>DECRETO LEY</p>
<p>Exposición de motivos<br />
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, ante el déficit estructural constatado en las plantillas de la Policía de la Generalidad – Mossos d&#8217;Esquadra y del cuerpo de Bomberos de la Generalidad por la falta de incorporaciones de nuevos efectivos, consecuencia de las políticas de contención del gasto que la Administración de la Generalidad de Cataluña ha tenido que aplicar en los últimos ejercicios presupuestarios, aprobó el Decreto ley 14/2019, de 17 de septiembre, validado por el Parlamento de Cataluña en fecha 24 de octubre de 2019, mediante el cual autorizó la creación de 750 plazas del cuerpo de Mossos d&#8217;Esquadra y 250 plazas del cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña, y el Acuerdo GOV/124/2019, de 17 de septiembre, por el que aprueba la oferta parcial de empleo público de las categorías de mosso/a, facultativo/a y técnico/a del cuerpo de Mossos d&#8217;Esquadra de la Generalidad de Cataluña, y de la categoría de bombero/a del cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña, para el año 2019.<br />
De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Interior ha dictado la Resolución INT/2786/2019, de 29 de octubre, por la que convoca mediante oposición libre 750 plazas de la categoría de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d&#8217;Esquadra (grupo C, subgrupo C1). Esta convocatoria, como las precedentes, así como las correspondientes al acceso a los cuerpos especiales de bomberos, agentes rurales, servicios penitenciarios y policía local, establece una prueba física de carácter obligatorio y eliminatoria que, desde el año 1992, ha organizado, ejecutado y evaluado el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès, en adelante CAR.<br />
La experiencia del CAR en la evaluación de la actividad física, así como su naturaleza jurídica pública, y el hecho de que disponga de instalaciones perfectamente adaptadas para la práctica deportiva que han sido reconocidas por organismos internacionales como el Comité Internacional Olímpico, así como de un equipo de profesionales titulados en educación física del más alto nivel, determinan su idoneidad para realizar las tareas de organización, de asesoramiento, de ejecución y de apoyo técnico a la evaluación de la capacidad física de los aspirantes en los procedimientos selectivos para el acceso a la función pública de los cuerpos específicos mencionados, con plena garantía de los principios de imparcialidad y objetividad que deben imperar en los procedimientos de selección para el acceso a la función pública y de promoción interna.<br />
Conforme a lo anterior, el decreto ley proyectado articula la participación del CAR en los procedimientos selectivos de cuerpos funcionariales específicos que requieren valorar la capacitación física. Se trata, pues, de una medida adoptada en el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Administración que corresponde a la Generalidad (art. 150 EAC) y que incide, de forma indirecta, en materia de organización de los procedimientos de acceso a la función pública (art. 136 EAC).<br />
De acuerdo con el artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña, el CAR es una entidad de derecho público que sujeta su actividad al derecho privado, que se regula por la normativa reguladora de las entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña, goza de autonomía en su organización y de capacidad jurídica plena para el cumplimiento de sus fines. En este sentido, el apartado 3 del citado precepto, otorga al CAR la condición de medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de los entes, organismos y entidades vinculadas que tengan la consideración de poderes adjudicadores, a efectos de lo que preveía la hoy derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.<br />
Una de las novedades más relevantes de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es precisamente la regulación de los encargos a medios propios, ya que impone numerosos requisitos para que una persona jurídica pueda ser considerada medio propio. Analizada la actividad del CAR de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se ha constatado que no permite que sea considerado medio propio.<br />
Las anteriores circunstancias obligan a tramitar con carácter urgente un decreto ley que modifique el artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, a los efectos de regular las funciones que la entidad asume como propias, en los procedimientos de acceso a la función pública y de promoción interna que requieren la evaluación de la aptitud física de los aspirantes y suprimir la calificación del CAR como medio propio.<br />
Por todo lo expuesto, en uso de la autorización concedida por el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, a propuesta de la consejera de la Presidencia, y de acuerdo con el Gobierno,</p>
<p>Decreto:</p>
<p>Artículo único<br />
Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo:<br />
«3. En colaboración con los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña o de las entidades locales competentes para la convocatoria y tramitación de pruebas selectivas para el acceso a la función pública o de promoción interna, corresponde al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès (CAR) la organización y la realización de las pruebas físicas y, en su caso, médicas, y el apoyo técnico a los correspondientes órganos de selección para la evaluación de los resultados de las pruebas mencionadas, de acuerdo con la normativa vigente.»<br />
«4. Constituyen ingresos propios del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès las aportaciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, las aportaciones provenientes de la prestación de servicios propios y de los convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, el producto proveniente del rendimiento de su patrimonio y, en general, los ingresos provenientes de sus actividades.»</p>
<p>Disposición final<br />
Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.</p>
<p>Barcelona, 26 de noviembre de 2019</p>
<p>Joaquim Torra i Pla<br />
Presidente de la Generalidad de Cataluña</p>
<p>Meritxell Budó Pla<br />
Consejera de la Presidencia</p>
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		<title>AYUDAS CAMBIO CLIMATICO AYUNTAMIENTOS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CTE (Código Técnico de la Edificación)]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. [sc name=»urbanismo» ] BOE de 30 de abril de 2019 Textos originales: • MODIFICA: o el art. 9.4 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto o determinados preceptos y SUSTITUYE el anexo I del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio TEXTO I El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, en su artículo 9, establece como Objetivo Temático 4 «Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores», y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, confiere una gran importancia al Objetivo Temático 4 de Economía Baja en Carbono (EBC), incluyéndolo en la concentración temática, obligatoria para el periodo 2014-2020, y fijando unos porcentajes mínimos de gasto sobre el total de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de un 20 % en las regiones más desarrolladas, un 15 % en las de transición y un 12 % en las menos desarrolladas y ultraperiféricas. El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, modifica los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, establece disposiciones específicas para armonizar más las condiciones para las operaciones que generan ingresos netos una vez finalizadas, y en particular en lo que respecta a la modificación operada en el artículo 61 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, exceptúa la consideración de ingreso neto a menos que quede compensado por una reducción equivalente de las subvenciones para funcionamiento, el ahorro derivado de la aplicación de medidas de eficiencia energética. La Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, elaboró el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo (POCS) 2014-2020, que fue aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 5220 de 22 de julio de 2015. Mediante Decisión C(2017)8950 de 19 de diciembre, la Comisión Europea aprobó el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, como resultado de la fusión de los precedentes Programas Operativos de Crecimiento Sostenible (POCS) y de Crecimiento Inteligente (POCIN). En virtud de la citada Decisión, se ha establecido que la financiación del POPE asciende a un total de 14.287.807.989 euros, con una contribución máxima del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 10.004.336.884 euros. La EPE Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. participa en el POPE, como Organismo Intermedio de los previstos en el artículo 123.6 del Reglamento UE n.º1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, en virtud del Acuerdo de la Dirección General de Fondos Comunitarios, de fecha 10 de mayo de 2017, por el que se designa al IDAE como Organismo Intermedio para las actuaciones del objetivo temático 4 (Economía Baja en Carbono) en el periodo 2014-2020. Tras la reprogramación aprobada por el Comité de Seguimiento del POPE en sesión de 30 de mayo de 2018, la dotación financiera asignada al eje 4, en términos de ayuda total FEDER, es de aproximadamente 2104 millones de euros. Esta dotación establece que unos 987 millones de euros para todo el periodo 2014-2020, se destinarán a proyectos que permitan el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las entidades locales, debiendo el IDAE realizar, en este ámbito, en su condición de Organismo Intermedio del POPE, la gestión de la selección de los proyectos y asignación de las ayudas que les corresponda. En este contexto el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, ampliando su presupuesto y vigencia, tiene como objetivo mantener los incentivos para promover la realización de actuaciones, por parte de municipios españoles de menos de 20.000 habitantes o agrupaciones formadas por municipios de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a una misma comunidad autónoma, además de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables, conforme a lo dispuesto en el inicial Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, actual Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 y que contribuyen tanto al desarrollo económico local como al cumplimiento de los objetivos fijados en el POPE. Dicho procedimiento, dotado con un presupuesto de 480.076.588 euros ha conseguido un alto grado de participación, de tal manera que,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7730"></span>[sc name=»urbanismo» ]<br />
BOE de 30 de abril de 2019<br />
Textos originales:<br />
• MODIFICA:<br />
o el art. 9.4 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto<br />
o determinados preceptos y SUSTITUYE el anexo I del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio</p>
<p>TEXTO<br />
I<br />
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, en su artículo 9, establece como Objetivo Temático 4 «Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores», y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, confiere una gran importancia al Objetivo Temático 4 de Economía Baja en Carbono (EBC), incluyéndolo en la concentración temática, obligatoria para el periodo 2014-2020, y fijando unos porcentajes mínimos de gasto sobre el total de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de un 20 % en las regiones más desarrolladas, un 15 % en las de transición y un 12 % en las menos desarrolladas y ultraperiféricas.<br />
El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, modifica los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, establece disposiciones específicas para armonizar más las condiciones para las operaciones que generan ingresos netos una vez finalizadas, y en particular en lo que respecta a la modificación operada en el artículo 61 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, exceptúa la consideración de ingreso neto a menos que quede compensado por una reducción equivalente de las subvenciones para funcionamiento, el ahorro derivado de la aplicación de medidas de eficiencia energética.<br />
La Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, elaboró el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo (POCS) 2014-2020, que fue aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 5220 de 22 de julio de 2015.<br />
Mediante Decisión C(2017)8950 de 19 de diciembre, la Comisión Europea aprobó el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, como resultado de la fusión de los precedentes Programas Operativos de Crecimiento Sostenible (POCS) y de Crecimiento Inteligente (POCIN).<br />
En virtud de la citada Decisión, se ha establecido que la financiación del POPE asciende a un total de 14.287.807.989 euros, con una contribución máxima del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 10.004.336.884 euros.<br />
La EPE Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. participa en el POPE, como Organismo Intermedio de los previstos en el artículo 123.6 del Reglamento UE n.º1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, en virtud del Acuerdo de la Dirección General de Fondos Comunitarios, de fecha 10 de mayo de 2017, por el que se designa al IDAE como Organismo Intermedio para las actuaciones del objetivo temático 4 (Economía Baja en Carbono) en el periodo 2014-2020. Tras la reprogramación aprobada por el Comité de Seguimiento del POPE en sesión de 30 de mayo de 2018, la dotación financiera asignada al eje 4, en términos de ayuda total FEDER, es de aproximadamente 2104 millones de euros.<br />
Esta dotación establece que unos 987 millones de euros para todo el periodo 2014-2020, se destinarán a proyectos que permitan el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las entidades locales, debiendo el IDAE realizar, en este ámbito, en su condición de Organismo Intermedio del POPE, la gestión de la selección de los proyectos y asignación de las ayudas que les corresponda.<br />
En este contexto el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, ampliando su presupuesto y vigencia, tiene como objetivo mantener los incentivos para promover la realización de actuaciones, por parte de municipios españoles de menos de 20.000 habitantes o agrupaciones formadas por municipios de menos de 20.000 habitantes pertenecientes a una misma comunidad autónoma, además de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables, conforme a lo dispuesto en el inicial Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, actual Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 y que contribuyen tanto al desarrollo económico local como al cumplimiento de los objetivos fijados en el POPE.<br />
Dicho procedimiento, dotado con un presupuesto de 480.076.588 euros ha conseguido un alto grado de participación, de tal manera que, aun cuando la vigencia del Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, no finaliza hasta el 30 de junio de 2019, la demanda de ayudas ya tiene cubierto más del 75 % del presupuesto total disponible, habiéndose superado los límites máximos establecidos en varias comunidades autónomas. Este hecho muestra el interés y la disposición de las entidades locales para ejecutar inversiones en proyectos singulares de economía baja en carbono, pudiendo completarse favorablemente con la ejecución de dichos proyectos la absorción de la dotación presupuestaria prevista para las entidades locales en el POPE, hasta alcanzar la cifra programada de 987 millones de euros al final del periodo de aplicación del citado Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020.<br />
Por otra parte, habiéndose cubierto ya las tres convocatorias efectuadas en el marco de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprobaron las bases para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciadas por FEDER en el periodo 2014-2020, y no estando previsto la realización de nuevas convocatorias, los proyectos de economía baja en carbono, promovidos por ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que no hubieran podido incluirse en alguna de las estrategias seleccionadas, se podrían quedar sin ejecutar al no contar con acceso a cofinanciación europea. Por ello, se considera oportuno ampliar el ámbito de actuación del programa establecido por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, modificado mediante Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, a todo tipo de municipios sin limitación en el número de habitantes.<br />
Esta ejecución de actuaciones dará cumplimiento a los objetivos marcados por el Programa Operativo y contribuirán a alcanzar las metas fijadas en esta programación para el año 2023.<br />
Las actuaciones que financia este programa de ayudas se enmarcan así mismo en las políticas de mejora de la eficiencia energética a las que está obligado el Estado español en el marco de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, y que obliga a los Estados miembros a asumir objetivos de mejora de la eficiencia energética en el horizonte del año 2020. En el cumplimiento de estos objetivos es muy importante la temprana realización de acciones de ahorro, ya que cuanto antes se ejecuten antes computarán en el ambicioso objetivo de ahorro establecido por España en el periodo 2014-2020.<br />
Por tanto, dada la buena acogida del programa por parte de las entidades locales y su adecuada contribución al cumplimiento de los objetivos programados, dada también la dotación presupuestaria que el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020 (POPE) destina a entidades locales y que aún no ha sido objeto de convocatoria, se considera muy adecuada la nueva modificación del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, que ya fue objeto de una primera modificación realizada mediante Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre. Esta nueva modificación, amplía el presupuesto en 507.076.954 euros adicionales, de forma que se agota el presupuesto previsto en el POPE para actuaciones de economía baja en carbono acometidas por entidades locales. Así mismo, con esta modificación, se pretende adecuar las bases para dar cabida a municipios de ámbito mayor al de 20.000 habitantes y adecuar los límites económicos de inversión para las actuaciones subvencionables a la capacidad financiera de las entidades locales de ámbito mayor, para alcanzar con ello las previsiones que, para este tipo de actuaciones, se contemplan en el mencionado Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020 (POPE), dando continuidad al cumplimiento de objetivos y de absorción de fondos marcados en la programación, de acuerdo a las metas de verificación y certificación establecidas para el año 2023.<br />
Mediante esta modificación del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado mediante Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, que amplía su presupuesto y vigencia, se pretende mantener la continuidad del programa de ayudas, ampliando para ello el presupuesto previsto hasta la cantidad que completa el presupuesto programado en el POPE (anterior POCS) para estas actuaciones, y que asciende a un total de 987.153.542 euros. La dotación presupuestaria adicional será, en consecuencia, de 507.076.954 euros, que será distribuida por objetivos específicos y por regiones, conforme a la programación FEDER asignada a IDAE en su calidad de Organismo Intermedio por parte de la Autoridad de Gestión para España de dichos fondos.<br />
Para facilitar la aplicación de este presupuesto adicional, se ampliará el plazo de vigencia de la convocatoria en un año y medio, modificando por tanto la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2020.<br />
II<br />
Por otra parte, el 24 de octubre de 2018 se suscribió el Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, entre el Ministerio para la Transición Ecológica, las centrales sindicales UGT-FICA, CCOO, USO, y la agrupación de empresarios del sector CARBUNION, en relación al conjunto de medidas y condiciones que se habrían de aplicar a los trabajadores de la minería del sector, según lo previsto en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010.<br />
El contenido de este Acuerdo se incorporó al marco jurídico vigente con la adopción de la regulación prevista en el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras que, entre otras medidas, extendía hasta el 2025 el ámbito temporal de aplicación del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.<br />
En este Acuerdo, de 24 de octubre de 2018, se preveía que las ayudas que se debían otorgar a los trabajadores garantizarían el reconocimiento del 62 por ciento de la media mensual de la retribución salarial bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la incorporación a la prejubilación con el prorrateo de pagas extraordinarias, previsión que, sin embargo, no apareció recogida en el artículo 9.4 del Real Decreto 676/2014, tras la modificación operada por el Real Decreto–ley 25/2018, de 21 de diciembre.<br />
Es por ello que resulta necesario modificar este Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, para adecuarlo a las exigencias derivadas del Acuerdo Marco de 24 de octubre de 2018, lo cual se lleva a cabo en el presente Real Decreto a través de su disposición final primera.<br />
En la tramitación de este proyecto, se han solicitado los informes preceptivos exigidos por la normativa aplicable: informe de la Abogacía del Estado, informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en los artículos 2 y 7 del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, Informe del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El proyecto cuenta con la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial.<br />
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.<br />
Cumple con los principios de necesidad y eficacia. Con la aprobación de este real decreto se profundiza en el objetivo de promover proyectos singulares de economía baja en carbono. Además, al permitir que se adecúen las bases a municipios de más de 20.000 habitantes y adaptar los límites económicos de inversión para las actuaciones subvencionables a la capacidad financiera de las entidades locales se satisfacen ambos principios en este aspecto. Por este motivo, supone un instrumento eficaz para la consecución de los fines propuestos en el mismo.<br />
También supone el instrumento necesario para la modificación del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto. Se trata de una modificación normativa, de rango reglamentario igual al texto cuya modificación se efectúa. El dictado de esta norma es el instrumento adecuado y necesario para garantizar la consecución del objetivo propuesto.<br />
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios. Supone la modificación más adecuada para obtener los fines propuestos.<br />
Se adecua, igualmente, al principio de seguridad jurídica, puesto que supone modificaciones reglamentarias realizadas conforme al procedimiento de elaboración normativa, que mantienen, en esencia los textos normativos modificados introduciendo únicamente variaciones en las disposiciones que se pretenden adaptar.<br />
La norma cumple con el principio de transparencia, dado que define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la MAIN que la acompaña.<br />
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia, porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos<br />
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, así como bases del régimen minero y energético, previstas en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española.<br />
En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, con el informe de la Ministra de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de abril de 2019,<br />
DISPONGO:<br />
Artículo único. Modificación del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.<br />
El Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, queda modificado como sigue:<br />
Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:<br />
«Artículo 1. Objeto, régimen jurídico y ámbito de aplicación.<br />
1. Constituye el objeto del presente real decreto la regulación del procedimiento para la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares que faciliten el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las entidades locales españolas, con cargo a los fondos FEDER incluidos en el Eje 4 de Economía Baja en Carbono del Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) para el periodo 2014-2020.<br />
Resulta de aplicación a estas subvenciones el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el que se deroga el Reglamento (CE) 1080/2006.<br />
Resulta igualmente de aplicación el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.<br />
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones reguladas por este real decreto se regirán por las normas de la Unión Europea de aplicación y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, teniendo carácter supletorio los procedimientos de concesión de las mismas establecidos en dicha ley, aplicándose los mecanismos de gestión y control establecidos en los reglamentos de la Unión Europea correspondientes.<br />
En este contexto, de conformidad con la naturaleza y régimen jurídico aplicable al órgano concedente de las subvenciones reguladas por el presente real decreto, la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será aplicable, en su caso, en cuanto a los principios de gestión contenidos en la misma y los de información a que se hace referencia en su artículo 20. Asimismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resultará de aplicación, también en su caso, en todo aquello que resulte aplicable a las Entidades públicas empresariales que se rigen por el Derecho privado y no tienen atribuido el ejercicio de potestades administrativas.<br />
2. La finalidad de dichas subvenciones es incentivar y promover la realización de actuaciones, por parte de los municipios españoles o agrupaciones formadas por municipios pertenecientes a una misma comunidad autónoma, además de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables, conforme a lo dispuesto en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.»<br />
Dos. El apartado 3 del artículo 3 queda redactado como sigue:<br />
«3. Será de aplicación para la determinación del gasto subvencionable lo establecido en el artículo 61 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, en aquellas operaciones generadoras de ingresos netos una vez finalizadas, teniendo en cuenta la modificación introducida por el apartado 26 del artículo 272 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018.»<br />
Tres. El apartado 4 del artículo 3 queda redactado como sigue:<br />
«4. El presupuesto total asignado asciende a 987.153.542 euros siendo la distribución por tipología de región y por Objetivo Específico (OE) de los incluidos en el POPE (anterior POCS), en el periodo 2014-2020, la que se indica en la tabla siguiente:<br />
Presupuesto disponible<br />
Eficiencia energética<br />
Objetivos específicos Energías renovables<br />
Objetivo específico<br />
Tipología de región Comunidad/Ciudad Autónoma OE 4.3.1<br />
Edificación infraestructuras y servicios públicos OE 4.5.1<br />
Movilidad urbana sostenible OE 4.3.2<br />
Energías renovables: electricidad y usos térmicos<br />
Más desarrollada País Vasco 263.671.891 € 45.039.347 € 58.334.005 €<br />
Cataluña<br />
Galicia<br />
Asturias<br />
Cantabria<br />
La Rioja<br />
Valencia<br />
Aragón<br />
Navarra<br />
Islas Baleares<br />
Madrid<br />
Castilla y León<br />
Ceuta<br />
Menos desarrollada Extremadura 22.190.729 € 5.678.720 € 11.433.309 €<br />
En transición Andalucía 427.688.381 € 70.911.613 € 82.205.547 €<br />
Murcia<br />
Castilla-La Mancha<br />
Canarias<br />
Melilla<br />
Total 713.551.001 € 121.629.680 € 151.972.861 €<br />
Total presupuesto disponible: 987.153.542 €<br />
El presupuesto total se distribuye por comunidades autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de la forma que se indica en el cuadro que se incluye a continuación. No obstante, a propuesta del Organismo Intermedio IDAE y previa autorización de la autoridad de gestión del FEDER, en caso de escasa demanda en alguna de las CCAA o ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica, se podrá modificar dicha distribución inicial sin modificar el importe total de la convocatoria y sin afectar a las solicitudes registradas:<br />
Comunidad o Ciudad Autónoma Limitación por Comunidad o Ciudad Autónoma<br />
País Vasco 4.553.547 €<br />
Cataluña 23.312.931 €<br />
Galicia 154.508.117 €<br />
Asturias 12.406.476 €<br />
Cantabria 1.907.655 €<br />
La Rioja 961.727 €<br />
Valencia 120.503.322 €<br />
Aragón 4.356.925 €<br />
Navarra 1.305.556 €<br />
Islas Baleares 6.230.849 €<br />
Madrid 16.614.327 €<br />
Castilla y León 18.882.741 €<br />
Ceuta 1.501.070 €<br />
Extremadura 39.302.758 €<br />
Andalucía 417.813.609 €<br />
Murcia 29.702.103 €<br />
Castilla-Mancha 95.976.171 €<br />
Canarias 35.141.178 €<br />
Melilla 2.172.480 €<br />
Total 987.153.542 €»<br />
Cuatro. El apartado 7 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:<br />
«La entidad beneficiaria deberá disponer de presupuesto propio para acometer la actuación, teniendo en cuenta los procedimientos y límites previstos en la normativa vigente de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya que el importe que corresponda a la cofinanciación FEDER se percibirá por el beneficiario una vez concluya y se certifique la actuación conforme al procedimiento establecido en el Reglamento UE 1303/2013. La posibilidad de anticipos está prevista, en función de la disponibilidad presupuestaria, conforme a las condiciones que se establecen en la disposición final segunda.»<br />
Cinco. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:<br />
«1. Los proyectos singulares objeto de las subvenciones previstas en el presente real decreto tendrán como ámbito territorial, todo el territorio español, tanto peninsular como extrapeninsular, sin limitación en cuanto al número de habitantes.»<br />
Seis. El artículo 5 queda redactado como sigue:<br />
«Artículo 5. Entidades beneficiarias.<br />
1. A los efectos regulados por esta convocatoria, podrán tener la condición de entidades beneficiarias, las entidades locales conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las entidades supralocales existentes o de nueva constitución que representen, a los efectos de esta convocatoria, a las agrupaciones de entidades locales que puedan resultar beneficiarias, todas ellas en tanto sean entidades que realicen las inversiones y promuevan las actuaciones acogidas a la línea de ayudas.<br />
2. De acuerdo con lo anterior, podrán ser entidades beneficiarias:<br />
a) Los ayuntamientos de municipios, de acuerdo a la regulación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
b) Las Diputaciones Provinciales o comunidades autónomas uniprovinciales en el ejercicio de las competencias que les correspondan, cuando actúen, bien en representación de una agrupación formada por municipios, o bien en su caso, realicen las inversiones y promuevan las actuaciones acogidas a esta línea de ayudas en alguno de dichos municipios.<br />
c) Los Cabildos o Consejos insulares actuando, bien en representación de una agrupación formada por municipios, o bien en su caso, realicen las inversiones y promuevan las actuaciones acogidas a esta línea de ayudas en alguno de dichos municipios.<br />
d) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y los correspondientes Estatutos de Autonomía, siempre que actúen bien en representación de una agrupación formada por municipios, o bien en su caso, realicen las inversiones y promuevan las actuaciones acogidas a la línea de ayudas en alguno de dichos municipios.<br />
e) Las Mancomunidades de Municipios siempre que actúen bien en representación de una agrupación formada por municipios, o bien en su caso, realicen las inversiones y promuevan las actuaciones acogidas a la línea de ayudas en dichos municipios.<br />
f) Las Áreas Metropolitanas, conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el resto de normativa de aplicación.<br />
3. La condición de entidad beneficiaria de esta convocatoria implica que ésta asume frente al Organismo Intermedio, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, en los términos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.<br />
4. Las actuaciones podrán ser ejecutadas por las entidades beneficiarias conforme a cualquiera de las modalidades contractuales a que se refiere la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.<br />
En el caso de que el proyecto se ejecute a través de empresas de servicios energéticos o concesionarias de obras y/o servicios, serán objeto de ayuda los pagos que realice la entidad beneficiaria a la empresa que realice las actuaciones en concepto de pago por la inversión elegible realizada y no por servicios futuros a prestar, debiendo los contratos (bien sean de obra y/o servicio, de concesión de obra pública) a formalizar entre la empresa que ejecute la actuación y la Entidad local beneficiaria, prever la reversión de todas las instalaciones e infraestructuras a ejecutar a la Entidad local beneficiaria, en un plazo que no exceda del 30 de septiembre de 2023.»<br />
Siete. El apartado 5 del artículo 6 queda redactado como sigue:<br />
«5. Sólo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos singulares que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, supongan una inversión total elegible (como suma de todas las medidas de actuación que se planteen en la solicitud) superior a 50.000 €.»<br />
Ocho. El Artículo 7 queda redactado como sigue:<br />
«Artículo 7. Inversiones y gastos elegibles.<br />
1. Las inversiones elegibles subvencionables deben de responder a alguna de las actuaciones y límites correspondientes a las medidas que se describen en el anexo I, así como cumplir los criterios aplicables al Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.<br />
2. Solo se considerarán elegibles, y por tanto sólo podrán ser seleccionadas para obtener la cofinanciación prevista en este real decreto, las inversiones que se realicen en la adquisición de bienes o servicios, por parte del promotor de la actuación, que sean necesarias y estén directamente relacionadas con la mejora de la eficiencia energética o la utilización de las energías renovables. Estas inversiones deben poder acreditarse y justificarse mediante factura expedida a su favor, y justificante de pago correspondiente. No se considerarán, por tanto, elegibles los gastos propios (personal, funcionamiento o gastos generales). Podrá ser elegible, y por tanto subvencionable, el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) soportado, siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación, cuando ello sucediera, los valores de costes elegibles máximos contemplados en el apartado 3 de las medidas elegibles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, del anexo I, se han de entender como aplicables a las inversiones y gastos elegibles sin considerar el IVA soportado.<br />
A estos efectos se considerarán gastos elegibles aquéllos que sean necesarios para conseguir los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones, que podrán incluir, entre otros, los siguientes conceptos: la elaboración, por el técnico competente, de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones (incluidos los estudios energéticos necesarios), los costes de dirección facultativa de obra, los costes de ejecución de la obra civil asociada a la actuación, los de adquisición de equipos y materiales, y los de montaje de las instalaciones. No se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos (salvo el IVA de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior).<br />
3. Por otro lado, para que los gastos puedan ser considerados elegibles, deberán cumplir los siguientes requisitos:<br />
a) Deben ser conformes con la normativa local, autonómica, nacional y comunitaria aplicables, y en concreto, con la orden por la que se aprueben las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos FEDER para el periodo de programación 2014-2020.<br />
b) Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de justificación establecido en esta convocatoria.<br />
c) Debe existir constancia documental y ser verificables.<br />
d) Deben estar relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y ser necesarios para el desarrollo de las acciones.<br />
e) Deben ser efectuados durante el periodo de ejecución del proyecto, que no podrá haber sido iniciado antes del 1 de enero de 2014, fecha de comienzo del periodo de elegibilidad del POCS. A estos efectos, los pagos correspondientes no deben haberse hecho efectivos con anterioridad al 1 de enero de 2014 y, en cualquier caso, las operaciones no deberán haber concluido antes de la fecha de resolución de la solicitud, por parte del IDAE, en la que se asigne la ayuda correspondiente al proyecto.<br />
4. En el caso de que las actuaciones o proyectos sean realizados por empresas de servicios energéticos o concesionarias de obras y/o servicios, que lleven a cabo directamente la inversión elegible conforme a un contrato suscrito con una Entidad local, podrán ser considerados elegibles los pagos de dicha Entidad local a la empresa que realice las obras e instalaciones siempre que:<br />
a) Los pagos respondan al pago de las obras e instalaciones realizadas y no a servicios prestados y se realicen antes del 30 de septiembre de 2023.<br />
b) Exista un contrato formalizado de acuerdo a las tipologías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre, entre la Entidad local y la empresa que realice las actuaciones, que determine que la propiedad de todas las obras e instalaciones realizadas será de la Entidad local en un plazo que no podrá exceder del 30 de septiembre de 2023.<br />
c) Se justifique por parte de la empresa que acometa las obras e instalaciones, en la forma prevista en los puntos anteriores, toda la inversión elegible de la actuación.<br />
d) El coste elegible máximo a considerar para la Entidad local estará limitado a la inversión elegible justificada por la empresa que acometa las obras e instalaciones.»<br />
Nueve. El artículo 9 queda redactado como sigue:<br />
«Artículo 9. Cuantía de la subvención.<br />
La asignación de las subvenciones previstas en el presente real decreto a las actuaciones o proyectos singulares que resulten seleccionados se realizará por orden de prelación correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud, en el ámbito de cada comunidad autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, y todo ello hasta agotar el presupuesto disponible en dicho ámbito o hasta que expire la vigencia del programa especificada en el artículo 11, siendo la subvención máxima a asignar, por proyecto singular, el importe que corresponda a la tasa de cofinanciación FEDER, establecida para cada comunidad autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla en la tabla incluida en el apartado 2 del artículo 3, calculado como porcentaje sobre la inversión elegible, teniendo en cuenta para las operaciones generadoras de ingresos netos, lo que establece el artículo 61 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, modificado por el apartado 26 del artículo 272 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, y todo ello, dentro de los límites de fondos asignados a la tipología de región que corresponda a la Comunidad o Ciudad Autónoma donde radique el proyecto.<br />
En el caso, de que el importe de ayuda solicitado supere el presupuesto disponible, por agotamiento de presupuesto en una determinada comunidad o ciudad autónoma u objetivo específico, se podrá resolver la solicitud, otorgando provisionalmente el importe de la ayuda disponible, el cual podrá ser completado en caso de que se produjeran remanentes como consecuencia de una menor ejecución en los expedientes precedentes.»<br />
Diez. La letra b) del apartado 1 del artículo 11 queda redactada como sigue:<br />
«b) Que se llegue al 31 de diciembre de 2020 sin haberse cursado solicitudes suficientes para agotar el presupuesto disponible.»<br />
Once. Se añade un nuevo apartado al artículo 13 redactado en los siguientes términos:<br />
«12. El IDAE, en el ejercicio de las competencias previstas como Organismo Intermedio, realizará cada (6) seis meses las actuaciones oportunas para supervisar la correcta evolución de la ejecución de los proyectos que resulten beneficiarios, iniciándose el cómputo del plazo desde la fecha de notificación de la resolución de la solicitud. Si se comprobara el incumplimiento de la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos, se revocará la subvención con el deber de devolución de las cantidades percibidas, según lo previsto en el artículo 16 de este real decreto.»<br />
Doce. Las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 15 «Justificación de la realización del proyecto» quedan redactadas como sigue:<br />
«a) Con una periodicidad trimestral, la Entidad local deberá aportar al IDAE copia de las facturas, y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, correspondientes al pago diferido de la inversión elegible. No se admitirán justificaciones posteriores al 30 de septiembre de 2023, ni las que de forma acumulada excedan del valor de la inversión elegible justificada por la empresa que acometa las actuaciones.»<br />
«c) Antes del 30 de septiembre de 2023, la Entidad local deberá acreditar que, con base en el contrato formalizado, ostenta la propiedad de las obras, equipos e instalaciones que forman parte de la inversión elegible.»<br />
Trece. El anexo I queda sustituido por el anexo I de este real decreto.<br />
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.<br />
El apartado 4 del artículo 9 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, queda redactado en los siguientes términos:<br />
«4. La cantidad bruta garantizada final resultante no podrá exceder, en ningún caso, el 72 por ciento de la base máxima de cotización por contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Régimen General de la Seguridad Social vigente en la fecha en la que se extinga la relación laboral, ni ser inferior al 62 por ciento de la base normalizada correspondiente a la categoría en la que hubiera cotizado el trabajador en el periodo de los seis últimos meses anteriores a la fecha de extinción. Si lo hubiera hecho en diferentes categorías se aplicará la media de las bases.»<br />
Disposición final segunda. Entrada en vigor.<br />
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Dado en Madrid, el 26 de abril de 2019.<br />
FELIPE R.<br />
La Ministra para la Transición Ecológica,<br />
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ<br />
ANEXO I<br />
Descripción de las medidas elegibles<br />
Medida 1. Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios y dependencias existentes<br />
1. Objetivo. Mejorar la eficiencia energética de los edificios y dependencias existentes, mediante actuaciones en su envolvente térmica que reduzcan la demanda energética de calefacción y/o refrigeración y, por lo tanto, su consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono.<br />
2. Descripción. La mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes, descrita en esta medida, comprende las actuaciones energéticas sobre su envolvente que permitan reducir la demanda energética de calefacción y/o refrigeración y, por lo tanto, su consumo energético y emisiones de dióxido de carbono, mediante soluciones constructivas convencionales y no convencionales, que pueden consistir en una reforma integral de la envolvente o sobre alguno de sus cerramientos por separado (cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras).<br />
Se define como envolvente térmica del edificio, a efectos de esta medida, la que está compuesta por todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que delimitan los espacios habitables con los no habitables en contacto con el ambiente exterior.<br />
Se entienden por soluciones constructivas convencionales las utilizadas habitualmente en los edificios para reducir su demanda energética de calefacción y/o refrigeración como, por ejemplo, las que afectan a las fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, ventanas y protecciones solares.<br />
Se entienden como soluciones constructivas no convencionales las conocidas habitualmente como medidas de «arquitectura bioclimática» como, por ejemplo: muros trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de sombreamiento, ventilación natural, etc.<br />
3. Actuaciones elegibles. Se considerarán elegibles las actuaciones sobre la envolvente térmica del edificio o sobre alguno de sus cerramientos por separado (cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras) y no sobre uno o varios locales del mismo edificio considerados individualmente.<br />
Límites de las inversiones elegibles: Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y en particular:<br />
a) Documento Básico de Ahorro de Energía HE-1 del Código Técnico de la Edificación en lo relativo a los requisitos aplicables a los edificios existentes.<br />
b) Acreditación de mejora de al menos una letra en la calificación energética en emisiones de CO2 del edificio, según el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios regulado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, para lo cual se deberán aportar el Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual y el Certificado energético del edificio que se alcanzará tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda.<br />
La mejora de al menos una letra en la calificación energética podrá obtenerse mediante esta medida o por una combinación de esta u otras de las medidas contenidas en el proyecto.<br />
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Para el caso de actuaciones no consideradas por los programas oficiales de certificación de forma directa, se aportará la información necesaria como anexo al certificado energético de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del presente real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
b) Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado energético esté registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso, cuando sea preceptivo.<br />
b) Certificación energética del edificio tras la reforma, suscrita por técnico competente y registrada en el órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma correspondiente, después de la ejecución de la actuación, de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
c) Copia del proyecto firmado por un técnico titulado competente.<br />
d) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por un técnico titulado competente:<br />
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos [kWh/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
e) Obligatoriamente, para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000 € y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios y dependencias existentes<br />
1. Objetivo. Reducir el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria de los edificios y dependencias existentes.<br />
2. Descripción. Esta medida pretende fomentar la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios y dependencias existentes que se renueven, de forma que cumplan, al menos, con las exigencias mínimas que fija el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE2 del Código Técnico de la Edificación vigente (Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios-RITE, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio), reduciendo su consumo de energía y emisiones de dióxido de carbono, mejorando su calificación energética.<br />
Se consideran como instalaciones térmicas de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria las destinadas a atender la demanda del bienestar térmico e higiene de las personas. También incluirá las nuevas instalaciones centralizadas de calefacción y refrigeración urbana o de distrito, o que den servicio a varios edificios, la reforma y ampliación de las existentes, cuando sustituyan a otras de tipo individual o centralizado.<br />
Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta medida serán aquellas que consigan una reducción anual del consumo de energía convencional y de emisiones de dióxido de carbono mediante actuaciones en sus instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria. Las actuaciones energéticas podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:<br />
a) Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros de alta eficiencia energética incluyendo el aislamiento térmico de las redes de tuberías.<br />
b) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de extracción.<br />
c) Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía de la instalación: enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, pre-enfriamiento evaporativo del aire de condensación, enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del aire de extracción, etc.<br />
d) Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren energía, por ejemplo, en función de la variación de la temperatura exterior, la presencia o las necesidades del usuario. Sistemas de gestión telemática de suministro de agua caliente sanitaria para edificios que permitan controlar el consumo de agua caliente sanitaria y energía, limitar el caudal máximo instantáneo.<br />
e) Las nuevas instalaciones de redes centralizadas de calefacción y refrigeración urbana o de barrio o que den servicio a varios edificios a partir de fuentes de energía convencional no renovable, así como la reforma y ampliación de las existentes, cuando sustituyan a instalaciones individuales o centralizadas existentes. En este caso no estarán incluidos los equipos de generación que utilicen combustibles de origen fósil, pero sí será subvencionable el tendido de las tuberías de transporte de los fluidos caloportadores, sus sistemas de regulación y control, y la obra civil directamente asignable para implantación de las mismas. Se excluyen las redes centralizadas de calefacción y refrigeración urbanas con energías renovables que se tratarán conforme a los requisitos de las medidas 9 a 11 de este anexo.<br />
No se incluyen en esta medida las actuaciones que incorporen equipos de generación con energías renovables que tendrán cabida en las medidas específicas incluidas en este anexo, como sería el caso de la bomba de calor que se recoge en las medidas 11 (geotermia) y 17 (aerotermia e hidrotermia).<br />
3. Actuaciones elegibles. Sólo se considerarán elegibles las actuaciones sobre instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal de generación de calor o frío de la instalación térmica sea mayor que 100 kW.<br />
Cuando existan múltiples generadores de calor, frío o de ambos tipos, y se proceda a su sustitución, la potencia mínima de 100 kW se obtendrá como suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío existentes, sobre los que se actúe.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 25.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y en particular:<br />
a) Documento Básico de Ahorro de Energía HE-2 del Código Técnico de la Edificación, desarrollado a través del Reglamento de Instalaciones Térmicas de edificios (RITE).<br />
b) Acreditación de mejora de al menos una letra en la calificación energética en emisiones de CO2 del edificio, según el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, regulado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril de 2013, para lo cual se deberán aportar el Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual y el Certificado energético del edificio que se alcanzará tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda.<br />
La mejora de al menos una letra en la calificación energética podrá obtenerse mediante esta medida o por una combinación de esta u otras de las medidas contenidas en el proyecto.<br />
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Para el caso de actuaciones no consideradas por los programas oficiales de certificación de forma directa, se aportará la información necesaria como anexo al certificado energético de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
c) Cumplimiento de los requisitos de emisiones establecidos en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del real decreto, y, adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
b) Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto para el que se solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado energético esté registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del Certificado de la instalación térmica que exige el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, en su caso, y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando sea preceptivo.<br />
b) Certificación energética del edificio, suscrita por técnico competente y registrada, en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, después de la ejecución de la actuación, de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
c) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente.<br />
d) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por un técnico titulado competente:<br />
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos [kWh/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
e) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios y dependencias existentes<br />
1. Objetivo. Reducir el consumo de energía y de las emisiones de dióxido de carbono de las instalaciones de iluminación interior de edificios y dependencias existentes.<br />
2. Descripción. Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior existentes de los edificios y dependencias que se renueven, de forma que cumplan, al menos, con las exigencias mínimas que fija el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE3 del Código Técnico de la Edificación vigente, reduciendo su consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono.<br />
Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida son aquellas que consigan una reducción anual del consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono en la iluminación interior de los edificios y dependencias municipales existentes, garantizando un confort lumínico adecuado a la tarea a realizar.<br />
Las actuaciones energéticas podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:<br />
a) Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con luminarias de mayor rendimiento, lámparas de mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables y que permitan reducir la potencia instalada en iluminación, cumpliendo con los requerimientos de calidad y confort visual reglamentados.<br />
b) Sistemas de control local o remoto de encendido y regulación de nivel de iluminación: incluirán aquellos sistemas de control por presencia y regulación de nivel de iluminación según el aporte de luz natural, ajustándose a las necesidades del usuario consiguiendo un ahorro eléctrico respecto a la instalación sin control o regulación.<br />
c) Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los puntos de luz con utilización de las tecnologías anteriores, de forma que se reduzca el consumo eléctrico anual respecto al sistema actual de iluminación.<br />
d) Implantación de sistemas de monitorización que permitan conocer en todo momento las condiciones de confort y la idoneidad de las actuaciones realizadas a favor de la mejora de la eficiencia energética.<br />
e) Sistemas de aprovechamiento de la luz natural.<br />
3. Actuaciones elegibles. Se considerarán elegibles las actuaciones sobre instalaciones de iluminación cuando la potencia eléctrica instalada sobre la que se actúe sea mayor de 20 kWe.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 25.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y en particular:<br />
a) Documento Básico de Ahorro de Energía HE-3 Iluminación del Código Técnico de la Edificación.<br />
b) Acreditación de mejora de al menos 1 letra en la calificación energética en emisiones de CO2. del edificio, según el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, regulado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril 2013, para lo cual se deberá aportar el Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual y el Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda.<br />
La mejora de al menos una letra en la calificación energética podrá obtenerse mediante esta medida o por una combinación de esta u otras de las medidas contenidas en el proyecto.<br />
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Para el caso de actuaciones no consideradas por los programas oficiales de certificación de forma directa, se aportará la información necesaria como anexo al certificado energético de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
b) Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado energético esté registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el punto 1 del artículo 15 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del Certificado de la instalación eléctrica que exige el Reglamento electrotécnico de baja tensión, suscrito por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando sea preceptivo.<br />
b) Certificación energética del edificio, suscrita por técnico competente y registrada, en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, después de la ejecución de la actuación, de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
c) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente.<br />
d) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por un técnico titulado competente:<br />
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos [kWh/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
e) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 4. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas de edificios y dependencias existentes<br />
1. Objeto. Reducir el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono mediante la realización de actuaciones en las instalaciones eléctricas de los edificios y dependencias existentes, garantizando un suministro eléctrico con calidad y fiabilidad.<br />
2. Descripción. Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas de los edificios y dependencias existentes e incluye las siguientes actuaciones:<br />
a) Renovación de transformadores eléctricos.<br />
b) Renovación de los sistemas de alimentación ininterrumpida eléctrica (SAIs).<br />
3. Actuaciones elegibles. Se consideran actuaciones elegibles, con carácter orientativo y no limitativo, una o varias de las siguientes:<br />
a) Renovación del parque de transformadores: (titularidad de la Entidad local) dirigido a:<br />
1. Potencia del transformador:<br />
Para transformadores sumergidos en aceite, entre 25 y 3150 kVA.<br />
Para transformadores de aislamiento seco, entre 50 y 3150 kVA.<br />
2. Tensión en el primario: ≤36 kV.<br />
3. Tensión en secundario: 4. La ficha técnica del transformador deberá indica los niveles de pérdidas en vacío y las pérdidas en carga establecidas según la norma UNE-EN 50464-1 para transformadores sumergidos en aceite y UNE-EN 50541-1 para transformadores de aislamiento seco, deberán ser proporcionados por el fabricante.<br />
Los niveles de pérdidas del transformador nuevo recogidos en la ficha técnica deben ser inferiores o iguales a los marcados en el Reglamento (UE) n.º 548/2014 de la Comisión, de 21 de mayo de 2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes:<br />
i. Para transformadores de aislamiento hasta 24 kV, sumergidos en aceite de potencia inferior o igual a 1000 kVA serán de pérdidas iguales o inferiores a A0 y Ck, mientras que para potencias superiores a 1.000 kVA serán de pérdidas iguales o inferiores a A0 Bk.<br />
ii. Para transformadores de aislamiento hasta 24 kV de aislamiento seco, los niveles de pérdidas serán iguales o inferiores a A0 y Ak.<br />
iii. Para transformadores de aislamiento 36 kV, se permitirá un incremento de un 15 % para las pérdidas en vacío, y de un 10 % para las pérdidas en carga, sobre los valores anteriores.<br />
b) Renovación de los sistemas de alimentación ininterrumpida eléctrica (SAIs):<br />
Sustitución de SAI´s existentes en edificios poco eficientes (η≤85% en modo on-line) por otros más eficientes (η≥95% en modo on-line) y con una potencia igual o inferior al sustituido.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y, en particular, debe conseguir un ahorro de, al menos, el 10 % del consumo eléctrico.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
Auditoría energética que justifique el ahorro de energía eléctrica previsto tras la actuación y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 de este real decreto y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del Certificado de la instalación eléctrica de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión, suscrito por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando sea preceptivo.<br />
b) Copia del Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso, cuando sea preceptivo.<br />
c) Certificado suscrito por un técnico competente que acredite y justifique la reducción en, al menos, un 10% del consumo eléctrico. Para determinar el ahorro de energía se utilizará el método del «ahorro ponderado», calculado mediante estimaciones de ingeniería o el método del «ahorro medido», mediante la medición eléctrica del consumo real antes y después de la actuación extrapolando esta medición a todo el año, utilizando equipos de medida específicos o mediante facturas de la compañía comercializadora (ambos métodos son válidos, de acuerdo al Anexo V de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética).<br />
d) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, cuando sea preceptivo, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente.<br />
e) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por un técnico titulado competente:<br />
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos [kWh/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
f) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 5. Mejora de la eficiencia energética mediante la utilización de tic en las ciudades (smart cities)<br />
1. Objetivo. Reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono en las ciudades, mediante la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).<br />
2. Descripción. La utilización eficiente de la energía en todos los usos de la ciudad (edificios, alumbrado, movilidad, etc.) es uno de los elementos clave para la consideración de una ciudad como inteligente.<br />
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante el uso de sensores inteligentes que permiten recopilar datos de las distintas actividades relacionadas con el uso de la energía en la ciudad, la medición del consumo de energía de los edificios a través de telecontadores, el control del tráfico y las redes semafóricas, la regulación de los sistemas de alumbrado exterior, la gestión inteligente de los edificios, etc. permite reducir el consumo de energía a lo estrictamente mejorando el nivel de calidad de los servicios.<br />
El desarrollo sostenible del ámbito local es un reto que requiere nuevas tecnologías y servicios respetuosos y eficientes, en particular en los edificios, la movilidad y el alumbrado exterior. La automatización de sistemas y redes de comunicación en las ciudades permite mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos hacia los ciudadanos, postulándose como una herramienta indispensable en la gestión de la demanda de los servicios y en la garantía de satisfacción de los mismos.<br />
3. Actuaciones elegibles. Las actuaciones incluidas dentro de esta medida deben contribuir al desarrollo de un nuevo modelo energético para el municipio, mejorando los actuales servicios para los ciudadanos o para los entes locales, permitiendo obtener y gestionar información detallada sobre consumos y materializando actuaciones de ahorro y gestión energética eficiente.<br />
Con carácter orientativo y no limitativo, serán actuaciones elegibles las siguientes:<br />
a) Automatización de las redes existentes de alumbrado exterior, semáforos y otras líneas de señalización, comunicación o vigilancia de los ciudadanos o del tráfico urbano.<br />
b) Gestión, control activo y monitorización de la demanda de energía de las instalaciones consumidoras en edificios y dependencias municipales.<br />
c) Redes de distribución inteligentes «smart grids» para gestionar la generación distribuida localizada en entornos urbanos y periurbanos, en gran medida renovable, y que deberá ser también gestionable como la cogeneración de pequeña escala.<br />
d) Integración de infraestructuras para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de la ciudad.<br />
Límites de las inversiones elegibles.Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 100.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación reduciendo el consumo de energía final, al menos un 15 %, respecto al servicio sobre el que se actúe.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el punto 4 del artículo 12 de este real decreto y, adicionalmente los siguientes documentos:<br />
Auditoría energética que justifique el ahorro energético y las emisiones de dióxido de carbono.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Cuando aplique, copia del certificado de la instalación eléctrica que exige el Reglamento electrotécnico de baja tensión, suscrito por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuando sea preceptivo.<br />
b) Copia del Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso, cuando sea preceptivo.<br />
c) Certificado suscrito por un técnico competente que acredite la reducción en, al menos, un 15% del consumo de energía final. Para determinar el ahorro de energía se utilizará el método del «ahorro ponderado», calculado mediante estimaciones de ingeniería o el método del «ahorro medido», mediante la medición eléctrica del consumo real antes y después de la actuación extrapolando esta medición a todo el año, utilizando equipos de medida específicos o mediante facturas de la compañía comercializadora (ambos métodos son válidos, de acuerdo al Anexo V de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética)<br />
d) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente.<br />
e) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por un técnico titulado competente:<br />
E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas [ktep/año].<br />
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos [kWh/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
f) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior<br />
1. Objetivo. El objeto de la actuación es reformar las instalaciones municipales de alumbrado, iluminación y señalización exterior existentes con el fin de reducir su consumo de energía final y las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos, mediante la mejora de su eficiencia energética.<br />
2. Descripción. Las instalaciones de alumbrado exterior, las de iluminación de fuentes, fachadas de edificios y monumentos, así como los semáforos poseen un elevado potencial de ahorro de energía mediante la renovación de sus luminarias, lámparas y equipos de regulación, actuaciones que se han visto acrecentadas en los últimos años con nuevos avances tecnológicos que facilitan la obtención de estos elevados ahorros.<br />
Acometer la renovación de estas instalaciones tiene un indudable interés por su potencial de ahorro y de mejora de su eficiencia energética y reducción de emisiones de dióxido de carbono, permitiendo obtener notables beneficios energéticos y económicos a las entidades locales y al propio país.<br />
La medida persigue la renovación total o parcial de las instalaciones de alumbrado exterior existentes en los municipios españoles, sus instalaciones de iluminación ornamental y las redes semafóricas bajo criterios de ahorro y eficiencia energética, lo que permitirá reducir de forma significativa su consumo de electricidad.<br />
3. Actuaciones elegibles. Las actuaciones elegibles son aquellas que tienen como denominador común la reducción de la potencia lumínica de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización existentes, mediante la sustitución de los actuales equipos por luminarias de mayor rendimiento, por fuentes de luz de mayor eficiencia y/o por equipos electrónicos de regulación y control, y que permitan:<br />
a) Reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al menos, un 30 %.<br />
b) Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías, ajustándose a las necesidades de los ciudadanos.<br />
Será también elegible la adecuación de las instalaciones existentes a los preceptos establecidos en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Y también la adecuación de las instalaciones al Reglamento electrotécnico para baja tensión, si como consecuencia de la reforma energética fuera necesario.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 100.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y, en particular:<br />
a) Las instalaciones renovadas cumplirán, cuando les fuese de aplicación, los preceptos establecidos en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) y en el Reglamento electrotécnico para baja tensión (aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto).<br />
b) Todos los puntos de luz a emplear en el alumbrado exterior e iluminación de espacios peatonales, artísticos o monumentales estarán equipados con luminarias de bloque óptico, que controlen la emisión de luz en el hemisferio superior y aumenten el factor de utilización en el hemisferio inferior.<br />
c) En instalaciones de alumbrado exterior, la instalación reformada tendrá una calificación energética A o B y deberá cumplir con los requerimientos de iluminación, calidad y confort visual reglamentados.<br />
d) La medida permitirá reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al menos, un 30 %.<br />
e) La reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnología LED deberá tener en consideración lo establecido en el documento «Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI) y publicado en la web del IDAE.<br />
f) Los anuncios luminosos estarán equipados con reductor de luminancia para horario nocturno.<br />
g) Los semáforos serán de tecnología LED.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y, adicionalmente, el siguiente documento:<br />
Auditoría energética que justifique la reducción del consumo de energía eléctrica y las emisiones de dióxido de carbono.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el punto 1 del artículo 15 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del certificado de la instalación finalizada, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión firmado por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
b) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente. Cuando la reforma sea sobre una instalación de alumbrado exterior, la documentación se corresponderá con el contenido especificado en la instrucción técnica ITC-EA-05 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.<br />
c) Certificado firmado por el técnico titulado competente autor del Proyecto o, en su defecto, el Director de Obra o, en su caso, el instalador autorizado autor de la Memoria Técnica de Diseño de la actuación ejecutada, en el que se indiquen los consumos energéticos anuales antes y después de la actuación, y la justificación del ahorro de energía final.<br />
d) Para las instalaciones de alumbrado exterior reformadas, copia de la etiqueta energética de la instalación según lo especificado en la instrucción técnica ITC-EA-01 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.<br />
e) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por un técnico titulado competente:<br />
E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
f) Obligatoriamente, para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 7. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas residuales y desalación<br />
1. Objetivo. Reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono mediante la reforma de las instalaciones existentes de potabilización, depuración y desalación de agua y su sustitución por otras tecnologías más eficientes.<br />
2. Descripción. La medida consiste en realizar reformas que mejoren la eficiencia energética en las instalaciones de potabilización y depuración de agua existentes para uso público y en desalación, debido a la elevada componente energética que tienen.<br />
3. Actuaciones elegibles. Son actuaciones elegibles la sustitución de equipos existentes por otros más eficientes, así como la incorporación por reforma de tecnologías más eficientes, que con carácter orientativo y no limitativo pueden ser las siguientes:<br />
a) Regulación electrónica de los motores en bombas.<br />
b) Control del nivel de oxígeno en aireación de depuradoras.<br />
c) Implantación de procesos isobáricos y/o recuperadores de energía en plantas desaladoras de agua.<br />
d) Sustitución de membranas en plantas desaladoras de agua por ósmosis inversa por otras basadas en tecnologías más nuevas y eficientes.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 100.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y, en particular deberá reducir el consumo de energía de la instalación reformada en, al menos, un 5 %.<br />
Deberá disponerse de una auditoría energética previa, donde se deberá justificar la naturaleza y el alcance de la reforma a acometer.<br />
Se considera que las auditorías energéticas realizadas conforme a las normas UNE 216501:2009 y UNE EN 16247 cumplen con el alcance y los criterios mínimos exigidos en esta medida.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y, adicionalmente, el siguiente documento:<br />
Auditoría energética previa que justifique el ahorro energético previsto tras la actuación y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 de este real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) La justificación documental del ahorro energético obtenido por la medida se realizará mediante la aportación de un certificado energético suscrito por un técnico competente en el que se indiquen los consumos energéticos antes y después de la actuación y el ahorro energético imputable a la ejecución de la medida.<br />
b) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE firmado por un técnico titulado competente:<br />
E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
c) Obligatoriamente, para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000 € y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 8. Implantación de planes de movilidad urbana sostenible<br />
1. Objetivo. Reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono actuando sobre la movilidad urbana para conseguir cambios importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los modos más eficientes, en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación, así como fomentar el uso de modos no consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta así como los combustibles alternativos.<br />
2. Descripción. Se incluirán en esta medida la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS) o Planes Directores de Actuaciones en Movilidad, que incluyan alguna o varias de las actuaciones identificadas en los mismos y que con más detalle se describen en el apartado 3 siguiente sobre actuaciones elegibles.<br />
3. Actuaciones elegibles. Esta medida es consistente con las prioridades en materia de movilidad sostenible de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, de 4 de marzo (artículo 102. Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible) que establece que, a partir del 1 de enero de 2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.<br />
Las actuaciones elegibles serán aquellas que se deriven de un PMUS o Plan Director específico que evalúe la reducción de emisiones y los ahorros energéticos, que podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:<br />
a) Actuaciones de promoción de la movilidad peatonal:<br />
i. Peatonalizaciones.<br />
ii. Restricciones de tráfico.<br />
iii. Eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad.<br />
b) Implantación de Plan Director de la Bicicleta para su uso en la Movilidad Obligada:<br />
i. Diseño de itinerarios seguros para el uso de la bici por el entramado urbano.<br />
ii. Acondicionamiento de calles para el tráfico ciclista con seguridad y funcionalidad. Limitación de la velocidad del tráfico motorizado.<br />
iii. Carriles bici.<br />
iv. Red de aparcamientos seguros para la bici: principalmente en colegios y edificios públicos.<br />
v. Adecuación de ordenanzas municipales para la promoción de la bici.<br />
vi. Formación para el uso de la bici en convivencia con el tráfico motorizado y el peatón.<br />
vii. Sistema público de alquiler de bicicleta, incluidos anclajes, software, bicis, etc., siempre y cuando sea la Entidad Local la que afronte el gasto de la puesta en marcha del sistema.<br />
c) Camino escolar:<br />
i. Promoción de la movilidad peatonal y/o en bicicleta al colegio.<br />
d) Nueva política de aparcamiento:<br />
i. Aparcamientos disuasorios para liberar plazas de aparcamiento en el centro urbano.<br />
ii. Establecimiento de zonas de aparcamiento regulado.<br />
iii. Regulación de la carga y descarga.<br />
e) Transporte público:<br />
i. Implantación de lanzaderas a polígonos, nodos de transporte y áreas de actividad.<br />
ii. Información dinámica en paradas.<br />
iii. Introducción de vehículos con tecnologías o combustibles alternativos para transporte público colectivo.<br />
iv. Consideración de la movilidad alternativa en las licitaciones públicas de compra de vehículos para transporte público o municipal.<br />
f) Promoción del uso compartido del coche:<br />
i. Habilitar plataforma para el coche compartido por los ciudadanos.<br />
g) Reordenación y diseño urbano:<br />
i. Actuaciones de calmado de tráfico.<br />
ii. Nuevos diseños y ordenación del viario público.<br />
iii. Establecimiento de Áreas de Prioridad Residencial.<br />
iv. Desviación del tráfico motorizado de paso.<br />
v. Elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con criterios de movilidad generada y movilidad sostenible.<br />
vi. Promover la penetración de vehículos propulsados con energías alternativas a través de la implantación de puntos de recarga en vía pública, aparcamientos públicos municipales y para flotas municipales.<br />
h) Campañas de concienciación en movilidad sostenible, recogidas en el correspondiente PMUS o Plan Director, y siempre que se vean acompañadas de otras inversiones a cofinanciar dentro del PMUS o Plan Director.<br />
Serán elegibles los gastos de elaboración de un nuevo PMUS o reelaboración del existente siempre que vaya acompañado de la implantación de actuaciones identificadas en el mismo, de manera que se consigan ahorros mínimos de un 5 % respecto a la situación de partida, así como los estudios de viabilidad necesarios asociados a la implantación de cada una de las medidas. En el caso de elaboración de un nuevo PMUS, deberá ser acorde a la metodología descrita en la «Guía metodológica para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible del IDAE», disponible en www.idae.es.<br />
No se apoyarán actuaciones aisladas que no sean de ejecución de un Plan o estrategia global de movilidad urbana. En relación a la adquisición de vehículos, solo serán subvencionables las adquisiciones de vehículos eficientes para transporte público colectivo que estén incluidas en un PMUS o Plan Director. Por tanto, no se financiará la adquisición de material rodante de otro tipo por parte de los Ayuntamientos, ni para particulares ni para autónomos o empresas.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. El proyecto deberá justificar un ahorro energético mínimo de un 5 % respecto a la situación de partida que existía sin la implantación de la medida, considerando el ámbito de aplicación de la misma.<br />
Se tiene que generar un cambio modal real desde el vehículo privado a modos más eficientes, pudiéndose establecer una relación de causa-efecto.<br />
En el caso de incluir el PMUS actuaciones de promoción de bicicletas, se tiene que generar un cambio modal real desde el vehículo privado hacia la bicicleta, es decir, que se capten usuarios desde la movilidad motorizada y que complemente la oferta de transporte público.<br />
En el caso de infraestructura de combustibles alternativos, el ahorro a considerar será el asociado al parque de vehículos vinculado a la infraestructura implantada o bien por el número de recargas realizadas. En el caso de infraestructura de recarga para flotas municipales, se calculará el ahorro vinculado a los vehículos a los que da servicio de recarga.<br />
En el caso de puntos de recarga de vehículos eléctricos, no se considera elegible la instalación de contadores eléctricos.<br />
Se facilita como referencia la «Guía de Movilidad Ciclista: Métodos y Técnicas para el fomento de la bicicleta en áreas urbanas», disponible en la web de IDAE, www.idae.es.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y adicionalmente el siguiente documento:<br />
Estudio energético ligado al PMUS que justifique el ahorro energético previsto tras la actuación y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) La justificación documental del ahorro energético obtenido por la medida, debe realizarse mediante la aportación de una Memoria justificativa validada por un técnico titulado competente o una entidad independiente y especializada con el objeto del proyecto, que certifique la realización de las inversiones objeto de la ayuda solicitada, así como copia del PMUS y/o de los estudios de viabilidad para la implantación de las medidas que se contemplen en dicho Plan. Además, en su caso, se aportará copia de las ordenanzas y normativa desarrollada para la implantación del PMUS.<br />
Se informará sobre la estructura interna y los recursos dedicados a la gestión, implantación y seguimiento del PMUS.<br />
La Memoria, caso de contener medidas relativas a «Camino Escolar» o «Promoción de sistemas de préstamo de bicicletas» como mínimo contendrá:<br />
La Memoria Justificativa del ahorro energético obtenido por la implantación de Camino Escolar, deberá incluir un certificado energético obtenido a partir de los datos de centros implicados en el Plan, número de alumnos participantes por centro, número de días/año en los que se prevé se va a utilizar el camino escolar y distancias medias de los recorridos entre origen destino.<br />
La Memoria Justificativa del ahorro energético obtenido por la implantación de sistemas de préstamo de bicicletas, deberá incluir al menos: características y número de bicicletas, datos de explotación (número de usuarios, número de rotaciones diarias por bici, disponibilidad, redistribución de bicicletas) estimación de recorridos medios y tiempos medios de uso. Se facilitará un estudio del perfil del usuario habitual del sistema, desde el punto de vista del modo de transporte utilizado con anterioridad a entrar en funcionamiento el sistema de préstamo público. Se facilitará un estudio del perfil del usuario habitual del sistema, desde el punto de vista del modo de transporte utilizado con anterioridad a entrar en funcionamiento el sistema de préstamo público.<br />
En caso de incluir actuaciones de infraestructura de suministro de combustibles alternativos, la Memoria justificativa contendrá:<br />
Condiciones finales de la adjudicación del concurso público para la realización de la instalación de recarga, mediante la aportación del correspondiente contrato.<br />
Proyecto o memoria técnica, de la instalación firmado por técnico titulado competente con la descripción y alcance de las actuaciones realizadas y cálculos justificativos que deberá incluir al menos: ahorros conseguidos por los vehículos asociados a la infraestructura implantada, teniendo en cuenta los vehículos convencionales sustituidos por vehículos propulsados con energías alternativas. Además, la Memoria incluirá, como mínimo: descripción de la instalación y de la ubicación, plano de emplazamiento con coordenadas UTM, modelo y características de las bases recarga, tipo de recarga, potencia/presión e intensidad máxima de la recarga y sistema de control.<br />
Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones durante, al menos, dos años aceptado por el solicitante.<br />
El beneficiario deberá obtener y mantener en vigor los permisos, licencias y autorizaciones necesarias en cada momento, para llevar a cabo la actuación, los cuales podrán ser requeridos por el IDAE en cualquier momento de la tramitación del expediente.<br />
Copia del registro en industria y acta de puesta en marcha en su caso firmado por el instalador autorizado y debidamente diligenciado por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.<br />
Con carácter general, para cualquier medida, se deberá facilitar la información básica mínima para determinar el alcance de la actuación, la determinación de los ahorros conseguidos y la repercusión en el perfil de movilidad del ámbito considerado.<br />
b) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por un técnico titulado competente:<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos peatonales (km).<br />
E028 Número de vehículos eficientes adquiridos.<br />
E029 Número de usuarios cubiertos por servicios de transporte público inteligente.<br />
E052 Número de puntos de recarga de vehículo eléctrico u otros combustibles alternativos.<br />
c) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 9. Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor y frío<br />
1. Objetivo. El objetivo de la actuación es reducir el consumo de energía final y/o emisiones de dióxido de carbono mediante la utilización de energía solar térmica destinadas a satisfacer la demanda de producción de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración en edificios e infraestructuras públicas municipales nuevas o existentes y la climatización de piscinas.<br />
2. Descripción. La utilización de la energía solar térmica para abastecer las demandas de producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración en edificios e infraestructuras municipales y la climatización de piscinas, tiene un carácter ejemplarizante además de suponer un ahorro en la energía final y/o una disminución de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos.<br />
Se entiende por instalación solar térmica al conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar incidente mediante captadores solares térmicos, transformarla directamente en energía térmica útil calentando un líquido, transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o de acumulación a través de un circuito hidráulico mediante circulación natural por termosifón o circulación forzada por bomba, transferir la energía térmica captada desde el circuito de captadores al circuito de consumo mediante un intercambiador, almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo líquido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después de forma directa en los puntos de consumo, asegurar mediante un sistema de regulación y control el correcto funcionamiento de la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y protegerla frente a sobrecalentamientos, congelaciones, etc. El sistema se complementa con un sistema auxiliar de apoyo.<br />
La medida persigue la utilización de energía solar térmica en edificación o infraestructuras públicas que sean de titularidad municipal.<br />
3. Actuaciones elegibles. Serán elegibles aquellas instalaciones solares térmicas que abastezcan cualquiera de las siguientes aplicaciones o un conjunto de ellas: Agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración, climatización de piscinas, bien directamente o bien a través de redes de calefacción. Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
La potencia de la instalación solar térmica o conjunto de instalaciones solares térmicas (Ps) será como mínimo de 14 kW.<br />
Las actuaciones elegibles permitirán:<br />
a) Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo, utilizando como fuente de energía la energía solar térmica.<br />
b) Adecuar las instalaciones a los preceptos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios.<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de la aplicación de las siguientes fórmulas en función del caso que corresponda, donde la potencia de la instalación solar térmica o conjunto de instalaciones solares térmicas Ps (kW) es la potencia del generador solar térmico. La potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2. Los casos objeto de consideración son los siguientes:<br />
a) Instalaciones solares para producción de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas descubiertas y/o cubiertas:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.000 x Ps (kW).<br />
b) Instalaciones solares para calefacción, y opcionalmente aplicaciones recogidas en el caso anterior:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.500 x Ps (kW).<br />
c) Instalaciones solares para calefacción y refrigeración, y opcionalmente aplicaciones recogidas en los dos casos anteriores:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.850 x Ps (kW).<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellas instalaciones que supongan una inversión elegible superior a 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.<br />
Adicionalmente, las instalaciones solares térmicas deberán cumplir con los siguientes requisitos:<br />
Responderán a la definición de la exigencia básica HE4 del Código Técnico de la Edificación.<br />
Las instalaciones y equipos cumplirán con el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones solares térmicas-Revisión 2009 disponible en su página web www.idae.es así como con el documento reconocido del RITE «Guía ASIT de la Energía Solar Térmica», elaborado por ASIT y disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica en aquellos términos que le sea de aplicación.<br />
Los captadores solares deben estar certificados por el Ministerio para la Transición Ecológica.<br />
Solo se admitirán captadores con coeficiente global de pérdidas inferior a 9 W/(m2 ºC). Las instalaciones solares dispondrán de un sistema de medida de la energía suministrada con objeto de poder verificar el cumplimiento del programa de gestión energética y las inspecciones periódicas de eficiencia energética. El diseño del sistema de contabilización de energía y de control debe permitir al usuario de la instalación comprobar de forma directa, visual e inequívoca el correcto funcionamiento de la instalación, de manera que este pueda controlar diariamente la producción de la instalación.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Certificado en vigor del Ministerio para la Transición Ecológica de los captadores solares a instalar.<br />
b) Estudio energético previo que, al menos, contenga los resultados esperados de ahorro de energía primaria y final y reducción de emisiones de Gases de efecto invernadero (GEI), que suponen la realización de la actuación.<br />
Cuando proceda, el beneficiario deberá obtener y mantener en vigor los permisos, licencias y autorizaciones necesarias en cada momento para llevar a cabo la actuación, los cuales podrán ser requeridos por el IDAE en cualquier momento de la tramitación del expediente.<br />
En el caso de actuaciones sobre edificios:<br />
c) Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
d) Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado energético conste registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Para el caso de actuaciones no consideradas por los programas oficiales de certificación de forma directa, se aportará la información necesaria como anexo al certificado energético de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del Certificado de la instalación térmica que exige el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, en su caso, y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuando sea preceptivo.<br />
b) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente.<br />
c) Para el caso de instalaciones en edificios, certificación energética del edificio, suscrita por técnico competente y registrada, en el órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o comunidad autónoma correspondiente, después de la ejecución de la actuación, de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
d) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
e) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 10. Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica para aplicaciones térmicas<br />
1. Objetivo. El objetivo de esta actuación es reducir el consumo de energía convencional y/o las emisiones de dióxido de carbono mediante la utilización de energía geotérmica en las instalaciones térmicas de los edificios e infraestructuras públicas.<br />
2. Descripción. La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable menos conocida y utilizada en España, a diferencia de otros países europeos. Cuenta con un potencial muy importante para usos térmicos y se plantea como una opción con fuerte impulso y elevadas garantías para el futuro.<br />
La utilización de la energía geotérmica para abastecer las demandas de producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración en los edificios e infraestructuras municipales y para la climatización de piscinas, tiene un carácter ejemplarizante además de suponer un ahorro en la energía convencional utilizada y una disminución de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos.<br />
El uso de este tipo de energía depende de la temperatura del fluido: los de baja temperatura (menores de 100 ºC) son utilizados para la aplicación directa del calor en el desarrollo de redes de calefacción de barrio o en aplicaciones industriales y los de muy baja temperatura (inferiores a 25 ºC) se utilizan para climatización y ACS en edificios mediante el uso de una bomba de calor geotérmica.<br />
La medida persigue introducir la utilización de la energía geotérmica total o parcial en los edificios o infraestructuras públicas de titularidad municipal.<br />
3. Actuaciones elegibles. Serán actuaciones elegibles las instalaciones de calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas mediante sistemas de aprovechamiento geotérmico utilizando bombas de calor que intercambien con el terreno, ya sean de circuito abierto o cerrado y sistemas de aprovechamiento geotérmico de uso directo, tanto para edificios e infraestructuras municipales existentes como de nueva construcción, incluyendo las redes de calor/frío.<br />
Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
La potencia térmica nominal de generación de calor o frío del conjunto de las instalaciones geotérmicas (P) debe ser superior a 15 kW.<br />
Las actuaciones elegibles permitirán:<br />
a) Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo, utilizando mayoritariamente una fuente de energía renovable como la geotermia.<br />
b) Adecuar las instalaciones a los preceptos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios.<br />
En el caso de las instalaciones de geotermia, se considerarán costes elegibles, los siguientes conceptos: la inversión en equipos efectuada, los costes de ejecución de la instalación, obra civil asociada e instalaciones auxiliares necesarias, así como, el coste de la realización de los estudios, ensayos, sondeos y simulaciones preliminares previas a la realización del diseño de la instalación, sondeos, excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización y demás elementos necesarios para su explotación, así como redes de calor/frío y estaciones de intercambio.<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso, donde P(kW) es la potencia térmica del generador:<br />
a) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito abierto, para un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.600 x P0,83.<br />
b) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito cerrado con intercambio enterrado horizontal, para un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 2.900 x P0,83.<br />
c) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito cerrado con intercambio vertical, con sondeos, para un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 4.000 x P0,83.<br />
d) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración con uso directo de energía geotérmica para un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 4.000 x P0,83.<br />
e) Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 4.100 x P0,83.<br />
f) Instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 4.500 x P0,83.<br />
g) Instalaciones de generación de calor centralizada, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios y de producción de frío descentralizada, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 4.700 x P0,83.<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. La inversión elegible mínima es de 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y, para el caso de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado, el documento reconocido del RITE «Guía técnica de diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado» publicada por el IDAE y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la Web del Ministerio para la Transición Ecológica, así como cualquier otra legislación que les sea de aplicación.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y adicionalmente el siguiente documento:<br />
Informe justificativo, siguiendo el modelo disponible en la web de IDAE.<br />
En el caso de actuaciones sobre edificios:<br />
a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma.<br />
b) Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado energético esté registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.<br />
La mejora de al menos una letra en la calificación energética podrá obtenerse mediante esta medida o por una combinación de esta u otras de las medidas contenidas en el proyecto.<br />
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Para el caso de actuaciones no consideradas por los programas oficiales de certificación de forma directa, se aportará la información necesaria como anexo al certificado energético de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del Certificado de la instalación térmica que exige el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, en su caso, y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuando sea preceptivo.<br />
b) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente<br />
c) Para el caso de instalaciones en edificios, certificación energética del edificio, suscrita por técnico competente y registrada, en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, después de la ejecución de la actuación, de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
d) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
e) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 11. Instalaciones para uso térmico de la biomasa<br />
1. Objetivo. El objetivo de la actuación es sustituir energía convencional por biomasa a través de instalaciones térmicas en edificación o infraestructuras públicas, nuevas o existentes y reducir las emisiones de CO2. y de otros contaminantes atmosféricos.<br />
2. Descripción. La aplicación de biomasa como combustible para usos tales como producción de agua caliente sanitaria, calefacción, calentamiento de piscinas, etc., tiene un amplio potencial de aplicación como alternativa al gasóleo, propano, gas natural, etc., actuaciones que se han visto acrecentadas en los últimos años como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías y la presencia en el mercado de una amplia oferta de combustibles.<br />
Ejecutar instalaciones con biomasa en edificios de nueva construcción, nuevos equipamientos o proceder a la renovación de los sistemas disponibles tiene un indudable interés por suponer una diversificación energética que permite obtener independencia frente a mercados internacionales, con beneficios de mayor seguridad energética y ventajas económicas, para sus titulares y al propio país.<br />
La medida persigue la utilización de biomasa total o parcial en edificación o infraestructuras públicas que sean de titularidad municipal, así como las redes de distrución de calefacción de titularidad municipal.<br />
3. Actuaciones elegibles. En esta medida se considerarán como elegibles los siguientes conceptos:<br />
a) Descarga, movimiento y almacenamiento del combustible.<br />
b) Combustión e intercambio entre los gases y el fluido portador de calor. Sistemas de generación de frio. Sistemas de reducción de emisiones al aire.<br />
c) Distribución del calor a los distintos puntos de consumo mediante redes de tuberías aisladas.<br />
d) Adaptación de la sala de máquinas existente a la nueva instalación incorporando los depósitos de inercia, intercambiadores, bombas, colectores, etc. que se precise.<br />
Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
La potencia térmica nominal de generación de calor o frío individual de cada instalación debe ser superior a 40 kW. Se excluyen los compactos de chimenea y cocinas. Podrán utilizar como fluidos caloportadores de agua, aire o vapor saturado. En el caso de las estufas, se admitirán equipos de potencia unitaria inferior a 40 kW siempre y cuando el sumatorio de las potencias instaladas incluidas en la solicitud supere los 40 kW. Las estufas deberán estar diseñadas para el uso de pellets y/o huesos de aceituna.<br />
Las actuaciones elegibles permitirán:<br />
a) Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo, utilizando mayoritariamente una fuente de energías renovables como la biomasa.<br />
b) Adecuar las instalaciones a los preceptos establecidos en el Reglamento de Instalaciones térmicas en Edificios.<br />
Con la excepción de las estufas, se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso que corresponde, donde P (kW) es la potencia térmica del generador:<br />
a) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 880 x P0,87.<br />
b) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración en un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.540 x P0,87.<br />
c) Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.250 x P0,87.<br />
d) Instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 2.124 x P0,87.<br />
e) Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio, así como producción de frío descentralizada a los usuarios (la producción de frío descentralizado deberá estar abastecida por energía renovable), que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 2.374 x P0,87.<br />
Siendo P la potencia útil de los equipos de generación de calor.<br />
Se supone que la capacidad producción de frío se corresponde con la plena potencia de generación de calor. En otro caso el coste elegible máximo se establecerá proporcionalmente.<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. La inversión elegible mínima es de 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), con el documento reconocido del RITE «Guía Técnica: Instalaciones de biomasa térmica en los edificios», publicada por el IDAE, y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la web del Ministerio para la Transición Ecológica.<br />
Las emisiones procedentes de las instalaciones que incluyan calderas de menos de 1 MW deberán cumplir con los requisitos de emisiones de la clase 4 o de la clase 5, de la norma UNE-EN 303-5, acreditado por el fabricante. Las emisiones procedentes de las instalaciones de más de 1 MW deberán cumplir con los requisitos de emisiones establecidos en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como con cualquier otra legislación nacional que les sea de aplicación.<br />
Y en particular, se deberán tener en cuenta las consideraciones específicas para el uso de biocombustibles sólidos en calderas de uso no industrial, establecidas en la Disposición adicional primera del Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.<br />
Como requisito adicional a las obligaciones establecidas en el artículo 8, para esta medida el beneficiario mantendrá un registro documental suficiente que permita determinar que el combustible o combustibles empleados en la caldera son únicamente los previstos por el fabricante. Este registro se mantendrá durante un plazo de cinco años.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y adicionalmente el siguiente documento:<br />
Informe justificativo, siguiendo el modelo disponible en la web de IDAE.<br />
En el caso de actuaciones sobre edificios:<br />
a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma.<br />
b) Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado energético esté registrado en el registro del órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma correspondiente.<br />
La mejora de al menos una letra en la calificación energética podrá obtenerse mediante esta medida o por una combinación de esta u otras de las medidas contenidas en el proyecto.<br />
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Para el caso de actuaciones no consideradas por los programas oficiales de certificación de forma directa, se aportará la información necesaria como anexo al certificado energético de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del Certificado de la instalación térmica que exige el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, en su caso, y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuando sea preceptivo.<br />
b) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente<br />
c) Descripción de los combustibles establecidos por el fabricante de los equipos, en particular por el fabricante del quemador/hogar/caldera haciendo referencia a la norma UNE que sea de aplicación.<br />
d) Documento acreditativo de que se han realizado las mediciones que permite verificar que la instalación cumple los niveles de emisiones indicados en el apartado 4, realizado por entidad independiente.<br />
e) Para calderas, copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones y copia del contrato de suministro del combustible donde se especifiquen las características de este, que deberán estar de acuerdo con lo indicado en la descripción de los combustibles establecidos por el fabricante de los equipos.<br />
f) En caso de que se produzcan modificaciones en el proyecto respecto a la documentación inicial presentada, la memoria e informe justificativos debidamente actualizados. En caso de que no se produzcan modificaciones, declaración indicando tal extremo por parte del solicitante.<br />
g) Para el caso de instalaciones en edificios, certificación energética del edificio, suscrita por técnico competente y registrada, en el órgano competente de la Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma correspondiente, después de la ejecución de la actuación, de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
h) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
i) Obligatoriamente, para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente, para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y las condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 12. Redes de distribución de fluidos térmicos, instalaciones de producción de frio, equipos de depuración de gases, siempre y cuando estén asociados al uso térmico de biomasa, de biogás o de CDR/CSR (acciones complementarias a instalaciones existentes)<br />
1. Objetivo. El objetivo de la actuación es complementar instalaciones de generación térmica existentes que utilicen como combustible biomasa, biogás o combustibles derivados de residuos (CDR) o combustibles sólidos recuperados (CSR), (con un contenido renovable 100%) con redes de distribución de fluidos térmicos y/o instalaciones de producción de frío y/o equipos de reducción de emisiones al aire, dotándolas así de mejores capacidades desde el punto de vista medioambiental o energético.<br />
2. Descripción. En un número significativo de instalaciones existentes que utilizan biomasa, biogás o CDR/CSR es posible mejorar los niveles de emisión, incrementar el régimen de utilización o complementar su uso.<br />
Otras opciones elegibles son establecer redes de distribución a varios usuarios partiendo de equipos destinados para atender en principio a un único consumidor o posibilitar que centrales de generación eléctrica pasen a ser centrales de cogeneración, atendiendo al consumidor o los consumidores mediante redes de distribución.<br />
Ejecutar instalaciones para aprovechamiento de biomasa, biogás o CDR/CSR en edificios de nueva construcción o nuevos equipamientos o proceder a la renovación de los sistemas disponibles tiene un indudable interés por suponer una diversificación energética que permite obtener independencia frente a mercados internacionales, con beneficios de mayor seguridad energética y ventajas económicas, para sus titulares y al propio país.<br />
La medida persigue incrementar la utilización de biomasa, biogás o CDR/CSR en edificación o infraestructuras públicas.<br />
3. Actuaciones elegibles. Las actuaciones elegibles son aquellas que tienen como denominador común partir de la utilización como fuente energética de biomasa, biogás o CDR/CSR (con un contenido renovable 100 %), ligadas a equipos de generación de calor por combustión/incineración existentes con independencia de esta actuación. En esta medida se considerarán las siguientes actuaciones elegibles posibles:<br />
a) Equipos de reducción de emisiones al aire.<br />
b) Distribución de calor y/o frío a los distintos puntos de consumo mediante nuevas redes de tuberías o ampliación de redes de tuberías aisladas, así como adaptación de las salas de máquinas existentes incorporando los intercambiadores, sistemas hidráulicos y demás elementos y obras necesarias.<br />
c) Equipos de producción de frío a partir de calor, tales como máquinas de absorción, ampliando el número de horas de utilización anual del generador de calor.<br />
Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
La potencia térmica nominal de generación de calor o frío individual de cada equipo debe ser superior a 40 kW. Podrán utilizar como fluidos caloportadores agua, aire o vapor saturado.<br />
No se consideran elegibles instalaciones de coincineración. La potencia térmica nominal de generación de calor de la instalación debe ser inferior a 30 MW.<br />
En el caso de que el proyecto se refiera a aplicación térmica de CDR/CSR se considerará elegible siempre que exista un 100% de contenido renovable según los criterios de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Por tanto, se incluyen, entre otros posibles podas, maderas de recuperación, lodos EDAR y combustibles procesados a partir de la fracción orgánica de residuos (recogida separadamente o presente en la fracción resto).<br />
Las actuaciones elegibles permitirán:<br />
a) Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo, utilizando mayoritariamente una fuente de energías renovables como la biomasa, biogás o la fracción biodegradable de CDR/CSR.<br />
b) Adecuar las instalaciones a los preceptos establecidos en el Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios y a las normativas de emisiones existentes y futuras.<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso que corresponde:<br />
a) Instalaciones de tratamiento de humos:<br />
Coste elegible máximo (€) = 120,66 x P0,81.<br />
Siendo P (kW) la potencia útil de los equipos de generación de calor.<br />
b) Instalaciones de redes e intercambio para generación de calor o frio:<br />
Coste elegible máximo (€) para instalaciones de dos tubos = 2.207.056,18 x P(kW)-0,17/ N + 318.03 x L (m).<br />
Coste elegible máximo (€) para instalaciones de cuatro tubos = 2.207.056,18 x P(kW)-0,17/ N+ 435.95 x L (m).<br />
Siendo P la potencia útil de la totalidad de las estaciones de intercambio, N el número total de estaciones de la red y L la longitud del trazado de la red (longitud de zanja).<br />
c) Instalaciones de producción de frío:<br />
Coste elegible máximo (€) = 5.630 x P0,55.<br />
Siendo P (kW) la potencia útil de los equipos de generación de calor.<br />
Una solicitud podrá considerar más de una actuación elegible y por tanto el coste elegible componerse por la agregación de varios.<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. La inversión elegible mínima es de 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), en el documento reconocido del RITE «Guía Técnica: Instalaciones de biomasa térmica en los edificios», publicada por el IDAE, y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la Web del Ministerio para la Transición Ecológica. Las emisiones procedentes de las instalaciones de más de 1 MW deberán cumplir con los requisitos de emisiones establecidos en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como con cualquier otra legislación nacional que les sea de aplicación.<br />
Y en particular, se deberán tener en cuenta las consideraciones específicas para el uso de biocombustibles sólidos en calderas de uso no industrial, establecidas en la Disposición adicional primera del Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Informe justificativo, siguiendo el modelo disponible en la web de IDAE.<br />
b) En el caso de instalación de equipos de reducción de emisiones al aire, justificación de la elegibilidad de la actuación, haciendo referencia a las emisiones actuales (incluyendo su justificación) y futuras (incluyendo la normativa de referencia)<br />
c) En el caso de incrementos del nivel de aportación energética de equipos de generación existentes (incluido frío) estudio energético y económico completo de la situación antes y después del proyecto. Justificación de la viabilidad técnica y energética de las actuaciones.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del presente real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador, autorizado en el órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma de acuerdo con el RITE.<br />
b) En caso de que se produzcan modificaciones en el proyecto respecto a la documentación inicial presentada, la memoria e informe justificativos debidamente actualizados. En caso de que no se produzcan modificaciones, declaración indicando tal extremo por parte del solicitante.<br />
c) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
d) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000 € y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y las condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 13. Instalación para la trasformación y/o uso térmico o autoconsumo del biogás<br />
1. Objetivo. El objetivo de la actuación es sustituir energía convencional por biogás en instalaciones térmicas o de autoconsumo (conectadas a red o aisladas) a través de edificación o infraestructuras públicas, nuevas o existentes, y en vehículos municipales de transporte público colectivo y así reducir las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos, incluyendo las instalaciones necesarias para la aplicación en el sector transporte e inyección en redes.<br />
2. Descripción. La aplicación de biogás como combustible para usos tales como producción de agua caliente sanitaria, calefacción, calentamiento de piscinas, etc. tiene un amplio potencial de aplicación como alternativa al gasóleo, propano, gas natural, etc., en edificios de nueva construcción y nuevos equipamientos o en la renovación de los sistemas disponibles. Así mismo, existen determinadas instalaciones de gestión municipal, como las depuradoras de aguas residuales, que cuentan con consumos significativos de electricidad y que podrían autoabastecerse mediante el biogás generado en las propias instalaciones. Una instalación de biogás aislada es aquella que en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena.<br />
Una instalación de biogás conectada a red en autoconsumo es aquella que se encuentra conectada en el interior de una red de un consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un consumidor o que está unida a éste a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, en algún momento, conexión eléctrica con la red de transporte o distribución.<br />
Adicionalmente la aplicación de tecnologías de purificación y enriquecimiento de biogás hasta concentraciones cercanas al 100 % de metano (biometano), para su utilización en vehículos o inyección a la red de gas natural, están bastante extendidas en países como Alemania.<br />
Acometer instalaciones que utilicen biogás tiene un indudable interés por suponer una diversificación energética que permite obtener independencia frente a mercados internacionales, con beneficios de mayor seguridad energética y ventajas económicas, para sus titulares y al propio país.<br />
La medida persigue la transformación y/o utilización de biogás en infraestructuras públicas, edificios o vehículos de transporte público colectivo.<br />
3. Actuaciones elegibles. Las actuaciones elegibles son la instalación de equipamientos necesarios para transformar y/o utilizar biogás como combustible en lugar de combustibles convencionales. En esta medida se consideran las siguientes actuaciones elegibles posibles:<br />
a) Equipos de digestión anaerobia: se consideran elegibles siempre y cuando se vaya a hacer un aprovechamiento energético del biogás generado, bien para autoconsumo eléctrico en la propia instalación, bien para aprovechamiento térmico. Se incluyen también los sistemas de recepción y preparación, así como elementos auxiliares.<br />
b) Aplicaciones térmicas mediante combustión para producción de agua caliente, aire caliente o vapor saturado, incluyendo sistemas conducción del biogás, limpieza de biogás, almacenamiento, quemadores, calderas y equipos auxiliares.<br />
c) Equipos destinados al autoconsumo eléctrico, tanto conectados a red como aislados.<br />
d) Enriquecimiento del biogás hasta concentraciones de metano superiores al 97 % (biometano), incluyendo sistemas de limpieza, compresión, criogénicos, limpieza y eliminación de contaminantes, almacenamiento, auxiliares, etc. Sistemas de expedición para su utilización en vehículos o conexión para inyección en red.<br />
e) Enriquecimiento y licuefacción del biogás hasta concentraciones de metano superiores al 97 % (biometano) incluyendo sistemas de limpieza, compresión, criogénicos, limpieza y eliminación de contaminantes, almacenamiento, auxiliares, etc. Sistemas expedición para su utilización en vehículos.<br />
f) Adaptación de vehículos de transporte público colectivo con obligación de servicio público.<br />
Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
La potencia térmica nominal de generación de calor o frío individual de cada instalación debe ser superior a 40 kW.<br />
No se considerarán elegibles los siguientes equipos:<br />
a) Equipos de digestión anaerobia de la fracción orgánica procedente de la fracción resto de los residuos domésticos o en los que se lleven a cabo codigestiones en las que más de un 20 % de los residuos sean la fracción orgánica de la fracción resto de los residuos domésticos, incluyendo sistemas de recepción y preparación, y elementos auxiliares.<br />
b) Equipos de tratamiento de digestados.<br />
Las actuaciones elegibles permitirán prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo, o aportar energía al sistema gasista, utilizando una fuente de energías renovables.<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso que corresponda:<br />
a) Equipos de digestión anaerobia en estaciones depuradoras de aguas residuales:<br />
Coste elegible máximo (€): 200 x V.<br />
Siendo: V (m3) el volumen del digestor anaerobio.<br />
b) Aplicaciones térmicas mediante combustión para producción de agua caliente:<br />
Coste elegible máximo (€): 120 x P.<br />
Siendo: P (kW) la potencia de los equipos de generación de calor.<br />
c) Equipos destinados al autoconsumo eléctrico (motores o microturbinas), tanto conectados a red como aislados:<br />
Coste elegible máximo para motores de combustión interna (€): 500 x P.<br />
Siendo: P (kW) la potencia de los equipos de generación.<br />
Coste elegible máximo para microturbinas (€): 700 x P:<br />
Siendo: P (kW) la potencia de los equipos de generación.<br />
d) Enriquecimiento del biogás hasta biometano (incluyendo sistemas de expedición para su utilización en vehículos o conexión para inyección en red):<br />
Coste elegible máximo (€): 1.000 x P.<br />
Siendo: P (kW) la potencia del caudal de producto final.<br />
e) Enriquecimiento y licuefacción del biogás hasta biometano (sistemas de expedición para su utilización en vehículos o conexión para inyección en red):<br />
Coste elegible máximo (€): 1.200 x P.<br />
Siendo: P (kW) la potencia del caudal de producto final.<br />
f) Adaptación vehículos (únicamente vehículos públicos de transporte colectivo): A determinar en función del tipo de vehículo, tipo de motor, equipamiento, etc.<br />
Una solicitud podrá considerar más de una actuación elegible y por tanto el coste elegible para esta medida componerse por la agregación de varios.<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. La inversión elegible mínima es de 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. Los requisitos técnicos a aplicar serán los derivados de la normativa vigente y los establecidos en la tramitación medioambiental del proyecto de digestión anaerobia para generación de biogás y del proyecto de transformación del combustible/aplicación energética.<br />
En el caso de los equipos de digestión anaerobia, deberá demostrarse que entre el posterior aprovechamiento eléctrico y/o térmico se consume al menos el 90 % del biogás generado en el propio digestor, salvo variaciones estacionales a justificar.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Informe justificativo, siguiendo el modelo disponible en la web de IDAE.<br />
b) En el caso de actuaciones que incluyan aplicaciones en vehículos, justificación de que la utilización de los vehículos adaptados no sobrepasa la capacidad de producción de biometano.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del presente real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador, autorizado en el órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma.<br />
b) Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones.<br />
c) En caso de que se produzcan modificaciones en el proyecto respecto a la documentación inicial presentada, la memoria e informe justificativos debidamente actualizados. En caso de que no se produzcan modificaciones, declaración indicando tal extremo por parte del solicitante.<br />
d) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos [ktep/año].<br />
C030 Capacidad adicional de producción de energía renovable eléctrica [MW].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
e) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y las condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 14. Instalaciones para el uso térmico de CDR y CSR<br />
1. Objetivo. El objetivo de la actuación es sustituir energía convencional por combustibles derivados de residuos (CDR) o por combustibles sólidos recuperados (CSR), siempre que tengan un contenido renovable del 100%, a través de instalaciones térmicas en edificación o infraestructuras públicas, nuevas o existentes, y así reducir las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos.<br />
2. Descripción. CDR es un combustible que se ha obtenido a partir de cualquier tipo de residuo (peligroso o no peligroso, sólido o líquido) y que habitualmente solo cumple las especificaciones establecidas entre el proveedor del combustible y el usuario. Los CSR son, según definición del Comité europeo de Normalización, combustibles sólidos preparados a partir de residuos no peligrosos para ser utilizados para recuperación energética en plantas de incineración o coincineración y que cumplen con los requisitos establecidos en la norma CEN 15359.<br />
La valoración energética de CDR/CSR para usos tales como producción de agua caliente sanitaria, calefacción, calentamiento de piscinas, etc. tiene un amplio potencial de aplicación como alternativa al gasóleo, propano, gas natural, etc., en edificios de nueva construcción y nuevos equipamientos o en la renovación de los sistemas disponibles. Esta aplicación no se ha desarrollado suficientemente en España.<br />
Acometer instalaciones que utilicen CDR/CSR tiene un indudable interés por suponer una diversificación energética que permite obtener independencia frente a mercados internacionales, con beneficios de mayor seguridad energética y ventajas económicas, para sus titulares y al propio país.<br />
La medida persigue la utilización CDR/CSR en edificación o infraestructuras públicas.<br />
3. Actuaciones elegibles. Se considera elegible la aplicación térmica de CDR/CSR siempre que exista un 100% de contenido renovable según los criterios de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009. Por tanto se incluyen, entre otros posibles podas, maderas de recuperación, lodos EDAR y material bioestabilizado procedente del compostaje de la fracción orgánica de la fracción resto.<br />
En esta medida se considerarán como elegibles los siguientes conceptos:<br />
a) Descarga, movimiento, almacenamiento y tratamientos térmicos previos del combustible (ligados directamente al proyecto).<br />
b) Valoración energética e intercambio entre los gases y el fluido portador de calor. Sistemas de generación de frío. Sistemas de reducción de emisiones al aire.<br />
c) Distribución del calor a los distintos puntos de consumo mediante redes de tuberías aisladas.<br />
d) Adaptación de la sala de máquinas existente a la nueva instalación incorporando los depósitos de inercia, intercambiadores, bombas, colectores, etc. que se precise.<br />
Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
No se consideran elegibles instalaciones de coincineración. La potencia térmica nominal de generación de calor de la instalación debe ser superior a 40 kW e inferior a 30 MW. Podrán utilizar como fluidos caloportadores agua, aire o vapor saturado.<br />
Las actuaciones elegibles permitirán:<br />
a) Realizar una gestión finalista de residuos con valorización energética térmica renovable.<br />
b) Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo.<br />
c) Adecuar las instalaciones a los preceptos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso que corresponde, donde P (kW) es la potencia térmica del generador:<br />
a) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.300 x P0,87.<br />
b) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración en un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.960 x P0,87.<br />
c) Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.670 x P0,87.<br />
d) Instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 2.544 x P0,87.<br />
e) Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio, así como producción de frío descentralizada a los usuarios (la producción de frío descentralizado deberá estar abastecida por energía renovable), que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 3.794 x P0,87.<br />
Siendo P la potencia útil de los equipos de generación de calor.<br />
Se supone que la capacidad producción de frío se corresponde con la plena potencia de generación de calor. En otro caso el coste elegible máximo se establecerá proporcionalmente.<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. La inversión elegible mínima es de 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental. Los requisitos técnicos a aplicar serán los derivados de la normativa vigente y los establecidos en la tramitación medioambiental del proyecto.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto, y adicionalmente el siguiente documento:<br />
Informe justificativo, siguiendo el modelo disponible en la web de IDAE.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 de este real decreto y, adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Descripción de los combustibles a utilizar, con las cantidades y códigos LER correspondientes.<br />
b) Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación, autorizado en el órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma.<br />
c) Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones.<br />
d) En caso de que se produzcan modificaciones en el proyecto respecto a la documentación inicial presentada, la memoria e informe justificativos debidamente actualizados. En caso de que no se produzcan modificaciones, declaración indicando tal extremo por parte del solicitante.<br />
e) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
f) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y las condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 15. Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo (conectadas a red y aisladas)<br />
1. Objetivo. Esta medida, alineada con el marco normativo europeo y nacional de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, nace de la conveniencia de propiciar el cambio desde un sistema de generación eléctrica centralizado –donde la oferta se adapta a una demanda pasiva según requiera en cada momento– hacia un sistema de generación distribuida o continua, donde la generación se integre en la red como un elemento de eficiencia, de autogestión y de producción asociada a los centros de consumo, en los que sea posible actuar sobre la demanda de manera activa mediante sistemas adecuados de comunicación y control.<br />
En este contexto, se plantea la necesidad de apoyar y facilitar la viabilidad económica de aquellas actuaciones demostrativas, integradas en un desarrollo local sostenible, que lleven asociadas instalaciones solares fotovoltaicas destinadas al autoconsumo eléctrico tanto conectadas a red como aisladas, de titularidad de la entidad local.<br />
2. Descripción. Se entiende por instalación solar fotovoltaica un sistema de generación eléctrica que transforma la radiación solar en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico.<br />
Una instalación solar fotovoltaica aislada es aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución, ni directa ni indirectamente, a través de una instalación propia o ajena. Una instalación solar fotovoltaica conectada a red en autoconsumo es aquella que se encuentra conectada en el interior de una red de un consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un consumidor o que está unida a éste a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, en algún momento, conexión eléctrica con la red de transporte o distribución.<br />
De esta manera se podrá realizar el consumo total de la energía generada o verter excedentes a la red pública de distribución o transporte, según las distintas modalidades de autoconsumo contempladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.<br />
Estas instalaciones podrán disponer, si la normativa lo permite, de equipos de almacenamiento de energía eléctrica (en adelante, sistema de acumulación eléctrica).<br />
Además, estas instalaciones podrán disponer de un sistema de medición y registro de potencia y datos solares, incluyendo dispositivos de medida y registro de la potencia eléctrica –activa y/o reactiva- de salida de los módulos fotovoltaicos o del inversor y de la radiación solar, entre otros potenciales parámetros atmosféricos adicionales relacionados, como la dirección del viento, la presión atmosférica y la temperatura, dependiendo de la instrumentación meteorológica que se equipe.<br />
Las instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo presentan unas características propias que las dotan de una serie de ventajas adicionales respecto a las grandes instalaciones, como una potencial mayor eficiencia global por las pérdidas evitadas en las redes de transporte y distribución, y que permiten la integración de generación renovable sin necesidad de crear nuevas infraestructuras eléctricas.<br />
3. Actuaciones elegibles. Serán elegibles aquellas instalaciones solares fotovoltaicas tanto conectadas a red como aisladas, para cualquier modalidad de autoconsumo con potencia nominal del generador fotovoltaico como mínimo de 5 kW. Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
Las instalaciones cumplirán toda la normativa relativa al autoconsumo eléctrico que les sea de aplicación.<br />
La potencia de la instalación fotovoltaica P (W), a efectos del coste elegible, será la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso al que corresponda la instalación fotovoltaica, donde P (W) es la potencia de la instalación fotovoltaica definida en el párrafo anterior:<br />
a) Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin sistema de acumulación eléctrica y sin sistema de medición y registro de potencia y de datos solares:<br />
Coste elegible máximo (€) = 3,0 x P (W).<br />
b) Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro de potencia y de datos solares:<br />
Coste elegible máximo (€) = 3,5 x P (W).<br />
c) Instalaciones aisladas o conectadas a red, con sistema de acumulación eléctrica y sin sistema de medición y registro de potencia y de datos solares:<br />
Coste elegible máximo (€) = 6,0 x P (W).<br />
d) Instalaciones aisladas o conectadas a red, con sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro de potencia y de datos solares:<br />
Coste elegible máximo (€) = 6,5 x P (W).<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos. Las instalaciones cumplirán la normativa europea, nacional, autonómica y local que les sea de aplicación.<br />
Deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC).<br />
Para el caso de instalaciones conectadas a red en autoconsumo, las instalaciones cumplirán con lo dispuesto sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red en lo que les sea de aplicación.<br />
Igualmente, cumplirán lo dispuesto por la normativa sobre puntos de medida del sistema eléctrico en lo que les sea de aplicación.<br />
El diseño de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red en autoconsumo cumplirá con lo descrito en el «Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas de Red», publicado por IDAE (versión julio 2011) en lo que le sea de aplicación, disponible en la página web www.idae.es, pudiendo justificarse diseños alternativos que deberán ser aceptados por el IDAE.<br />
En el caso de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas en autoconsumo, el diseño cumplirá con lo descrito en el «Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red», publicado por IDAE (versión febrero 2009) en lo que le sea de aplicación, disponible en la página web www.idae.es, pudiendo justificarse diseños alternativos que deberán ser aceptados por el IDAE.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 de este real decreto y, adicionalmente el siguiente documento:<br />
Estudio energético previo que, al menos, contenga los resultados esperados de ahorro de energía primaria y reducción de emisiones de GEI que suponen la realización de la actuación.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Proyecto o Memoria técnica final de la instalación firmado por técnico titulado competente.<br />
b) Copia del acta de puesta en servicio y/o certificado de baja tensión de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión firmado por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma correspondiente.<br />
c) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
C030 Capacidad adicional de producción de energía renovable eléctrica (MW).<br />
d) Obligatoriamente, para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000 € y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y las condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 16. Instalaciones eólicas de pequeña potencia dirigidas al autoconsumo de energía eléctrica (conectadas a red y aisladas)<br />
1. Objetivo. Esta medida, alineada con el marco normativo europeo y nacional de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, nace de la conveniencia de propiciar el cambio de un sistema de generación eléctrica centralizado –donde la oferta se adapta a una demanda pasiva según requiera en cada momento por un sistema de generación distribuida o continua, donde la generación se integre en la red como un elemento de eficiencia, de autogestión y de producción asociada a los centros de consumo, en los que sea posible actuar sobre la demanda de manera activa mediante sistemas adecuados de comunicación y control.<br />
En este contexto, se plantea la necesidad de apoyar y facilitar la viabilidad económica de aquellas actuaciones demostrativas, integradas en un desarrollo local sostenible, que lleven asociadas instalaciones eólicas de pequeña potencia destinadas al autoconsumo eléctrico tanto conectadas a red como aisladas, de titularidad de la entidad local.<br />
2. Descripción. Se define una «instalación eólica de pequeña potencia» como aquella instalación o agrupación de instalaciones en las que el o los equipos de generación sean aerogeneradores que basen su funcionamiento en la conversión de la energía del viento en energía eléctrica, con una potencia instalada máxima conjunta de hasta 100 kW.<br />
Una instalación eólica aislada es aquella que en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena.<br />
Una instalación eólica conectada a red en autoconsumo de energía eléctrica es aquella que se encuentra conectada en el interior de una red de un consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un consumidor o que está unida a éste a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, en algún momento, conexión eléctrica con la red de transporte o distribución.<br />
Estas instalaciones podrán disponer, si la normativa lo permite, de dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica que faciliten la autogestión y control de la energía auto-consumida para una mejor adaptación a las consignas técnicas o de eficiencia económica provenientes del sistema eléctrico (en adelante, sistema de acumulación eléctrica).<br />
Además, estas instalaciones podrán disponer de un sistema de medición y registro de potencia y datos eólicos, incluyendo dispositivos de medida y registro de la potencia eléctrica –activa y/o reactiva- de salida del/los aerogenerador/es o del inversor y de la velocidad del viento, entre otros potenciales parámetros adicionales como la dirección del viento, la presión atmosférica y la temperatura dependiendo de la instrumentación meteorológica que se equipe.<br />
Las instalaciones eólicas de pequeña potencia presentan unas características propias que las dotan de una serie de ventajas adicionales respecto a la gran eólica, como una potencial mayor eficiencia global por las pérdidas evitadas en las redes de transporte y distribución, y que permiten la integración de generación renovable sin necesidad de crear nuevas infraestructuras eléctricas.<br />
3. Actuaciones elegibles. Serán elegibles aquellas instalaciones eólicas destinadas al autoconsumo eléctrico, tanto conectadas a red como aisladas, con una potencia instalada mínima de 5 kW y máxima de 100 kW, integradas en edificaciones o infraestructuras, ya sea sobre suelo, sobre cubierta o en cualquier otra modalidad, siempre que éstas estén asociadas a un plan, programa o proyecto de desarrollo urbano sostenible. Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
La potencia de la instalación eólica P (W) a efectos del coste elegible será la suma de potencias efectivas unitarias de los aerogeneradores. Esta potencia efectiva unitaria estará determinada por la potencia de salida de la curva de potencia certificada que corresponda a una velocidad de viento normalizada de 11 m/s.<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso al que corresponda la instalación eólica en autoconsumo, donde P (W) es la potencia de la instalación eólica definida en el párrafo anterior:<br />
a) Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin sistema de acumulación eléctrica y sin sistema de medición y registro de potencia y de datos eólicos:<br />
Coste elegible máximo (€) = 6,0 x P (W).<br />
b) Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro de potencia y de datos eólicos:<br />
Coste elegible máximo (€) = 6,5 x P (W).<br />
c) Instalaciones aisladas o conectadas a red, con sistema de acumulación eléctrica y sin sistema de medición y registro de potencia y de datos eólicos:<br />
Coste elegible máximo (€) = 8,5 x P (W).<br />
d) Instalaciones aisladas o conectadas a red, con sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro de potencia y de datos eólicos:<br />
Coste elegible máximo (€) = 9,0 x P (W).<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos de instalaciones eólicas, destinadas al autoconsumo eléctrico, tanto conectadas a red como aisladas, que supongan una inversión elegible superior a 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental:<br />
Requisitos eléctricos. Las instalaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).<br />
Igualmente, cumplirán lo dispuesto por la normativa sobre puntos de medida del sistema eléctrico en lo que les sea de aplicación.<br />
Requisitos mecánico-estructurales. La seguridad mecánico-estructural de la instalación deberá justificarse suficientemente mediante cálculos específicos que tengan en cuenta las cargas de diseño del/los aerogenerador/es.<br />
Requisitos sobre los aerogeneradores. Con el objeto de garantizar la calidad y los resultados energéticos de los aerogeneradores que se instalen en condiciones de seguridad, éstos han de disponer de, al menos, uno de los siguientes documentos:<br />
1. «Certificado de Tipo» en vigor al que se refiere la normativa internacional IEC 61400, de aplicación en la realización de ensayos y evaluación en campo.<br />
2. «Etiqueta para Consumidores de Aerogeneradores de pequeña potencia en España» en vigor y otorgada por una entidad acreditadora autorizada, a la que se refiere el documento «Requisitos del etiquetado para consumidores de aerogeneradores de pequeña potencia en España», disponible en la página Web de IDAE www.idae.es.<br />
En este documento se describe el procedimiento y requerimientos para la obtención de la Etiqueta para Consumidores de Aerogeneradores de pequeña potencia en España por parte de fabricantes/importadores de estos equipos. Se trata de una etiqueta basada en las recomendaciones prácticas de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, International Energy Agency) para el etiquetado internacional, adaptada a los requisitos españoles. La etiqueta permite presentar los resultados de los ensayos de curva de potencia, nivel de ruido acústico, funcionamiento y seguridad, duración y verificación de los cálculos de diseño estructural del aerogenerador según el modelo de cargas simplificado, realizados sobre el aerogenerador, en base a la norma UNE-EN 61400-2 Edición 3 (2014) –o la última edición publicada posterior, si la hubiera-, en un formato condensado y comparable, independientemente de dónde se hayan realizado las pruebas.<br />
Para facilitar la validación de este requerimiento, el listado de aerogeneradores que cuentan con la mencionada Etiqueta para Consumidores acreditada estará disponible al público en el espacio reservado al efecto en la web www.idae.es, junto con la propia Etiqueta y el informe resumen de los ensayos correspondientes.<br />
Requisitos sobre los inversores. El inversor cumplirá con las determinaciones de las normas españolas que ejecuten o incorporen al ordenamiento jurídico español las normas de la Unión Europea e internacionales sobre seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, incorporando protecciones frente a cortocircuitos en AC, tensiones fuera de rango (máxima y mínima tensión), frecuencias fuera de rango (máxima y mínima frecuencia) y perturbaciones en la red, como micro-cortes, pulsos, defectos de ciclos etc.<br />
Las instalaciones deberán cumplir igualmente con la normativa relativa al autoconsumo eléctrico y con la normativa autonómica y local que les sea de aplicación.<br />
El documento «Recomendaciones para la autorización de instalaciones eólicas de pequeña potencia de competencia municipal», disponible en la página Web de IDAE www.idae.es, contiene recomendaciones adicionales para la adecuada implantación, construcción y explotación de instalaciones eólicas de pequeña potencia en entornos de competencia municipal.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
Estudio energético previo que, al menos, contenga los resultados esperados de capacidad adicional de producción de energía renovable eléctrica, ahorro de energía primaria y reducción de emisiones de GEI.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Proyecto técnico definitivo de la instalación firmado por técnico titulado competente.<br />
b) Certificado emitido por el técnico Municipal competente que acredite la realización y finalización de la actuación.<br />
c) Copia del certificado de baja tensión de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, firmado por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
d) «Certificado de Tipo» o «Etiqueta para Consumidores de Aerogeneradores de pequeña potencia en España» otorgada para el/los aerogeneradores a instalar.<br />
e) En el caso de instalaciones de autoconsumo conectadas a red: copia del certificado del fabricante del inversor sobre cumplimiento de las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética.<br />
f) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
C030 Capacidad adicional de producción de energía renovable eléctrica (MW).<br />
g) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.<br />
Medida 17. Instalaciones de aprovechamiento de la energía aerotérmica o hidrotérmica mediante bombas de calor<br />
1. Objetivo. El objetivo de esta actuación es reducir el consumo de energía convencional y/o las emisiones de dióxido de carbono mediante la utilización de energía aerotérmica o hidrotérmica en instalaciones térmicas en los edificios e infraestructuras públicas.<br />
2. Descripción. La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, reconoce como energía renovable, en determinadas condiciones, la energía capturada por bombas de calor. Las bombas de calor que podrán considerarse como renovables son aquellas en las que la producción final de energía supere de forma significativa el insumo de energía primaria necesaria para impulsar la bomba de calor.<br />
Por otro lado, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, establece que en los edificios nuevos, los Estados miembros velarán por que, antes de que se inicie la construcción, se consideren y tengan en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica de instalaciones alternativas de alta eficiencia como las bombas de calor.<br />
Por lo tanto, se ha de fomentar el aprovechamiento de la energía aerotérmica o hidrotérmica mediante bombas de calor para la climatización de edificios.<br />
El aprovechamiento de la energía aerotérmica o hidrotérmica mediante bombas de calor para abastecer las demandas de producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y climatización de piscinas, en edificios e infraestructuras municipales tiene un carácter ejemplarizante además de suponer un ahorro en la energía convencional utilizada y una disminución de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos.<br />
La medida persigue introducir el aprovechamiento de la energía aerotérmica o hidrotérmica mediante bombas de calor en edificación o infraestructuras públicas.<br />
3. Actuaciones elegibles. Serán actuaciones elegibles las instalaciones de calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas mediante sistemas de aprovechamiento aerotérmico o hidrotérmico utilizando bombas de calor, tanto para edificios e infraestructuras existentes como de nueva construcción, incluyendo las redes de calor/frío. En el caso de las bombas de calor cubiertas por un sistema oficial de etiquetado energético serán de la clase energética A o superior. En su defecto las bombas de calor accionadas eléctricamente tendrán un SPF (SCOPnet) superior a 2,5 y las bombas de calor accionadas térmicamente tendrán un SPF (SPERnet) superior a 1,15.<br />
Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones.<br />
La potencia térmica nominal de generación de calor o frío del conjunto de las instalaciones aerotérmicas o hidrotérmicas (P) debe ser superior a 30 kW.<br />
Las actuaciones elegibles permitirán:<br />
a) Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo, utilizando mayoritariamente una fuente de energía eficiente y con cuota renovable como la aerotermia o la hidrotermia.<br />
b) Adecuar las instalaciones a los preceptos establecidos en el Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios.<br />
En el caso de las instalaciones aerotérmicas o hidrotérmicas, se considerarán costes elegibles, los siguientes conceptos: la inversión en equipos efectuada, los costes de ejecución de la instalación, obra civil asociada e instalaciones auxiliares necesarias, así como, el coste de la realización de los estudios, ensayos, y simulaciones preliminares previas a la realización del diseño de la instalación, excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización y demás elementos necesarios para su explotación, así como redes de calor/frío y estaciones de intercambio.<br />
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso, donde P(kW) es la potencia térmica del generador:<br />
a) Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración, para un edificio:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.300 x P0,83.<br />
b) Instalaciones de generación de calor/frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios:<br />
Coste elegible máximo (€) = 1.800 x P0,83.<br />
Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.<br />
Límites de las inversiones elegibles. La inversión elegible mínima es de 50.000 €.<br />
4. Requisitos técnicos. Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), así como cualquier otra legislación que les sea de aplicación.<br />
5. Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del real decreto, y adicionalmente el siguiente documento:<br />
Informe justificativo, siguiendo el modelo disponible en la web de IDAE.<br />
En el caso de actuaciones sobre edificios:<br />
a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
b) Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado energético esté registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Para el caso de actuaciones no consideradas por los programas oficiales de certificación de forma directa, se aportará la información necesaria como anexo al certificado energético de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
6. Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 15.1 de este real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:<br />
a) Copia del Certificado de la instalación térmica que exige el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, en su caso, y registrado en el órgano competente de la Ciudades de Ceuta y Melilla o de la comunidad autónoma correspondiente, cuando sea preceptivo.<br />
b) Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la instalación correspondiente.<br />
Para el caso de instalaciones en edificios, certificación energética del edificio, suscrita por técnico competente y registrada, en el órgano competente de las Ciudades de Ceuta y Melilla o comunidad autónoma correspondiente, después de la ejecución de la actuación, de acuerdo con el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos, que regula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.<br />
c) Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación de entre los incluidos en el Eje de Economía baja en Carbono del POPE, firmado por técnico titulado competente:<br />
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos [kWh/año].<br />
E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos [ktep/año].<br />
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año].<br />
d) Obligatoriamente para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000€ y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.<br />
El alcance y las condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones DUS», disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder la cantidad de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.</p>
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		<title>GASES EFECTO INVERNADERO</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:45:57 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[EFECTO INVERNADERO|GASES]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. [sc name=»urbanismo» ] BOE  de 30 de abril de 2019 Textos originales: DEROGA el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo MODIFICA el art. 7 y las referencias indicadas del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 4 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo TEXTO I El artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, permite a los Estados miembros excluir del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (en adelante, RCDE UE) las instalaciones que tengan la consideración de pequeñas instalaciones o sean hospitales, y estén sujetas a medidas equivalentes en términos de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la participación en el RCDE UE. En el ordenamiento jurídico español, la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establece el régimen de exclusión de instalaciones de pequeño tamaño y hospitales. De acuerdo con esta disposición adicional, se consideran pequeños emisores las instalaciones que hayan notificado a la autoridad competente emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres años precedentes a la solicitud de asignación a que se refiere el artículo 19 de la ley, y que, cuando realicen actividades de combustión, tengan una potencia térmica nominal inferior a 35 megavatios (MW). Asimismo, dispone que será el órgano autonómico competente quien podrá acordar, previo informe del actual Ministerio para la Transición Ecológica, la exclusión de las instalaciones ubicadas en el territorio de su comunidad autónoma que tengan la consideración de pequeños emisores o sean hospitales, cuando los respectivos titulares de las instalaciones lo hayan solicitado y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos. De acuerdo con esta disposición adicional se aprobó el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño. Dicho real decreto tiene por objeto determinar las medidas de mitigación que contribuyen a una reducción de emisiones equivalente a la que comporta la participación en el RCDE UE de las instalaciones de pequeño tamaño y los hospitales a efectos de la exclusión del mismo a partir del periodo de comercio que comenzó en 2013 y concluye en el año 2020, conocido como la fase III del RCDE UE. II Para el año 2030, la Unión Europea se ha comprometido a cumplir con el objetivo de reducción de las emisiones de, al menos, un 40 % respecto de los niveles de 1990. Para conseguir este objetivo de reducción, los sectores incluidos en el RCDE UE deberán alcanzar una reducción del 43% en relación con los niveles de 2005. La Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814, entró en vigor el 8 de abril de 2018. Esta Directiva introduce determinadas disposiciones relacionadas con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del RCDE UE para el periodo de comercio 2021-2030 (conocido como la fase IV del RCDE UE), dividido, a su vez, en dos periodos de asignación gratuita de derechos de emisión (2021-2025 y 2026-2030). Para la fase IV del RCDE UE, la Directiva (UE) 2018/410 mantiene el concepto de instalación excluida, aunque el punto 34 de su artículo 1 modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE, dedicado a la exclusión de las pequeñas instalaciones sujetas a medidas equivalentes de mitigación, señalando que estas instalaciones, en el caso de que se reintroduzcan en el RCDE UE, permanecerán en éste por el resto del periodo de asignación durante el que se reintrodujeron. Por otro lado, el punto 35 del artículo 1 de la Directiva (UE) 2018/410 introduce un nuevo artículo 27 bis que permite a los Estados Miembros excluir del RCDE UE a las instalaciones con emisiones inferiores a 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, sin tener en cuenta las emisiones de biomasa. No se prevé en este caso que estas instalaciones deban realizar medidas de mitigación equivalentes. En virtud de lo anterior, y dentro del paquete normativo que lleva a cabo la adaptación del ordenamiento jurídico español a la fase IV del RCDE UE, se ha aprobado el Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. En lo que se refiere a las instalaciones de pequeño tamaño y hospitales, este real decreto regula la solicitud de exclusión del RCDE UE para el periodo de asignación 2021-2025 y las solicitudes de asignación de derechos de emisión de las instalaciones, y remite a la normativa sobre medidas de mitigación equivalentes para aquellas instalaciones que soliciten la exclusión y sobre las que el órgano autonómico competente dicte resolución expresa de exclusión. Además, el Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, regula, entre otras, determinadas cuestiones relacionadas con la exclusión, para el periodo de asignación 2021-2025, de las instalaciones que</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.</strong></p>
<p><span id="more-7731"></span>[sc name=»urbanismo» ]</p>
<p>BOE  de 30 de abril de 2019</p>
<p><strong>Textos originales:</strong></p>
<ul>
<li>DEROGA el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo</li>
<li>MODIFICA el art. 7 y las referencias indicadas del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero</li>
<li>DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 4 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo</li>
</ul>
<p>TEXTO</p>
<p>I</p>
<p>El artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, permite a los Estados miembros excluir del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (en adelante, RCDE UE) las instalaciones que tengan la consideración de pequeñas instalaciones o sean hospitales, y estén sujetas a medidas equivalentes en términos de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la participación en el RCDE UE.</p>
<p>En el ordenamiento jurídico español, la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establece el régimen de exclusión de instalaciones de pequeño tamaño y hospitales.</p>
<p>De acuerdo con esta disposición adicional, se consideran pequeños emisores las instalaciones que hayan notificado a la autoridad competente emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres años precedentes a la solicitud de asignación a que se refiere el artículo 19 de la ley, y que, cuando realicen actividades de combustión, tengan una potencia térmica nominal inferior a 35 megavatios (MW). Asimismo, dispone que será el órgano autonómico competente quien podrá acordar, previo informe del actual Ministerio para la Transición Ecológica, la exclusión de las instalaciones ubicadas en el territorio de su comunidad autónoma que tengan la consideración de pequeños emisores o sean hospitales, cuando los respectivos titulares de las instalaciones lo hayan solicitado y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos.</p>
<p>De acuerdo con esta disposición adicional se aprobó el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño. Dicho real decreto tiene por objeto determinar las medidas de mitigación que contribuyen a una reducción de emisiones equivalente a la que comporta la participación en el RCDE UE de las instalaciones de pequeño tamaño y los hospitales a efectos de la exclusión del mismo a partir del periodo de comercio que comenzó en 2013 y concluye en el año 2020, conocido como la fase III del RCDE UE.</p>
<p>II</p>
<p>Para el año 2030, la Unión Europea se ha comprometido a cumplir con el objetivo de reducción de las emisiones de, al menos, un 40 % respecto de los niveles de 1990. Para conseguir este objetivo de reducción, los sectores incluidos en el RCDE UE deberán alcanzar una reducción del 43% en relación con los niveles de 2005.</p>
<p>La Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814, entró en vigor el 8 de abril de 2018. Esta Directiva introduce determinadas disposiciones relacionadas con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del RCDE UE para el periodo de comercio 2021-2030 (conocido como la fase IV del RCDE UE), dividido, a su vez, en dos periodos de asignación gratuita de derechos de emisión (2021-2025 y 2026-2030).</p>
<p>Para la fase IV del RCDE UE, la Directiva (UE) 2018/410 mantiene el concepto de instalación excluida, aunque el punto 34 de su artículo 1 modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE, dedicado a la exclusión de las pequeñas instalaciones sujetas a medidas equivalentes de mitigación, señalando que estas instalaciones, en el caso de que se reintroduzcan en el RCDE UE, permanecerán en éste por el resto del periodo de asignación durante el que se reintrodujeron.</p>
<p>Por otro lado, el punto 35 del artículo 1 de la Directiva (UE) 2018/410 introduce un nuevo artículo 27 bis que permite a los Estados Miembros excluir del RCDE UE a las instalaciones con emisiones inferiores a 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, sin tener en cuenta las emisiones de biomasa. No se prevé en este caso que estas instalaciones deban realizar medidas de mitigación equivalentes.</p>
<p>En virtud de lo anterior, y dentro del paquete normativo que lleva a cabo la adaptación del ordenamiento jurídico español a la fase IV del RCDE UE, se ha aprobado el Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. En lo que se refiere a las instalaciones de pequeño tamaño y hospitales, este real decreto regula la solicitud de exclusión del RCDE UE para el periodo de asignación 2021-2025 y las solicitudes de asignación de derechos de emisión de las instalaciones, y remite a la normativa sobre medidas de mitigación equivalentes para aquellas instalaciones que soliciten la exclusión y sobre las que el órgano autonómico competente dicte resolución expresa de exclusión. Además, el Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, regula, entre otras, determinadas cuestiones relacionadas con la exclusión, para el periodo de asignación 2021-2025, de las instalaciones que emitieron menos de 2.500 toneladas, sin tener en cuenta las emisiones de la biomasa, durante el periodo 2016-2018. En este sentido, las instalaciones excluidas de conformidad con el artículo 7 de dicho real decreto no deben llevar a cabo medidas consideradas equivalentes. Sin embargo, en el caso de que una instalación excluida de conformidad con su artículo 7.1, emitiera 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, en el transcurso de un mismo año civil del periodo de asignación, y el titular opte por la reintroducción de la instalación al RCDE UE, será de aplicación a dicha instalación lo establecido en el presente real decreto para dichas instalaciones. De esta forma se evita el impacto negativo que las emisiones de estas instalaciones podrían tener sobre el objetivo de reducción de los sectores no cubiertos por el RCDE UE, del que el Estado es responsable.</p>
<p>III</p>
<p>En la Unión Europea, un número limitado de Estados miembros hicieron uso de la posibilidad abierta en el periodo 2013-2020 de excluir a las instalaciones de pequeño tamaño. Además, la implementación y las medidas equivalentes previstas en cada Estado miembro difieren entre unos y otros. La Comisión Europea encargó un estudio sobre buenas prácticas en materia de instalaciones excluidas, en el que se lleva a cabo una comparación de la aplicación del régimen de exclusión de las instalaciones de pequeño tamaño en los diferentes Estados miembros. El estudio pone de manifiesto que determinadas medidas equivalentes son más coste-eficientes que otras, especialmente en lo que se refiere a las cargas administrativas. Asimismo, el estudio realiza determinadas recomendaciones a los Estados miembros de cara a la aplicación en el periodo 2021-2030, por ejemplo respecto de la tipología de medida equivalente más apropiada y su forma concreta de aplicación.</p>
<p>A la hora de establecer las normas reguladoras para el periodo 2021-2025, debe también tenerse en cuenta la experiencia en la aplicación de este régimen de exclusión en España en lo que ha transcurrido del periodo 2013-2020, cuyas competencias recaen, en gran medida, en las comunidades autónomas. En este sentido, a modo de ejemplo, se ha observado que, de las tres medidas equivalentes que se preveían para el periodo 2013-2020 en el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, únicamente la primera ha sido implementada de forma generalizada, es decir, la imposición de la obligación a las instalaciones de reducir las emisiones en un 21 por ciento en 2020 respecto del año 2005.</p>
<p>En definitiva, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la normativa de la Unión Europea para el periodo de comercio de derechos de emisión 2021-2030 así como la experiencia europea y la de nuestro país respecto de las instalaciones de pequeño tamaño excluidas del RCDE UE, se hace necesario regular los aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones del régimen de comercio de derechos de derechos de emisión y definir la medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025, en virtud de las disposiciones adicionales cuarta y final tercera de la de Ley 1/2005, de 9 de marzo. La presente regulación afecta al periodo de asignación 2021-2025.</p>
<p>IV</p>
<p>Este real decreto consta de nueve artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.</p>
<p>El artículo 1 se refiere al objeto de este real decreto. Así, éste define, por un lado, la medida de mitigación considerada equivalente, en términos de reducción de emisiones, a la que comporta la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, a efectos de la exclusión del régimen en el periodo 2021-2025 de las instalaciones de pequeño tamaño y de los hospitales, según lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Por otro lado, este real decreto regula determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones del RCDE UE, como son la reintroducción al mismo o las cuestiones relacionadas con el seguimiento, la verificación y la notificación de las emisiones, entre otras.</p>
<p>El artículo 2 del real decreto define las características básicas que debe tener la medida de mitigación, a concretar por las distintas comunidades autónomas, como responsables de acordar las exclusiones, y a la que las instalaciones deberán acogerse para solicitar y hacer efectiva su exclusión del RCDE UE.</p>
<p>Para este periodo 2021-2025 solo se prevé un tipo de medida equivalente, teniendo en cuenta la poca aplicación práctica que en el periodo 2013-2020 tuvieron en España las otras medidas equivalentes previstas en el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, el escaso margen temporal para implementar otro tipo de medidas antes del 30 de septiembre de 2019, así como por lo que se desprende de la experiencia en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea que han implementado un régimen de exclusión.</p>
<p>Se considera como medida de mitigación equivalente la imposición de la obligación a una pequeña instalación u hospital de reducir sus emisiones de dióxido de carbono equivalente en un 32 por ciento en 2025 con respecto a las emisiones del año 2005. La medida deberá contemplar, además del objetivo a 2025, objetivos o compromisos anuales a lo largo del periodo de asignación 2021-2025 que permitan comprobar y asegurar periódicamente que las emisiones se encuentran en niveles que permitirán alcanzar el objetivo final.</p>
<p>Este objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalente en un 32 por ciento en 2025 con respecto a las emisiones del año 2005 es la traslación, para el periodo 2021-2025, del objetivo asumido por la Unión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 43 por ciento en 2030 respecto de las emisiones del año 2005, tal y como se prevé, con carácter general, para el conjunto de instalaciones sujetas al RCDE UE. El punto de partida en la reducción de estas emisiones es el objetivo del menos 21 por ciento en 2020, o lo que es equivalente, menos 23,2 por ciento en 2021 respecto a 2005.</p>
<p>La obligación de reducción anual de emisiones deberá comportar que, en cada uno de los años del periodo de asignación 2021-2025, el volumen de emisiones de la instalación sea inferior al menor de los valores siguientes: a) 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, o b) el que resulte de aplicar a las emisiones del año 2005 unos porcentajes establecidos. Además, la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación de pequeño tamaño o el hospital podrá establecer volúmenes de emisión que correspondan a una reducción más ambiciosa que los señalados anteriormente.</p>
<p>Por otro lado, el real decreto establece que el órgano autonómico competente podrá adoptar previsiones específicas para determinados supuestos, en particular, cuando las emisiones del año 2005 sean notablemente anómalas, cuando las instalaciones de pequeño tamaño o los hospitales hayan iniciado su actividad con posterioridad a 2005 y no se disponga, por lo tanto, de un dato de emisiones para este año, o hayan incrementado su capacidad, considerándose por ello nuevos entrantes. La Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático podrá adoptar recomendaciones para estos supuestos de acuerdo con una serie de criterios.</p>
<p>Adicionalmente, se señala que la obligación podrá concretarse a través de cualquier instrumento válido en derecho en el que se garantice el carácter jurídicamente vinculante de la misma, de acuerdo con lo que establezca cada comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias.</p>
<p>El artículo 3 abre la posibilidad a las instalaciones y a los hospitales sujetos a la medida de mitigación equivalente de emplear una medida de flexibilidad a efectos de cumplimiento de la medida equivalente. Así, cuando en un año del periodo 2021-2025 el volumen de emisiones notificadas sea inferior al volumen de emisiones que corresponde con el objetivo asumido, las instalaciones de pequeño tamaño y los hospitales podrán arrastrar la diferencia resultante entre ambos volúmenes.</p>
<p>El artículo 4 establece que para el cumplimiento de la medida equivalente, cuando en un año del periodo 2021-2025 las emisiones se sitúen por encima del volumen determinado de conformidad con el artículo 2, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de arrastre establecida en el artículo 3, las instalaciones de pequeño tamaño u hospitales deberán entregar al Estado derechos de emisión por el exceso de volumen de emisión antes del 30 de abril del año siguiente.</p>
<p>El artículo 5 prevé que el incumplimiento de esta medida se entenderá equivalente a la comisión de la infracción tipificada en el artículo 29.2.5.ª de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de dicha ley.</p>
<p>El artículo 6 del real decreto regula el contenido del informe previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.</p>
<p>El artículo 7, con el fin mejorar la seguridad jurídica respecto de las instalaciones excluidas, recoge la fecha en la que debe llevarse a cabo la notificación de las emisiones del año precedente (antes del 31 de marzo). Además, en los artículos 4 y 5, respectivamente, se establece la fecha de entrega de los derechos de emisión por el exceso de volumen de emisión (antes del 30 de abril del año siguiente), y la fecha para la remisión de la información sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las instalaciones excluidas (antes del 31 de mayo). De esta forma se clarifican determinadas fechas que resultan clave en la aplicación del régimen de exclusión tanto por los titulares de instalaciones como por los órganos autonómicos competentes y que, por otro lado, ya venían aplicándose en la práctica.</p>
<p>Asimismo, este artículo establece la posibilidad de que la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático adopte recomendaciones sobre los sistemas de seguimiento, verificación y notificación de información sobre emisiones aplicables a las instalaciones excluidas, incluidas medidas simplificadas. Estas recomendaciones podrán basarse en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión. Las recomendaciones sobre medidas simplificadas de seguimiento, verificación y notificación podrán tener como referencia las medidas para instalaciones de bajas emisiones previstas en el artículo 47 de dicho Reglamento de Ejecución, que incluyen, entre otras opciones, la presentación de un plan de seguimiento simplificado, siempre que la autoridad competente establezca el formulario apropiado para la presentación del mismo, la exención de entregar los informes de mejora, o la posibilidad de determinar las cantidades de combustible o material basándose en los registros de compras disponibles y documentados y en los cambios estimados en los niveles de existencias, sin la necesidad de presentar la evaluación de la incertidumbre.</p>
<p>El artículo 8 aborda los aspectos relativos a la reintroducción en el RCDE de las instalaciones excluidas de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Así, por un lado, estas instalaciones deberán acometer la medida de mitigación equivalente establecida en este real decreto hasta el año en que emitan 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, incluido el año en que superen este umbral, y teniendo en cuenta la posibilidad de hacer uso de las flexibilidades establecidas en los artículos 3 y 4. Por otro lado, se establece la obligación de que cuando estas instalaciones se reintroduzcan en el RCDE UE y que, además, hayan solicitado asignación gratuita de derechos de emisión, deberán contar con un plan metodológico de seguimiento aprobado por la autoridad competente, y de acuerdo con las exigencias establecidas para el periodo 2021-2030 en la normativa de la Unión Europea.</p>
<p>El artículo 9 regula determinados aspectos relacionados con la reintroducción en el régimen de comercio de derechos de emisión de las instalaciones excluidas que emiten menos de 2.500 toneladas para el periodo 2021-2025. Así, este real decreto establece que en el caso de que una instalación excluida de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, supere en un mismo año tanto el umbral de 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, como el umbral de 25.000 toneladas, el titular deberá entregar un número de derechos de emisión igual al volumen de emisiones que supere las 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. La entrega de derechos de emisión, deberá realizarse el año siguiente en el que se supere el umbral de las 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, sin contabilizar las emisiones de la biomasa. En este caso, la entrega de derechos de emisión se equipara al cumplimiento de los objetivos de reducción previstos por la medida de mitigación equivalente. La finalidad de este artículo responde a la necesidad de hacer frente a aquellos casos excepcionales en las que determinadas instalaciones superan los dos umbrales en un mismo año, emitiendo considerables volúmenes de emisiones que, de no contener previsiones específicas, pasan a incrementar el esfuerzo de reducción de las emisiones de los sectores que no están regulados por el RCDE UE, o sectores difusos, cuya responsabilidad en el cumplimiento recae en el Estado. Asimismo, este artículo señala que estas instalaciones deberán, cuando se introduzcan de nuevo en el régimen de comercio de derechos de emisión y hayan solicitado asignación gratuita, contar con un plan metodológico de seguimiento aprobado y actualizado de conformidad con la normativa de la Unión Europea.</p>
<p>La disposición adicional única habilita al Gobierno para hacer uso de los derechos de emisión que hayan sido entregados por las instalaciones excluidas de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo y el artículo 7 del ya mencionado real decreto 18/2019, de 25 de enero, para el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de la normativa de la Unión Europea en los sectores no cubiertos por el RCDE UE y del Acuerdo de París.</p>
<p>Por último, este real decreto consta, además, de una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales, relativas a los títulos competenciales, las referencias normativas y a la entrada en vigor.</p>
<p>La disposición transitoria única establece que el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, continuará siendo de aplicación, manteniendo sus efectos más allá del 31 de diciembre de 2020, en todo lo relativo al periodo 2013-2020.</p>
<p>La disposición derogatoria única deroga expresamente el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única.</p>
<p>La disposición final primera modifica el apartado primero del artículo 7 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, para abordar aquellos casos donde hay datos históricos de emisiones que ponen de manifiesto de forma fehaciente que la instalación no puede ser considerada un pequeño y emisor y que, por tanto, no debe ser excluida. De esta forma, se excluyen del RCDE UE durante el periodo 2021-2025 las instalaciones que en cada uno de los años del periodo 2016-2018 hayan notificado a la autoridad competente emisiones inferiores a 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, y que, además, en ningún año, desde que cuenten con una Autorización de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, tengan inscritas en el Área española del Registro de la Unión emisiones superiores a 500.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono.</p>
<p>Este real decreto se dicta en virtud de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en la que se habilita al Gobierno para determinar mediante real decreto qué medidas de mitigación se consideran equivalentes, así como, con carácter general, en la habilitación para el desarrollo normativo que establece la disposición final tercera de la mencionada Ley.</p>
<p>El contenido de este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, esta norma se justifica en la necesidad de introducir en el ordenamiento jurídico las disposiciones necesarias para la correcta implementación en España del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2025. En particular, responde a la necesidad de definir para el periodo 2021-2025 la medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión exclusión de instalaciones de pequeño tamaño, del mismo modo que para el periodo 2013-2020 se llevó a cabo mediante el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo. Asimismo, responde a la necesidad de regular otras cuestiones relacionadas con la exclusión de las instalaciones de bajas emisiones. La adopción de este real decreto es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de este fin. Se cumple el principio de proporcionalidad ya que la regulación se limita al mínimo imprescindible en el desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en el periodo 2021-2025, en lo que se refiere a definir qué medida de mitigación se considera equivalente así como a definir determinados aspectos relacionados con la exclusión. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento, comprensión y aplicación y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas, empresas y órganos autonómicos, teniendo estos últimos un papel determinante en la implementación del régimen de exclusión. En aplicación del principio de eficiencia, se limitan las cargas administrativas a las imprescindibles para la consecución de los fines descritos, siempre dentro del marco del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea. En aplicación del principio de transparencia, y en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, durante la tramitación de este real decreto se ha realizado la consulta pública previa y la audiencia e información públicas. Asimismo, las comunidades autónomas han sido consultadas en el marco de los órganos colegiados establecidos en materia de cambio climático, y han sido evacuados los informes de los Departamentos ministeriales.</p>
<p>En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de abril de 2019,</p>
<p>DISPONGO:</p>
<p><strong>Artículo 1. Objeto.</strong></p>
<p>Este real decreto tiene por objeto definir, a efectos de la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025, la medida de mitigación que contribuya a una reducción de emisiones equivalente a la que comporta la participación en el régimen de comercio de las instalaciones de pequeño tamaño y de los hospitales, según lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como regular determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones del régimen de comercio de derechos de emisión.</p>
<p><strong>Artículo 2. Medida considerada equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión.</strong></p>
<ol>
<li>A los efectos previstos en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, se considerará que constituye una medida de mitigación equivalente aquella por la que se obligue a una instalación de pequeño tamaño o a un hospital a reducir sus emisiones en un 32 por ciento en 2025 respecto de sus emisiones del año 2005.</li>
<li>La obligación de reducción anual de emisiones deberá comportar que, en cada uno de los años del periodo de asignación 2021-2025, el volumen de emisiones de la instalación sea inferior al menor de los valores siguientes:</li>
<li>a) 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, o</li>
<li>b) El que resulte de aplicar a las emisiones del año 2005 los porcentajes de reducción siguientes:</li>
</ol>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>2021</strong></td>
<td><strong>2022</strong></td>
<td><strong>2023</strong></td>
<td><strong>2024</strong></td>
<td><strong>2025</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23,2 %</td>
<td>25,4 %</td>
<td>27,6 %</td>
<td>29,8 %</td>
<td>32,0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La comunidad autónoma en la que se ubique la instalación de pequeño tamaño o el hospital podrá establecer volúmenes de emisión que correspondan a una reducción más ambiciosa que los señalados en los apartados anteriores.</p>
<p>El órgano autonómico competente podrá adoptar previsiones específicas para los supuestos en los que las emisiones del año 2005 sean notablemente anómalas o para los supuestos en los que las instalaciones de pequeño tamaño o los hospitales hayan iniciado su actividad con posterioridad a 2005 o hayan incrementado su capacidad, considerándose por ello nuevos entrantes. A tal fin, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático podrá adoptar recomendaciones para dichos supuestos.</p>
<ol start="3">
<li>La obligación referida en el apartado 2 podrá concretarse a través de cualquier instrumento válido en derecho en el que se garantice el carácter jurídicamente vinculante de la misma y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este real decreto. A estos efectos, la solicitud de exclusión que presenten los interesados podrá acompañarse de una declaración del titular en el que manifieste que asumirá, desde el momento en que se autorice la exclusión y durante el tiempo en que le sea de aplicación el régimen de exclusión, la obligación de reducción señalada en este artículo.</li>
</ol>
<p><strong>Artículo 3. Arrastre de cuota de emisiones en el periodo 2021-2025.</strong></p>
<p>Cuando en un año del periodo 2021-2025 el volumen de emisiones notificadas sea inferior al volumen de emisiones que corresponde con el objetivo asumido, las instalaciones de pequeño tamaño y los hospitales podrán arrastrar la diferencia resultante entre ambos volúmenes, añadiéndola al volumen de emisiones permitido en el año siguiente a efectos de cumplir con el objetivo.</p>
<p>El arrastre solo podrá llevarse a cabo dentro del periodo 2021-2025, sin que quepa la posibilidad de arrastrar la cuota de emisiones del 2025 al periodo de asignación 2026-2030.</p>
<p><strong>Artículo 4. Entrega de derechos de emisión.</strong></p>
<p>Cuando en un año del periodo de asignación 2021-2025, las emisiones se sitúen por encima del volumen determinado de conformidad con el artículo 2, teniendo en cuenta, en su caso, la aplicación de la flexibilidad establecida en el artículo 3, las instalaciones de pequeño tamaño u hospitales deberán entregar al Estado derechos de emisión por el exceso de volumen de emisión antes del 30 de abril del año siguiente. La realización de esta operación de entrega se considerará que conlleva el cumplimiento de la medida equivalente.</p>
<p><strong>Artículo 5. Incumplimiento de la medida equivalente.</strong></p>
<ol>
<li>El órgano autonómico competente remitirá a la Oficina Española de Cambio Climático la información sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las instalaciones excluidas antes del 31 de mayo del año siguiente al que se hayan producido las emisiones.</li>
<li>De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, el incumplimiento de la medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 se entenderá equivalente a la comisión de la infracción tipificada en el artículo 29.2.5.ª de esa Ley.</li>
</ol>
<p><strong>Artículo 6. Informe del Ministerio para la Transición Ecológica.</strong></p>
<p>En la emisión del informe previsto en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica valorará, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en este real decreto, los efectos que la exclusión de instalaciones y la aplicación de las medidas equivalentes pueden tener sobre la competencia, el mercado interior y el interés de los consumidores.</p>
<p><strong>Artículo 7. Sistema de seguimiento, verificación y notificación.</strong></p>
<ol>
<li>Los titulares de las instalaciones excluidas de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo y de las instalaciones excluidas de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030, deberán notificar al órgano autonómico competente, antes del 31 de marzo, las emisiones del año precedente.</li>
<li>Sin perjuicio de la competencia de los órganos autonómicos para establecer un sistema de seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático podrá adoptar recomendaciones sobre los sistemas de seguimiento, verificación y notificación de información sobre emisiones aplicables a las instalaciones de pequeño tamaño y a los hospitales, incluida la posibilidad de acogerse a medidas simplificadas de seguimiento, verificación y notificación. Estas recomendaciones podrán tener como referencia el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión, incluidas las previstas en el artículo 47 de dicho Reglamento de Ejecución para las instalaciones de bajas emisiones.</li>
</ol>
<p><strong>Artículo 8. Reintroducción en el régimen de comercio de derechos de emisión de las instalaciones de pequeño tamaño y hospitales.</strong></p>
<ol>
<li>En el caso de que una instalación excluida de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en el transcurso de un mismo año civil emitiera 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, deberá acometer la medida de mitigación equivalente establecida en este real decreto hasta el año en que supere dicho umbral, incluido ese mismo año, consistente en la entrega de derechos de emisión por el exceso de volumen de emisiones, de acuerdo con el artículo 4, y teniendo en cuenta, cuando proceda, la posibilidad de utilizar la cuota de emisiones arrastrada de años anteriores de conformidad con el artículo 3 de este real decreto.</li>
<li>Asimismo, las instalaciones excluidas de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y los hospitales, que se introduzcan de nuevo en el régimen de comercio de derechos de emisión y que hayan solicitado asignación gratuita de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, deberán contar con un plan metodológico de seguimiento aprobado y actualizado, de conformidad con la normativa de la Unión Europea.</li>
</ol>
<p><strong>Artículo 9. Aspectos relacionados con la reintroducción en el régimen de comercio de derechos de emisión de las instalaciones excluidas que emiten menos de 2.500 toneladas para el periodo 2021-2025.</strong></p>
<ol>
<li>En el caso de que una instalación excluida de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, superase en un mismo año el umbral de 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, el titular deberá entregar un número de derechos de emisión igual al volumen de emisiones que supere las 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. La entrega de derechos de emisión deberá realizarse el año siguiente en el que se supere el umbral de las 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono.</li>
<li>El incumplimiento de la obligación de entrega de derechos se entenderá equivalente a la comisión de la infracción tipificada en el artículo 29.2.5.ª de esa Ley.</li>
<li>Las instalaciones excluidas de conformidad con el artículo 7.1 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, que se introduzcan de nuevo en el régimen de comercio de derechos de emisión y que hayan solicitado asignación gratuita de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, deberán contar con un plan metodológico de seguimiento aprobado y actualizado de conformidad con la normativa de la Unión Europea.</li>
</ol>
<p><strong>Disposición adicional única. Uso de los derechos de emisión entregados por las instalaciones excluidas para el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de la Unión Europea y del Acuerdo de París.</strong></p>
<p>Los derechos de emisión que hayan sido entregados por las instalaciones excluidas de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y el artículo 7 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, podrán ser empleados por el Gobierno para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero contraídos en el marco de la normativa de la Unión Europea en los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y del Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015, en vigor para España el 11 de febrero de 2017.</p>
<p><strong>Disposición transitoria única. Regulación del periodo 2013-2020.</strong></p>
<p>El Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño, continuará siendo de aplicación, manteniendo sus efectos más allá del 31 de diciembre de 2020, en todo lo relativo al periodo 2013-2020.</p>
<p><strong>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</strong></p>
<p>Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto y en especial el Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño.</p>
<p><strong>Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.</strong></p>
<p>El apartado primero del artículo 7 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030 queda redactado en los siguientes términos:</p>
<p>«1. Quedan excluidas del régimen de comercio de derechos de emisión durante el periodo 2021-2025 las instalaciones que en cada uno de los años del periodo 2016-2018 hayan notificado a la autoridad competente emisiones inferiores a 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, y que en ningún año desde que cuenten con una Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero tengan inscritas en el área espa<em>ñola del R</em>egistro de la Unión emisiones superiores a 500.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Los titulares de dichas instalaciones no tendrán que solicitar la exclusión, sin perjuicio de que el órgano autonómico competente dicte resolución expresa en la que conste la exclusión de la instalación y las medidas de seguimiento, verificación y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero que aplicarán a la misma.»</p>
<p><strong>Disposición final segunda. Título competencial.</strong></p>
<p>Este real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.</p>
<p><strong>Disposición final tercera. Referencias normativas.</strong></p>
<p>Las referencias realizadas al Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, en los artículos 5.1, 5.3 y 7.2 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, se entenderán efectuadas al presente real decreto, en lo referente al periodo 2021-2025.</p>
<p><strong>Disposición final cuarta. Entrada en vigor.</strong></p>
<p>Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p>Dado en Madrid, el 26 de abril de 2019.</p>
<p>FELIPE R.</p>
<p>La Ministra para la Transición Ecológica,</p>
<p>TERESA RIBERA RODRÍGUEZ</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>SEGURIDAD AEROSPACIAL</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Orden PCI/489/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. [sc name=»Seguridad Pública» ] BOE de 30 de abril de 2019 TEXTO El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 12 de abril de 2019, ha aprobado la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. Para general conocimiento se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Orden. Madrid, 26 de abril de 2019.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato. ANEXO Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional Sumario Resumen ejecutivo Capítulo 1. Visión integral de la Seguridad Aeroespacial: Aspectos generales del ámbito aeroespacial. Aspectos generales del sector aéreo en España. Aspectos generales del sector espacial en España. Marco regulatorio en el ámbito aeroespacial. Dos espacios, una Estrategia de Seguridad. Intereses nacionales a proteger. Capítulo 2. Amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial: Introducción al concepto de amenaza y desafío en el ámbito aeroespacial. Amenazas. Desafíos. Capítulo 3. Objetivo, Principios y Líneas de Acción: Objetivo. Los principios rectores. Líneas de Acción y Medidas Concretas. Capítulo 4. La Seguridad Aeroespacial en el Sistema de Seguridad Nacional: Organización de la Seguridad Aeroespacial. Implantación. Resumen ejecutivo La Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 en el ámbito de la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, considerando los objetivos generales, el objetivo del ámbito y las líneas de acción establecidas para conseguirlo. El documento se articula en cuatro capítulos. El primero, titulado «Visión integral de la Seguridad Aeroespacial», detalla aspectos generales de los sectores aéreo y espacial, describe brevemente su marco regulatorio, y justifica el uso de una única estrategia de seguridad aeroespacial para proteger los principales intereses nacionales en este ámbito. El ámbito aeroespacial es tan importante para la moderna sociedad española que sin los servicios, aplicaciones y productos que proporciona, nos sería difícil imaginar su funcionamiento. Al mismo tiempo, el elevado uso de la tecnología y el altísimo nivel de interconectividad implican una especial vulnerabilidad ante las amenazas y desafíos, y una rápida velocidad de evolución de las crisis que afecten al ámbito. El sector aéreo es uno de los elementos vertebradores del Estado español y un sector estratégico en la economía nacional. El sector está en crecimiento constante y actualmente se está desarrollando, de forma exponencial, el campo de las aeronaves no tripuladas que posibilitará el desarrollo económico en muchos sectores. España tiene asignado un espacio aéreo de responsabilidad considerable que, desde el punto de vista de la defensa y la seguridad aérea nacional e internacional, es necesario proteger y para ello dispone de un potente sistema integrado en el de la OTAN para vigilar, controlar y dirigir, permanentemente (24/7), los medios de defensa oportunos. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ) es la entidad desde donde se realiza la defensa aérea del flanco sur de la Alianza Atlántica (desde Turquía hasta las Islas Canarias) y desempeña un papel fundamental en la seguridad aeroespacial de España. En el sector espacial, España es un miembro importante de varias organizaciones internacionales, participa en los principales proyectos europeos e internacionales, y acoge en su territorio importantes infraestructuras espaciales. En este sector, se está desarrollando actualmente la capacidad nacional de vigilancia y seguimiento espacial que permitirá contribuir a la elaboración de un catálogo de objetos espaciales en órbita. La industria aeroespacial es muy importante para el país, tanto por su contribución al PIB nacional como por los numerosos puestos de trabajo altamente cualificados que aporta. Las capacidades únicas de nuestra industria aeroespacial y de defensa deben mantenerse y protegerse. Desde el punto de vista de la seguridad, y dado que no existen límites físicos o funcionales entre los espacios aéreo y ultraterrestre, se considera que ambos forman un único ámbito, el aeroespacial, en el que las amenazas y desafíos se desarrollan a gran velocidad, lo que implica un tiempo de reacción muy corto y, consecuentemente, sean necesarias estructuras de decisión en tiempo casi real apoyadas en sistemas de mando y control que dispongan de buenas capacidades; que sean fiables; que estén perfectamente coordinados, tanto a nivel nacional como internacional; y que estén permanente disponibles. En el aspecto normativo, los marcos legales de utilización del espacio aéreo y el ultraterrestre se basan en principios sustancialmente distintos; mientras que en el espacio aéreo rige el principio de soberanía nacional y uso flexible del espacio aéreo, el espacio ultraterrestre es considerado patrimonio común de toda la humanidad. Sin embargo, la regulación actual deja áreas de indefinición, como la delimitación del límite superior de la soberanía nacional del espacio aéreo, que en el futuro próximo puede ser una fuente de conflicto, al igual que el espacio ultraterrestre. Como muestra de ello, en el sector espacial han aparecido nuevos actores, como el denominado «Nuevo espacio», formado fundamentalmente por compañías privadas, que buscan nuevos modelos de negocio, tienen aspiraciones enfocadas más allá de la Tierra, y discuten, e incluso no aceptan, la capacidad normativa de los Estados sobre el espacio exterior. El segundo capítulo «Amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial» define los conceptos de amenaza y desafío, y determina que las vulnerabilidades principales del ámbito aeroespacial derivan de su condición de espacio global común, de la elevada tecnificación de toda la infraestructura que opera y de la gran interconectividad, que posibilita los «efectos en cadena». Las amenazas se agrupan en las seis áreas que define la Estrategia de Seguridad Nacional 2017: conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje y ciberamenazas. Dentro de cada área se desarrollan las amenazas específicas para el ámbito aeroespacial como las incursiones no autorizadas; los secuestros de aeronaves, incluyendo la posibilidad de usar la propia aeronave como arma; el sabotaje de aeronaves e instalaciones; la perturbación de sistemas de comunicaciones, posicionamiento y vigilancia; las ciberamenazas; el uso del transporte aéreo para actividades del crimen organizado tales como el tráfico de mercancías ilegales, de personas,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Orden PCI/489/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7729"></span>[sc name=»Seguridad Pública» ]<br />
BOE de 30 de abril de 2019<br />
TEXTO<br />
El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 12 de abril de 2019, ha aprobado la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional.<br />
Para general conocimiento se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Orden.<br />
Madrid, 26 de abril de 2019.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato.<br />
ANEXO<br />
Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional<br />
Sumario<br />
Resumen ejecutivo<br />
Capítulo 1. Visión integral de la Seguridad Aeroespacial:<br />
Aspectos generales del ámbito aeroespacial.<br />
Aspectos generales del sector aéreo en España.<br />
Aspectos generales del sector espacial en España.<br />
Marco regulatorio en el ámbito aeroespacial.<br />
Dos espacios, una Estrategia de Seguridad.<br />
Intereses nacionales a proteger.<br />
Capítulo 2. Amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial:<br />
Introducción al concepto de amenaza y desafío en el ámbito aeroespacial.<br />
Amenazas.<br />
Desafíos.<br />
Capítulo 3. Objetivo, Principios y Líneas de Acción:<br />
Objetivo. Los principios rectores.<br />
Líneas de Acción y Medidas Concretas.<br />
Capítulo 4. La Seguridad Aeroespacial en el Sistema de Seguridad Nacional:<br />
Organización de la Seguridad Aeroespacial.<br />
Implantación.<br />
Resumen ejecutivo<br />
La Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 en el ámbito de la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, considerando los objetivos generales, el objetivo del ámbito y las líneas de acción establecidas para conseguirlo.<br />
El documento se articula en cuatro capítulos. El primero, titulado «Visión integral de la Seguridad Aeroespacial», detalla aspectos generales de los sectores aéreo y espacial, describe brevemente su marco regulatorio, y justifica el uso de una única estrategia de seguridad aeroespacial para proteger los principales intereses nacionales en este ámbito.<br />
El ámbito aeroespacial es tan importante para la moderna sociedad española que sin los servicios, aplicaciones y productos que proporciona, nos sería difícil imaginar su funcionamiento. Al mismo tiempo, el elevado uso de la tecnología y el altísimo nivel de interconectividad implican una especial vulnerabilidad ante las amenazas y desafíos, y una rápida velocidad de evolución de las crisis que afecten al ámbito.<br />
El sector aéreo es uno de los elementos vertebradores del Estado español y un sector estratégico en la economía nacional. El sector está en crecimiento constante y actualmente se está desarrollando, de forma exponencial, el campo de las aeronaves no tripuladas que posibilitará el desarrollo económico en muchos sectores.<br />
España tiene asignado un espacio aéreo de responsabilidad considerable que, desde el punto de vista de la defensa y la seguridad aérea nacional e internacional, es necesario proteger y para ello dispone de un potente sistema integrado en el de la OTAN para vigilar, controlar y dirigir, permanentemente (24/7), los medios de defensa oportunos. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ) es la entidad desde donde se realiza la defensa aérea del flanco sur de la Alianza Atlántica (desde Turquía hasta las Islas Canarias) y desempeña un papel fundamental en la seguridad aeroespacial de España.<br />
En el sector espacial, España es un miembro importante de varias organizaciones internacionales, participa en los principales proyectos europeos e internacionales, y acoge en su territorio importantes infraestructuras espaciales. En este sector, se está desarrollando actualmente la capacidad nacional de vigilancia y seguimiento espacial que permitirá contribuir a la elaboración de un catálogo de objetos espaciales en órbita.<br />
La industria aeroespacial es muy importante para el país, tanto por su contribución al PIB nacional como por los numerosos puestos de trabajo altamente cualificados que aporta. Las capacidades únicas de nuestra industria aeroespacial y de defensa deben mantenerse y protegerse.<br />
Desde el punto de vista de la seguridad, y dado que no existen límites físicos o funcionales entre los espacios aéreo y ultraterrestre, se considera que ambos forman un único ámbito, el aeroespacial, en el que las amenazas y desafíos se desarrollan a gran velocidad, lo que implica un tiempo de reacción muy corto y, consecuentemente, sean necesarias estructuras de decisión en tiempo casi real apoyadas en sistemas de mando y control que dispongan de buenas capacidades; que sean fiables; que estén perfectamente coordinados, tanto a nivel nacional como internacional; y que estén permanente disponibles.<br />
En el aspecto normativo, los marcos legales de utilización del espacio aéreo y el ultraterrestre se basan en principios sustancialmente distintos; mientras que en el espacio aéreo rige el principio de soberanía nacional y uso flexible del espacio aéreo, el espacio ultraterrestre es considerado patrimonio común de toda la humanidad. Sin embargo, la regulación actual deja áreas de indefinición, como la delimitación del límite superior de la soberanía nacional del espacio aéreo, que en el futuro próximo puede ser una fuente de conflicto, al igual que el espacio ultraterrestre. Como muestra de ello, en el sector espacial han aparecido nuevos actores, como el denominado «Nuevo espacio», formado fundamentalmente por compañías privadas, que buscan nuevos modelos de negocio, tienen aspiraciones enfocadas más allá de la Tierra, y discuten, e incluso no aceptan, la capacidad normativa de los Estados sobre el espacio exterior.<br />
El segundo capítulo «Amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial» define los conceptos de amenaza y desafío, y determina que las vulnerabilidades principales del ámbito aeroespacial derivan de su condición de espacio global común, de la elevada tecnificación de toda la infraestructura que opera y de la gran interconectividad, que posibilita los «efectos en cadena».<br />
Las amenazas se agrupan en las seis áreas que define la Estrategia de Seguridad Nacional 2017: conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje y ciberamenazas. Dentro de cada área se desarrollan las amenazas específicas para el ámbito aeroespacial como las incursiones no autorizadas; los secuestros de aeronaves, incluyendo la posibilidad de usar la propia aeronave como arma; el sabotaje de aeronaves e instalaciones; la perturbación de sistemas de comunicaciones, posicionamiento y vigilancia; las ciberamenazas; el uso del transporte aéreo para actividades del crimen organizado tales como el tráfico de mercancías ilegales, de personas, de animales, etc.; y el uso de aeronaves no tripuladas para cometer atentados terroristas o tráficos ilícitos. Sin embargo, las dos amenazas más importantes, por su capacidad destructiva y devastadora, son la utilización del instrumento aeroespacial en conflictos armados y la proliferación de armas de destrucción masiva.<br />
Asimismo, los desafíos se agrupan en tres áreas: emergencias y catástrofes, epidemias y pandemias, y contaminación atmosférica y acústica; y dentro de cada una de ellas se desarrollan los desafíos específicos para el ámbito aeroespacial.<br />
Dadas las características propias del ámbito aeroespacial, muchas de las amenazas y desafíos pueden producirse fuera de los espacios de soberanía y jurisdicción españoles, siendo necesario seleccionar la respuesta en función de las responsabilidades nacionales y de los compromisos internacionales contraídos por España.<br />
El tercer capítulo «Objetivo, Principios y Líneas de Acción» aplica los principios rectores de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (Unidad de acción, Anticipación, Eficiencia y Resiliencia) a las cinco líneas de acción definidas en la misma para el ámbito aeroespacial, desarrollando medidas para cada una de ellas.<br />
1. Fomentar una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y departamentos con competencias en el espacio aéreo y ultraterrestre que permita establecer sinergias y abordar soluciones transversales.<br />
Esta línea de acción se desarrolla mediante medidas en las áreas de coordinación, estructuras, formación y adiestramiento, y cultura de seguridad, para mejorar la toma de decisiones, la formación y adiestramiento avanzado del personal en gestión de crisis, la divulgación en la sociedad de la cultura de seguridad aeroespacial y las estructuras necesarias para llevar a cabo respuestas ágiles y adecuadas.<br />
2. Fortalecer las capacidades de los organismos e instituciones nacionales, tanto públicos como privados, con competencias en estos ámbitos, para hacer frente a las diversas amenazas y desafíos propios del espacio aéreo y ultraterrestre.<br />
Se desarrolla con medidas legales, de incremento y mejora de las capacidades de vigilancia, control y defensa del espacio aéreo, de vigilancia y seguimiento del espacio ultraterrestre, de supervivencia de infraestructuras críticas, de consolidación de la base industrial, de protección del medio ambiente, etc.<br />
3. Perseverar en el análisis de riesgos y evaluación de medidas contra ciberataques, actos terroristas o delictivos u otros conflictos que afecten a las instalaciones aeroportuarias o al transporte aéreo, dentro o fuera del espacio aéreo español.<br />
Se aborda esta línea de acción, con medidas en las áreas de ciberamenazas, terrorismo y desafíos, entre las que destacan el desarrollo de una política integral de ciberseguridad aeroespacial, la necesidad de canales específicos de distribución de inteligencia sobre amenazas específicas, y el incremento de capacidades del sistema español de seguimiento y vigilancia espacial.<br />
4. Impulsar un desarrollo normativo del uso civil de aeronaves pilotadas remotamente que garantice el necesario equilibrio entre la seguridad de las personas, instalaciones y demás usuarios del espacio aéreo, y el desarrollo tecnológico y económico de un sector pujante de la economía española.<br />
La regulación de los múltiples aspectos que implica la operación de aeronaves no tripuladas es condición indispensable para liberar el potencial del sector. La regulación se desarrolla a nivel nacional e internacional, y es muy compleja porque hay que compatibilizarla con otras regulaciones que ocupan el mismo espacio. En el contexto de la seguridad aeroespacial, las medidas de tipo legal deben complementarse con la concienciación y sensibilización en su empleo, el desarrollo de capacidades contra aeronaves no tripuladas y su normativa de aplicación.<br />
5. Apoyar el papel de España en el ámbito internacional, dentro del marco de compromisos y responsabilidades asumidos en materia de seguridad aérea y ultraterrestre.<br />
Se sustancia con una serie de medidas de inversión, participación y representación, acuerdos bilaterales y multilaterales, mejora de la interoperabilidad, programas duales, coordinación meteorológica y de fenómenos de meteorología espacial, y coordinación para prevención de enfermedades contagiosas.<br />
El cuarto capítulo «La Seguridad Aeroespacial en el Sistema de Seguridad Nacional» define la arquitectura orgánica de la seguridad aeroespacial. Bajo la dirección del Presidente del Gobierno, la estructura se compone de tres órganos: el Consejo de Seguridad Nacional, como Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional; el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial que apoyará al Consejo de Seguridad Nacional y asistirá al Presidente del Gobierno en la dirección y coordinación de la política de Seguridad Nacional en el ámbito de la seguridad aeroespacial, así como fomentando las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas y entre estas y el sector privado, y el Comité de Situación que actuará de forma complementaria al Consejo de Seguridad Nacional y, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, gestionará las situaciones de crisis del ámbito aeroespacial, que por su transversalidad o dimensión, desborden las capacidades de respuesta de los mecanismos habituales.<br />
CAPÍTULO 1<br />
Visión integral de la Seguridad Aeroespacial<br />
Aspectos generales del ámbito aeroespacial<br />
El ámbito aeroespacial conecta todos los puntos de la Tierra y en él se desarrollan actividades tan fundamentales para la sociedad moderna que sería difícil concebir la vida actual sin ellas. Es transversal, facilita y potencia el crecimiento de todos los ámbitos, por lo que la interrupción o degradación de servicios aeroespaciales, por cualquier causa, tiene un potencial altamente disruptivo, con implicaciones en el normal desenvolvimiento económico y social de la nación, así como en su seguridad, pudiendo llegar a convertirse en un factor desestabilizante si se prolonga en el tiempo.<br />
El ámbito crece de forma rápida y constante, y su valor se refleja en los servicios basados o posibilitados por las infraestructuras aeroespaciales en sectores tan relevantes como seguridad y defensa, meteorología, energía, telecomunicaciones, economía, transporte, marítimo, aviación, ingeniería, desarrollo urbano, ocio, turismo y otros muchos. Todos los sectores hacen un uso recurrente e intensivo de los servicios aeroespaciales para su normal funcionamiento.<br />
La tecnología aeroespacial es un elemento indispensable en el funcionamiento de las sociedades modernas, sus activos forman parte de las infraestructuras críticas, y desempeña un papel crucial para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Sin ella no hubiera sido posible llevar a cabo los avances que han posibilitado el desarrollo social actual. Su protección, y la de las infraestructuras que la albergan, son una prioridad para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad.<br />
El espacio aéreo y ultraterrestre es, al mismo tiempo, una fuente de oportunidades y de riesgos. Sus servicios deben ser protegidos de los desafíos y amenazas que puedan causar su interrupción o degradación, bien sea por causas naturales, meteorológicas, laborales o accidentes que por usos malintencionados o violentos como las interferencias ilícitas (atentados, secuestro y sabotaje), la alteración de las señales emitidas en el espacio, el espionaje, las ciberamenazas, las acciones terroristas y los conflictos armados.<br />
La Ley de Seguridad Nacional de 2015 incluye la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre entre los ámbitos de especial interés de la seguridad nacional, y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 considera que en los espacios comunes globales (ciberespacio, espacio marítimo y espacio aéreo y ultraterrestre) cualquier disrupción puede suponer una rápida desconexión funcional e informativa y aconseja el desarrollo del mecanismo de gestión de crisis.<br />
España, de acuerdo a sus capacidades y peso económico, es uno de los principales socios europeos del sector aeroespacial. Este sector es clave para el desarrollo económico y la seguridad de la nación y, consecuentemente, es fundamental garantizar un acceso adecuado a este ámbito, por lo que es necesario el desarrollo de una estrategia aeroespacial homogénea, desde la perspectiva genérica de la seguridad nacional, que permita alcanzar los objetivos marcados en la Estrategia de Seguridad Nacional vigente.<br />
Aspectos generales del sector aéreo en España<br />
España, por su especial distribución geográfica, tiene un área de responsabilidad aérea de un tamaño considerable (2.190.000 km2) que representa un desafío de gran magnitud e implica un importante esfuerzo desde el punto de vista de los compromisos nacionales e internacionales: servicios de Control Aéreo, Búsqueda y Rescate, y Vigilancia Aérea relacionada con los flujos migratorios y las actividades ilícitas en el mar.<br />
Para garantizar permanentemente la defensa del espacio aéreo nacional, España cuenta con el Mando de Defensa y Operaciones Aéreas. Cuenta con un potente sistema de mando y control que vigila, detecta, identifica, clasifica y, si es necesario, neutraliza, los objetos aéreos que penetran en el espacio aéreo de soberanía, responsabilidad o interés nacional y está enlazado y coordinado con el sistema de control y gestión civil del espacio aéreo de ENAIRE; a su vez, ambos sistemas están integrados respectivamente en los sistemas de defensa aérea de la OTAN y de gestión y control del espacio aéreo europeo (EUROCONTROL).<br />
En el dominio de la aviación civil, el transporte aéreo es un elemento vertebrador del Estado y uno de los sectores estratégicos de la economía nacional. La disposición del territorio nacional con la península, los archipiélagos Canario y Balear, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como su situación entre los continentes europeo y africano, y su orientación abierta al océano Atlántico y mar Mediterráneo, le confieren considerables ventajas para convertirse en un auténtico nodo del transporte aéreo intercontinental (Europa-África-América).<br />
Las cifras del transporte aéreo, en crecimiento constante los últimos años, significan la importancia del mismo para la economía nacional: 266 millones de pasajeros; 690 compañías aéreas, que operan en el país y unen 48 aeropuertos con 350 destinos diferentes en más de 140 países; 36 compañías españolas que movieron 88 millones de pasajeros; 2,3 millones de operaciones; 1,1 millones de Tm de carga. El gestor aeroportuario español (AENA), cuya propiedad mayoritaria corresponde al Estado, es el mayor gestor mundial de infraestructuras aeroportuarias.<br />
La contribución directa del sector aeronáutico español (transporte aéreo, aeropuertos, navegación aérea e industria aeronáutica) supone un 2,5% del PIB nacional y genera más de 100.000 empleos directos de alto valor añadido debido a su estabilidad, calidad y alta cualificación. El sector aeronáutico transporta al 80% de los turistas que eligen nuestro país; y el turismo, que es nuestra primera industria nacional, aporta el 15% del PIB y da trabajo a casi tres millones de personas.<br />
La industria aeronáutica española se encuentra entre las primeras potencias mundiales con empresas de primera línea y presencia internacional. La fortaleza de la base industrial aeroespacial nos permite disponer de la capacidad de controlar todo el ciclo de vida (diseño, desarrollo, producción, soporte) de una aeronave completa, integrar aviones y sistemas, ser líderes en el desarrollo y bienes de equipo para la fabricación de composites para aeronaves, y disponer de empresas auxiliares de muy alta capacitación tecnológica.<br />
En el área de aeronaves no tripuladas, el crecimiento del sector ha sido exponencial y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ya tiene registrados más de 3600 operadores, 4600 pilotos y 5400 aeronaves. La entrada en vigor del RD 1036/2017 ha ampliado el número de escenarios en los que poder realizar operaciones aéreas con aeronaves tripuladas remotamente y ha posibilitado un desarrollo económico en sectores como la agricultura, energía, cine, fotografía y vídeo, levantamientos aéreos (topografía y fotogrametría), construcción, minería, etc. Esta nueva normativa ha representado un fuerte impulso para el desarrollo del sector, mejorando nuestra competitividad, fomentando la creación de empleo de alta cualificación y disminuyendo el impacto ambiental.<br />
Aspectos generales del sector espacial en España<br />
España es un país con un alto uso y dependencia de los sistemas espaciales, y dispone de capacidades espaciales propias en telecomunicaciones, observación de la tierra, meteorología, teledetección y, vigilancia y seguimiento espacial. Además, como Estado miembro de la UE, tiene acceso a la utilización de las capacidades desarrolladas por los programas espaciales de la UE.<br />
España es miembro de varias organizaciones internacionales con actividades espaciales como la Agencia Europea del Espacio, EUMETSAT (la organización europea para la explotación de satélites meteorológicos y estudio del clima), la Agencia Europea de Defensa, la UE, la OTAN y la ONU. Participa en los principales proyectos internacionales y europeos del sector espacial, y aloja en su territorio importantes infraestructuras espaciales nacionales e internacionales.<br />
La gestión de la política espacial por parte de la administración española, la coordinación y colaboración de los departamentos ministeriales se regula mediante comités de coordinación: el Comité Interministerial de Sistemas Globales de Navegación por Satélite, el Comité Director del Programa Nacional de Observación de la Tierra, la Comisión Interministerial de política industrial y tecnológica del espacio, y la Comisión de Seguimiento Interministerial de Sistemas de Vigilancia y Seguimiento Espacial.<br />
El país cuenta en la actualidad con un extenso catálogo de medios espaciales en forma de infraestructuras, centros de investigación, tejido industrial y sistemas espaciales en funcionamiento, que nos sitúan entre los principales actores del sector espacial internacional. Con estos medios se atienden necesidades de organizaciones públicas, privadas y de los ciudadanos, y también aquellas relacionadas con la defensa y la seguridad. Disponemos de sistemas de comunicaciones seguras, sistemas de observación de la Tierra, sistemas de posicionamiento por satélite… gracias al esfuerzo creciente y continuado del sector, respaldado por la inversión proveniente, en su mayor parte, de las administraciones públicas.<br />
En el área de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite, Galileo y EGNOS (sistema de aumento de precisión e integridad de la señal de la constelación de satélites GPS y Galileo) constituyen la solución de la UE para sistemas de posicionamiento y la única infraestructura íntegramente de su propiedad. La UE estima que en el futuro el 11% del PIB de la UE dependerá de los sistemas de posicionamiento debido al creciente número de aplicaciones que utilizan su señal.<br />
Actualmente se está desarrollando la capacidad nacional de vigilancia y seguimiento espacial, que permite el seguimiento de reentradas atmosféricas, el estudio de fragmentaciones, la prevención de colisiones y el apoyo a los lanzamientos hacia el espacio. Para ello, se ha impulsado el Programa de Vigilancia y Seguimiento Espacial español, dentro de las contribuciones nacionales para la Agencia Europea del Espacio.<br />
Esta capacidad posiciona a España entre las pocas naciones con posibilidad de contribuir a la elaboración de los imprescindibles catálogos de objetos espaciales en órbita, gracias a la combinación de sistemas ópticos y radáricos, adecuadamente integrados en un centro de operaciones. De esta forma, España se encuentra preparada para participar en futuras iniciativas de mutualización de capacidades de vigilancia, seguimiento y control en el espacio ultraterrestre. Adicionalmente, esta capacidad prepara a la nación para avanzar en el campo de la seguridad aeroespacial ante la posibilidad de que, en un futuro próximo, el espacio se convierta en un área de enfrentamiento entre las grandes potencias, EE.UU., Rusia y China, que actualmente compiten por el liderazgo mundial en el espacio.<br />
La industria espacial española dispone de amplias capacidades en todos los segmentos (vuelo, tierra, lanzadores) que van desde la fabricación de equipos hasta la integración de sistemas complejos (satélites, centros de operaciones, etc.); también tiene presencia en el sector de aplicaciones y servicios, con varios operadores de satélites. El sector emplea alrededor de 3.500 personas, con un altísimo porcentaje de trabajadores de alta cualificación.<br />
El espacio es rentable para la nación, para la sociedad y para la industria: es un depósito de conocimiento, permite importantes aplicaciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, posee implicaciones relevantes en materia de seguridad y es una fuente de creación de empleo de alta cualificación. La demanda de servicios de satélites continuará incrementándose y el Estado apoyará al sector para disponer de la mayor autonomía posible, reduciendo la dependencia de otras potencias en el suministro de servicios fundamentales para el funcionamiento y la economía del país.<br />
El espacio proporciona discreción y libertad de acción, está débilmente regulado, excepto en materia de comunicaciones, tiene un potencial económico enorme y la creciente facilidad de acceso introduce nuevos actores, estatales y no estatales (organizaciones, empresas, individuos…), que compiten por los recursos. Eso lo convierte en un foco potencial de disputas, amenazas y desafíos que las naciones deberán afrontar individual y colectivamente.<br />
Marco regulatorio en el ámbito aeroespacial<br />
Las reglas de utilización del espacio aéreo y del espacio ultraterrestre se fundamentan en principios sustancialmente distintos: mientras que el principio de soberanía estatal rige sobre el espacio aéreo nacional, el espacio ultraterrestre es considerado como patrimonio común de toda la humanidad; esto se explica por el distinto momento histórico en que se han ido desarrollando las actividades en uno y otro, y la percepción de la amenaza que representaban.<br />
El espacio aéreo dispone de un marco legislativo muy ligado a la progresiva tecnificación de los medios de transporte aéreo, y que funcionalmente atiende a los ámbitos de la seguridad operacional, la protección de la aviación civil frente a actos de interferencia ilícita, y otros aspectos, principalmente comerciales y económicos, calidad, derechos del pasajero, y medioambientales. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas, es la fuente primaria de normativa de la que derivan la mayoría de las normas de los 192 Estados que actualmente forman parte de la Organización; una buena parte de la normativa OACI se incorpora directamente a nuestro ordenamiento jurídico, a través de Reglamentos o Directivas de la UE.<br />
La seguridad aeroespacial nacional se basa en una serie de normas esenciales: la Ley 5/2005 de Defensa Nacional, la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, la Ley 8/2011 por la que establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea y la Ley 48/1960 de Navegación Aérea. En lo que respecta al ámbito de la aviación civil, los organismos que se ocupan de la seguridad son el Comité Nacional de Seguridad para la Aviación Civil creado por RD 550/2006, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, creada por RD 184/2008.<br />
La Ley 48/1960 de Navegación Aérea, que está en parte derogada o superada por otras normas, sigue siendo una referencia básica a la hora de configurar el entorno jurídico del espacio aéreo español. En lo que respecta al espacio aéreo de soberanía, la Ley define con claridad su delimitación horizontal, pero no la vertical, ya que no existe un acuerdo internacional sobre el límite del espacio ultraterrestre a partir del cual la soberanía del Estado subyacente deja de ser efectiva. Esta laguna legal cobra mayor importancia con los actuales avances tecnológicos y la carrera espacial, y está pendiente de resolución por la comunidad internacional.<br />
En el sector de las aeronaves no tripuladas, la normativa nacional (RD 1036/2017) regula, en el espacio aéreo de soberanía nacional, la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto cuyo peso sea menor de 150 Kg, posibilitando el desarrollo del sector y garantizando la seguridad de las operaciones. El enorme desarrollo previsto en este sector exige completar la regulación, a nivel nacional e internacional, de la operación de aeronaves no tripuladas en todo el espacio aéreo, lo cual representa un enorme reto técnico y de seguridad.<br />
En el espacio, la ausencia de derechos de soberanía y la libertad de exploración en condiciones de igualdad explican la naturaleza de los instrumentos internacionales que regulan su utilización. Uno de los grandes retos que presenta el ámbito espacial, por su condición de espacio global, es la dificultad de dotarle de un marco regulatorio aceptado y ratificado por todas las naciones.<br />
La Guerra Fría trajo la regulación de las actividades en el ámbito espacial y las Naciones Unidas impulsaron una serie de tratados, acuerdos, convenios, principios y resoluciones conexas que se encuentran actualmente en diferentes estados de ratificación, firma y aceptación de derechos y obligaciones, sin que ninguno, a excepción del de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, esté ratificado por todos los países.<br />
Los tratados más importantes como el Tratado del Espacio de 1967, que constituye la piedra angular de la gobernanza del espacio exterior, y el de la «Prohibición de realizar ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre o submarinos», de 1963, también han sido ratificados por las principales potencias.<br />
Todas estas normas se hicieron antes de 1983, cuando la percepción de los satélites era de objetos cuya tecnología y coste sólo estaba al alcance de los Estados más poderosos. Hoy en día, el aprovechamiento de componentes estándares comerciales, para reducir los costes de producción y el tiempo de desarrollo, ha proporcionado una facilidad de acceso al espacio que ha cambiado esa visión y ha dado lugar al denominado «Nuevo Espacio» en el que las compañías privadas, fundamentalmente, irrumpen con nuevas tecnologías, ideas de gestión y competitividad, para crear un nuevo modelo de negocio con aspiraciones enfocadas más allá de la Tierra, donde realizar actividades de todo tipo que van desde la operación de pequeños satélites en órbitas bajas, hasta la minería en el espacio exterior, la recogida de basura espacial y la colonización de otros planetas. Se estima que su crecimiento será exponencial en los próximos años, dadas su efectividad, fiabilidad y rentabilidad.<br />
Los acuerdos que España ha ratificado en las Naciones Unidas, determinan que el Estado es responsable subsidiario de las actividades espaciales que puedan hacer sus nacionales (personas, entidades públicas o empresas) y en consecuencia se ha identificado la necesidad de regular las actividades espaciales que puedan llevar a cabo operadores no estatales.<br />
Con la creciente facilidad de acceso al espacio se produce una mayor competencia, particularmente en la asignación y utilización de órbitas y de frecuencias de radio. En este entorno, la necesidad de regulación se vuelve necesariamente mayor y pone a prueba la eficacia del marco jurídico internacional. En consecuencia, varios países ya están tomando medidas para proteger sus activos en el espacio o para denegar su acceso a otros actores; tal es la criticidad de asegurar su acceso, que el espacio está comenzando a vislumbrarse como un futuro escenario de conflicto.<br />
Dos espacios, una Estrategia de Seguridad<br />
El espacio aéreo y el ultraterrestre, no son elementos separados ni desde el punto de vista físico, ni funcional. Desde el punto de vista físico, no es posible establecer límites entre ellos claramente definidos, pues presentan una clara continuidad física y no hay un punto evidente donde acaba uno y empieza otro, al no existir barreras naturales que los delimiten.<br />
El espacio aéreo y el ultraterrestre están altamente tecnificados, en continua evolución, y con un gran potencial de desarrollo. Desde el punto de vista del empleo del espectro electromagnético ambos se comportan como un único medio cuyas capacidades, en su desarrollo, son además completamente dependientes del Ciberespacio.<br />
Desde un punto de vista legal, en los tratados internacionales hay una falta de definiciones ampliamente aceptadas sobre la delimitación vertical entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre y, por tanto, no hay una altitud que determine claramente cuál es el espacio aéreo de soberanía de un país. El tráfico aéreo civil actual tiene como límite práctico actual los 18 km de altitud y los satélites normalmente operan por encima de los 160 km de altitud, pero la evolución de la tecnología está contribuyendo a que esa «franja intermedia» se utilice crecientemente con fines científicos, comerciales y militares, sin que por el momento haya ninguna regulación en vigor aunque la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y diversos organismos europeos, están estudiando las operaciones en el «espacio aéreo de gran altitud» y la transición al espacio aéreo desde la zona orbital y suborbital.<br />
Desde el punto de vista de la seguridad, se debe tener presente que todo objeto que pueda alcanzar la superficie de la Tierra proveniente del espacio ultraterrestre y que pueda constituir una amenaza o un desafío, ineludiblemente tendrá que transitar por la «franja intermedia» y por el espacio aéreo, lo que hace necesario extender las funciones de vigilancia, detección, identificación y clasificación de dichos objetos para decidir la respuesta adecuada. Muchos de los sistemas empleados actualmente para vigilancia y control aéreo se utilizan también para la vigilancia espacial y cada día prestan más atención a esa «franja intermedia» de la atmósfera.<br />
Es importante recordar que el espacio aéreo está compartido por un elevado número de agentes, en ocasiones con intereses diferenciados, como las compañías aéreas, la aviación militar, la privada y la deportiva, los trabajos aéreos, y en los últimos tiempos, también las aeronaves tripuladas remotamente, que presentan un gran potencial de crecimiento y también de riesgos y amenazas.<br />
La inmediatez que caracteriza generalmente a las amenazas y desafíos aeroespaciales, implica que los sistemas de mando y control aeroespaciales deban estar permanentemente activados (24/7), coordinados, y dotados de los elementos de monitorización de la situación y de las estructuras de decisión, en tiempo casi real, que posibiliten la necesaria anticipación y rapidez en la respuesta.<br />
El espacio aéreo y el ultraterrestre se configuran en definitiva como un espacio unificado y continuo, verdadero elemento sustantivo en el que se desarrolla toda esta actividad, sometido a amenazas y desafíos comunes, y con una interdependencia funcional absoluta. Su seguridad se contempla de forma unificada y coherente, como lo es su propia naturaleza, a través de una estrategia de seguridad aeroespacial que los trata como un ámbito único, permitiendo incrementar la eficacia de las medidas a aplicar en la vigilancia, control e intervención de actividades, tanto aéreas como espaciales, por parte de las autoridades responsables.<br />
Intereses nacionales a proteger<br />
El secuestro aéreo que se produjo en 2001 para atentar contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, demostró que una aeronave civil podía ser utilizada como un arma con un alto poder destructivo contra edificios o instalaciones de cualquier tipo, causar miles de víctimas y generar un estado de terror en la sociedad. El secuestro de una aeronave de la compañía Germanwings en 2015 por un miembro de la tripulación con el objetivo de suicidarse, terminó con el asesinato de las 149 personas que iban a bordo cuando estrelló el aparato contra los Alpes franceses.<br />
Incidentes como los mencionados parecían improbables hasta que sucedieron. La imaginación para causar daños, muerte y destrucción, sembrar el pánico y el terror por cualquier causa racional o irracional, no parece tener límites y, desafortunadamente, hoy en día hay muchos medios disponibles para hacerlo.<br />
Todo ello nos lleva a identificar los principales intereses nacionales objeto de protección ante los desafíos y amenazas del ámbito aeroespacial; son los siguientes:<br />
– La vida de los españoles, su seguridad, bienestar e intimidad en la Tierra, aire o espacio;<br />
– El cumplimiento de la legislación nacional e internacional en el ámbito aeroespacial;<br />
– La libertad de navegación aérea y la seguridad de las aeronaves que transitan por el espacio aéreo de responsabilidad nacional;<br />
– El espacio aéreo de soberanía, responsabilidad o interés nacionales, frente a las incursiones no autorizadas de cualquier tipo;<br />
– El libre acceso y explotación segura del espacio;<br />
– Las infraestructuras, medios y servicios aeroespaciales de alto valor ante los desafíos y amenazas procedentes tanto del aire-espacio como de otros ámbitos;<br />
– Las capacidades de la industria aeroespacial nacional;<br />
– La salud de la sociedad ante la propagación intencionada o inintencionada, de agentes patógenos o sustancias tóxicas por medios aeroespaciales;<br />
– El medio ambiente aeroespacial.<br />
CAPÍTULO 2<br />
Amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial<br />
Introducción al concepto de amenaza y desafío en el ámbito aeroespacial<br />
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 contempla un catálogo general de amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional que es necesario particularizar al ámbito aeroespacial.<br />
Las amenazas a considerar son todas aquellas que comprometen o pueden socavar la Seguridad Nacional, entendiendo por amenaza un potencial daño, fruto de un acto deliberado y de naturaleza delictiva o ilícita. Entre ellas, por sus potenciales efectos sobre la Seguridad Nacional, destacan aquellas que puedan afectar al conjunto de infraestructuras con impacto en sectores estratégicos tales como la defensa, la energía, los flujos de información financiera o el normal funcionamiento de determinados servicios básicos para la sociedad.<br />
Los desafíos no tienen intencionalidad, pero pueden provocar situaciones de inestabilidad o propiciar el surgimiento de amenazas, agravarlas o acelerar su materialización. La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 contempla las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias, y los efectos derivados del cambio climático como factores con un potencial impacto sobre la seguridad aeroespacial.<br />
El ámbito aeroespacial posee una serie de características diferenciadoras que potencian su vulnerabilidad. Estas serían su condición intrínseca de espacio global común, la elevada tecnificación de la práctica totalidad de la infraestructura que en él opera y la alta posibilidad de efectos en cadena derivados de la gran interconectividad.<br />
Las amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial pueden producirse en los espacios de soberanía y jurisdicción aérea españoles, así como fuera de estos; en ambos casos la respuesta se arbitraría en función de las responsabilidades nacionales y de los compromisos internacionales contraídos por España.<br />
De forma genérica, las incursiones no autorizadas constituyen la amenaza más obvia que podría desarrollarse en el espacio aéreo. Estas incursiones tomarán la forma de amenaza cuando se trate de actos deliberados provocados por la acción humana, como es el caso del secuestro de aeronaves con fines terroristas, el sobrevuelo de misiles balísticos, los vuelos suborbitales y pseudo-satélites no autorizados sobre el territorio de soberanía nacional, las incursiones de aeronaves militares y civiles no autorizadas, las aeronaves no tripuladas con fines de inteligencia, las aeronaves utilizadas para contrabando o paso ilegal de fronteras, los ingenios con elementos de perturbación electromagnética, etc.<br />
Entre las incursiones no autorizadas hay que considerar las ciberamenazas que intentan explotar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y las telecomunicaciones del ámbito aeroespacial. Estas resultarían especialmente críticas en caso de afectar a la navegación, los sistemas de control aéreo, los sistemas de control embarcados en las aeronaves, las comunicaciones, la meteorología, la observación de la Tierra, etc. En este ámbito, el potencial disruptivo es muy grande porque al estar altamente tecnificado y sincronizado, los efectos se harían sentir de forma inmediata.<br />
En el ámbito aeroespacial, las amenazas evolucionan con la misma rapidez que la tecnología y el riesgo es no disponer de los medios y la organización necesarios para hacerles frente y poder reaccionar a tiempo.<br />
Los desafíos en el ámbito aeroespacial provienen principalmente de fenómenos y catástrofes no intencionados como la caída de meteoritos; la basura espacial incontrolada; las erupciones volcánicas; los terremotos; los fenómenos atmosféricos severos; los fenómenos de meteorología espacial; los accidentes; las emergencias; y las epidemias y pandemias, que pueden distribuirse por medios aeroespaciales y extenderse a humanos, animales y vegetales.<br />
Amenazas<br />
Conflictos Armados<br />
El empleo del instrumento aeroespacial tiene un impacto decisivo en el resultado de los conflictos armados y constituye una de las amenazas más letales a la que se puede enfrentar un Estado, ya que tiene la capacidad de actuar de forma precisa, contundente, rápida y en profundidad, contra los centros de gravedad, es decir, contra los intereses vitales y estratégicos de la nación.<br />
Los medios aeroespaciales tienen una gran versatilidad, permitiendo adecuar o modular la intensidad de la respuesta a la naturaleza de la amenaza. Su alta disponibilidad y velocidad les convierte en una de las más rápidas opciones de respuesta y su forma de actuar permite reducir el impacto mediático y político, al no necesitar ocupar el terreno del adversario.<br />
Entre los elementos principales del instrumento aeroespacial destacan los sistemas de vigilancia y control, pues son los «ojos» mediante los cuales es posible detectar e identificar las amenazas que se desarrollan en el ámbito aeroespacial y dirigir los medios de defensa oportunos (aeronaves, misiles superficie/aire en tierra o embarcados…) para hacerles frente. Por otra parte, los sistemas de control del tránsito aéreo civil mantienen un flujo seguro y ordenado del tráfico aéreo, contribuyendo a la identificación de los medios aéreos hostiles y, en su caso, al control y neutralización de los mismos.<br />
En consecuencia, tanto la protección física, electromagnética y cibernética de los sistemas de vigilancia y control, militares y civiles, como la capacidad para afectar a los medios correspondientes de un potencial adversario, son una prioridad para el instrumento aeroespacial.<br />
Una de las áreas en las que se ha experimentado una mayor evolución, es en el desarrollo de capacidades que impiden el acceso de las fuerzas propias a determinadas áreas o dominios en disputa, debido principalmente a la mejora sustancial de las capacidades de defensa aérea, y al incremento del alcance y tecnología de los misiles aire-aire, tierra-aire y tierra-tierra, lo que limita enormemente la autonomía estratégica de la que hasta ahora habían disfrutado los países de la OTAN y la UE en sus operaciones en el ámbito aeroespacial, y les obliga a desarrollar nuevas capacidades para hacerles frente.<br />
Debido a la posibilidad creciente de que determinados actores estatales y no estatales accedan a la tecnología necesaria para su desarrollo, los misiles balísticos e hipersónicos constituyen una de las amenazas que más preocupa a la comunidad internacional. Combatir esta amenaza requiere de importantes capacidades en inteligencia, así como medios para detectarla, y una capacidad de mando y control que permita establecer actuaciones para combatirla de una forma eficaz, con medios adecuados, tanto de forma autónoma como en colaboración con socios y aliados.<br />
Los satélites pueden verse amenazados en caso de conflicto. Cada día se incrementa la probabilidad de que la mayor parte de las naciones, e incluso organizaciones terroristas o criminales, dispongan en el corto-medio plazo de capacidades para neutralizar un satélite. Los países que disponen de la capacidad para lanzar un ataque letal sobre los activos en órbita, no es probable que lo realicen por el riesgo de dañar a los propios sistemas que provocaría la destrucción del aparato enemigo, si este desencadenase una reacción en cadena producida por la nube de desechos espaciales. Sí que es concebible, la neutralización e inutilización de sistemas espaciales por otros medios, fundamentalmente, infiltrándose en sus sistemas de control en tierra con el objetivo de suplantar a sus legítimos operadores o, simplemente, de inutilizarlos mediante sistemas de energía dirigida, perturbación electromagnética y ciberataques.<br />
Cualquier ataque a los satélites, de los que la sociedad española depende para obtener servicios esenciales (comunicaciones, información meteorológica, navegación, etc.), tendría enormes consecuencias económicas, sociales y de seguridad.<br />
Considerando todo lo anterior, las amenazas principales en el ámbito aeroespacial, en caso de conflicto armado, son las capacidades aeroespaciales del adversario, que incluyen, entre otros:<br />
– El armamento aire-aire y aire-tierra, y sus vectores lanzadores.<br />
– Los misiles balísticos y de crucero, incluidos los hipersónicos.<br />
– Las armas de energía radiada.<br />
– Los dispositivos disruptores de servicios esenciales (comunicaciones, navegación, control, servicios de posicionamiento, meteorología…).<br />
– Los satélites y medios anti-satélite.<br />
– Los mecanismos de captura de sistemas aeroespaciales.<br />
– Los ciberataques.<br />
Terrorismo<br />
Las organizaciones terroristas siempre han tenido al sector aéreo, principalmente la aviación comercial (aeronaves y aeropuertos), entre sus objetivos de primer nivel por la facilidad de conseguir un alto número de víctimas, la repercusión mediática y el impacto económico inmediato. Estas organizaciones mantienen la presión sobre el sector aprovechando las múltiples posibilidades que ofrece la evolución tecnológica, lo que genera una preocupación constante para mantener unos adecuados niveles de seguridad e implica un esfuerzo económico que afecta significativamente a las economías de los países.<br />
Las principales amenazas al sector aeroespacial son las siguientes:<br />
– El secuestro de aeronaves, acto ilícito por el que una persona o un grupo de personas se apoderan de una aeronave. La finalidad del secuestro va desde la utilización de los pasajeros rehenes para algún tipo de negociación hasta la de utilizar la aeronave como arma; esta amenaza, que se materializó por primera vez en los ataques terroristas del 11S, se denomina Renegade.<br />
– El sabotaje aéreo, acto intencionado que tiene como objetivo la destrucción o incapacitación de aeronaves, infraestructuras aeroportuarias y aeroespaciales, sistemas de navegación, comunicación y posicionamiento, y servicios aeronáuticos.<br />
– El ataque a una aeronave en vuelo utilizando armamento terrestre (Sistemas de defensa aérea portátiles, armamento ligero, armas antiaéreas, etc.), e incluso, armas de energía radiada.<br />
– El uso de dispositivos, como el láser, con el propósito de deslumbrar o cegar a pilotos, y más raramente a controladores, constituye una amenaza potencial creciente que puede llegar a tener consecuencias catastróficas.<br />
– Empleo de aeronaves ligeras para la comisión de atentados terroristas.<br />
– Empleo de aeronaves no tripuladas con el objetivo de provocar un incidente/accidente aéreo, utilizándolas directamente como armas, como elementos disruptores de la actividad aérea, o liberando con ellas armamento, explosivos, sustancias nocivas&#8230;<br />
– Ciberataques.<br />
– La captación y radicalización ideológica dirigidas a personal vinculado con el entorno aéreo: tripulaciones, controladores aéreos y trabajadores de aeropuertos, para inducirles a participar, planear y cometer actos terroristas.<br />
Además, el terrorismo tiene otros objetivos en los que puede utilizar elementos aeroespaciales o tecnológicos para cometer atentados.<br />
– Las aeronaves no tripuladas, son el elemento aéreo más recientemente incorporado al arsenal terrorista. La facilidad de adquisición y manejo de estas plataformas, su relativo bajo coste, la dificultad de controlar su operación, y sus múltiples posibilidades de empleo, sólo limitadas por la imaginación terrorista, las convierten en candidatas ideales para ser empleadas por el terrorismo. La ausencia de una base reguladora integral en su producción y comercialización facilita su uso para fines ilícitos.<br />
– La perturbación, interferencia o decepción de forma intencionada de las señales electromagnéticas empleadas por los sistemas de comunicaciones, navegación, vigilancia y control aeroespacial, constituye una amenaza, cuyo impacto puede llegar a ser crítico para el funcionamiento de los servicios necesarios, no sólo en el ámbito aeroespacial, sino también en el financiero, comercial, etc.<br />
Crimen organizado<br />
Los tráficos ilícitos constituyen la principal actividad desarrollada por la delincuencia organizada transnacional y frecuentemente emplean medios aéreos para transportar mercancías ilegales (drogas, productos falsificados, mercancías de contrabando, armas pequeñas y ligeras, etc.) y los beneficios obtenidos en ese comercio ilícito.<br />
El transporte aéreo es también uno de los medios principales utilizados para el tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos. Las conexiones aéreas de España, especialmente con Sudamérica o Asia, conforman los principales escenarios de riesgo, como destino o tránsito de dichos tráficos ilícitos.<br />
Para las organizaciones criminales los medios aeroespaciales constituyen una opción operativa importante y de fácil acceso para realizar tráficos ilícitos. Especialmente, en distancias cortas, los medios más empleados (avionetas, ultraligeros, helicópteros y aeronaves no tripuladas) son muy difíciles de detectar, identificar y clasificar, y consecuentemente, se dificulta enormemente la capacidad de intervención.<br />
Las organizaciones criminales pueden contar en algunas ocasiones, con la connivencia de empleados de las compañías aéreas y con la ayuda de trabajadores de las infraestructuras aeroportuarias, lo cual establece un escenario de especial vulnerabilidad.<br />
Por su naturaleza, la actividad principal de los tráficos ilícitos y las conductas asociadas para desarrollarla (por ejemplo, la falsificación de documentos de identidad de pasajeros o mercancías, o los ciberataques de apoyo) conforman una actividad relevante de riesgo por cuanto supone una vulneración de la capacidad de control preventivo en las rutas e infraestructuras aéreas<br />
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva<br />
La proliferación de armas con efectos potencialmente devastadores: nucleares, radiológicas, biológicas o químicas –NRBQ–, los medios aéreos utilizados para su transporte y los vectores utilizados para su diseminación (principalmente misiles), constituyen una de las principales amenazas para cualquier nación.<br />
La creciente facilidad de cualquier actor para poder acceder a la tecnología y a la información especializada necesaria para el desarrollo de vectores portadores y de armas de destrucción masiva, preocupa especialmente a la comunidad internacional. En la actualidad, más de treinta países disponen de misiles que pueden alcanzar objetivos situados a decenas de miles de kilómetros desde su lugar de lanzamiento, portando ojivas convencionales o de destrucción masiva (nuclear, bacteriológica, química&#8230;).<br />
Aún más grave, la posibilidad de que este tipo de armas caigan en manos de actores no estatales, organizaciones criminales o grupos terroristas es una realidad, por lo que disponer de las capacidades necesarias para combatirlas, independientemente del medio de transporte y diseminación que pueda ser utilizado, debe ser una prioridad para la nación y para toda la comunidad internacional.<br />
Espionaje<br />
Una de las primeras utilizaciones de los globos aerostáticos fue el reconocimiento militar. La ventaja que proporciona el dominio de la tercera dimensión ha impulsado a lo largo de los años el desarrollo de ingenios aeroespaciales que recogen información en todas las bandas de frecuencia y las procesan en beneficio de un propósito determinado.<br />
En los tiempos actuales, la información disponible en internet llega a todos los niveles, desde el Estado hasta el ciudadano de a pie, por lo que el espionaje utiliza cada vez más las fuentes abiertas. No obstante, la información obtenida desde ingenios aeroespaciales (aeronaves, aeronaves no tripuladas, micro-satélites, satélites) pertenecientes a Estados, organizaciones internacionales, alianzas, empresas e individuos, es mayor que nunca en la historia.<br />
El espacio ultraterrestre es el entorno preferido para las tareas de observación y recogida de información en todo el espectro de frecuencias. Cuenta con la enorme ventaja de un alcance global, operando fuera del área de soberanía de los Estados. Los medios aeroespaciales que operan en el espacio aéreo son especialmente útiles en tiempos de conflicto por la cantidad, calidad y precisión de los datos que pueden obtener, pero no pueden utilizarse fuera de esa circunstancia sin el permiso de los Estados.<br />
La franja intermedia del espacio aéreo no es formalmente espacio aéreo de soberanía, ya que no existe un acuerdo internacional sobre la delimitación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, pero su utilización por otro país sin permiso del país sobrevolado sería probablemente interpretada como una violación del espacio aéreo, que podría incluso desembocar en la neutralización del ingenio.<br />
Una parte importantísima del espionaje se realiza sobre las comunicaciones. La interceptación de comunicaciones, que transitan por el espacio aéreo y ultraterrestre, desde medios en tierra, en el aire y el espacio, representa una amenaza para la seguridad difícilmente cuantificable pero cierta. Las comunicaciones especialmente sensibles como las militares o las gubernamentales deben protegerse con medidas de protección de la transmisión y del contenido (encriptación), y el desarrollo de estas capacidades de protección es esencial y estratégica para el país.<br />
El espionaje ha superado hace mucho tiempo el contexto tradicional y, hoy en día, cobra especial relevancia el espionaje industrial. Para realizarlo, los países y las empresas utilizan todo tipo de técnicas y por supuesto utilizan profusamente los medios aeroespaciales (aeronaves, aeronaves no tripuladas, satélites…) para obtener información sensible. Las tecnologías y capacidades especiales, que puedan poseer las empresas nacionales del sector aeroespacial o de sectores relacionados, deben ser protegidas de esta amenaza.<br />
Ciberamenazas<br />
El sector aeroespacial está altamente tecnificado e intrínsecamente vinculado al dominio cibernético y constituye un objetivo de alto valor estratégico. Cuenta con un gran componente tecnológico de avanzados sistemas de información y telecomunicaciones, aislados o integrados en redes, que se distribuyen globalmente y dan servicio a un complejo entramado de centros de seguimiento y control, radares, comunicaciones digitales de voz y datos, aeronaves y sus sistemas a bordo, y diversas instalaciones aeroportuarias. El componente espacial de este ámbito contiene infraestructuras como estaciones de control y seguimiento de satélites, centros de operaciones para vigilancia espacial, centros de comunicaciones y de procesado de datos espaciales, con un elevadísimo grado de interconexión cibernética.<br />
Los objetivos a alcanzar con los ciberataques en el ámbito aeroespacial son muy diversos y pueden ir desde la modificación no autorizada de la información contenida en las bases de datos de los clientes, la filtración de información sensible, la alteración del mercado del tráfico aéreo, el debilitamiento de la posición competitiva de un competidor industrial hasta los ataques disruptivos contra los sistemas de las aeronaves, los sistemas de control de tierra, las ayudas a la navegación o los sistemas de coordinación de tráfico aéreo nacional, lo que podría afectar a la seguridad de las aeronaves, del transporte aéreo y de los viajeros.<br />
Para poder realizar ciberataques complejos en este dominio es necesario disponer de una gran cantidad de recursos que no están al alcance de todos, por lo que los atacantes más probables serían Estados extranjeros en el marco de operaciones híbridas.<br />
La tecnología es susceptible de presentar fallos de diseño, programación o fabricación, que pueden originar graves vulnerabilidades en los componentes y sistemas aeroespaciales. Los rápidos avances en el sector tecnológico provocan que, en ocasiones, los desarrollos en componentes y sistemas estén más orientados a la seguridad operativa y funcional que a su protección frente a agresiones externas lo que origina vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas. Para alcanzar un elevado nivel de seguridad aeroespacial es necesario alcanzar previamente la seguridad cibernética de sus sistemas componentes.<br />
Los ciberataques en el ámbito aeroespacial son una actividad de máxima rentabilidad. Un ciberataque efectivo podría provocar la inoperatividad total o parcial del elemento o sistema atacado, o una la falta de fiabilidad por la falsedad de la información que proporcionan o contienen. Ello podría suponer desde una interrupción o deficiencia menor en un servicio no esencial, hasta la disrupción de determinados sistemas y servicios críticos para la nación. De esta realidad resulta la imprescindible protección de los medios y servicios del sector aeroespacial contra ciberataques.<br />
Desafíos<br />
Emergencias y catástrofes<br />
Tal y como establece la actual Estrategia de Seguridad Nacional, las emergencias y catástrofes siguen siendo uno de los principales desafíos del mundo moderno. Su impacto no sólo afecta a la vida y salud de las personas sino, también, a los bienes patrimoniales, al medio ambiente y al desarrollo económico.<br />
En el ámbito aeroespacial las emergencias y catástrofes pueden afectar de forma muy importante al normal desarrollo de las actividades.<br />
Los desafíos principales procedentes del medio natural espacial son:<br />
– Las alteraciones causadas por la denominada «meteorología espacial» debidas a la actividad solar (tormentas, eyecciones coronales de masa, viento solar, emisión de partículas y radiación), a la radiación cósmica, y a las partículas de alta energía provenientes del espacio interestelar, provocan cambios en la magnetosfera terrestre, ionización de las capas altas de la atmósfera y tormentas geomagnéticas, cuyas consecuencias más adversas son el bloqueo de radiocomunicaciones, los daños de componentes electrónicos de satélites y en redes de transmisión de electricidad, la degradación de señales de sistemas satelitales de navegación y los daños por radiación a tripulantes de vehículos aeroespaciales. Los eventos extremos de meteorología espacial son raros (estadísticamente se producen cada 100 o 200 años), pero tienen un potencial catastrófico.<br />
– La entrada en la atmósfera terrestre de asteroides y cometas. Se estima que orbitan el sol, cerca de la Tierra, casi 10.000.000.000 (1010) de estos objetos mayores de un 1 m y más de 10.000.000 (107) mayores de 20 m. La probabilidad de entrada de objetos mayores de 10 m es de 1 cada 5 años; estos objetos pueden provocar daños en edificios y heridas en personas (como el evento de Chelyabinsk, Rusia, en 2013).<br />
Los desafíos principales procedentes de objetos espaciales artificiales (basura espacial, vehículos espaciales, satélites) son:<br />
– La colisión de estos objetos entre sí.<br />
– Sus explosiones o fragmentaciones.<br />
– Su entrada descontrolada en la atmósfera.<br />
Se estima que hay más de 750.000 objetos de más de 1 cm de tamaño que orbitan la Tierra, con potencial destructivo en caso de colisión con objetos activos. Al año entran en la atmósfera de forma descontrolada unas 100 toneladas de objetos, a un ritmo de 1 evento de tamaño medio-alto por semana. El problema es creciente debido al aumento de lanzamientos de objetos al espacio (mega constelaciones de pequeños satélites y pequeños lanzadores), al abaratamiento del acceso al espacio y la consecuente entrada de nuevos países y actores en la carrera espacial, y al denominado efecto Kessler de multiplicación de basura espacial por la colisión en cascada.<br />
Los desafíos principales procedentes de la atmósfera son:<br />
– La meteorología atmosférica que puede afectar a la calidad de los enlaces de transmisión y recepción de datos de satélites, así como a la toma de imágenes ópticas desde satélite. Los fenómenos meteorológicos adversos disminuyen la seguridad de las operaciones aéreas, condicionando las rutas de vuelo y los aeropuertos usados como alternativos.<br />
– Las erupciones volcánicas ya han demostrado el alto poder disruptivo al transporte aéreo. En 2010 la erupción en Islandia del volcán Eyjafjallajökull, provocó cancelaciones y desvíos masivos en toda Europa. Las cenizas volcánicas originadas por las erupciones volcánicas pueden formar nubes que representan un riesgo para el vuelo; suelen permanecer un tiempo considerable en la atmósfera, pudiendo originar graves consecuencias ambientales y económicas.<br />
– El cambio climático (entendido como cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos en un periodo de tiempo prolongado) puede incrementar el número de fenómenos meteorológicos extremos y adversos con consecuencias disruptivas para la aviación.<br />
Las catástrofes aeronáuticas, accidentes o desastres provocados, tienen un gran impacto mediático en la sociedad, generan desconfianza en el sector y alarma social.<br />
Asimismo, las emergencias aeronáuticas pueden convertirse en catástrofes si no pueden ser atendidas eficazmente por los organismos encargados de ejecutar los planes de reacción y los de protección civil, la búsqueda y localización de aeronaves siniestradas, la notificación de accidentes e incidentes, y la asistencia a víctimas y familiares.<br />
Epidemias y pandemias<br />
El transporte aéreo ha posibilitado los intercambios entre sociedades como nunca antes en la historia de la humanidad. Esta facilidad constituye, en sí misma, un riesgo para la propagación de epidemias y pandemias, ya sea de forma fortuita o premeditada, pues en muchos casos no es posible detectar a sus portadores con carácter previo a la realización del vuelo ni durante el mismo. El ébola, o el zika, son solo algunos ejemplos de virus que potencialmente podrían propagarse en medios de transporte aéreo si no se articulan los mecanismos de prevención adecuados.<br />
Los productos de origen animal frescos, madurados o curados, aerotransportados desde zonas afectadas por enfermedades contagiosas para el ganado, son capaces de portar patógenos viables, sirviendo de fuente de infección para otros animales. La fiebre aftosa y la peste porcina son algunos ejemplos.<br />
De igual modo, los productos vegetales pueden traer plagas o enfermedades muy peligrosas para bosques y cultivos.<br />
En los últimos años se está produciendo un incremento en el tráfico de animales (aves y reptiles entre otros) transportados en equipajes adaptados para el transporte por el pasajero, sin ningún tipo de control sanitario. Además, existe el riesgo de importación oculta en los equipajes de especies catalogadas en la normativa nacional como exóticas invasoras, que podrían acabar aniquilando especies autóctonas.<br />
Por último, las aeronaves en sí mismas pueden ser un medio de propagación de determinadas especies de insectos, como los mosquitos, que pueden provocar epidemias o plagas si no se toman las medidas de desinsectación apropiadas. Por ejemplo, los insectos son los agentes transmisores de la «Xylella fastidiosa», una plaga que ataca a diversas plantas como la vid, el olivo, el almendro, el ciruelo, el melocotón, el limonero y el laurel, sin que se haya encontrado un remedio.<br />
Contaminación atmosférica y acústica<br />
Un factor clave para la seguridad aeroespacial nacional es la compatibilización de las operaciones aéreas con el entorno, impulsando medidas que lleven a la disminución de ruidos y afecciones en el medio natural, así como a la reducción de las emisiones contaminantes.<br />
Con el crecimiento previsto del tráfico aéreo para las próximas décadas, los problemas medioambientales asociados a la operación de las aeronaves podrían suponer una limitación significativa al desarrollo económico en determinadas ciudades o regiones.<br />
Los sistemas espaciales apenas tienen impacto en la contaminación atmosférica con la excepción de los vehículos lanzadores y la vaporización o caída de objetos que hacen su reentrada en la atmósfera y que pueden contener sustancias tóxicas (como la hidracina). Con respecto a la contaminación acústica, el único impacto es el de los lanzadores, que afecta muy levemente a la población, debido a las localizaciones remotas de las bases de lanzamiento, la corta duración de los lanzamientos y su baja frecuencia.<br />
CAPÍTULO 3<br />
Objetivo, principios y líneas de acción<br />
Objetivo. Los principios rectores<br />
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 define para el ámbito aeroespacial el objetivo de «Garantizar la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre en un marco compartido y orientado a prevenir las amenazas y desafíos que en ellos se desarrollan, así como a neutralizar sus consecuencias, conforme a los principios de eficiencia y máxima coordinación, tanto en el empleo de las capacidades de análisis y evaluación como en las de respuesta ante los desafíos».<br />
Las distintas administraciones que configuran el Estado cuentan con una sólida estructura permanente que, debidamente coordinada, debe proporcionar a la sociedad un adecuado nivel de protección ante las amenazas previamente descritas, que evolucionan con la velocidad de los cambios tecnológicos.<br />
Dado que el ámbito aeroespacial es un entramado complejo en el que participan muchos países, asegurar la coordinación exterior con nuestros aliados mediante consultas bilaterales y multilaterales, entre otros medios, es vital para alcanzar la mayor eficiencia y resiliencia de nuestro sistema de seguridad aeroespacial cuya coordinación interna es condición indispensable e inexcusable para alcanzar un alto grado de coordinación externa.<br />
Los principios rectores definidos en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017: unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia, son plenamente aplicables en el ámbito de la seguridad aeroespacial.<br />
Unidad de Acción: Toda respuesta ante una incidencia en el ámbito de la seguridad aeroespacial que pueda implicar a distintos agentes del Estado se verá reforzada si es coherente, coordinada y se resuelve de manera rápida y eficaz, cualidades alcanzables a través de la adecuada preparación y articulación de la unidad de acción del Estado.<br />
Para conseguirla es necesario disponer de personal especializado con una preparación adecuada, que se alcanza mediante el entrenamiento, y la difusión de información entre los organismos implicados.<br />
Una gestión centralizada de las crisis que afecten al ámbito aeroespacial, permite mantener una visión completa de la situación de la amenaza o desafío, y posibilita el empleo de los recursos disponibles de forma más rápida, eficiente, coherente e integral.<br />
Anticipación: La especificidad del medio aeroespacial y de los actores implicados, demanda que existan mecanismos de anticipación en organismos especializados, que proporcionen la inteligencia aeroespacial necesaria para orientar la acción del Estado en situaciones de crisis.<br />
La anticipación prima las actuaciones preventivas sobre las reactivas. Disponer de sistemas eficaces, que compartan información en tiempo casi real, permite disponer de un adecuado conocimiento de la situación aeroespacial. Dicho factor resulta imprescindible para minimizar el tiempo de respuesta, lo que puede resultar crítico para reducir los efectos de las amenazas y desafíos.<br />
Eficiencia: La seguridad aeroespacial precisa del empleo de sistemas multipropósito de alto nivel tecnológico, que llevan asociados unas necesidades muy exigentes de operación y sostenimiento. Estos sistemas son en general muy complejos, requieren una planificación anticipada, y tienen un elevado coste derivado de su desarrollo, adquisición, operación y sostenimiento.<br />
El escenario actual y futuro está marcado por la austeridad económica, que unida a la responsabilidad social de obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles, obliga a orientar la acción aeroespacial del Estado hacia la optimización de los recursos dedicados a la seguridad aeroespacial. Unidad de acción, compartición de información e integración de recursos resultarán indispensables para alcanzar la eficiencia deseada.<br />
Resiliencia: La resiliencia es una característica fundamental que deben poseer los sistemas e infraestructuras críticas del ámbito aeroespacial. Tratándose de un sector clave y un capacitador de la actividad del resto de ámbitos, es previsible que se vea amenazado desde los primeros estadios de cualquier crisis.<br />
El Estado está obligado a asegurar la disponibilidad de los elementos que se consideren esenciales para la nación, mejorando su protección contra amenazas y desafíos. Especial mención merece el refuerzo que requieren, frente a las ciberamenazas o la perturbación electrónica, las redes de información y comunicaciones, y los sistemas de mando y control, elementos imprescindibles en el ámbito aeroespacial.<br />
Líneas de acción y medidas concretas<br />
Del objetivo genérico definido por la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, se derivan cinco líneas de acción que se desarrollan mediante una serie de medidas concretas para preservar la seguridad nacional en el ámbito aeroespacial.<br />
Línea de acción 1. Fomentar una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y departamentos con competencias en el espacio aéreo y ultraterrestre que permita establecer sinergias y abordar soluciones transversales<br />
Ante la presencia de una amenaza o desafío para la seguridad y, con el conocimiento de la situación aeroespacial, debe iniciarse un proceso de orientación y evaluación de las posibles opciones de respuesta. La necesidad de minimizar el posible impacto exige la existencia de unas estructuras y protocolos que minimicen el tiempo de reacción y agilicen la respuesta. Dichos mecanismos deben fortalecer los lazos transversales en la Administración, favoreciendo la delegación de competencias y la descentralización en la ejecución de acciones.<br />
Dado el alto coste, en recursos y en tiempo, de la adquisición de capacidades aeroespaciales, es esencial evitar duplicidades entre los distintos departamentos mediante un adecuado reparto de responsabilidades y medios. La designación de organismos proveedores de determinados servicios de forma centralizada para todo el Estado, en función de su mejor adecuación, experiencia o disponibilidad, redundará en la mejora del rendimiento global de los recursos. Este modelo estaría enfocado a alcanzar la unidad de acción aeroespacial del Estado, alineando sus esfuerzos para ser más sostenibles y más eficientes.<br />
Las medidas que desarrollan está línea de acción, hacen hincapié en cuatro áreas principales: Coordinación, Estructuras, Formación y Cultura de Seguridad.<br />
Coordinación:<br />
Mejorar y desarrollar la acción coordinada y el intercambio de información relevante entre los distintos niveles de la administración pública y con los elementos de la sociedad civil que se consideren necesarios, de forma que las autoridades designadas dispongan de la información necesaria y en tiempo útil para la toma de decisiones en situaciones de crisis.<br />
Específicamente:<br />
– Reforzar los mecanismos de coordinación y fomentar sinergias entre las distintas administraciones y organismos involucradas en la seguridad aeroespacial.<br />
– Hacer uso de todas las fuentes de información disponibles, incluyendo el «big data», la inteligencia artificial y la simulación de efectos de respuesta, para anticipar, en lo posible, las situaciones de crisis que puedan presentarse en el ámbito aeroespacial y preparar las respuestas adecuadas.<br />
– Impulsar la cooperación en materia de inteligencia e investigación criminal sobre los riesgos que amenazan al sector aeroespacial.<br />
– Impulsar la acción coordinada de los organismos estatales ante las amenazas y desafíos, estableciendo protocolos de actuación y desarrollando las capacidades necesarias.<br />
– Mejorar la coordinación e intercambio de información entre las distintas agencias y organismos que tienen responsabilidades en la regulación, producción, gestión, control y operación de aeronaves no tripuladas.<br />
– Establecer entre las distintas administraciones los planes de prevención y de respuesta encaminados a hacer frente al desafío de pandemias y epidemias que se puedan transmitir mediante el empleo del transporte aéreo.<br />
– Incrementar la eficiencia explotando las sinergias en capacidades aeroespaciales entre organizaciones dependientes de la administración, así como las colaboraciones con la empresa privada, promoviendo la optimización y distribución de los recursos de la forma más eficiente para un mejor aprovechamiento del gasto público.<br />
Estructuras:<br />
En el ámbito aeroespacial resulta crucial desarrollar y mantener una capacidad de respuesta suficientemente ágil y adecuada ante aquellos eventos que puedan afectar a la Seguridad Nacional. Dicha capacidad requiere de cuatro elementos esenciales:<br />
– Un sistema unificado de observación, vigilancia y control permanentes que permita conocer en tiempo casi real la situación aeroespacial y sus posibles amenazas.<br />
– Un sistema que aporte visibilidad integral sobre los medios de respuesta disponibles para llevar a cabo la acción correctora elegida.<br />
– Una estructura de decisión centralizada y ágil, basada en un marco regulador que favorezca la transversalidad y la descentralización de la ejecución.<br />
– Un componente humano experto que, empleando su formación, experiencia y la información disponible, sea capaz de orientar adecuadamente la situación y proponer opciones de respuesta.<br />
Formación y adiestramiento:<br />
– Mejorar aquellos aspectos relacionados con la formación y el adiestramiento avanzado en la actuación coordinada contra los diferentes escenarios de crisis, catástrofes y degradación de los sistemas asociados al ámbito aeroespacial.<br />
– Realizar regularmente ejercicios de gestión de crisis interministeriales e internacionales, para preparar el sistema de gestión de crisis en diferentes escenarios y evaluar su respuesta, resistencia y resiliencia.<br />
Cultura de seguridad:<br />
– Mejorar la cultura de seguridad aeroespacial en todos los ámbitos relevantes de la Administración Pública mediante reuniones periódicas de coordinación, jornadas divulgativas en materia de seguridad, seminarios específicos, etc.<br />
– Fomentar y divulgar la cultura de seguridad aeroespacial a todos los niveles de la sociedad mediante una política de información y comunicación social transparente, activa y participativa.<br />
– Aprovechar las tecnologías que permiten la compartición e interacción de información, de forma que la comunicación de las medidas de prevención y/o de las consecuencias de los riesgos y amenazas se haga de forma veraz, ágil, coherente y coordinada.<br />
Línea de acción 2. Fortalecer las capacidades de los organismos e instituciones nacionales, tanto públicos como privados, con competencias en estos ámbitos, para hacer frente a las diversas amenazas y desafíos propios del espacio aéreo y ultraterrestre<br />
Las medidas para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en el sector aeroespacial pueden clasificarse en dos grandes apartados, medidas de tipo legal y, medidas de incremento y mejora de las capacidades. Las primeras buscan establecer un marco legal claro que regule las actividades en el espacio aéreo y ultraterrestre, mientras que las segundas buscan el incremento y mejora de capacidades que permita hacer efectiva la seguridad aeroespacial.<br />
Medidas legales:<br />
– Seguir impulsando la regulación nacional e internacional del espacio ultraterrestre.<br />
– Dada la indefinición existente sobre el límite superior de la soberanía del espacio aéreo nacional y la previsible proliferación de ingenios aéreos que operarán por encima del espacio aéreo controlado, impulsar la regulación del espacio aéreo comprendido entre el actual espacio aéreo controlado y el espacio ultraterrestre, considerando las iniciativas internacionales y europeas en la materia.<br />
– Actualizar el código penal y la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (1964) para tipificar delitos en el ámbito aeroespacial, relacionados con la violación de las normas que regulan el empleo de los espacios aéreo y ultraterrestre, y que supongan una grave amenaza para los medios e infraestructuras aeroespaciales y consecuentemente, para la seguridad de los ciudadanos.<br />
Medidas de incremento y mejora de las capacidades:<br />
– Reforzar constantemente los sistemas nacionales, civil y militar, de vigilancia y control del espacio aéreo, para que incorporen información transversal de otros organismos, de forma que se incrementen sus capacidades de detección, identificación y clasificación, y su eficacia y resiliencia ante las amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial.<br />
– Impulsar el desarrollo de una capacidad nacional dual de vigilancia y seguimiento del espacio ultraterrestre, íntimamente interconectada e integrada con las capacidades de vigilancia, seguimiento y control del espacio aéreo.<br />
– Incrementar y mejorar las capacidades necesarias para hacer frente al empleo de plataformas aéreas en acciones contra la seguridad nacional, e impulsar la colaboración y coordinación entre el sistema nacional de vigilancia y control del espacio aéreo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y los entes autonómicos y locales, difundiendo y armonizando los procedimientos relativos a la detección de posibles comportamientos delictivos en este tipo de plataformas.<br />
– Desarrollar la capacidad de inteligencia espacial y la protección de los medios espaciales, para mantener nuestros servicios espaciales esenciales protegidos contra acciones de perturbación, guerra electrónica y destrucción, inhabilitación o neutralización.<br />
– Incrementar la capacidad de supervivencia de infraestructuras críticas aeroespaciales, en particular los sistemas de vigilancia, control y defensa aeroespaciales, y las redes de información y comunicaciones aeroespaciales, mediante la protección física y cibernética, el servicio de alerta de colisiones de satélites, y la disposición de redundancias que aumenten su resiliencia y garanticen su supervivencia en caso de la materialización de una amenaza, un fallo grave o una degradación sobrevenida.<br />
– Fortalecer y consolidar de forma colaborativa la base industrial nacional del sector aeroespacial, impulsando las capacidades tecnológicas e industriales propias y la participación en programas internacionales, tanto a nivel bilateral, multilateral o derivados de nuestra pertenencia a organizaciones como la Unión Europea y la OTAN, que permitan adquirir conocimiento y experiencia, obtener sinergias, compartir y aumentar el espectro de colaboración, así como reducir la inversión para la adquisición de dichas capacidades.<br />
– Fortalecer la industria aeroespacial nacional para obtener una mayor autonomía y soberanía, reduciendo la dependencia de terceros países.<br />
– Fomentar las sinergias de las actividades y tecnologías duales.<br />
– Impulsar la dimensión de seguridad en la innovación, la investigación básica y el desarrollo tecnológico.<br />
– Detectar amenazas y desafíos aeroespaciales mediante el desarrollo de nuevas herramientas que utilicen los avances tecnológicos en inteligencia artificial, «big data», etc.<br />
– Impulsar e implantar tecnologías avanzadas en el proceso de identificación de los viajeros que transitan por nuestros aeropuertos. Establecer bases de datos armonizables nacional e internacionalmente.<br />
– Activar los protocolos de actuación contra las pandemias liderados por las organizaciones competentes (principalmente OMS) y su coordinación con los protocolos nacionales.<br />
– Establecer y evaluar los protocolos nacionales contra pandemias.<br />
– Completar e incorporar medidas de protección medioambiental en el ámbito aeroespacial.<br />
Línea de acción 3. Perseverar en el análisis de riesgos y evaluación de medidas contra ciberataques, actos terroristas o delictivos u otros conflictos que afecten a las instalaciones aeroportuarias o al transporte aéreo, dentro o fuera del espacio aéreo español<br />
Ciberamenazas:<br />
Las características más preocupantes de las ciberamenazas son su impacto transversal, su globalidad por la ausencia de fronteras geográficas, su fácil expansión y propagación debido a la interconectividad, la dificultad en su detección, y la impunidad derivada de una compleja atribución. Por ello, es necesario afrontar esta amenaza al sector aeroespacial con medidas de fortalecimiento interno, inteligencia, cooperación internacional, y normativa y legislación.<br />
– Fortalecer las capacidades de prevención, detección, vigilancia y respuesta a los ciberataques, impulsando los planes contemplados en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y dotándolos de los recursos necesarios.<br />
– Adecuación de los sistemas informáticos y operativos al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en las Administraciones Públicas del ámbito aeroespacial.<br />
– Fomentar el empleo de soluciones, productos, sistemas y servicios confiables, certificados en entornos y equipos acreditados en redes sensibles.<br />
– Concienciar en ciberseguridad a los principales actores nacionales del sector aeroespacial, adoptando procedimientos y buenas prácticas como las relativas a las actualizaciones de seguridad de los sistemas.<br />
– Incorporar la Inteligencia sobre las ciberamenazas, para aportar un valor predictivo y estratégico, como complemento indispensable a las medidas de seguridad físicas y lógicas.<br />
– Utilizar medidas de contrainteligencia para ayudar a contrarrestar las ciberamenazas en el ámbito aeroespacial.<br />
– Fomentar la cooperación con otros estados y organizaciones internacionales para establecer un marco estratégico internacional de estabilidad cíber en el ámbito de la seguridad aeroespacial que posibilite la cooperación estratégica (creación de capacidades defensivas, intercambio de buenas prácticas, fomento de la presencia internacional, etc.) y la táctica (intercambio entre Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CERT), formación de expertos, etc.).<br />
– Impulsar el desarrollo de la legislación internacional específica cíber para establecer un marco legislativo común, como la Directiva europea de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información –NIS- traspuesta a la legislación nacional por el RDL 12/2018.<br />
– Implantar una política integral de ciberseguridad en el ámbito aeroespacial acorde a los principios establecidos en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que:<br />
• promueva arquitecturas de sistemas redundantes, resistentes y resilientes a agresiones cibernéticas;<br />
• gestione la obsolescencia de los sistemas aeroespaciales;<br />
• audite la ciberseguridad de los sistemas más críticos;<br />
• determine la formación específica en ciberseguridad del personal que opera y sostiene sistemas aeroespaciales;<br />
• organice ejercicios para evaluar los sistemas y el personal.<br />
– Incorporar criterios de ciberseguridad tanto en los documentos de definición de requisitos y de viabilidad de los procesos de obtención de capacidades aeroespaciales, como en las actividades de sostenimiento que se realizan a plataformas e instalaciones críticas vinculadas al sector.<br />
Terrorismo:<br />
En la lucha contra el terrorismo, el intercambio ágil de información es un elemento esencial para afrontar la amenaza a la que se enfrenta el sector aeroespacial por parte de las organizaciones terroristas. La gran capacidad de adaptación de estos grupos a las medidas de todo tipo que se adopten, exige de la existencia de unos canales específicos de distribución de inteligencia sobre:<br />
– amenazas específicas al sector aeroespacial, en el interior y el exterior de España;<br />
– tácticas, técnicas y procedimientos que estén desarrollando los grupos terroristas para soslayar las medidas de seguridad implementadas.<br />
Como complemento a las medidas anteriores, es indispensable incrementar la seguridad del personal que trabaja u opera en las instalaciones aeroportuarias e infraestructuras críticas asociadas al transporte aéreo mediante:<br />
– la determinación del nivel de clasificación de seguridad necesario para acceder a las áreas sensibles de dichas instalaciones e infraestructuras;<br />
– el impulso al desarrollo de la legislación pertinente y la determinación del procedimiento de obtención de la habilitación.<br />
Amenazas emergentes:<br />
– Mantener un adecuado nivel de inteligencia sobre el estado de los desarrollos tecnológicos emergentes que puedan ser empleados contra las capacidades aeroespaciales de la nación.<br />
Desafíos:<br />
– Desarrollar e implementar el conjunto de medidas técnicas, de continuidad de operaciones y de recuperación de desastres, en el marco de los planes sectoriales del ámbito de la Protección de la Infraestructuras Críticas (PIC), tanto para el subsector de transporte aéreo como para el sector espacio.<br />
– Incrementar las capacidades del Sistema Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial, en coordinación con las actividades realizadas en el marco de la Agencia Espacial Europea, la Unión Europea, y otros departamentos de la Administración Pública, para incluir mejoras y nuevas funcionalidades en el área de análisis de riesgos y evaluación de medidas de seguridad, específicamente en:<br />
• Las capacidades de detección de objetos espaciales;<br />
• Las capacidades de procesado, incluyendo catalogación y capacidades específicas para las necesidades de seguridad espacial<br />
• Las capacidades de provisión de servicios de vigilancia y seguimiento espacial para que puedan discriminarse los objetos catalogados e identificados como «actividad legal y registrada», de otros que puedan tener algún tipo de actividad o intención potencialmente hostiles.<br />
• Las capacidades de análisis ante los desafíos de la meteorología espacial, los asteroides y los cometas.<br />
• La coordinación y el intercambio de información con otros centros o servicios espaciales de seguridad (comunicaciones seguras, navegación segura, teledetección para seguridad).<br />
• La inclusión de nuevas capacidades de análisis ante las amenazas identificadas para los casos de conflictos armados, terrorismo, crimen organizado y espionaje.<br />
– Participar internacionalmente en la monitorización de la meteorología atmosférica y espacial e incorporar medidas de protección medioambiental en el ámbito aeroespacial.<br />
Línea de acción 4. Impulsar un desarrollo normativo del uso civil de aeronaves pilotadas remotamente que garantice el necesario equilibrio entre la seguridad de las personas, instalaciones y demás usuarios del espacio aéreo, y el desarrollo tecnológico y económico de un sector pujante de la economía española<br />
El sector de las aeronaves no tripuladas de uso civil tiene un enorme potencial, tanto por los innumerables usos que pueden tener como por el previsto peso económico que generará su actividad. Para liberar ese potencial, es condición indispensable regular los múltiples aspectos que implica su operación, y esta regulación se vuelve compleja cuando hay que hacerla compatible con otras regulaciones que ocupan el mismo espacio.<br />
En algunos aspectos, las aeronaves no tripuladas pueden ser tratadas como las tripuladas y puede reutilizarse la normativa aeronáutica, particularizada para estas aeronaves. En este sentido se enmarcan:<br />
– el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil, que establece y mantiene el nivel de seguridad que debe cumplir la aviación civil en la Unión Europea en la que se incluye a las aeronaves no tripuladas.<br />
– el RD 1036/2017, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto en el espacio de soberanía aérea nacional. Se aplica principalmente a aeronaves civiles con un peso máximo al despegue menor de 150 Kg. para la realización de trabajos técnicos o científicos (operaciones aéreas especializadas en términos de la UE). La norma fija todas las condiciones que deben cumplirse para autorizar estos trabajos técnicos.<br />
El desarrollo normativo tiene forzosamente que ir ligado al concepto de operación de las aeronaves no tripuladas. Por ejemplo, si se desea operar dentro de la circulación aérea general, tendrán que cumplir las mismas normas aplicables a las aeronaves tripuladas y con todas las garantías adicionales que exija el legislador; si el concepto de operación incluye operar múltiples aeronaves no tripuladas a baja altitud y dentro de un área urbana (concepto U-Space de la UE), la gestión del tráfico y la regulación serán muchísimo más complejas.<br />
El desarrollo del sector debe contemplar medidas ante la utilización irresponsable, ilícita o con fines terroristas de las aeronaves no tripuladas. Concretamente será necesario:<br />
– Impulsar los desarrollos normativos que permitan un mejor control, localización y registro de las aeronaves no tripuladas.<br />
– Desarrollar capacidades contra aeronaves no tripuladas y la normativa que regule su uso.<br />
– Promover la creación de centros de vigilancia, coordinación y control efectivo para aeronaves no tripuladas, principalmente en los espacios incluidos en el concepto U-Space, y establecer las normas de coordinación entre estos y los organismos del sistema nacional de vigilancia y control del espacio aéreo.<br />
– Coordinar y gestionar los aspectos de seguridad en el marco del sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, regulando el ámbito de actuación de cada uno de los organismos estatales con responsabilidades en el área de seguridad.<br />
– Promover actuaciones de concienciación y sensibilización sobre el empleo de aeronaves no tripuladas por particulares.<br />
– Desarrollar medidas legales punitivas específicas para el sector de las aeronaves no tripuladas.<br />
Línea de acción 5. Apoyar el papel de España en el ámbito internacional, dentro del marco de compromisos y responsabilidades asumidos en materia de seguridad aérea y ultraterrestre<br />
España tradicionalmente participa en múltiples programas, foros, comités y grupos de trabajo de organizaciones internacionales civiles y militares del ámbito aeroespacial. Su sistema de defensa aéreo está al nivel de los mejores de Europa y está interconectado e integrado en el de la Alianza Atlántica; igualmente, su sistema de control aéreo civil es uno de los mayores y más complejos de Europa y está interconectado con EUROCONTROL. En los últimos años se está desarrollando el Sistema Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial, como colaboración nacional al programa de la regulación actual Espacial de la Unión Europea, para extender la vigilancia y el seguimiento sobre las amenazas y desafíos provenientes del espacio ultraterrestre.<br />
La Alianza Atlántica reconoce que las capacidades basadas en el espacio son imprescindibles para el mando y control de las operaciones y como apoyo en la toma de decisiones, por lo que es esencial en la política defensiva y de disuasión. La cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Bruselas, julio 2018, acordó desarrollar la «Política Espacial de la Alianza».<br />
Las medidas para potenciar el ámbito aeroespacial en materia de seguridad incluyen:<br />
– Fomentar la inversión, participación activa y representación de España en todas las organizaciones, comités, programas, foros, iniciativas y grupos de trabajo internacionales en materia de seguridad aeroespacial de interés.<br />
– Suscribir acuerdos de seguridad aeroespacial bilaterales, fundamentalmente con los países limítrofes, y multilaterales, preferentemente con los países europeos más influyentes y las potencias espaciales globales, para apoyo mutuo en situaciones de crisis.<br />
– Potenciar la cooperación policial internacional en la investigación criminal de temas aeroespaciales de su competencia para amenazas de crimen organizado, terrorismo y cíber.<br />
– Potenciar los mecanismos de intercambio de información de vigilancia espacial con los centros y organismos (civiles y militares) de otras naciones cuya cobertura complementa y completa la de nuestro sistema de vigilancia espacial.<br />
– Asegurar la interoperabilidad con los sistemas de mando y control aeroespaciales de los países de la OTAN/UE, para el correcto desempeño de las funciones de seguridad y defensa en el espacio aéreo de soberanía, responsabilidad o interés nacional.<br />
– Utilizar los mecanismos de financiación comunitarios para fortalecer, consolidar y mejorar la base industrial aeroespacial, contribuyendo a la economía y seguridad de la nación.<br />
– Potenciar el desarrollo nacional e internacional de las capacidades espaciales de doble uso.<br />
– Mejorar la capacidad de previsión meteorológica y contribuir en el desarrollo de protocolos internacionales de prevención, alerta y actuación en caso de fenómenos meteorológicos adversos, inclusive los de origen ultraterrestre, en línea con los estudios y planes de protección establecidos para los fenómenos de Meteorología Espacial.<br />
– Cooperar internacionalmente para paliar los efectos nocivos de la aviación mediante la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables y biocombustibles, y la disminución del ruido en los entornos aeroportuarios.<br />
– Impulsar la coordinación internacional para la prevención y control de la propagación de enfermedades contagiosas a través del sistema de transporte aéreo internacional.<br />
CAPÍTULO 4<br />
La Seguridad Aeroespacial en el Sistema de Seguridad Nacional<br />
La visión integral de la seguridad aeroespacial plasmada en esta estrategia, los riesgos y amenazas detectados que le afectan, los objetivos y líneas de acción trazados para dar una respuesta conjunta y adecuada a la preservación de la seguridad aeroespacial bajo los principios que sustentan el Sistema de Seguridad Nacional, determinan la necesidad de contar con una estructura orgánica precisa a estos efectos, que estará constituida por los siguientes componentes, bajo la dirección del Presidente del Gobierno:<br />
A. El Consejo de Seguridad Nacional.<br />
B. El Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial.<br />
C. El Comité de Situación, único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional ante situaciones de crisis.<br />
Organización de la Seguridad Aeroespacial<br />
A. El Consejo de Seguridad Nacional<br />
El Consejo de Seguridad Nacional, configurado como Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, asiste al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad Nacional.<br />
B. El Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial<br />
El Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial dará apoyo al Consejo de Seguridad Nacional para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, en la asistencia al Presidente del Gobierno en la dirección y coordinación de la Política de Seguridad Nacional en el ámbito de la seguridad aeroespacial.<br />
Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial:<br />
– Apoyar a la toma de decisiones del Consejo de Seguridad Nacional en materia de seguridad aeroespacial mediante el análisis, estudio y propuesta de iniciativas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.<br />
– Apoyar al Consejo de Seguridad Nacional en materias de planificación y coordinación de la política de Seguridad Nacional relacionadas con la seguridad aeroespacial.<br />
– Reforzar las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas con competencias relacionadas con el ámbito de la seguridad aeroespacial, así como entre los sectores público y privado.<br />
– Contribuir a la elaboración de propuestas normativas en materia de seguridad aeroespacial para su consideración por el Consejo de Seguridad Nacional.<br />
– Evaluar el grado de desarrollo y cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional e informar al Consejo de Seguridad Nacional.<br />
– Impulsar los estudios necesarios y hacer propuestas para que la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional evolucione armónicamente con respecto a la normativa aeroespacial nacional e internacional, y a otras estrategias con dimensión internacional.<br />
– En el ámbito de la seguridad aeroespacial: valorar los riesgos asociados a las amenazas y desafíos; analizar posibles escenarios de crisis y su evolución; elaborar y mantener actualizados los planes de respuesta; formular directrices, en el ámbito de la seguridad aeroespacial, para la realización de ejercicios de gestión de crisis, evaluando los resultados de su ejecución; todo ello en coordinación con los órganos y autoridades directamente competentes.<br />
– Proponer la creación de comités y grupos de trabajo, permanentes o temporales, para la realización de determinadas funciones especializadas y, en su caso, aprobar su composición, incluyendo los expertos del sector público y privado necesarios.<br />
– Aprobar y, en su caso, elevar los trabajos, estudios o informes de los comités y grupos de trabajo.<br />
– Todas aquellas otras funciones que le encomiende el Consejo de Seguridad Nacional en el marco de la seguridad aeroespacial.<br />
La composición del Consejo de Seguridad Nacional Aeroespacial reflejará el espectro de los ámbitos de los departamentos, organismos y agencias de las Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad aeroespacial, para coordinar aquellas actuaciones que se deban abordar de forma conjunta con el fin de elevar los niveles de seguridad.<br />
En el Consejo podrán participar otros actores relevantes del sector privado y especialistas cuya contribución se considere necesaria.<br />
En el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial será apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional en su condición de Secretaría Técnica y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional.<br />
C. El Comité de Situación<br />
El Comité de Situación será convocado para llevar a cabo la gestión de las situaciones de crisis en el ámbito de la seguridad aeroespacial que, atendiendo a la acentuada transversalidad o dimensión e impacto de sus efectos, produzcan el desbordamiento de los límites de capacidad de respuesta eficaz por parte de los mecanismos previstos, siempre respetando las competencias asignadas a las distintas Administraciones Públicas y a los efectos de garantizar una respuesta inmediata, coordinada y eficaz a través de un solo órgano de dirección político estratégica de la crisis.<br />
El Comité de Situación y el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial actuarán de forma complementaria, cada uno en su ámbito de competencias, pero bajo la misma dirección estratégica y política del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente del Gobierno.<br />
El Comité de Situación será apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional con el fin de garantizar su interconexión con los centros operativos implicados y dar una respuesta adecuada en situaciones de crisis, facilitando su seguimiento y control y la trasmisión de las decisiones.<br />
Para el cumplimiento eficaz de sus funciones de apoyo al Comité de Situación, el Departamento de Seguridad Nacional podrá ser reforzado por personal especializado proveniente de los departamentos ministeriales u organismos competentes, los cuales conformarán la Célula de Coordinación específica en el ámbito de la seguridad aeroespacial.<br />
Implantación:<br />
La puesta en marcha del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial y del Comité de Situación, y la armonización de su funcionamiento con los órganos existentes, se realizará paulatinamente mediante la aprobación de las disposiciones normativas necesarias y el reajuste de las vigentes, con el objetivo de alcanzar el funcionamiento coordinado y eficiente de estos componentes del Sistema de Seguridad Nacional.</p>
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		<title>Atribuciones Ingemieros GALICIA</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Atribuciones Ingemieros|Galicia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DECRETO 45/2019, de 11 de abril, por el que se aprueba la modificación parcial de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución española, la Ley orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma gallega, transfiere en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, complementando así el ámbito competencial determinado en el artículo 27.29 del Estatuto de autonomía de Galicia. La propia Ley orgánica prevé, tal como expone el mandato constitucional, la transferencia de los servicios necesarios, que se lleva a cabo de forma efectiva a través del Real decreto 1643/1996, de 5 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de colegios oficiales o profesionales. Teniendo en cuenta dicho traspaso, el Decreto 337/1996 estableció la asunción de funciones transferidas a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real decreto 1643/1996, asignándole las funciones a la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales (en la actualidad Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, según la estructura establecida en el Decreto 74/2018, de 5 de julio). La Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia, dictada en virtud de la citada competencia, dispone en su artículo 16, que los colegios profesionales disfrutarán de autonomía para la elaboración, aprobación y modificación de sus estatutos, sin más límites que los establecidos por el ordenamiento jurídico. El artículo 18 de la misma norma establece la obligatoriedad de comunicar a la consellería competente en materia de colegios profesionales los estatutos aprobados, así como sus modificaciones. Dando cumplimiento a esta disposición, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia acordó en Junta General, la modificación parcial de sus estatutos, que fueron presentados ante esta Administración a los efectos de su aprobación definitiva mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, de conformidad con lo CVE-DOG: yixqc4v7-xpy7-kdg0-md69-8k4vo4zxjjw3 DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Pág. 20955 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia dispuesto en el artículo 18 de la Ley 11/2001, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia. En virtud de lo expuesto, y verificada la adecuación a la legalidad de la modificación de los estatutos presentados, a propuesta del vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión de once de abril de dos mil diecinueve, DISPONGO: Artículo 1. Objeto 1. Aprobar la modificación parcial del Decreto 62/2017, de 22 de junio, por el que se aprueban los estatutos y la modificación de la denominación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia, por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia. 2. La modificación afecta al artículo 26, que queda redactado con el contenido que figura como anexo a este decreto. Artículo 2. Publicación e inscripción Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Galicia y la inscripción correspondiente en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia. Disposición final única. Entrada en vigor Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, once de abril de dos mil diecinueve Alberto Núñez Feijóo Presidente Alfonso Rueda Valenzuela Vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia CVE-DOG: yixqc4v7-xpy7-kdg0-md69-8k4vo4zxjjw3 DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Pág. 20956 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia ANEXO Modificación parcial de los estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia Artículo 26. La Junta de Gobierno 1. La Junta de Gobierno, que es el órgano ejecutivo y representativo del Colegio solo subordinado a la Junta General, será elegida por votación entre sus propios colegiados y constará de un decano-presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cuatro vocales, uno por cada provincia. 2. La duración de los cargos será de cuatro años, renovándose por mitades cada dos. En la primera renovación entrarán el decano-presidente, el tesorero y dos vocales y en la segunda el vicepresidente, el secretario y otros dos vocales. 3. Quien desempeñe el cargo de decano-presidente deberá encontrarse en el ejercicio de la profesión y su cargo no será superior a dos legislaturas consecutivas. Deberán ser, asimismo, ejercientes los restantes miembros, según establece el artículo 47.e) de estos estatutos, si bien estos podrán ser reelegidos sin limitación alguna. 4. El cargo de secretario podrá ser retribuido, siempre y cuando desempeñe jornada laboral en el domicilio o sede del Colegio. Todos los demás cargos son de carácter no retribuido sin perjuicio de que los presupuestos del Colegio consignen las partidas precisas para atender a los gastos inherentes a los cargos directivos, incluido el abono de dietas y otras compensaciones económicas, que deberán figurar desglosadas. 5. Cuando la elección de cualquier cargo de la Junta de Gobierno se haga por vacante y no por finalización de mandato, la duración en el cargo del elegido será solo hasta el final del mandato del cargo que produjo la vacante. 6. Dentro de la Junta de Gobierno podrá constituirse una comisión permanente para atender los asuntos urgentes que no puedan esperar a la convocatoria y celebración de la Junta de Gobierno. La Comisión Permanente estará formada por el decano-presidente, el secretario, el vicepresidente y el tesorero, estando válidamente constituida cuando estén presentes al menos los dos primeros y uno de los dos últimos. Sus acuerdos deberán someterse a la ratificación de la Junta de Gobierno en la primera reunión que se celebre. CVE-DOG: yixqc4v7-xpy7-kdg0-md69-8k4vo4zxjjw3 DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Pág. 20957 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia 7. En caso de no existir candidato para cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno a la fecha de finalización</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DECRETO 45/2019, de 11 de abril, por el que se aprueba la modificación parcial de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7733"></span><br />
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución española, la Ley orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma gallega, transfiere en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, complementando así el ámbito competencial determinado en el artículo 27.29 del Estatuto de autonomía de Galicia.<br />
La propia Ley orgánica prevé, tal como expone el mandato constitucional, la transferencia de los servicios necesarios, que se lleva a cabo de forma efectiva a través del Real decreto 1643/1996, de 5 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de colegios oficiales o profesionales.<br />
Teniendo en cuenta dicho traspaso, el Decreto 337/1996 estableció la asunción de funciones transferidas a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real decreto 1643/1996, asignándole las funciones a la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales (en la actualidad Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, según la estructura establecida en el Decreto 74/2018, de 5 de julio).<br />
La Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia, dictada en virtud de la citada competencia, dispone en su artículo 16, que los colegios profesionales disfrutarán de autonomía para la elaboración, aprobación y modificación de sus estatutos, sin más límites que los establecidos por el ordenamiento jurídico. El artículo 18 de la misma norma establece la obligatoriedad de comunicar a la consellería competente en materia de colegios profesionales los estatutos aprobados, así como sus modificaciones.<br />
Dando cumplimiento a esta disposición, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia acordó en Junta General, la modificación parcial de sus estatutos, que fueron presentados ante esta Administración a los efectos de su aprobación definitiva mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, de conformidad con lo<br />
CVE-DOG: yixqc4v7-xpy7-kdg0-md69-8k4vo4zxjjw3<br />
DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Pág. 20955<br />
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia<br />
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 11/2001, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia.<br />
En virtud de lo expuesto, y verificada la adecuación a la legalidad de la modificación de los estatutos presentados, a propuesta del vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión de once de abril de dos mil diecinueve,<br />
DISPONGO:<br />
Artículo 1. Objeto<br />
1. Aprobar la modificación parcial del Decreto 62/2017, de 22 de junio, por el que se aprueban los estatutos y la modificación de la denominación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia, por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia.<br />
2. La modificación afecta al artículo 26, que queda redactado con el contenido que figura como anexo a este decreto.<br />
Artículo 2. Publicación e inscripción<br />
Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Galicia y la inscripción correspondiente en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia.<br />
Disposición final única. Entrada en vigor<br />
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.<br />
Santiago de Compostela, once de abril de dos mil diecinueve<br />
Alberto Núñez Feijóo Presidente<br />
Alfonso Rueda Valenzuela Vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia<br />
CVE-DOG: yixqc4v7-xpy7-kdg0-md69-8k4vo4zxjjw3<br />
DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Pág. 20956<br />
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia<br />
ANEXO Modificación parcial de los estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia<br />
Artículo 26. La Junta de Gobierno<br />
1. La Junta de Gobierno, que es el órgano ejecutivo y representativo del Colegio solo subordinado a la Junta General, será elegida por votación entre sus propios colegiados y constará de un decano-presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cuatro vocales, uno por cada provincia.<br />
2. La duración de los cargos será de cuatro años, renovándose por mitades cada dos. En la primera renovación entrarán el decano-presidente, el tesorero y dos vocales y en la segunda el vicepresidente, el secretario y otros dos vocales.<br />
3. Quien desempeñe el cargo de decano-presidente deberá encontrarse en el ejercicio de la profesión y su cargo no será superior a dos legislaturas consecutivas. Deberán ser, asimismo, ejercientes los restantes miembros, según establece el artículo 47.e) de estos estatutos, si bien estos podrán ser reelegidos sin limitación alguna.<br />
4. El cargo de secretario podrá ser retribuido, siempre y cuando desempeñe jornada laboral en el domicilio o sede del Colegio. Todos los demás cargos son de carácter no retribuido sin perjuicio de que los presupuestos del Colegio consignen las partidas precisas para atender a los gastos inherentes a los cargos directivos, incluido el abono de dietas y otras compensaciones económicas, que deberán figurar desglosadas.<br />
5. Cuando la elección de cualquier cargo de la Junta de Gobierno se haga por vacante y no por finalización de mandato, la duración en el cargo del elegido será solo hasta el final del mandato del cargo que produjo la vacante.<br />
6. Dentro de la Junta de Gobierno podrá constituirse una comisión permanente para atender los asuntos urgentes que no puedan esperar a la convocatoria y celebración de la Junta de Gobierno. La Comisión Permanente estará formada por el decano-presidente, el secretario, el vicepresidente y el tesorero, estando válidamente constituida cuando estén presentes al menos los dos primeros y uno de los dos últimos. Sus acuerdos deberán someterse a la ratificación de la Junta de Gobierno en la primera reunión que se celebre.<br />
CVE-DOG: yixqc4v7-xpy7-kdg0-md69-8k4vo4zxjjw3<br />
DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Pág. 20957<br />
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia<br />
7. En caso de no existir candidato para cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno a la fecha de finalización de presentación de las candidaturas, se considerará automáticamente prorrogado el cargo sin candidatura en el colegiado que lo venía desempeñando hasta ese momento, por el tiempo que vaya a transcurrir hasta el siguiente proceso electoral.</p>
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