Durante cuarenta años hemos regulado cómo convivir con el amianto en los edificios. El Real Decreto 847/2026 cambia la pregunta: ya no se trata de contener el riesgo, sino de empezar a eliminarlo.
España lleva reglamentando los trabajos con amianto desde 1984, primero mediante la Orden del Ministerio de Trabajo que aprobó el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, después mediante el Real Decreto 396/2006, que incorporó la Directiva 2003/18/CE. Durante todo ese tiempo, el modelo ha sido esencialmente el mismo: delimitar el riesgo, medirlo, protegerse de él. El Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, que transpone la Directiva (UE) 2023/2668 y deroga expresamente aquel real decreto de 2006, introduce un matiz que no es menor: declara, en su propio preámbulo, que las iniciativas europeas recientes han supuesto «un cambio de paradigma en los trabajos con amianto, orientándolos hacia el objetivo común de conseguir su eliminación en la Unión Europea en un plazo razonable». De la gestión del riesgo a su erradicación. El cambio de verbo no es cosmético: tiene traducción jurídica concreta, y esa traducción es la que conviene valorar.
La norma reduce el valor límite ambiental de exposición diaria a 0,01 fibras por centímetro cúbico y, en consecuencia, cambia de método analítico: adiós a la microscopía óptica, bienvenida la microscopía electrónica, capaz de detectar fibras más finas que antes no se contaban. Pero el cambio que de verdad transforma la práctica profesional está en el artículo 6.1: «se priorizará la retirada ordenada y segura de los materiales con amianto […] frente a cualesquiera otras formas de manipulación». Hasta ahora, encapsular, sellar o simplemente vigilar un material en buen estado era una opción perfectamente legítima y, con frecuencia, la más barata. A partir de esta norma, sigue siendo posible, pero ha dejado de ser la opción neutra: es la excepción que hay que justificar, no la retirada.
Esa inversión de la carga argumental es, a mi juicio, el verdadero centro de gravedad del real decreto, y conviene no perderlo entre el ruido de los valores límite y los nuevos formularios del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto. El artículo 11.1.a) admite no retirar el amianto solo «en el caso de que dicha retirada cause un riesgo aún mayor a las personas trabajadoras que si el amianto […] se dejara in situ». Es una excepción razonable, pensada para evitar que la obsesión por eliminar fibras acabe generando más fibras en el aire de las que había antes de empezar. Pero es también una excepción indeterminada: la norma no dice cómo se mide ese «riesgo aún mayor», ni qué grado de acreditación técnica exige. Quien decida no retirar tendrá que convencer, con un informe en condiciones, a la autoridad laboral que debe aprobar el plan de trabajo. Quien no lo haga, se expone a que su plan se tropiece en el trámite administrativo, o peor, a que la decisión se revele equivocada cuando ya es demasiado tarde.
El segundo gran movimiento de la norma es, en realidad, el presupuesto silencioso del primero: no se puede priorizar la retirada de lo que no se sabe que está ahí. El artículo 10.2 obliga, antes de demoler, mantener o rehabilitar locales construidos antes de la prohibición del amianto en España, a identificar los materiales que puedan contenerlo, recurriendo a información documental y, si esta no existe o es insuficiente, a un operador técnicamente cualificado. Es una obligación de sentido común que, sin embargo, lleva cuarenta años sin estar formulada con esta claridad. El parque edificado español anterior a los años noventa está lleno de fibrocemento, calorifugados y paneles que nadie documentó bien en su momento, y cuya trazabilidad depende hoy de archivos municipales incompletos, memorias técnicas perdidas y propietarios que, sencillamente, no lo saben. La norma no resuelve ese problema de fondo —no podía hacerlo—, pero sí traslada con nitidez la responsabilidad de resolverlo: quien no pueda acreditar documentalmente la ausencia de amianto, deberá encargar el examen técnico. Dejar de identificar no es ya una omisión menor: es, directamente, incumplir.
¿A quién afecta todo esto? A las empresas que inscriben su actividad en el RERA y que ahora deben vigilar con más atención los plazos de renovación —tres años, prorrogables, con la obligación añadida de renovar en seis meses si ya estaban inscritas antes de esta norma—. A los arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros que, mientras no haya un desarrollo reglamentario específico sobre quién puede realizar el examen de identificación, se encuentran habilitados por la propia norma para hacerlo si acreditan dos años de experiencia en trabajos con amianto. A las direcciones de obra, que deben incorporar el resultado de esa identificación al estudio de seguridad y salud del Real Decreto 1627/1997, convirtiendo un dato técnico en un documento con valor jurídico. Y, por supuesto, a las personas trabajadoras, cuyos datos de exposición y vigilancia sanitaria deberán conservarse durante un mínimo de cuarenta años: una cifra que no es arbitraria, sino que refleja la cruda realidad biológica del amianto, capaz de manifestarse en forma de mesotelioma varias décadas después de la última fibra inhalada.
¿Es una buena norma? Lo es en su diseño: proporcionada, porque no convierte la retirada en un mandato absoluto e irreflexivo; exigente, porque desplaza el centro de la diligencia a la fase previa, donde realmente se puede evitar el daño; y coherente con el objetivo declarado de ir reduciendo progresivamente el amianto presente en los edificios y las instalaciones españolas. Su punto débil no está en el texto, sino en lo que el texto no puede controlar: la calidad real de la información documental sobre edificios que tienen, en muchos casos, más de medio siglo. Ahí, la norma deposita toda su confianza en la figura del operador cualificado, y de la solidez de esa figura —de que realmente se forme, se exija y se audite— dependerá que el cambio de paradigma anunciado en el preámbulo se traduzca en menos fibras en el aire, o se quede, una vez más, en una declaración de intenciones bien redactada.
La lección de fondo, para quien tenga que aplicar esta norma desde el primer día, es sencilla de enunciar y exigente de cumplir: a partir de ahora, no basta con preguntarse cómo protegerse del amianto mientras se trabaja con él. Hay que empezar a preguntarse, antes de nada, por qué no se está retirando ya.


