Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
«BOE» núm. 263, de 23 de octubre de 2026
Análisis:
- Objeto y régimen jurídico: En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición al amianto durante el trabajo, así como la prevención de tales riesgos.
- Obligaciones de la empresa
- Registros, documentación e intercambio de información
- Reconocimiento de la capacidad técnica de los laboratorios especializados en los análisis de amianto
- ANEXO I: Requisitos para la toma de muestras y el análisis cuantitativo (recuento de fibras) y cualitativo (identificación de amianto en materiales)
- ANEXO II: Ficha de comunicación de inicio de los trabajos con amianto
- ANEXO III: Requisitos mínimos de formación de las personas trabajadoras
- ANEXO IV: Ficha para el registro de datos de la evaluación de la exposición al amianto
- ANEXO V: Ficha de vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas al amianto
- ANEXO VI: Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA)
- ANEXO VII: Enfermedades relacionadas con la exposición al amianto
RESUMEN:
El amianto constituye un importante riesgo para la salud de las personas trabajadoras debido a su capacidad para provocar enfermedades graves. Su presencia en numerosos entornos laborales exige una regulación específica que garantice una protección adecuada, conforme a la Constitución Española, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la normativa de la Unión Europea.
La legislación española sobre exposición laboral al amianto ha evolucionado progresivamente mediante la incorporación de distintas directivas europeas, hasta consolidarse en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. La aprobación de la Directiva (UE) 2023/2668, de 22 de noviembre de 2023, hace necesaria una nueva adaptación normativa, orientada a reforzar la prevención y avanzar hacia la eliminación del amianto en la Unión Europea.
El nuevo real decreto introduce medidas más exigentes de protección, entre las que destacan la reducción del valor límite de exposición diaria al amianto, la actualización de los métodos de medición, la prioridad de retirar los materiales que contienen amianto frente a otras formas de manipulación y la identificación obligatoria de estos materiales por personal cualificado en determinados trabajos de demolición, mantenimiento y rehabilitación. También establece pruebas de ajuste de los equipos de protección respiratoria, garantiza al menos diez minutos de aseo personal antes de cada comida, refuerza la formación teórica y práctica de los trabajadores y actualiza los procedimientos de aprobación de planes de trabajo e inscripción de empresas especializadas.
La norma se estructura en veinticuatro artículos distribuidos en cuatro capítulos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, y siete anexos. Regula las obligaciones empresariales en materia de evaluación de riesgos, prevención, protección individual, higiene, formación, vigilancia de la salud y planificación de los trabajos con amianto. Asimismo, establece requisitos documentales, procedimientos de registro empresarial y criterios para el reconocimiento de laboratorios especializados.
Entre sus disposiciones transitorias destaca la obligación de las empresas previamente inscritas de renovar su inscripción en el Registro de empresas con riesgo por amianto en un plazo de seis meses, así como el establecimiento de un régimen temporal para determinadas metodologías de medición hasta el 20 de diciembre de 2029. La nueva regulación deroga expresamente el Real Decreto 396/2006 y contempla la actualización de la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Finalmente, el real decreto se fundamenta en los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, garantizando igualmente la protección de los datos personales. Su aprobación responde a los compromisos europeos de seguridad laboral, a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y a los objetivos de desarrollo sostenible, con la finalidad de reducir la exposición al amianto, prevenir enfermedades profesionales y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Comentarios de Ayuda a la interpretación Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
CONCORDANCIAS
CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA
ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL
CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN
GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL
RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA
MAS INFORMACION
1. Concordancias normativas
El Real Decreto 847/2026 se dicta en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo artículo 6 habilita a las normas reglamentarias para concretar los aspectos técnicos de las medidas preventivas (artículo 1.1). El artículo 1.2 y 1.3 ordena la aplicación plena y complementaria del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Reglamento de los Servicios de Prevención), del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos) y del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (agentes químicos), «sin perjuicio de las disposiciones más específicas o rigurosas» del propio real decreto. El artículo 10.2 remite al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, para la incorporación de la identificación de materiales con amianto al estudio de seguridad y salud. El artículo 8.1 remite al Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección individual. En materia de residuos, el preámbulo cita, sin integrarlas en el articulado laboral, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre residuos de construcción y demolición, como marco con el que la norma debe coexistir sin alterarlo.
La disposición derogatoria única deroga expresamente el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que hasta ahora regulaba esta materia, así como «cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan» al nuevo real decreto; no consta en el texto una relación nominativa de otras normas derogadas tácitamente, por lo que cualquier incompatibilidad deberá apreciarse caso por caso. La disposición final segunda identifica la norma como instrumento de incorporación de la Directiva (UE) 2023/2668, que modifica la Directiva 2009/148/CE; esta, a su vez, había codificado la Directiva 83/477/CEE y sus sucesivas modificaciones (Directiva de 1991 y Directiva 2003/18/CE), que fueron en su día transpuestas por la Orden de 31 de octubre de 1984 y normas complementarias, hoy ya derogadas con anterioridad por el propio Real Decreto 396/2006. La disposición transitoria primera mantiene, no obstante, la obligación de conservar los datos y documentación archivados al amparo de aquella Orden de 1984 y del Real Decreto 396/2006, en los términos en que dichas normas la establecían, de modo que la derogación no libera del deber de custodia documental previamente generado. La disposición final tercera habilita a los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Sanidad para el desarrollo reglamentario conjunto y para las adaptaciones técnicas de los anexos, y reserva a las autoridades competentes en materia de inspección de máquinas, equipos, instalaciones, vehículos e infraestructuras la determinación de las cualificaciones para el examen del artículo 10.2, con un régimen transitorio aplicable hasta que dicho desarrollo se produzca.
2. Cinco conceptos clave de la norma
Valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED). El artículo 4.1 lo fija en 0,01 fibras por centímetro cúbico, como media ponderada en ocho horas, computándose fibras de longitud superior a 5 micrómetros, diámetro inferior a 3 micrómetros y relación longitud/diámetro superior a 3, así como las de diámetro inferior a 0,2 micrómetros. El preámbulo señala que esta disminución del valor, respecto del régimen anterior, conlleva un cambio de metodología analítica, abandonándose la basada en microscopía óptica en favor de la microscopía electrónica (anexo I, apartado 3), si bien la disposición transitoria tercera permite seguir aplicando hasta el 20 de diciembre de 2029 el método MTA/MA-051 de microscopía óptica de contraste de fases u otro de confianza equivalente. El concepto irradia sobre toda la arquitectura preventiva de la norma: determina cuándo deben reforzarse las medidas técnicas (artículo 6), cuándo resultan obligatorios los equipos de protección respiratoria (artículo 8.1) y cuándo debe paralizarse el trabajo (artículo 7.c).
Prioridad de retirada del amianto. El artículo 6.1 ordena priorizar «la retirada ordenada y segura» de los materiales con amianto y su sustitución por otros no peligrosos frente a cualquier otra forma de manipulación, principio que se reitera en el artículo 11.1.a) como contenido obligatorio del plan de trabajo, con la única excepción tasada de que la retirada genere un riesgo mayor que dejar el material in situ. Constituye el cambio de enfoque más relevante respecto de una regulación centrada en la gestión del riesgo, y obliga a las empresas a justificar documentalmente cualquier alternativa a la retirada.
Identificación obligatoria de materiales con amianto en edificaciones preexistentes. El artículo 10.2 exige, antes de trabajos de demolición, mantenimiento o rehabilitación en locales anteriores a la prohibición del amianto en España, agotar las vías de información disponible y, en su defecto, encargar un examen a un operador cualificado, reflejando el resultado en el estudio de seguridad y salud del Real Decreto 1627/1997 o en la evaluación de riesgos. Es el presupuesto de todo el régimen preventivo posterior: sin identificación correcta, el plan de trabajo que sobre ella se construye queda materialmente desprovisto de base.
Plan de trabajo y su procedimiento de aprobación. El artículo 11 exige un plan de trabajo previo a cada actividad con riesgo de exposición, con un contenido mínimo detallado en trece letras, y permite sustituirlo por un plan único de carácter general en los supuestos tasados del artículo 11.4. El artículo 12 regula su aprobación por la autoridad laboral competente, con informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y de los órganos técnicos autonómicos, plazo de cuarenta y cinco días y silencio positivo. El preámbulo destaca la actualización de este procedimiento, junto con el de inscripción en el RERA, como una de las medidas más destacadas de la reforma.
Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). El artículo 18 exige la inscripción previa de toda empresa que vaya a realizar actividades incluidas en el ámbito de la norma, con una validez de la inscripción de tres años renovables (artículo 18.4), silencio positivo en el plazo de cuarenta y cinco días, y un régimen de renovación condicionado a disponer de un plan de trabajo aprobado dentro de los tres años anteriores (artículo 18.5.a). La disposición transitoria segunda impone a las empresas ya inscritas la obligación de renovar su inscripción en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, so pena de baja registral.
3. Entrada en vigor, régimen transitorio y aplicación temporal
Conforme a la disposición final cuarta, apartado 1, el real decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (23 de octubre de 2026), sin perjuicio de una especialidad: el apartado 2 de la misma disposición final cuarta retrasa a los seis meses de la publicación la exigencia del reconocimiento formal, por la autoridad laboral, de la idoneidad de los laboratorios especializados en análisis cualitativos (identificación), conforme a los artículos 5.4 y 24. La entrada en vigor es, por tanto, sustancialmente inmediata, con una única especialidad escalonada y expresamente acotada a esa concreta exigencia de acreditación.
El régimen transitorio consta de cuatro disposiciones. La disposición transitoria primera mantiene la obligación de conservar los datos y documentación archivados al amparo de la Orden de 31 de octubre de 1984 y del Real Decreto 396/2006, en los términos que esas normas establecían, de modo que la derogación de estas no exime del deber de custodia ya generado. La disposición transitoria segunda obliga a las empresas ya inscritas en el RERA a solicitar la renovación de su inscripción, ante la autoridad laboral de su domicilio social, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, con la consecuencia expresa de baja registral si no se solicita dentro de ese plazo. La disposición transitoria tercera permite, hasta el 20 de diciembre de 2029, seguir midiendo las fibras de amianto conforme al método MTA/MA-051 (microscopía óptica de contraste de fases) u otro de nivel de confianza equivalente, sin aplicar el apartado 3 del anexo I (que exige microscopía electrónica); transcurrida esa fecha, solo será válido el método de microscopía electrónica. La disposición transitoria cuarta establece que los planes de trabajo presentados para su aprobación antes de la entrada en vigor continuarán tramitándose conforme a la normativa anterior —el Real Decreto 396/2006— hasta que se notifique la resolución correspondiente, de modo que no se altera retroactivamente el régimen aplicable a expedientes ya iniciados.
De la combinación de estas reglas resulta un criterio práctico claro: los trabajos y planes de trabajo iniciados o presentados antes del 23 de octubre de 2026 se rigen por el régimen anterior hasta su conclusión (disposición transitoria cuarta); los que se inicien o presenten después quedan sometidos íntegramente al nuevo real decreto, salvo en la medición de fibras, donde cabe seguir utilizando la metodología anterior hasta el 20 de diciembre de 2029, y en la acreditación de laboratorios para análisis cualitativos, exigible solo desde el 23 de abril de 2027. No consta en la norma un régimen específico para los planes de trabajo únicos de carácter general ya vigentes a la entrada en vigor distinto del previsto para la inscripción en el RERA, por lo que cualquier afirmación sobre ese extremo concreto excedería de lo que el texto permite acreditar.
4. Criterios administrativos de interpretación
Alcance de la excepción a la prioridad de retirada (artículo 11.1.a). La duda interpretativa surge de la indeterminación del concepto «riesgo aún mayor»: la norma no fija parámetros objetivos de comparación entre el riesgo de retirar y el de dejar el material in situ. La interpretación más prudente es exigir que esa comparación quede documentada en el propio plan de trabajo, con base en la evaluación de riesgos del artículo 5, de manera que la autoridad laboral pueda valorarla al aprobar el plan conforme al artículo 12. No existe en el texto disponible un criterio administrativo o jurisprudencial identificado que concrete ulteriormente este extremo, lo que debe consignarse como incidencia documental y no suplirse por vía de interpretación extensiva.
Calificación de un material como friable o no friable. El artículo 11.2.b) exige indicar en el plan de trabajo si el material es friable o no friable, citando como ejemplos de friables el amianto proyectado, los calorifugados y los paneles aislantes, y como no friables el fibrocemento y el amianto-vinilo. Para materiales no mencionados expresamente, la interpretación técnicamente defendible es la que remite al criterio del operador cualificado que realice la identificación del artículo 10.2, en función de la facilidad de liberación de fibras del material concreto, sin que la norma ofrecida permita ir más allá de esa remisión técnica.
Suficiencia de la averiguación documental previa al examen técnico (artículo 10.2). La norma exige «todas las medidas necesarias» para identificar los materiales, recabando información de propietarios, otras empresas o registros pertinentes, y solo subsidiariamente impone el examen técnico «si no se dispone de dicha información». El criterio prudente es entender que la ausencia de respuesta de las personas propietarias, o la existencia de documentación incompleta o no fiable, equivale a «no disponer de dicha información» y activa la obligación de examen; la empresa que omita este último sin haber agotado razonablemente las vías documentales asume el riesgo de que su identificación resulte insuficiente. No se ha identificado en las fuentes disponibles un criterio administrativo publicado que fije un estándar mínimo de diligencia documental, por lo que esta conclusión se formula como interpretación razonable y no como mandato expreso.
Cómputo de los plazos de aprobación de planes de trabajo e inscripción en el RERA. Los artículos 12.2 y 18.1 fijan cuarenta y cinco días para resolver y notificar, con silencio positivo transcurrido ese plazo sin pronunciamiento expreso. La norma no precisa si el plazo se computa en días naturales o hábiles; a falta de previsión expresa, resulta de aplicación supletoria el artículo 1.5 del propio real decreto, que remite a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuyo artículo 30 establece el cómputo en días hábiles para los plazos fijados en días salvo que se indique que son naturales. Esta es una conclusión amparada por remisión normativa expresa, no una mera conjetura.
5. Guía práctica de aplicación profesional
Una empresa que vaya a desarrollar actividades comprendidas en el artículo 3.1 debe, en primer lugar, verificar su inscripción en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA) con carácter previo al inicio de cualquier actividad (artículo 18.1); si ya estaba inscrita antes de la entrada en vigor de la norma, debe solicitar la renovación dentro de los seis meses siguientes a dicha entrada en vigor, so pena de baja de oficio (disposición transitoria segunda). En segundo lugar, antes de intervenir en una edificación anterior a la prohibición del amianto, debe agotar las vías de averiguación documental sobre la presencia de materiales con amianto y, si no obtiene información suficiente, encargar el examen a un operador que reúna la cualificación de la disposición final tercera, dejando constancia del resultado en el estudio de seguridad y salud del Real Decreto 1627/1997 o en la evaluación de riesgos (artículo 10.2). En tercer lugar, debe elaborar el plan de trabajo con el contenido íntegro del artículo 11.2, decidiendo motivadamente si procede la retirada —regla general del artículo 6.1— o, excepcionalmente, otra forma de manipulación, justificando en ese caso el mayor riesgo de la retirada conforme al artículo 11.1.a); en los supuestos tasados del artículo 11.4 puede optarse por un plan único de carácter general. El plan debe presentarse para su aprobación ante la autoridad laboral competente (artículo 12.1) y, una vez aprobado, debe comunicarse el inicio efectivo de los trabajos con una antelación mínima de siete días hábiles, salvo trabajos urgentes no programables (artículo 13).
Antes de que las personas trabajadoras comiencen su actividad, la empresa debe acreditar que han recibido la formación del artículo 14 y el anexo III, con certificado individual, y que han superado el reconocimiento médico previo de aptitud específica del artículo 17.1.a). Durante la ejecución, deben mantenerse las condiciones de higiene y protección individual del artículo 9, incluidos los diez minutos de aseo antes de cada comida y antes de abandonar el trabajo, y debe designarse a la persona responsable de supervisión exigida por el artículo 10.1.d) cuando la actividad pueda superar el valor límite. Finalizados los trabajos de demolición o retirada, debe verificarse la ausencia de riesgo residual antes de reanudar otras actividades en el lugar, conforme al artículo 11.1.b). Documentalmente, la empresa debe mantener actualizados los archivos del artículo 19.1 (inscripción, relación de personas trabajadoras formadas, planes aprobados, fichas de evaluación y de vigilancia sanitaria) y remitir las fichas de evaluación de la exposición a la autoridad laboral en el plazo de tres meses desde la finalización de los trabajos (artículo 19.2), conservando los datos relativos a evaluación, formación, exposición y vigilancia sanitaria durante un mínimo de cuarenta años tras finalizar la exposición (artículo 19.4). Entre los errores prácticos evitables destaca dar por buena una identificación documental incompleta sin recurrir al examen técnico subsidiario, y aprobar un plan de trabajo que descarte la retirada sin dejar constancia razonada de la comparación de riesgos exigida por el artículo 11.1.a).
6. Riesgos jurídicos, puntos críticos y recomendaciones de prudencia
Riesgo de identificación insuficiente en edificaciones sin documentación fiable (interpretación probable, pero prudente). El problema concreto es que el artículo 10.2 condiciona la activación del examen técnico subsidiario a la falta de disponibilidad de información, concepto que la empresa puede verse tentada a interpretar extensivamente para evitar el coste del examen. La consecuencia práctica posible, de no identificarse correctamente el material, es la aparición sobrevenida de amianto durante la ejecución, con la paralización inmediata del trabajo que impone el artículo 7.c) y la necesidad de nueva evaluación antes de reanudar. La actuación preventiva recomendada es documentar expresamente, en el propio expediente, las gestiones realizadas para obtener información y las razones por las que, en su caso, se considera agotada sin necesidad de examen técnico.
Riesgo de motivación insuficiente de la excepción a la prioridad de retirada (interpretación dudosa o de riesgo si no se documenta). El concepto «riesgo aún mayor» del artículo 11.1.a) es jurídicamente indeterminado y la norma no ofrece parámetros de ponderación. Optar por no retirar sin una justificación técnica sólida expone el plan de trabajo a objeciones de la autoridad laboral en el trámite de aprobación del artículo 12, con el consiguiente riesgo de requerimiento de subsanación o de denegación. Se recomienda vincular esa justificación a la evaluación de riesgos del artículo 5 y a un informe técnico específico incorporado al plan.
Riesgo asociado al cambio de metodología analítica y al régimen transitorio de medición (interpretación segura en cuanto a su existencia, probable en su aplicación práctica). La coexistencia, hasta el 20 de diciembre de 2029, de dos metodologías de medición —la de microscopía óptica de la disposición transitoria tercera y la de microscopía electrónica del anexo I— puede generar discrepancias de resultados entre evaluaciones realizadas con métodos distintos para un mismo centro de trabajo. Se recomienda mantener trazabilidad expresa del método empleado en cada evaluación y anticipar, antes de la fecha límite, la transición al método de microscopía electrónica para evitar una pérdida de validez sobrevenida de las mediciones.
Riesgo derivado del régimen escalonado de acreditación de laboratorios para análisis cualitativos (interpretación segura en cuanto al calendario, dudosa en sus efectos durante el periodo transitorio). La disposición final cuarta, apartado 2, retrasa seis meses la exigencia de reconocimiento formal para análisis cualitativos de identificación de amianto en materiales. El real decreto no precisa expresamente qué validez tienen, a efectos del cumplimiento del artículo 10.2, los análisis cualitativos realizados antes de esa fecha por laboratorios aún no acreditados formalmente conforme al nuevo procedimiento del artículo 24. Ante esa falta de previsión expresa, se recomienda, por prudencia, encargar los análisis a laboratorios con trayectoria y sistema de calidad acreditable, sin que de la norma quepa extraer una certeza sobre el tratamiento de ese periodo intermedio.
Riesgo de incumplimiento de los plazos documentales de archivo y remisión (interpretación segura). Los plazos de remisión de fichas de evaluación (tres meses desde la finalización de los trabajos, artículo 19.2) y de conservación de datos (cuarenta años, artículo 19.4) son extensos en el tiempo y de cumplimiento diferido, lo que incrementa el riesgo de incumplimientos sobrevenidos por cese de actividad, cambios de sistema documental o pérdida de registros. El artículo 19.4 prevé expresamente el supuesto de cese de actividad, imponiendo la remisión de los datos a la autoridad laboral o sanitaria competente dentro de los diez días hábiles siguientes al cese; se recomienda incorporar esta obligación a los protocolos internos de cierre o liquidación empresarial.
MAS INFORMACION
1. Artículo de opinión: «Europa ante el reto del amianto: prevención, rigor y responsabilidad compartida»
Autor: José Ignacio Argote Vea-Murguía. Publicado el 27 de mayo de 2026 en Interempresas.
El artículo analiza la necesidad de reforzar la protección de los trabajadores frente al amianto mediante una prevención más rigurosa, una adecuada identificación de los materiales peligrosos y una mayor responsabilidad de empresas y administraciones. Examina las nuevas directrices europeas y la importancia de adoptar medidas eficaces para reducir la exposición laboral a este agente cancerígeno.
Reciclaje y gestión de residuos
2. Entrada de blog: «Prevención y protección a los trabajadores expuestos a fibras de amianto»
Fuente: Federación Empresarial Toledana (FEDETO). Publicado el 26 de octubre de 2026.
Esta publicación aborda las novedades introducidas por el Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, que sustituye a la regulación anterior sobre trabajos con riesgo de exposición al amianto. Explica la actualización de las obligaciones preventivas empresariales y la necesidad de adaptar las medidas de protección de los trabajadores al nuevo marco normativo.
Federación Empresarial Toledana
URL: https://www.fedeto.es/prevencion-y-proteccion-a-los-trabajadores-expuestos-a-fibras-de-amianto/
3. Sentencia del Tribunal Supremo: STS 172/2022, de 22 de febrero de 2022
Fuente: Tribunal Supremo. Disponible en vLex.
Esta sentencia examina las obligaciones empresariales de prevención frente a los riesgos derivados de la exposición laboral al amianto, especialmente en relación con la evaluación de riesgos, la medición de fibras en el ambiente de trabajo y la adopción de medidas de protección. Su interés jurídico radica en la interpretación de las obligaciones preventivas establecidas por el Real Decreto 396/2006, posteriormente derogado por el Real Decreto 847/2026, y en la importancia de reducir al mínimo la exposición de los trabajadores.
vLex España URL: https://vlex.es/vid/899093397
TEXTO ORIGINAL
El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
