Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español.
«BOE» núm. 230, de 17 de septiembre de 2026, páginas 122656 a 122687 (32 págs.)
Análisis:
- Objeto: La creación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español, estableciendo los requisitos para participar como proveedor del servicio de capacidad, las condiciones de prestación del servicio, la regulación de los procedimientos de subasta, así como su régimen retributivo y de financiación.
- Mercado de capacidad
- Procedimiento de concurrencia competitiva
- Prestación del servicio de capacidad
- Régimen de inspección e incumplimientos
RESUMEN:
La Orden parte de una idea central: la transición energética española exige integrar cada vez más energías renovables en el sistema eléctrico, pero esa transformación solo puede desarrollarse de forma segura si existe suficiente capacidad firme y flexible que garantice el suministro cuando la producción renovable no sea suficiente. La evolución reciente confirma el fuerte crecimiento de estas tecnologías: la potencia eólica supera los 33 GW y la fotovoltaica ha pasado de unos 9 GW a comienzos de 2019 a más de 41 GW en 2025. Además, las renovables superaron por primera vez el 50 % de la generación eléctrica nacional en 2023 y alcanzaron el 56,8 % en 2024.
Sin embargo, este incremento de generación renovable plantea nuevas necesidades de respaldo y flexibilidad. Los análisis de cobertura realizados tanto a escala nacional como europea muestran que el número esperado de horas con energía no suministrada, denominado LOLE, supera el estándar de fiabilidad fijado en 1,5 horas. El análisis nacional publicado por Red Eléctrica reflejaba valores de 6,26 horas en 2025, 4,76 horas en 2027 y 2,34 horas en 2030, mientras que posteriores análisis nacionales y europeos continuaban situando determinados horizontes por encima de ese estándar. Por ello, cuando las simulaciones de cobertura muestran un LOLE superior al nivel de fiabilidad establecido, se considera necesaria la implantación de un mecanismo de capacidad.
Uno de los problemas que justifican este mecanismo es que el mercado eléctrico ordinario no ofrece por sí solo ingresos suficientes para garantizar determinadas inversiones en tecnologías firmes, flexibles o de almacenamiento. La Orden identifica así el denominado fenómeno de missing money: aunque aumenten los ingresos obtenidos mediante arbitraje y se permita a las instalaciones de almacenamiento participar en distintos mercados, las señales económicas siguen siendo insuficientes para promover todas las inversiones necesarias para garantizar simultáneamente la seguridad de suministro y la integración masiva de renovables.
También se han considerado otras soluciones, especialmente el desarrollo de las interconexiones eléctricas con los sistemas europeos. Estas permiten aprovechar la complementariedad entre países y reducir situaciones de estrés del sistema, pero requieren largos periodos de desarrollo y, por tanto, no solucionan suficientemente los problemas de cobertura previstos a corto y medio plazo. De ahí que la Orden considere necesario crear específicamente un mercado de capacidad que complemente el mercado eléctrico ordinario y garantice la existencia de potencia disponible cuando el sistema la necesite.
El nuevo mecanismo se configura como un mercado de capacidad de ámbito peninsular, centralizado y basado en las necesidades de potencia firme que determine el operador del sistema. La contratación se realizará mediante procedimientos competitivos en los que se subastará la capacidad necesaria para asegurar la cobertura de la demanda. Los adjudicatarios recibirán una remuneración económica a cambio de asumir una obligación de disponibilidad durante el periodo correspondiente.
El sistema contempla fundamentalmente tres tipos de subastas. Las subastas principales estarán destinadas a contratar con anticipación la capacidad firme necesaria para determinados horizontes temporales, permitiendo que puedan desarrollarse nuevas inversiones antes de comenzar a prestar el servicio. Junto a ellas existirán subastas anuales de ajuste para corregir desviaciones imprevistas en las necesidades de capacidad o cubrir la eventual falta de ejecución de proyectos inicialmente adjudicados. Finalmente, durante la fase inicial de funcionamiento del sistema podrán convocarse subastas transitorias anuales para cubrir las necesidades existentes hasta que comiencen a prestar servicio las capacidades contratadas mediante las subastas principales.
El diseño pretende respetar la neutralidad tecnológica. Podrán participar tecnologías de generación, almacenamiento y gestión de la demanda siempre que aporten capacidad firme efectiva y que el mecanismo tenga para ellas un efecto incentivador real. Para comparar tecnologías distintas se establecerán coeficientes de firmeza que reflejen su contribución efectiva a la seguridad del sistema. Asimismo, podrán concurrir tanto instalaciones existentes como nuevas inversiones, aunque podrán establecerse límites de precio específicos para evitar rentas excesivas en determinadas instalaciones ya existentes.
En cada subasta se establecerá una curva de potencia firme requerida en función de las previsiones de demanda, las necesidades de cobertura y el estándar de fiabilidad. Las ofertas se presentarán mediante un procedimiento de sobre cerrado y la adjudicación seguirá un sistema pay-as-bid, de manera que cada adjudicatario percibirá el precio correspondiente a su propia oferta aceptada. Además, se prevé la creación de un mercado secundario que permitirá transferir o gestionar las obligaciones de capacidad, aportando mayor flexibilidad a los participantes.
En conjunto, el mercado de capacidad se concibe como un instrumento complementario al mercado eléctrico tradicional. Su finalidad no es remunerar directamente la producción de electricidad, sino garantizar que exista suficiente potencia firme y disponible para responder cuando el sistema lo requiera. De esta manera se pretende compatibilizar el crecimiento de las energías renovables con la seguridad de suministro, incentivar inversiones en tecnologías de respaldo y aportar estabilidad al sistema eléctrico español durante el proceso de descarbonización. La Orden se fundamenta además en los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia previstos en la legislación administrativa.
Comentarios de Ayuda a la interpretación de la Norma Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español.
CONCORDANCIAS
CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA
ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL
CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN
GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL
RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA
1. CONCORDANCIAS NORMATIVAS
La Orden TED/966/2026 no se configura como una norma de modificación directa de disposiciones anteriores. No da nueva redacción a artículos de otras normas ni contiene derogaciones nominativas. Su función principal consiste en desarrollar y completar el marco jurídico del mecanismo de capacidad del sistema eléctrico peninsular, articulándolo mediante un mercado centralizado basado en procedimientos competitivos, disponibilidad de potencia firme, retribución y financiación.
La concordancia fundamental se establece con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. El propio preámbulo declara que la Orden desarrolla la previsión contenida en su artículo 14.5. Además, el artículo 2 de la Orden utiliza las categorías subjetivas del artículo 6.1 de aquella Ley para determinar quiénes pueden participar: productores, titulares de almacenamiento, consumidores y sujetos que desarrollan actividades de agregación.
La segunda referencia estructural es el Reglamento (UE) 2019/943, relativo al mercado interior de la electricidad. La propia definición de mercado de capacidad lo identifica como uno de los mecanismos regulados en su capítulo IV, y el artículo 4 de la Orden somete expresamente el mecanismo español a los principios del artículo 22 del Reglamento europeo. También existen remisiones a sus artículos 24, 25 y 26 en materia de análisis de cobertura, determinación de determinados parámetros y participación transfronteriza.
La Orden ITC/3127/2011, reguladora de determinados pagos por capacidad, mantiene una relación especialmente relevante desde la perspectiva económica. La nueva Orden no declara su derogación, pero impide la percepción simultánea de otra retribución en concepto de mecanismo de capacidad y exige, cuando proceda, la renuncia previa a esos pagos para obtener la habilitación en el nuevo mercado. La nueva regulación opera así mediante una regla de incompatibilidad retributiva, no mediante una sustitución formal de aquella Orden.
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, adquiere relevancia para determinadas cogeneraciones. El artículo 11.c) de la Orden utiliza el rendimiento eléctrico equivalente previsto en su anexo XIV para calcular las emisiones asociadas a la producción de electricidad. No se modifica ese Real Decreto; se incorpora su metodología como referencia técnica para acreditar uno de los requisitos de participación.
Existe también una remisión al Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para determinar qué determinadas nuevas inversiones pueden acogerse al plazo excepcional de hasta nueve años entre la adjudicación y el comienzo de la prestación. La Orden utiliza, por tanto, una categoría tecnológica definida externamente como presupuesto para aplicar un régimen temporal específico.
En materia de financiación, la Orden se coordina con la Circular 3/2020 de la CNMC, tomando de ella los segmentos tarifarios, periodos horarios y determinados parámetros relacionados con pérdidas; con el Real Decreto 216/2014, mediante las referencias utilizadas para elevar consumos a barras de central; y con el Real Decreto 148/2021, al disponer que los saldos derivados de la liquidación del mecanismo se integren en la determinación anual de los cargos del sistema eléctrico.
La Ley 3/2013, de creación de la CNMC, completa el esquema institucional. La Orden remite a su artículo 12.1.b) para determinadas discrepancias y atribuye a la CNMC funciones de supervisión de las subastas, inspección y control del cumplimiento del servicio.
La disposición derogatoria única contiene una cláusula general conforme a la cual quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango incompatibles con la nueva Orden. No existe una derogación expresa de normas concretas.
En términos sistemáticos, el cambio fundamental no consiste en sustituir un precepto anterior por otro, sino en crear un régimen completo de mercado de capacidad: selección competitiva, determinación de potencia firme, derechos de cobro, obligaciones de disponibilidad, mercado secundario, verificación, consecuencias económicas por incumplimiento y financiación específica.
2. CINCO CONCEPTOS CLAVE DE LA NORMA
2.1. Mercado de capacidad
El mercado de capacidad constituye el concepto central de toda la Orden. Se configura como un mecanismo dirigido a asegurar la seguridad de suministro del sistema eléctrico peninsular mediante la contratación de suficiente potencia firme. Comprende tanto el procedimiento competitivo como los requisitos de acceso y los derechos y obligaciones posteriores de los adjudicatarios.
Su importancia práctica radica en que la Orden no establece únicamente una retribución, sino un verdadero régimen de prestación regulada. El adjudicatario adquiere un derecho económico a cambio de asumir obligaciones de disponibilidad frente al sistema.
Pueden participar productores, almacenamiento, consumidores y diferentes formas de agregación, siempre que reúnan los requisitos de la Orden. Esta amplitud subjetiva refleja un diseño tecnológicamente abierto en el que generación, almacenamiento y demanda pueden aportar firmeza.
2.2. Potencia firme y coeficientes de firmeza
La potencia firme es la potencia activa media que una instalación puede aportar para la cobertura de la demanda atendiendo a sus condiciones de disponibilidad y fiabilidad. Se calcula, con carácter general, mediante el producto de la potencia instalada por el correspondiente coeficiente de firmeza.
Este concepto modifica sustancialmente la lógica con la que debe analizarse una instalación: el dato relevante para el mercado no es únicamente la potencia nominal o instalada, sino la parte de esa potencia que el sistema reconoce como firme.
Los coeficientes de firmeza permiten comparar tecnologías distintas y serán determinados por tecnología de referencia. Solo pueden participar aquellas tecnologías para las que se haya definido previamente un coeficiente.
La potencia firme condiciona la elegibilidad, el volumen ofertable, la retribución y las posteriores obligaciones de disponibilidad. En instalaciones híbridas y agregaciones se aplican reglas específicas de cálculo.
2.3. Subastas de capacidad
La asignación del servicio se articula mediante procedimientos de concurrencia competitiva. La Orden distingue subastas principales y subastas de ajuste, a las que se añaden, durante la fase inicial, las subastas transitorias.
La adjudicación utiliza ofertas en sobre cerrado y un esquema de pago según oferta, de forma que cada bloque adjudicado percibe el precio ofertado por su titular.
La convocatoria concreta adquiere una relevancia decisiva porque fija, entre otros elementos, la curva de potencia firme requerida, los coeficientes de firmeza, el umbral de flexibilidad, los periodos de prestación, los precios máximos y las Reglas de la Subasta.
La Orden diferencia además la duración del compromiso según la naturaleza de la instalación. Para instalaciones existentes de generación y almacenamiento el periodo ordinario es anual; para determinadas nuevas inversiones puede extenderse hasta quince años, y para demanda puede situarse entre uno y diez años.
2.4. Servicio de capacidad y horas de estrés
El servicio de capacidad consiste en la obligación de mantener disponible la potencia firme comprometida en los momentos relevantes para la seguridad del sistema.
La disponibilidad se concentra especialmente en las denominadas horas de estrés, fijadas por el operador del sistema. Estas no podrán superar el 10 % de las horas de un año natural y serán conocidas antes del inicio de cada año del periodo de prestación.
Para determinados sujetos, especialmente demanda y agregadores de demanda, la obligación puede incluir atender solicitudes expresas de activación formuladas por el operador del sistema.
La disponibilidad adquiere así carácter jurídico y económico: deja de ser únicamente un dato técnico y pasa a constituir una prestación exigible cuyo incumplimiento afecta directamente a la remuneración del proveedor.
2.5. Régimen económico: retribución, financiación e incumplimiento
El proveedor adjudicatario tiene derecho a una retribución mensual fija calculada como la doceava parte del producto de la potencia firme adjudicada por el precio anual de adjudicación.
El coste del mecanismo se financia mediante comercializadores y consumidores directos en mercado, aplicando precios unitarios estructurados según segmentos tarifarios y periodos horarios.
La contrapartida de este derecho económico es un régimen de responsabilidad por incumplimiento. La falta de disponibilidad, la activación defectuosa o la no superación de pruebas generan obligaciones de pago calculadas mediante las fórmulas establecidas en el artículo 27.
La reiteración de determinados incumplimientos puede concluir en inhabilitación, pérdida de la retribución y ejecución de garantías.
3. ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL
La Orden se publicó en el BOE el 17 de septiembre de 2026 y, conforme a su disposición final segunda, entró en vigor al día siguiente, es decir, el 18 de septiembre de 2026.
La entrada en vigor es formalmente única. No se establecen fechas diferentes para distintos capítulos o artículos. Sin embargo, la efectiva aplicación de determinadas obligaciones se vincula a la aprobación de instrumentos posteriores, singularmente el procedimiento de operación y las resoluciones de convocatoria de las subastas.
La disposición transitoria única establece un régimen específico para evitar un vacío entre la entrada en vigor y el comienzo de la primera prestación derivada de una subasta principal. Durante ese periodo se celebrarán subastas transitorias de capacidad, con carácter anual, pudiendo celebrarse varias simultáneamente.
La Orden no incorpora una regulación transitoria general para expedientes administrativos anteriores. Las autorizaciones de explotación, permisos de acceso y conexión, ayudas o situaciones retributivas preexistentes mantienen su propia relevancia jurídica, aunque pueden condicionar la participación posterior en el nuevo mercado.
Especial importancia tiene la fecha de convocatoria de la subasta. Para las subastas principales, se considera existente una instalación de generación o almacenamiento que cuente con autorización de explotación antes de esa convocatoria. Las que no cuenten con ella se califican, a estos efectos, como nuevas inversiones.
La aplicación temporal exige, por tanto, distinguir tres momentos:
entrada en vigor de la Orden → convocatoria de la subasta → inicio del periodo de prestación.
Cada fecha produce consecuencias distintas.
La entrada en vigor determina la vigencia del nuevo marco jurídico; la convocatoria concreta la configuración técnica y económica de cada subasta; y el inicio del periodo de prestación activa las obligaciones de disponibilidad y el derecho de cobro.
Los regímenes económicos previos tampoco desaparecen automáticamente. La propia Orden contempla expresamente la existencia de determinados pagos por capacidad anteriores y exige su renuncia cuando resulten incompatibles con la nueva habilitación.
No existe una cláusula general de retroactividad. La estructura de la Orden está orientada a situaciones futuras: convocatorias, adjudicaciones, periodos de prestación, verificaciones y liquidaciones generados bajo el nuevo mercado.
4. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN
La aplicación práctica de la Orden presenta varias cuestiones cuya solución exige una lectura sistemática de sus preceptos.
Instalación existente y nueva inversión
El criterio general es la existencia de autorización de explotación antes de la convocatoria de la subasta. La dificultad surge en ampliaciones, instalaciones por fases e hibridaciones.
La interpretación más coherente con el conjunto de la Orden es admitir un tratamiento diferenciado por módulos cuando la propia configuración de la instalación permite separar una parte existente de otra nueva. El artículo 15 contempla expresamente instalaciones híbridas en las que un módulo es existente y otro constituye nueva inversión.
En consecuencia, la condición temporal no tiene por qué proyectarse necesariamente de forma uniforme sobre toda instalación compleja.
Potencia firme
La potencia firme no equivale a la potencia instalada. Su determinación resulta de la potencia técnicamente relevante y del coeficiente atribuido a la tecnología de referencia.
La resolución de convocatoria fija los coeficientes aplicables a cada subasta. De este modo, cualquier análisis jurídico o económico deberá identificar expresamente qué potencia se toma como instalada y qué parte de ella se transforma efectivamente en firme.
Compatibilidad con ayudas públicas
La participación de instalaciones beneficiarias de ayudas está condicionada por la exigencia de incorporar íntegramente las ayudas percibidas en las ofertas formuladas en nuevos mercados o mecanismos.
Esta previsión cumple una función de coordinación económica: el acceso al mercado de capacidad no puede analizarse de manera aislada respecto de los apoyos públicos ya recibidos.
En la práctica, el expediente de participación debe reflejar de forma trazable la ayuda percibida, su incidencia económica y su tratamiento dentro de la oferta.
Precio inferior de reserva
Las instalaciones existentes pueden quedar sometidas a un precio inferior de reserva. No obstante, aquellas que acometan nuevas inversiones pueden solicitar su inaplicación aportando documentación justificativa. La decisión corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas.
La excepción no opera automáticamente por el solo hecho de existir una inversión. Requiere una evaluación concreta del esfuerzo inversor en relación con los valores unitarios establecidos para la tecnología correspondiente.
Disponibilidad y horas de estrés
La obligación de disponibilidad no tiene idéntico contenido para todas las tecnologías. La Orden diferencia entre generación gestionable, tecnologías dependientes de recurso, almacenamiento, demanda e instalaciones híbridas.
La interpretación profesional debe partir, por tanto, de la tecnología concreta y de su método de cálculo de potencia disponible.
Las horas de estrés constituyen además el periodo de referencia esencial para evaluar buena parte de las obligaciones. Su conocimiento previo permite coordinar mantenimiento, programación y operación.
Declaración responsable
La habilitación inicial se apoya parcialmente en declaración responsable, pero antes de la habilitación definitiva como proveedor se produce un control documental. Una inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial puede impedir dicha habilitación.
La esencialidad debe conectarse con la capacidad del dato para alterar la elegibilidad, la potencia, la clasificación, las incompatibilidades o los demás requisitos determinantes para participar.
Obligaciones de pago
La Orden utiliza expresamente la expresión “obligaciones de pago” para las consecuencias económicas derivadas de incumplimientos del servicio.
Su función es compensatoria y disuasoria dentro del régimen económico del mercado de capacidad. Debe distinguirse conceptualmente de las eventuales sanciones administrativas que puedan derivarse de otra normativa sectorial.
5. GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL
La aplicación profesional de la Orden puede estructurarse en una secuencia operativa.
Primera fase: identificar instalaciones y sujetos elegibles
Cada empresa deberá elaborar un inventario de:
- instalaciones de generación;
- almacenamiento;
- consumidores susceptibles de aportar flexibilidad;
- agregaciones;
- proyectos nuevos o hibridados.
Para cada activo resulta conveniente identificar titular, tecnología, potencia instalada, capacidad de acceso, autorización de explotación y situación administrativa.
Segunda fase: revisar la elegibilidad
El artículo 11 concentra buena parte de los requisitos que condicionan la participación: régimen jurídico de la instalación, acceso y conexión, emisiones en determinados casos, flexibilidad, potencia firme mínima, ausencia de determinadas incompatibilidades retributivas y situación frente a ayudas y deudas.
Esta revisión debería traducirse en una ficha individual de elegibilidad por instalación.
Tercera fase: determinar la potencia firme
El expediente técnico deberá distinguir claramente:
- potencia instalada;
- capacidad de acceso;
- coeficiente de firmeza;
- potencia firme resultante;
- potencia que finalmente se pretende ofertar.
En hibridaciones y agregaciones, la documentación deberá reflejar separadamente los distintos módulos o instalaciones integrantes.
Cuarta fase: analizar ayudas y regímenes económicos
Antes de formular la oferta económica resulta necesario ordenar documentalmente:
- subvenciones;
- ayudas a la inversión;
- pagos por capacidad;
- regímenes retributivos;
- servicios de balance;
- otras remuneraciones asociadas a la misma potencia.
La finalidad es delimitar desde el principio qué ingresos pueden coexistir y qué condiciones económicas deben incorporarse a la oferta.
Quinta fase: preparar la habilitación
La solicitud se presenta al operador del sistema y debe identificar inequívocamente la instalación o agregación. La documentación se vincula inicialmente a una declaración responsable.
Conviene estructurar un expediente con:
- representación;
- documentación técnica;
- permisos;
- acreditación de requisitos;
- información sobre ayudas;
- potencia firme;
- declaraciones económicas;
- documentación de emisiones o flexibilidad cuando corresponda.
Sexta fase: aprobar internamente la oferta
La empresa debe incorporar un procedimiento de aprobación de ofertas que integre análisis jurídico, técnico y económico.
El informe previo debería recoger:
- potencia ofertada;
- precio;
- periodo de prestación;
- inversión asociada;
- retribución prevista;
- riesgo de indisponibilidad;
- exposición por incumplimiento;
- garantías;
- incidencias de ayudas o incompatibilidades.
Séptima fase: adaptar operación y mantenimiento
Una vez adjudicado el servicio, la obligación principal pasa a ser la disponibilidad.
Los protocolos de operación deberán integrar:
- horas de estrés;
- planificación de mantenimiento;
- indisponibilidades programadas;
- indisponibilidades sobrevenidas;
- comunicaciones al operador;
- sistemas de medida;
- pruebas;
- activaciones.
La Orden exige la comunicación de indisponibilidades y atribuye responsabilidad al proveedor cuando estas impidan cumplir las obligaciones durante las horas de estrés.
Octava fase: conservar trazabilidad documental
El expediente debe permitir reconstruir toda la vida del servicio:
- convocatoria;
- Reglas de la Subasta;
- solicitud;
- declaración responsable;
- oferta;
- adjudicación;
- habilitación;
- garantías;
- comunicaciones;
- horas de estrés;
- registros operativos;
- pruebas;
- liquidaciones;
- incidencias;
- cesiones o traspasos.
La conservación de datos operativos adquiere especial importancia cuando la disponibilidad se determina mediante generación, consumo o potencia efectivamente registrada.
Novena fase: revisar contratos y operaciones societarias
Los contratos con agregadores, operadores, mantenedores y terceros deben repartir claramente las obligaciones asociadas al servicio:
- disponibilidad;
- información;
- activación;
- responsabilidad económica;
- acceso a datos;
- pruebas;
- cesión;
- cambio de titularidad.
El artículo 21 permite cesiones y traspasos, pero exige requisitos específicos y la conformidad del operador del sistema.
En operaciones de adquisición o financiación de instalaciones adjudicatarias, el mercado de capacidad pasa a formar parte de la due diligence regulatoria y económica.
6. RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA
Interpretación segura
Dependencia de instrumentos de aplicación.
La Orden establece el marco jurídico, mientras que el procedimiento de operación y las convocatorias concretan numerosos aspectos técnicos, económicos y documentales. Aplicar únicamente la Orden conduciría a una visión incompleta del régimen de participación.
Incompatibilidades retributivas.
La coexistencia con otros mecanismos de capacidad y determinados regímenes económicos está expresamente limitada. Una incorrecta identificación de estos ingresos puede impedir la habilitación.
Necesidad de autorización, acceso y conexión.
La situación administrativa de la instalación constituye un elemento esencial de elegibilidad y, además, determina en determinados casos su clasificación como existente o nueva inversión.
Declaraciones responsables.
Las falsedades, inexactitudes u omisiones esenciales pueden impedir la habilitación definitiva. Por ello, la declaración debe estar sustentada en documentación técnica y jurídica internamente consistente.
Interpretación probable pero prudente
Hibridaciones y ampliaciones.
El tratamiento diferenciado por módulos resulta coherente con la Orden cuando una instalación combina elementos existentes y nuevos. La documentación técnica y administrativa debe reflejar esa separación con precisión.
Ayudas públicas.
El mayor riesgo reside en la correcta incorporación económica de la ayuda a la oferta y en evitar duplicidades retributivas. Estas operaciones requieren coordinación entre los equipos jurídico, financiero y de subvenciones.
Horas de estrés y disponibilidad.
La disponibilidad tiene consecuencias económicas directas y varía según la tecnología. El programa de mantenimiento y operación debe construirse sobre la obligación concreta asumida por cada instalación.
Naturaleza de las obligaciones de pago.
La terminología de la Orden las configura como consecuencias económicas del incumplimiento del servicio. En la gestión de expedientes conviene diferenciarlas de las sanciones administrativas.
Interpretación dudosa o de riesgo
Precio inferior de reserva y nuevas inversiones en instalaciones existentes.
La aplicación de la excepción puede condicionar decisivamente la estrategia de oferta. En los casos límite debe existir un expediente técnico-económico específico que justifique la entidad de la inversión.
Disponibilidad en instalaciones híbridas o dependientes de recurso.
La coexistencia de distintos métodos de cálculo de la potencia disponible convierte estos supuestos en una de las áreas de mayor complejidad técnica del régimen.
Cesiones, traspasos y operaciones societarias complejas.
El cambio de titular, la transmisión de derechos o la reorganización de activos pueden modificar quién asume derechos, retribuciones y obligaciones frente al mercado.
Derogación genérica.
La Orden no identifica normas concretas derogadas. Por ello, la coexistencia con disposiciones anteriores debe resolverse atendiendo a la compatibilidad material y a la especialidad de cada régimen, evitando equiparar automáticamente nueva regulación y derogación total.
Criterio preventivo final
La aplicación segura de la Orden exige tratar el mercado de capacidad como un expediente regulatorio permanente, no como una actuación limitada a la presentación de una oferta.
La secuencia completa es:
elegibilidad → potencia firme → habilitación → oferta → adjudicación → garantías → prestación → disponibilidad → verificación → liquidación.
El punto crítico para el profesional consiste en mantener coherencia entre la documentación jurídica, los datos técnicos utilizados para calcular la potencia firme, la información económica incorporada a la oferta y el comportamiento real de la instalación durante todo el periodo comprometido.
En especial, requieren una motivación documental reforzada las decisiones relativas a clasificación de instalaciones, ayudas públicas, excepciones al precio inferior de reserva, disponibilidad, incumplimientos, inhabilitación y cesión de derechos. La propia Orden exige expresamente que las causas de inhabilitación y los requerimientos efectuados queden suficientemente motivados.
MAS INFORMACION
Artículo de opinión
Este artículo de El Periódico de la Energía analiza el mercado de capacidad desde una perspectiva crítica y profesional, destacando que su función no consiste simplemente en remunerar potencia instalada, sino en garantizar que los recursos puedan responder realmente en momentos de estrés del sistema. Es especialmente útil como referencia para elaborar artículos de opinión sobre seguridad de suministro, firmeza y responsabilidad de los agentes eléctricos.
Entrada de blog
La entrada de Vector Renewables explica qué es el mercado de capacidad español, su finalidad, su evolución regulatoria y sus implicaciones para el almacenamiento energético. Resulta útil como referencia divulgativa porque diferencia claramente el mercado de capacidad de otros mecanismos de remuneración y explica su papel como instrumento destinado a garantizar la seguridad de suministro.
Sentencia del Tribunal Supremo
La STS 932/2020, de 6 de julio de 2020, analiza jurídicamente los pagos por capacidad y los caracteriza como una retribución complementaria vinculada a las necesidades de cobertura del sistema eléctrico. El Tribunal Supremo señala que su finalidad es asegurar que exista potencia disponible suficiente para atender la demanda y garantizar el suministro, reconociendo además un amplio margen a la Administración para configurar sus requisitos y modalidades. Es una sentencia especialmente adecuada para relacionar la jurisprudencia previa sobre pagos por capacidad con el actual mercado creado por la Orden TED/966/2026. https://vlex.es/vid/846585323
TEXTO ORIGINAL
El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
